Nacionales
Verónica Abad al descubierto: estos son los seis indicios de responsabilidad en el caso Nene
No rindió su versión en el caso “Nene”, diligencia para la cual estuvo citada para esta mañana, por vía telemática. El dedo acusador de Fiscalía apunta hacia la Vicepresidenta de la República, por “elementos que permiten inferir de manera lógica la elevada probabilidad de la participación de María Verónica Abad Rodas”, en los hechos investigados. Su brazo derecho, Daniel Redrován Palomeque, no tenía funciones oficiales en la Vicepresidencia, pero era quien tomaba las decisiones cruciales en esa entidad. En diciembre, Redrován viajó hacia Tel Aviv (Israel), pero no lo habría hecho desde Ecuador, sino desde Perú, porque tenía prohibición de dejar el país por una causa judicial, según conoció esta alianza.
Daniel Redrován y Sebastián Barreiro, hijo de la Vicepresidenta, habrían tenido conocimiento de los cobros indebidos a cambio de cargos públicos, según la investigación fiscal que sustenta el caso Nene. El proceso penal buscará esclarecer si estos hechos fueron conocidos por la segunda mandataria. Ella ha insistido en que no estaba al tanto, y afirmó que es víctima de persecución política, en una coyuntura en la cual el Presidente en funciones se niega a encargarle el poder, mientras actúa en campaña hacia las elecciones generales de 2025.
Mientras la Asamblea se apresta a conocer el caso, nuevos elementos surgen en la investigación fiscal.
Un exlegislador
Según el expediente, la negociación del pago irregular a cambio del puesto público se realizó en el hotel Marriot, de Quito, el 8 de diciembre de 2023, alrededor de las 20h30. Una pericia confirmó que tres personas estuvieron en el sitio: el denunciante Rommel Esteban Pérez, y por la parte contratante, Daniel Redrován y Sebastián Barreiro, ninguno de los dos tenía relación laboral con la Vicepresidencia de la República.
El contrato de arrendamiento de dos suites en el Marriot se encuentra a nombre del exasambleísta Gruber Zambrano Azua, quien fue legislador en el período que empezó en 2021. Zambrano llegó por el Partido SocialCristiano y a inicios de junio de ese año se desvinculó de esa tienda política. Posteriormente fue independente. También fue gobernador de Santo Domingo de los Tsáchilas en el gobierno de Guillermo Lasso.
El fiscal Leonardo Alarcón le convocó a explicar las razones por las cuales el arrendamiento de la suite consta a su nombre, al igual que la factura. A través de su abogado, Zambrano explicó que como asambleísta arrendó suites en el hotel Marriot por tratarse de un lugar seguro, ya que durante su estadía en Quito residió en ese lugar. Refirió que, al verla en el aeropuerto, sugirió a la Vicepresidenta electa alojarse en ese lugar. E insistió en que por un error o por una falsificación, el alquiler de la suite seguiría constando a su nombre.
El valor mensual del alquiler de dos suites se acerca a los tres mil dólares y está impago, según la administración del hotel. El administrador comentó que con regularidad había visto a la Vicepresidenta, en esas instalaciones. Según coincidieron varios exfuncionarios de esa entidad, ese hotel era el centro de operaciones, y en ocasiones estaba presente en las reuniones la Vicepresidenta.
¿Qué inculparía a la Vicepresidenta?
1. La versión de Rommel Esteban Pérez, el denunciante. Según su declaración, la propia Vicepresidenta electa lo llamó 48 horas después del triunfo en urnas, para pedirle que se vinculara a su grupo cercano de colaboradores en esa institución. Él había trabajado con el equipo de campaña de Abad para la Alcaldía de Cuenca, en labores relacionadas a comunicación social. Las elecciones seccionales se realizaron en febrero de 2023. A Pérez se le había ofrecido un pago de 1.500 dólares por su trabajo. De ese monto recibió menos de la mitad; se unió al grupo de excolaboradores impagos, quienes a través de un proceso judicial obtuvieron la cancelación de sus haberes. El denunciante reveló que le llamó la atención que la misma Vicepresidenta electa lo convocara a colaborar, tomando en cuenta el antecedente de la acción judicial interpuesta para que cancelaran los honorarios a todo el grupo de la campaña seccional de 2023. Ella le habría insistido en que requería funcionarios de mucha confianza.
