Nacionales
Verónica Abad al descubierto: estos son los seis indicios de responsabilidad en el caso Nene
No rindió su versión en el caso “Nene”, diligencia para la cual estuvo citada para esta mañana, por vía telemática. El dedo acusador de Fiscalía apunta hacia la Vicepresidenta de la República, por “elementos que permiten inferir de manera lógica la elevada probabilidad de la participación de María Verónica Abad Rodas”, en los hechos investigados. Su brazo derecho, Daniel Redrován Palomeque, no tenía funciones oficiales en la Vicepresidencia, pero era quien tomaba las decisiones cruciales en esa entidad. En diciembre, Redrován viajó hacia Tel Aviv (Israel), pero no lo habría hecho desde Ecuador, sino desde Perú, porque tenía prohibición de dejar el país por una causa judicial, según conoció esta alianza.
Daniel Redrován y Sebastián Barreiro, hijo de la Vicepresidenta, habrían tenido conocimiento de los cobros indebidos a cambio de cargos públicos, según la investigación fiscal que sustenta el caso Nene. El proceso penal buscará esclarecer si estos hechos fueron conocidos por la segunda mandataria. Ella ha insistido en que no estaba al tanto, y afirmó que es víctima de persecución política, en una coyuntura en la cual el Presidente en funciones se niega a encargarle el poder, mientras actúa en campaña hacia las elecciones generales de 2025.
Mientras la Asamblea se apresta a conocer el caso, nuevos elementos surgen en la investigación fiscal.
Un exlegislador
Según el expediente, la negociación del pago irregular a cambio del puesto público se realizó en el hotel Marriot, de Quito, el 8 de diciembre de 2023, alrededor de las 20h30. Una pericia confirmó que tres personas estuvieron en el sitio: el denunciante Rommel Esteban Pérez, y por la parte contratante, Daniel Redrován y Sebastián Barreiro, ninguno de los dos tenía relación laboral con la Vicepresidencia de la República.
El contrato de arrendamiento de dos suites en el Marriot se encuentra a nombre del exasambleísta Gruber Zambrano Azua, quien fue legislador en el período que empezó en 2021. Zambrano llegó por el Partido SocialCristiano y a inicios de junio de ese año se desvinculó de esa tienda política. Posteriormente fue independente. También fue gobernador de Santo Domingo de los Tsáchilas en el gobierno de Guillermo Lasso.
El fiscal Leonardo Alarcón le convocó a explicar las razones por las cuales el arrendamiento de la suite consta a su nombre, al igual que la factura. A través de su abogado, Zambrano explicó que como asambleísta arrendó suites en el hotel Marriot por tratarse de un lugar seguro, ya que durante su estadía en Quito residió en ese lugar. Refirió que, al verla en el aeropuerto, sugirió a la Vicepresidenta electa alojarse en ese lugar. E insistió en que por un error o por una falsificación, el alquiler de la suite seguiría constando a su nombre.
El valor mensual del alquiler de dos suites se acerca a los tres mil dólares y está impago, según la administración del hotel. El administrador comentó que con regularidad había visto a la Vicepresidenta, en esas instalaciones. Según coincidieron varios exfuncionarios de esa entidad, ese hotel era el centro de operaciones, y en ocasiones estaba presente en las reuniones la Vicepresidenta.
¿Qué inculparía a la Vicepresidenta?
1. La versión de Rommel Esteban Pérez, el denunciante. Según su declaración, la propia Vicepresidenta electa lo llamó 48 horas después del triunfo en urnas, para pedirle que se vinculara a su grupo cercano de colaboradores en esa institución. Él había trabajado con el equipo de campaña de Abad para la Alcaldía de Cuenca, en labores relacionadas a comunicación social. Las elecciones seccionales se realizaron en febrero de 2023. A Pérez se le había ofrecido un pago de 1.500 dólares por su trabajo. De ese monto recibió menos de la mitad; se unió al grupo de excolaboradores impagos, quienes a través de un proceso judicial obtuvieron la cancelación de sus haberes. El denunciante reveló que le llamó la atención que la misma Vicepresidenta electa lo convocara a colaborar, tomando en cuenta el antecedente de la acción judicial interpuesta para que cancelaran los honorarios a todo el grupo de la campaña seccional de 2023. Ella le habría insistido en que requería funcionarios de mucha confianza.
2. Desde Barcelona, donde reside desde febrero de 2024, el exsecretario general de la Vicepresidencia, Marco Polo Molina, afirmó en su versión que quien dispuso el ingreso de Rommel Esteban Pérez a esa entidad fue “la señora vicepresidenta Verónica Abad”. Esto, a pesar de que el contratado no tenía el perfil profesional idóneo para el cargo de coordinador general de comunicación, pues tiene apenas título de bachiller.
3. De conversaciones telefónicas extraídas del celular del denunciante, se extraen diálogos con la propia Vicepresidenta electa. El 24 de octubre de 2023, un mes antes de la posesión, ella le habría mensajeado: “Estebitan , estamos en reunión, Daniel ya te hablará para proponerte y saber si estás de acuerdo”. Menciona la necesidad de establecer condiciones claras para no tener problemas. El contexto de la investigación afirma que “Daniel” era su brazo derecho en la Vicepresidencia, Daniel Palomeque, a quien exfuncionarios identifican como su asesor político.
