Tras la formulación de cargos contra 31 personas -incluidos jueces, fiscales, guías penitenciarios, policías, entre otros- por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, relacionada a hechos de corrupción y narcotráfico, la Fiscalía pidió la prisión preventiva para el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilmán Terán y 29 procesados, quedando fuera de la medida el exjuez Ronald Guerro para quien se pidió arresto domiciliario por ser adulto mayor.
En la audiencia, que inició la noche de este jueves y se extendió hasta la madrugada de hoy viernes, la fiscal Diana Salazar también solicitó que las cuentas de los procesados sean retenidas y se les dicte la prohibición de enajenar bienes.
Las detenciones de los involucrados en el caso denominado como «Metástasis» se dieron tras más 75 allanamientos ejecutados en siete provincias del país y en cuyo operativo participaron más de 900 personas entre equipos fiscales, equipos tácticos y unidades especiales de la Policía Nacional contra la delincuencia.
¿De qué trata el caso? De acuerdo a la Fiscalía, a raíz de la investigación por la muerte de Leandro Norero en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del estado y vinculada directamente al narcotráfico.
Es así como la investigación de Fiscalía permitió obtener varias evidencias, que incluyen los dispositivos celulares con los que el ya fallecido, apodado como ‘El Patrón, habría montado su estrategia delictiva para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado para estos fines.
A Norero, quien estaba siendo procesado por lavado de activos, se le vinculada con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. El presunto narcotraficante y financista de grupos delictivos del país murió durante la masacre que se registró la tarde del 3 de octubre del 2022 en la cárcel de Cotopaxi. Justo ese día, la Fiscalía tenía previsto formularle cargos por presunto financiamiento y organización para la producción y tráfico de drogas en Ecuador.
Mediante un video, la fiscal Salazar manifestó ayer (jueves) que «el caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado, para -a través del dinero mal habido- operar desde instancias judiciales y políticas, y lograr impunidad en algunos casos». «Hoy el término narcopolítica en el Ecuador ha sido evidenciado; ya no es lejano porque podemos ver como las estructuras delincuenciales han permeado las instituciones para alcanzar sus objetivos». (I)
Fuente: Ecuadorenvivo
