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Mineros y asambleísta Rivadeneira analizan pregunta 3 de la consulta popular

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La pregunta 3 del segundo pliego que presentó el gobierno nacional a la Corte Constitucional ha generado preocupación en el sector minero de la provincia de Zamora Chinchipe. Este sector asegura que su trasfondo es incierto.

Aquí compartimos la pregunta número 3 y que trata:

¿Está usted de acuerdo en que, para erradicar la minería ilegal, se declaren a las zonas mencionadas en el Anexo 5, como territorios de interés nacional, con la finalidad de evaluar, por una sola vez, la pertinencia de revocar concesiones mineras, para garantizar el correcto aprovechamiento de recursos minerales y combatir el crimen organizado?

Por ello, a través de una rueda de prensa, los representantes mineros de la provincia de Zamora Chinchipe, junto a la asambleísta Andrea Rivadeneira, exigen al gobierno de Daniel Noboa que no se mezcle la minería ilegal con la minería artesanal no regularizada.

“Al momento de revisar los anexos. Hay partes donde podrían significar la solución a la minería en la provincia de Zamora Chinchipe y en otras, dejan dudas sobre el espíritu de la pregunta, si se beneficiaran a los mineros o beneficiar a los poderosos”, resaltó Juan Carlos Tapia, presidente de la Unidad Minera Provincial. También habla de declarar los territorios de interés nacional en un caso puntual de Chinapintza en Zamora Chinchipe.

Por tal motivo, los mineros buscarán asesoría a través de un profesional en materia constitucionalista para revisar detalles y aspectos que garanticen los derechos históricos de esta población que dinamiza en gran proporción la economía. Un factor imprescindible es la generación de un censo para con datos específicos determinar cuantos mineros existen en el país; entregar títulos y finalizar con problemáticas como el tráfico y renegociaciones de concesiones.

La legalización y regularización es para cumplir con todos los aspectos legales, técnicos, ambientales que exige la norma ecuatoriana e internacional. Consideran que puede ser una puerta hacia el tratamiento de las problemáticas mineras o simplemente que “el estado ingrese y pueda entregar concesiones a otros entes económicos, despojando a sus propietarios históricos o simplemente hacerse acreedores esos ingresos directamente, por ser denominada de interés nacional”, rescató Tapia.

A Paúl Pineda, presidente del Distrito Minero de Chinapintza donde existen miles de mineros, le preocupa que, por una sola vez, la Agencia de Regulación y el Ministerio de Minería harán un análisis. En resumen, asegura que las concesiones han permitido la minería ilegal, dejando claro que las empresas transnacionales ingresaron después que los asentamientos tradicionales e históricos, lo que es de conocimiento público.

La determinación de mineros ilegales no habría sido la correcta en vista de que aquí existen mineros ya censados y también hay mineros que no fueron censados porque en el tiempo del CEMINA 2010, las compañías, aparentemente habrían direccionado el censo pues presenta irregularidades; una de ellas, es que personas que no eran mineras, obtuvieron derechos.

Dentro de esa preocupación y de esas preguntas, aquellos concesionarios o mineros para justificar que no realizan minería ilegal deben hacerlo con amparos administrativos y con ello desataría un conflicto social en los miles de mineros que trabajan en Chinapintza. Consecuencia de ello, existe un amparo con ciertas características direccionadas a la persecución en contra del actual presidente del Distrito Minero de Chinapintza, Paúl Pineda.

Intervención de la asambleísta

Cabe indicar que esta reunión estaba pactada para que los dos asambleístas estén presentes, pero Héctor Valladares por temas de índole personal no asistió y su homóloga, Andrea Rivadeneira se solidarizó con él y sus familiares.