2. Desde Barcelona, donde reside desde febrero de 2024, el exsecretario general de la Vicepresidencia, Marco Polo Molina, afirmó en su versión que quien dispuso el ingreso de Rommel Esteban Pérez a esa entidad fue “la señora vicepresidenta Verónica Abad”. Esto, a pesar de que el contratado no tenía el perfil profesional idóneo para el cargo de coordinador general de comunicación, pues tiene apenas título de bachiller.
3. De conversaciones telefónicas extraídas del celular del denunciante, se extraen diálogos con la propia Vicepresidenta electa. El 24 de octubre de 2023, un mes antes de la posesión, ella le habría mensajeado: “Estebitan , estamos en reunión, Daniel ya te hablará para proponerte y saber si estás de acuerdo”. Menciona la necesidad de establecer condiciones claras para no tener problemas. El contexto de la investigación afirma que “Daniel” era su brazo derecho en la Vicepresidencia, Daniel Palomeque, a quien exfuncionarios identifican como su asesor político.
4. Una exfuncionaria de Vicepresidencia mencionó que el hijo de la segunda mandataria preguntaba detalles internos del funcionamiento de la entidad y averiguaba datos sobre el fondo rotativo para reposición de viajes. En su versión ante Fiscalía, ella reconoció que le observó sobre lo inadecuado de esas preguntas, pero asumió que él averiguaba esos datos para agilitar trámites, en nombre de su madre.
5. De acuerdo con versiones de otros exfuncionarios, tanto el hijo de la VP como su esposa dictaminaban los lineamientos de la política de comunicación en esa entidad, sin tener cargo ni nombramiento.
6. La influencia del círculo íntimo de la VP, su hijo Sebastián, su nuera y su “asesor político”, en el manejo de la Vicepresidencia es parte de la investigación. De hecho, en una reunión con la Embajada de China participó su hijo y su asesor Daniel Redrován. Los diplomáticos de ese país, inclusive, les regalaron un presente, según la versión del exsecretario. Fuente: Vistazo
Nacionales
Alias ‘Topo’, la mano derecha de ‘Fito’ a quien la justicia de Ecuador ha beneficiado, al menos, tres veces
La vida criminal de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias ‘Topo’, empezó en 2016. Con 26 años, y como un profesional en topografía, este sujeto fue vinculado al secuestro de un ciudadano austriaco en Gonzalo Pizarro, cantón de Sucumbíos, cerca de la frontera de Ecuador con Colombia.
‘Topo’ fue capturado e, inicialmente, detenido en la Cárcel de Sucumbíos. A mediados de 2017, un Tribunal Penal lo sentenció a 11 años de cárcel por secuestro y a tres años por asociación ilícita. Además, dispuso que sus condenas las cumpliera en la Cárcel Regional del Guayas.
Peñafiel se encontró con una prisión dominada por Los Choneros, específicamente por Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, quien era el segundo al mando de esa organización y, además, manejaba a Los Fatales, un equipo de sicarios que operaba en el Litoral ecuatoriano.
Según información de inteligencia policial, ‘Topo’ se convirtió en una de las personas de confianza para ‘Fito’. Así, tras cinco años en prisión -en julio de 2022- empezó a tramitar su libertad anticipada. Para esa época, Macías ya era el mandamás de Los Choneros, que estaban en guerra con Los Lobos y buscaban expandir su dominio.
El regreso a la Amazonía y la guerra con los CDF
El 3 de junio de 2023, tras cumplir los tres años de la condena por asociación ilícita y el 60% de la pena de 11 años por secuestro, ‘Topo’ se acogió al régimen semiabierto, la justicia lo favoreció por primera vez y fue liberado.
Un año antes, en Ecuador se había empezado a reportar el florecimiento de la minería ilegal de oro en la cuenca del Río Punino, en Orellana. Justamente, Los Choneros pusieron la vista en esos yacimientos y tomaron el control cobrando extorsiones a los mineros ilegales y vendiendo el combustible ilegal para las máquinas de extracción del mineral.
Según inteligencia militar, para tener un mayor control en la zona, ‘Fito’ aprovechó la liberación de ‘Topo’ y lo envió a Orellana.
Sin embargo, esto generó un cisma en esta organización. La facción Los Choneros en El Coca quedó bajo el mando de ‘Topo’; mientras que los grupo de Joya de Los Sachas y Shushufindi se aliaron con alias ‘Camilo’, otro cabecilla que operaba desde la Cárcel de Sucumbíos.
