Los minerales son un recurso natural que el Ecuador posee, en una gran cantidad de provincias. A la minería se la define como una actividad económica que comprende varios procesos: extracción, explotación y aprovechamiento de los minerales que se encuentran en el subsuelo a través de la explotación de los yacimientos.
En contexto, en 1991, Ecuador contó con la primera Ley de Minería y la declaraba como de utilidad pública a nivel nacional. Estableciendo relaciones entre el estado y las personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras y las de éstas entre sí, respecto a la obtención de derechos para realizar actividades mineras. Además, las minas y yacimientos del país, constituían como un patrimonio inalienable e indescriptible del Estado y se llevaría por gestión del mismo.
En el 2001, se publicó un nuevo reglamento y lo catapultaron como de ‘interés nacional, prioritario y fundamental para el desarrollo sostenible, armónico y equilibrado del país’, dándole atribuciones al Ministerio de Energía y Minas. Posteriormente, con la necesidad de frenar las afectaciones ambientales se creó la Ley de Minería, a través de la Ley 45, con la finalidad de regular y controlar el sector estratégico minero. Se extraen minerales como el oro, plata, bronce, entre otros, mayormente en el sur del país, consta en el Reporte de Minería de la Dirección de Análisis de Síntesis Macroeconómica del Banco Central del Ecuador.
Se crea la disyuntiva entre las actividades de minería legal e ilegal, pero sobre todo lo que esta detrás de esta actividad. Aquellas personas que se dedican a este sector y que lo hacen de manera artesanal o de pequeña minería, han buscado constantemente su regularización. Es decir, que el estado les permita trabajar para de esa manera contribuir con los impuestos al estado, pero sobre todo que se garantice la seguridad y estabilidad de sus trabajadores; esto, porque denuncian ser perseguidos, por lo que también denuncian la solicitud de coimas y sobornos, incluso por las mismas autoridades.
La política y la minería:
En Zamora Chinchipe, una de las provincias históricamente mineras y desde que fueron concesionadas, los propietarios y dueños de terrenos, buscan que se legalice su labor, cumpliendo con las normas y procesos que se establecen. Y en esta oportunidad, ante la disolución de la Asamblea Nacional por el presidente Guillermo Lasso, este 20 de agosto, se llevará adelante el proceso de elección presidencial y legislativa por lo que los candidatos proponen distintas soluciones.
Por ejemplo, el candidato presidencial por el movimiento Construye, Fernando Villavicencio dijo que: “En Zamora Chinchipe se juegan muchos intereses de la patria. Y seré muy claro. Nuestro respaldo a la minería legal y formal. Avanzaremos en nuestro gobierno a la actualización del catastro minero. Es más, nuestro respaldo a la minería artesanal, aquellos seres humanos que emprenden desde esta esquina de la vida”, dijo Villavicencio, quien respalda la candidatura de la candidata a asambleísta, Andrea Rivadeneira.