Por otra parte, la asambleísta por Zamora Chinchipe, manifestó que la pregunta número 3 del segundo pliego que llegaron hasta la Corte Constitucional, ha causado alerta e incertidumbre en el pueblo de Zamora Chinchipe. “No es lo mismo y no podemos desconocer que las mafias están creando temor e incertidumbre en la ciudadanía. Pero no podemos mezclar en un mismo saco a los mineros artesanales no regularizados y a las mafias que se encuentran detrás de la minería ilegal y que realizan estas actividades para financiar sus actos ilícitos”, dijo la representante de la provincia en la Asamblea Nacional.

Tienen la esperanza de que a través de la voluntad política y con el apoyo de las autoridades, puedan encontrar soluciones a lo planteado.

El sector minero aluvial también tiene la misma inquietud, por la forma en cómo está planteando el gobierno la pregunta número 3. Y persisten en que la Corte Constitucional debe rechazar esa interrogante, porque esa no sería la solución. (I)

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Protección de los Derechos de los Habitantes Afectados por el Cambio de Morfología del Río Zamora

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La Defensoría del Pueblo, a través de su Delegación Provincial en Zamora Chinchipe, emite el Exhorto Defensorial N.º 007 en favor de los habitantes afectados por las recientes alteraciones en la morfología del río Zamora, situación que pone en riesgo a la población local. Esta transformación del cauce fluvial ha sido consecuencia de actividades desarrolladas en las riberas del río, afectando principalmente a los barrios de Nambija Bajo y Chamico, en la parroquia Cumbaratza, cantón Zamora.

De acuerdo con lo estipulado en la Constitución de la República del Ecuador, la Defensoría del Pueblo tiene la obligación de proteger los derechos de la ciudadanía, extendiendo esta protección no solo mediante mecanismos defensivos, sino también mediante una acción preventiva coordinada con otras entidades del poder público y el sector privado. Este enfoque incluye la defensa de los derechos de la naturaleza y el bienestar de los habitantes en su entorno.

Consideraciones Constitucionales

La Constitución del Ecuador, en sus artículos 3, 14 y 66, establece como deber primordial del Estado la protección del patrimonio natural y el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y equilibrado. Estos principios se complementan con los derechos reconocidos a la naturaleza en los artículos 71, 72 y 73, que imponen al Estado la obligación de aplicar medidas precautorias para prevenir la destrucción de ecosistemas o alteraciones permanentes en los ciclos naturales.

Asimismo, el artículo 264 de la Constitución delega a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) la responsabilidad de regular el uso y control de riberas de ríos, entre otras competencias territoriales y ambientales.

Antecedentes

A través de informes ciudadanos y medios locales, la Defensoría del Pueblo ha tomado conocimiento del descontento por la falta de coordinación institucional y de acciones concretas para mitigar las inundaciones que, de manera recurrente, afectan a las comunidades durante la temporada invernal. Las inundaciones más recientes, los días 18 y 19 de mayo de 2024, causaron pérdidas económicas significativas y pusieron en riesgo la vida de los habitantes de Nambija Bajo y Chamico.

Ante esta problemática, la Defensoría ha sostenido reuniones con autoridades locales para evaluar las actividades que han generado cambios en el cauce del río Zamora. Además, ha solicitado informes a la Secretaría de Gestión de Riesgos sobre los daños ocasionados por las recientes inundaciones.

Resoluciones:

En uso de sus atribuciones legales, la Defensoría del Pueblo de Zamora Chinchipe, resuelve:

Exhortar al alcalde del cantón Zamora y presidente del COE Cantonal, Víctor Manuel González Salinas, para que active las mesas técnicas de trabajo y se implementen acciones preventivas en las zonas de riesgo, como Nambija Bajo y Chamico.

Solicitar a cada mesa técnica la formulación y activación de planes de prevención de acuerdo con sus competencias específicas.

Remitir los planes de prevención generados por las mesas técnicas a la Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo para su seguimiento y evaluación.

Designar al Ab. Hugo Chacón Cueva, Especialista de Usuarios y Consumidores de la Defensoría del Pueblo, como responsable del seguimiento de este exhorto. Contacto: hugo.chacon@dpe.gob.ec o al 0960297319.