Así empezó un enfrentamiento que empezó a dejar una serie de muertes y provocó las primeras masacres en ambos cantones de la provincia de Orellana, desde mediados hasta finales de 2023.
Pero todo empeoró. Los mineros ilegales tenían que pagar ‘vacunas’ a ambas facciones de Los Choneros. Por lo que, cansados de eso, se desplazaron a Lumbaqui, en Sucumbíos, y contactaron a los Comandos de la Frontera (CDF), una disidencia de las FARC, para pedir ayuda.
Los CDF aceptaron dar seguridad a los mineros ilegales a cambio de una parte del negocio y de dirigir su propia línea de abastecimiento de combustible. Entonces, los enfrentamientos empezaron a ser entre Los Choneros y los Comandos de la Frontera.
Los nuevos casos del ‘Topo’
Así ‘Topo’ entró otra vez en el radar de las autoridades. En marzo de 2024, la Fiscalía empezó a investigarlo por un atentado contra el policía Byron Morejón, quien supuestamente trabajaba para los Comandos de la Frontera y quien habría intentado asesinar a un fiscal.
El policía Morejón fue asesinado el 1 de mayo de ese mismo año. Un video en redes sociales reveló como tres personas armadas bajaron de un vehículo negro y lo dispararon varias veces. Según la Policía, uno de los atacantes era ‘Topo’.
Byron Gavilanes, juez de Lago Agrio, dictó medidas alternativas a la prisión preventiva a favor de ‘Topo’. y, a finales de mayo de 2025, lo sobreseyó. Una fuente policial dijo a PRIMICIAS que el magistrado consideró que la cámara de seguridad no captó con claridad que uno de los atacantes era Peñafiel.
En medio de las investigaciones por el asesinato de ese policía, el 15 de marzo de 2025, nuevamente ‘Topo’ fue arrestado en Orellana, ahora por posesión de armas de grueso calibre. Esta vez, el juez Walter Pío le dictó prisión preventiva al cabecilla de Los Choneros.
Pero el arresto duró poco, el 6 de junio de 2025, el juez Pío declaró nulo el proceso por tráfico de armas, aduciendo que hubo un mal uso del tipo penal y desnaturalizó la causa. Ese mismo día, dictó la orden de liberación y ‘Topo’ fue liberado otra vez.
Tras esa liberación, el Gobierno -a través del SNAI- ha enviado varios oficios para indagar sobre el proceso, ya que según la norma, pese a no tener sentencia en los nuevos casos, ‘Topo’ debería seguir en prisión, pues por esos procesos debía perder automáticamente la libertad anticipada y volver a la cárcel a cumplir la pena de 11 años por el secuestro de 2016.
Sin embargo, los controles judiciales y penitenciarios fallaron. Actualmente, ‘Topo’ está prófugo por el caso de secuestro y no tiene cuentas pendientes por los casos de minería ilegal, el asesinato de un policía o la tenencia ilegal de fusiles. Fuente: Primicias
Nacionales
Correísmo y ADN se disputan la fiscalización de los contratos de Progen firmados por el Gobierno
Aunque mermada en la Asamblea de Ecuador, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) busca investigar, desde las pocas comisiones legislativas que domina, la gestión del gobierno del presidente Daniel Noboa.
Este 18 de junio, la asambleísta Diana Jácome de Acción Democrática Nacional (ADN) denunció que la comisión de Garantías Constitucionales, de mayoría correísta, quiere apropiarse del proceso de fiscalización de los contratos de Progen firmados por Estado en la administración de Noboa.
El problema, según Jácome, es que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) ya había decidido y notificado que será la mesa de Transparencia y Participación Ciudadana, liderada por la propia Jácome y dominada por ADN, la que conozca el caso.
«La Ley Orgánica de la Función Legislativa es clara y establece que cuando una comisión conoce un proceso de Fiscalización se debe respetar y otra no puede intervenir ni llamar a autoridades y demás servidores». Diana Jácome, legisladora de ADN.
