En la administración del prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe, Cléver Jiménez, se habría incluido en la institución a 134 personas con contrato indefinido, pero a pocos días de fenecer la administración 2019-2023; la finalidad del personal es laborar en la maquinaria que adquirió el gobierno provincial.
A través de una entrevista en un medio de comunicación de la provincia, Víctor Hidalgo, jurista y quien es parte del equipo de transición de la administración de Karla Reátegui, prefecta electa, dio a conocer información concerniente a este proceso entre las autoridades saliente y entrante.
Hidalgo se integró a este procedimiento en los primeros días del mes de marzo; quien asistió a dos reuniones mantenidas en el consejo provincial, donde solicitaron la emisión de información de forma oportuna para ser sometida a revisión tanto por el equipo de transición, como también del grupo de directores de la nueva administración 2023-2027.
Es así que, por la cantidad de información, debía ser digitalizada, en la ultima reunión mantenida, se estableció que la documentación debía ser entregado hasta el 14 de abril del presente año, porque Karla Reátegui y Cléver Jiménez debían reunirse el 24 de abril, como un acto protocolario para cerrar el proceso de transición, pero no se les habría entregado ningún tipo de información, dijo Hidalgo.
“Esperábamos la información como un acto de buena fe, sin embargo, el prefecto Cléver Jiménez de última hora, procede a contratar a 134 trabajadores, bajo la modalidad de contratos indefinidos a través del Código de Trabajo”, aseveró el jurista.
Dice que el contrato a las 134 personas, significa un egreso del gasto corriente de USD 1’014.671.50 al año. El personal fue requerido por parte de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Maquinaria, con base al plan de mantenimiento vial rural se habría adquirido la maquinaria con un préstamo del Banco de Desarrollo del Estado.
Además, asegura que la maquinaria ha sido comprada en los años 2021 y 2022, la misma que se encuentra fuera de operaciones por falta de combustible, que significaría que no se ha planificado este proceso.
El COOTAD establece que el 30% de los ingresos de la institución deben ser destinados al gasto corriente y el 70% para inversión. Asegura que se utilizan partidas de inversión para gasto corriente, mismas que han servido para asignar los recursos para las personas contratadas. Además, sería un periodo prorrogado y que el presupuesto vigente es el del año 2022, situación que al finalizar la administración no se debe dar.
Existe un informe sobre un examen especial a los gastos de gestión y procesos de contratación por adquisición de bienes, insumos y servicios para solventar la emergencia declarada por el Covid 19 y las fases preparatorias precontractual, contractual y de ejecución del proceso relacionado a la construcción del puente vehicular sobre el río Yacuambi, sector Cambana con vigencia del 1 de mayo de 2016 al 31 de diciembre del 2020.
Entre las recomendaciones del examen de Contraloría, consta que el prefecto debía evitar realizar traspasos presupuestarios, en el último semestre del periodo para el cual fue elegido, salvo los dispuestos por la ley, a fin de evitar que la entidad asuma compromisos que no constan en el plan operativo anual aprobado por las instancias de participación ciudadana y el órgano legislativo.
Legalmente el jurista asegura que hay instancias para revertir los contratos, pero, se los debe revisar caso por caso. Esta situación, corto, mediano y largo plazo generaría amplios inconvenientes para la institución.
Una de las acciones que debe hacer la prefecta actual es pedir que la Contraloría General del Estado realice un examen especial desde la Contraloría. Con el traspaso de créditos a la partida de combustible con la finalidad de cubrir los recursos de las personas contratadas, se le rebajaría la cantidad de USD 233.000 al monto total.
