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¿Quiénes aparecen en el informe revelador del asesinato de Fernando Villavicencio? Comisión apunta a móvil político

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La comisión especial de la Asamblea Nacional, encargada de investigar el crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio ocurrido en agosto del año pasado, ha concluido su labor presentando un informe revelador. Según el documento, aprobado este jueves con seis votos a favor y uno en contra, existen indicios claros de un móvil político detrás del crimen.

El informe final, que será entregado al pleno del Legislativo para su consideración, detalla que al momento del asesinato, el riesgo de un atentado contra la vida de Villavicencio era extremadamente alto, con una tasa del 93%. Este dato subraya la gravedad de las amenazas que enfrentaba el candidato y la posible negligencia en su protección.

Se mencionó que el trabajo de Villavicencio, quien había denunciado más de una quincena de casos de corrupción que salpicaron a varios gobiernos, le llevó a ser blanco de grupos ilegales.

La Asamblea indicó que aparentemente existían organizaciones criminales que buscaban acabar con la vida del político y que aparentemente contaban con el apoyo de funcionarios públicospolíticos y hasta periodistas.

En el informe «aparecen los nombres de Xavier Jordán (empresario), Ronny Aleaga, exasambleísta del correísmo, quienes tenían la misión de desprestigiar a Villavicencio», agregó la fuente.

Asimismo, el documento asevera que el periodista Andersson Boscán, del medio digital La Posta, había presuntamente acordado con el narcotraficante Leandro Norero, asesinado en la cárcel en 2022, «ocultar información a Fernando Villavicencio, información que consta en el proceso del caso Metástasis» que investiga la Fiscalía del Estado.

Un informe preliminar recomendaba investigar a mayor profundidad el crimen de Villavicencio, pero también «recordarse como un crimen político en el marco de la guerra que libra la sociedad ecuatoriana contra las mafias y las organizaciones criminales».

«El crimen de Fernando Villavicencio, sus autorescómplices, encubridores, financistas, responsables materiales e intelectuales deben ser identificados y sancionados en el marco de la ley. Ni el Estado ni la sociedad podemos permitir la impunidad en este caso», recoge el texto preliminar.

Asimismo, reprochó a entidades que no atendieron peticiones de información formuladas por la comisión, y la ausencia de varias personas que fueron convocadas a comparecer.

El pasado 28 de abril, una jueza resolvió abrir juicio contra cinco de los seis acusados por la Fiscalía en el caso del asesinato de Villavicencio, cuyas sospechas recaen en una facción de una banda criminal conocida como Los Lobos que tiene como cabecilla a Carlos Angulo (‘El Invisible’), al que la Policía señala como presunto autor intelectual.

Los cinco acusados y el absuelto por la jueza son los únicos supervivientes de los catorce involucrados presuntamente en el crimen, pues ocho de ellos, entre los que están los siete sicarios colombianos que participaron en la ejecución del atentado, aparecieron muertos cuando estaban en la cárcel.

Villavicencio murió el 9 de agosto de 2023 tras ser asesinado a tiros a la salida de un mitin electoral en Quito, cuando faltaban apenas once días para la celebración de la primera vuelta de las elecciones generales extraordinarias, a las que se presentó como candidato presidencial por el movimiento Construye. Fuente: Vistazo

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Inutilizan pista clandestina de 1.500 metros en Colimes que habría sido usada para vuelos vinculados al narcotráfico

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La Policía Nacional, con apoyo de personal especializado de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), inutilizó una pista clandestina localizada en el sector El Cacao, en el cantón Colimes (Guayas), que presuntamente podía ser utilizada para operaciones relacionadas con el transporte aéreo de drogas.

La intervención se realizó el 21 de agosto de 2026, luego de un proceso de inteligencia que permitió determinar la ubicación y las dimensiones de la infraestructura.

Según la información proporcionada por las autoridades, la pista tenía aproximadamente 1.500 metros de longitud y 15 metros de ancho, características que permitían el aterrizaje de aeronaves.

El hallazgo fue posible gracias a las labores desarrolladas por el Grupo de Operaciones de Inteligencia Aérea, que identificó la infraestructura y posteriormente confirmó sus características.

Una vez establecida su ubicación, equipos de la Policía y la FAE ejecutaron acciones para impedir que volviera a ser utilizada.

Para ello se realizaron detonaciones controladas y se colocaron montículos de tierra aproximadamente cada 200 metros a lo largo de la pista.

Con estas intervenciones, la superficie quedó interrumpida y perdió las condiciones necesarias para permitir el aterrizaje o despegue de aeronaves.

Auge del narcotráfico en Ecuador

Las autoridades presumen que la infraestructura podía estar relacionada con actividades de organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

La Policía señaló que este tipo de intervenciones forman parte de las operaciones permanentes destinadas a detectar y neutralizar infraestructura que pueda ser aprovechada por estructuras criminales.