4. Una exfuncionaria de Vicepresidencia mencionó que el hijo de la segunda mandataria preguntaba detalles internos del funcionamiento de la entidad y averiguaba datos sobre el fondo rotativo para reposición de viajes. En su versión ante Fiscalía, ella reconoció que le observó sobre lo inadecuado de esas preguntas, pero asumió que él averiguaba esos datos para agilitar trámites, en nombre de su madre.
5. De acuerdo con versiones de otros exfuncionarios, tanto el hijo de la VP como su esposa dictaminaban los lineamientos de la política de comunicación en esa entidad, sin tener cargo ni nombramiento.
6. La influencia del círculo íntimo de la VP, su hijo Sebastián, su nuera y su “asesor político”, en el manejo de la Vicepresidencia es parte de la investigación. De hecho, en una reunión con la Embajada de China participó su hijo y su asesor Daniel Redrován. Los diplomáticos de ese país, inclusive, les regalaron un presente, según la versión del exsecretario. Fuente: Vistazo
En Ecuador, 6.218 personas privadas de libertad (PPL), sin sentencia condenatoria ejecutoriada, sufragan este jueves, 6 de febrero de 2025. Ellos son los primeros en cumplir con este derecho previo al domingo, 9 de febrero, día en que serán los comicios para elegir Presidente y Vicepresidente, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, y parlamentarios andinos.
El voto es facultativo para este grupo y la jornada se realiza en 69 juntas electorales de 42 centros de privación de libertad. En esta elección, las juntas receptoras del voto estarán integradas por dos funcionarios electorales y un privado de la libertad en cada mesa.
La mañana de hoy jueves, se realizó la inauguración de este sufragio. El acto formal fue en el auditorio del Consejo Nacional Electoral (CNE). Diana Atamaint, presidente del organismo, sostuvo que pese a que hoy sufragan, los votos serán contabilizados pasadas las 17:00 del 9 de febrero.
En la inauguración también estuvo presente Luis Zaldumbide, director nacional del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). Él enfatizó en que «Asegurar la participación política de este grupo de personas significa reconocer su dignidad humana».
En esta elección, las juntas receptoras del voto estarán integradas por dos funcionarios electorales y un privado de la libertad en cada mesa. La jornada electoral terminará a las 17:00 de hoy, jueves.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint señaló que el conteo de estos votos se realizará el domingo 9 de febrero de 2025.
Fuente: El Telégrafo
Fabricio Colón P., cabecilla de la agrupación criminal «Los Lobos», fue sentenciado a nueve años y cuatro meses de privación de libertad por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego.
Es el tercer proceso contra el sujeto, quien anteriormente fue condenado a cinco años de prisión por el delito de intimidación, tras amenazas contra la fiscal general Diana Salazar; y otra de cinco años, como coautor de secuestro.
Un Tribunal de Garantías Penales Especializado en Corrupción y Crimen Organizado determinó la culpabilidad de Fabricio Colón P., quien fue sentenciado junto a Ana María P., Eddye S., Wiliam A. y Carlos Z. Todos ellos fueron identificados como miembros de «Los Lobos», en la facción conocida como «Mafia Colón Pico».
En la audiencia de juzgamiento, el fiscal de la Fiscal de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot) presentó ante el Tribunal las evidencias recabadas en la fase investigativa, como el testimonio de los agentes aprehensores, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias, las pericias balísticas, entre otros.
La resolución también obliga a los sentenciados al pago de veinte salarios básicos unificados (USD 9.400), como multa.
Fabricio Colón P. cumple su condena en la cárcel de máxima seguridad de «La Roca», en Guayaquil, tras ser capturado por el Bloque de Seguridad en un operativo ejecutado en Puerto Quito, el 22 de abril de 2024.
Nacionales
CNE y AME firman acuerdo de cooperación interinstitucional para las Elecciones Generales 2025
Con el objetivo de fortalecer el control y el orden en los exteriores de los recintos electorales durante las Elecciones Generales 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) suscribieron, el 4 de febrero de 2025, un acuerdo de cooperación interinstitucional.
Durante la firma del convenio, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, destacó que este acuerdo representa la renovación de compromisos orientados a fortalecer la democracia en el país. «La suma de voluntades hace posible que los procesos electorales sean responsabilidad de todos», enfatizó.
Por su parte, el presidente de la AME, Patricio Maldonado, resaltó la importancia de la articulación interinstitucional para garantizar una jornada electoral ordenada y segura. «Extendemos la mano para integrar este equipo de trabajo», acotó.
El acuerdo establece diversas estrategias, entre ellas, la socialización del Protocolo de Control Externo en los Recintos Electorales con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, con el fin de regular la ocupación del espacio público en los 221 cantones del país. Además, se contemplan medidas para el control de las ventas informales en los alrededores de los recintos electorales, asegurando el despeje de rutas de acceso, salida y evacuación. Estas acciones contribuirán a garantizar un entorno ordenado y seguro durante la jornada electoral.
El CNE y la AME reafirman su compromiso con el fortalecimiento del proceso electoral, promoviendo la cooperación interinstitucional para el beneficio de la ciudadanía y la democracia en el Ecuador.
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