Para este lunes 3 de abril de 2023, a las 14:00, se convocará a los miembros de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para avocar conocimiento sobre la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Así lo dio a conocer el asambleísta Fernando Villavicencio, quien preside esta Comisión.
De acuerdo con Fernando Villavicencio, hasta el martes 4 de abril se notificaría sobre el proceso al presidente Guillermo Lasso y a los asambleístas solicitantes del juicio político (Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo). A partir de la notificación formal, que incluirá el informe de admisibilidad y la documentación remitida por la Corte Constitucional, empezarán a correr los plazos para procesar dicha solicitud.
En la primera etapa del proceso, la defensa de Guillermo Lasso y los asambleístas solicitantes del juicio político contarán con diez días para presentar las pruebas de cargo y de descargo. Esto incluirá sábados, domingos y también el feriado de Semana Santa que está de por medio.
Posteriormente, habrá diez días adicionales para evaluar las pruebas de cargo y descargo por parte de los miembros de la Comisión de Fiscalización. Para Fernando Villavicencio, esta etapa es de suma importancia ya que allí se evaluará la calidad del material que presenten el acusado y los acusadores.
Finalmente, la Comisión de Fiscalización tendrá diez días para redactar el informe sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Fernando Villavicencio sostiene que los plazos se respetarán, sin apurar el proceso debido a la importancia que este tiene para el Ecuador.
Para centrar esfuerzos en la realización del informe, el Consejo Administrativo Legislativo (CAL) dispuso la suspensión de todos los procesos que estaban dentro de la Comisión de Fiscalización.
Fernando Villavicencio sostiene que en los 30 días del proceso dentro de la Comisión, que podrían correr a partir de martes 4 de abril, su meta es “reivindicar el hecho de que un juicio político tiene que respetar el derecho”.
El fin de semana antes de que se inicie el proceso en la Comisión de Fiscalización, el asambleísta Ricardo Vanegas realizó una entrevista a Oswaldo Rosero, exgerente de Flopec y un testigo que formaría parte en el proceso de juicio político. La acusación por posible peculado que llevará al Presidente al juicio político sostiene que Guillermo Lasso habría consentido “la celebración de contratos de transporte petrolero en perjuicio de fondos públicos”.
Ricardo Vanegas reveló que el informe de la Contraloría que se usó como prueba en la solitud de juicio político no concluye que el contrato con Flopec debía darse por terminado. Rosero dijo, además, que dicho documento disponía que se renegocien esos contratos “para que se puedan emitir las soluciones al caso” tras un análisis económico-legal. Según Vanegas, Flopec habría aplicado las recomendaciones de la Contraloría, por lo cual se habría generado USD 400 millones más en el 2022 con relación al 2021 en los ingresos operacionales relacionados con el transporte marítimo de hidrocarburos. Fuente: El Comercio