Este llamado busca proteger los derechos de las comunidades afectadas por las crecidas del río Zamora, garantizando su seguridad y bienestar, así como la sostenibilidad del entorno natural.

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Mantenimiento de la Red Vial Estatal en el Eje Minero Refuerza el Transporte en la Zona Sur de Ecuador

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El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) ha realizado una intervención clave en la Red Vial Estatal (RVE) de la zona sur del Ecuador, llevando a cabo el mantenimiento de la carretera Loja – Zamora – Chuchumbletza, conocida como el «Eje Minero». Esta ruta es vital para el transporte de minerales a nivel nacional y una arteria de conexión esencial entre la Sierra y la Amazonía.

Los trabajos se extendieron a lo largo de 160 kilómetros, cubriendo los tramos críticos de las rutas E50 Loja – Zamora y E45 Zamora – Yantzaza. El personal técnico y la maquinaria especializada asignados por el MTOP ejecutaron labores de nivelación de la calzada utilizando 270 metros cúbicos de mezcla asfáltica y 700 galones de RC-250 (asfalto). Además, se retiró el material deteriorado para garantizar una superficie vial segura y en óptimas condiciones para el tránsito.

La intervención fue posible gracias a la coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, así como con el Municipio de Zamora. El equipo técnico estuvo compuesto por dos motoniveladoras, un rodillo, una retroexcavadora, una plataforma de transporte de maquinaria, cuatro volquetas y un tanquero distribuidor de asfalto, lo que permitió realizar los trabajos de manera eficiente y oportuna.

Xavier Salazar Hernández, subsecretario Zonal 7 del MTOP, resaltó la importancia de este corredor vial: “Este corredor vial conecta la Sierra y la Amazonía, por ende, su intervención facilitará la movilidad entre las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Alrededor de 280.490 habitantes de la región sur del Ecuador son beneficiados con estas mejoras”.

El mantenimiento de este eje vial se ejecutó bajo la modalidad de administración directa por parte de las direcciones distritales de Loja y Zamora Chinchipe, con el respaldo de la Subsecretaría Zonal 7 y la participación activa de las microempresas de conservación vial encargadas de los tramos intervenidos.

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29 kilómetros de Vía Mejorados en la Parroquia Valladolid Impulsan el Desarrollo Ganadero

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El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Palanda, en colaboración con la Prefectura de Zamora Chinchipe, ha culminado los trabajos de mantenimiento de la vía Tapala-La Libertad-Quebrada Honda-Palmeras-San Antonio, ubicada en la parroquia Valladolid. Esta obra, que forma parte del convenio para la atención a la vialidad rural, ha permitido mejorar 29 kilómetros de carretera, beneficiando directamente a los sectores productivos ganaderos de la zona.

El mantenimiento de esta importante vía ha sido un impulso significativo para las actividades económicas de los productores ganaderos que residen en estos barrios, donde se estima que cerca de 130 personas se dedican a la cría y producción de ganado. Con una población bovina que asciende a aproximadamente 3.200 ejemplares, la mejora de la infraestructura vial asegura un transporte más eficiente de los productos, lo que fortalece la competitividad de esta actividad en el cantón.

El GAD de Palanda reafirma su compromiso con el desarrollo rural y productivo, trabajando de la mano con los gobiernos seccionales para mejorar las condiciones de vida de los habitantes y fortalecer las economías locales. La prefecta de Zamora Chinchipe destacó la importancia de este tipo de obras: “La mejora de las vías rurales no solo beneficia a los productores ganaderos, sino que dinamiza toda la economía local, facilitando el acceso y el comercio de bienes en las comunidades”.

Con estas acciones, el cantón Palanda continúa avanzando en su objetivo de ofrecer una infraestructura vial sólida que permita el desarrollo sostenible de sus sectores productivos

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