Ecuador se ha convertido en los últimos años en uno de los principales puntos de tránsito internacional de droga, afectado por su ubicación entre Colombia y Perú, la actividad de sus puertos y la economía dolarizada.

Desde 2021, el país registra decomisos anuales cercanos a las 200 toneladas de droga y en 2024 alcanzó cifras cercanas a las 300 toneladas incautadas. Fuente: Vistazo
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Caso «La Reina»: Fiscalía pone bajo la lupa movimientos financieros de funcionaria de Aquiles Alvarez

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La Fiscalía General del Estado investiga un presunto entramado familiar de lavado de activos en el denominado Caso ‘La Reina’, una causa que involucra a los hermanos David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B., quienes permanecen en prisión preventiva.

La investigación se inició a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). El análisis comprende movimientos registrados entre 2020 y marzo de 2026 y también incluye a Navila D. B., hermana de los dos procesados.

Según la información expuesta por Fiscalía, durante ese periodo se identificó el ingreso de USD 1.293.016,29 al Sistema Financiero Nacional, además de USD 683.894,42 correspondientes a movimientos entre cuentas.

El Ministerio Público busca determinar el origen y destino de esos recursos y establecer si fueron incorporados al sistema financiero mediante operaciones destinadas a ocultar su procedencia.

Una brecha entre lo declarado y lo registrado en cuentas

Uno de los elementos que analiza la investigación es la diferencia entre los ingresos reportados ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) y los valores registrados en cuentas del Sistema Financiero Nacional.

Los datos analizados muestran que la brecha comenzó a ampliarse especialmente desde 2022. Ese año, los ingresos declarados ante el SRI sumaron USD 33.039, mientras que los movimientos registrados como ingresos en el sistema financiero alcanzaron USD 376.525.

En 2023 se registró la diferencia más significativa de la serie analizada: frente a USD 40.488 declarados al SRI, las cuentas registraron ingresos por USD 440.781.

Aunque los valores disminuyeron posteriormente, la diferencia se mantuvo. En 2024 fueron USD 51.922 declarados frente a USD 182.267 registrados en el sistema financiero; mientras que en 2025 la relación fue de USD 30.071 frente a USD 224.853.

Fiscalía analiza estas diferencias como parte de los elementos destinados a determinar si existieron recursos cuyo origen no habría sido justificado adecuadamente.

El vínculo con el Municipio de Guayaquil

La investigación también pone atención en la actividad de Navila D. B., quien ingresó al Municipio de Guayaquil en 2023, luego de la creación de la Dirección de Eventos Especiales, dependencia en la que habría trabajado.

A partir de ese periodo, según el análisis financiero incorporado a la causa, se observa un incremento en los movimientos económicos relacionados con los tres hermanos.

Fiscalía investiga además un presunto flujo de recursos que habría llegado a Navila D. B. a través de Ternape Petroleum S. A., empresa que estaría relacionada con Aquiles A. H., de acuerdo con los elementos expuestos en la investigación.

Los hermanos David y Farid D. B., por su parte, son señalados como personas que habrían movilizado e inyectado recursos cuya procedencia es actualmente objeto de investigación.

Además del presunto lavado de activos, el Ministerio Público analiza posibles elementos relacionados con defraudación tributaria enriquecimiento ilícito.

Órdenes de prisión

El caso tomó un nuevo impulso el 5 de agosto de 2026, cuando Fiscalía ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos, además de varios allanamientos, incautaciones y retenciones de vehículos.

Durante ese operativo, Navila D. B. no fue localizada.

En cambio, David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B. fueron detenidos y posteriormente llevados ante la justicia. En la audiencia correspondiente, un juez dictó prisión preventiva para ambos mientras avanza la investigación.

La Fiscalía deberá continuar determinando el origen de los más de USD 1,2 millones identificados en el sistema financiero, así como la posible relación entre los movimientos económicos, las actividades empresariales y los vínculos investigados alrededor del Municipio de Guayaquil. Fuente: Vistazo
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Caso Goleada: juez declara la nulidad de la audiencia preparatoria de juicio

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El juez Sebastián Cornejo, el nuevo magistrado a cargo del caso Goleada, resolvió la noche del domingo 23 de agosto de 2026 declarar la nulidad de la audiencia preparatoria de juicio en el caso Goleada. El caso, que se tramita en la Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, investiga un presunto lavado de activos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y su familia.

La decisión se tomó apenas horas después de que Cornejo suspendiera la continuación de dicha audiencia, prevista para este lunes 24 de agosto, por conflictos en su agenda. Este juez asumió la causa después de la suspensión del juez Jairo García, por «manifiesta negligencia» en otro caso.

Esta resolución añade una nueva postergación a un proceso que ya acumula 193 días (seis meses y 12 días) estancado en esta misma etapa procesal. Fuente: Primicias

Noticia en desarrollo…

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