La Comisión de Transparencia tiene previsto reunirse la tarde de este 18 de junio para establecer un cronograma de comparecencias. Esta mesa está conformada por:
Diana Jácome (ADN)
Edmundo Cerda (Pachakutik)
Jorge Chamba (ADN)
Jorge Guevara (ADN)
Isaac Solano (ADN)
Dominique Serrano (ADN)
Otto Vera (PSC)
Blasco Luna (RC)
Germania Romero (RC)
Andrés Mendoza (RC)
Jácome negó que la mesa legislativa que preside se vaya a convertir en una «comisión de archivo», y aseguró que harán una fiscalización transparente.
El pasado 11 de junio el correísta Blasco Luna mocionó que el Pleno de la Asamblea inicie un proceso de fiscalización a los contratos para la provisión de energía firmados con la empresa estadounidense.
Progen presenta solicitud de arbitraje de «emergencia» por sus dos proyectos de plantas eléctricas
Uno de los objetivos era que la ministra de Energía, Inés Manzano, comparezca ante los 151 legisladores para explicar los problemas y contratiempos en los contratos de Progen.
La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) volvió a contar con cinco integrantes de la facción aliada de Pachakutik y logró bloquear el intento correísta.
Nacionales
Muertes violentas contra mujeres aumentaron 350% en Ecuador en cuatro años, alerta la ONU
En Ecuador, seis de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Esta realidad, reconocida por el ministro del Interior, John Reimberg, motivó la firma de un memorando de entendimiento con ONU Mujeres este 18 de junio de 2025 en Quito.
La alianza busca consolidar una respuesta estatal más efectiva, con enfoque de género, frente a las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres y niñas en el país.
El acuerdo, suscrito entre el Ministerio del Interior y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, contempla una hoja de ruta con cuatro pilares centrales que marcarán las acciones a desarrollar:
Formación institucional con enfoque de género
Se fortalecerán las capacidades del personal del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional para atender con sensibilidad y sin revictimización a las mujeres víctimas de violencia.
Promoción de la igualdad en la gestión pública
Se incluirá el enfoque de género en la toma de decisiones y procedimientos institucionales.
Intercambio de información estratégica
Se generará evidencia para mejorar políticas públicas y diseñar acciones preventivas eficaces.
Implementación de proyectos conjuntos
Se dará continuidad a iniciativas como Spotlight y Ciudades Seguras, que ya han mostrado resultados positivos en comunidades locales.
Durante la firma, el ministro Reimberg enfatizó que este compromiso no es simbólico, sino una apuesta concreta por transformar la institucionalidad.
“La seguridad se construye desde la equidad de género, el respeto y la justicia. Las mujeres no solo son parte de la seguridad de Ecuador, son su fuerza, su conciencia y su futuro”. John Reimberg, ministro del Interior.
El documento también prevé una especialización de la Policía Nacional en áreas como violencia contra niñas y niños, femicidio y delitos que afectan a mujeres adolescentes, con herramientas prácticas y protocolos de atención.
Cifras de la realidad ecuatoriana
Por su parte, Alison Vásconez, representante (i) de ONU Mujeres en Ecuador, recalcó que la violencia de género no solo tiene un alto costo humano, sino también económico. Citó un estudio de la Cooperación Alemana (GIZ) que estima que el país pierde cerca de USD 4.000 millones anuales, equivalentes al 4,28% del PIB, a causa de la violencia contra mujeres y niñas.
Ecuador registró un 58% más de homicidios en el primer cuatrimestre de 2025
Vásconez alertó también sobre el impacto del crimen organizado en la vida de las mujeres. Las muertes violentas, que incluyen femicidios, asesinatos y sicariatos, se dispararon de 165 casos en 2020 a más de 600 en 2024, un aumento de más del 350%.
“La violencia no es solo un problema de seguridad o delincuencia. Se agrava por factores culturales y sociales que perpetúan la desigualdad y el miedo. Por eso, cuando hablamos de seguridad ciudadana, no podemos olvidar los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres”. Alison Vásconez, representante (i) de ONU Mujeres en Ecuador.
Este acuerdo representa un paso más en una colaboración iniciada años atrás entre ONU Mujeres y el Ministerio del Interior, que, según anunciaron, ya ha dado frutos como el desarrollo de un sistema de alerta temprana de femicidios y la capacitación policial con perspectiva de género.
La meta, según Reimberg, es tener una sociedad donde la seguridad no sea un privilegio, sino un derecho garantizado para todas, sin importar el lugar, la edad o el contexto. “Estamos convencidos de que una sociedad más justa y segura para las mujeres es una sociedad mejor para todos”, concluyó. Fuente: Primicias
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