Este 20 de agosto, Patricio Carrillo es el segundo asambleísta con mayor votación a nivel nacional. Más de 1.7 millones de ecuatorianos le expresaron en las urnas su respaldo. Nos acompañan todos los argumentos jurídicos y democráticos para hacer respetar esa decisión.
La preocupación correísta es delictiva, no es política ni jurídica
Este nuevo ataque viene de quienes trataron de sancionar con suspensión a Fernando Villavicencio como asambleísta durante su gestión en la Comisión de Fiscalización, de quienes lo persiguieron hasta llevarlo al exilio y lo amenazaron públicamente durante años. De quienes, la noche de su asesinato, divulgaron videos trucados para manchar su memoria y luego impugnaron a su reemplazo en un último esfuerzo por sacarnos de la contienda electoral.
A pesar de que el CNE y el TCE ratificaron los derechos políticos de Patricio Carrillo y que la lista de asambleístas que él preside obtuvo la segunda más alta votación nacional, hoy pretender desconocer esos pronunciamientos. Nuevamente constatamos que están dispuestos a todo para silenciar las voces claras que enfrentan al crimen organizado.
Principios y jurisprudencia que respaldan nuestra posición
Lamentablemente, es cada vez más común que se busque inhabilitar candidatos en un grave atentado a la democracia, así lo hicieron en Venezuela y Nicaragua.
La Corte Interamericana ha enviado un mensaje claro: no se puede eliminar candidatos a través de sanciones administrativas; la única restricción compatible con la Convención Americana es aquella que se deriva de una sentencia emitida por juez penal. Así se evidencia en los casos López Mendoza vs. Venezuela y Petro vs. Colombia, jurisprudencia de cumplimiento obligatorio en el sistema ecuatoriano y que fueron expresamente citados en la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral sobre la participación de Patricio Carrillo.
Un cargo de elección popular no es comparable a ningún otro cargo público
El correísmo se empeña en asimilar el respaldo directo del pueblo en las urnas con cualquier otro cargo público. No hay punto de comparación y por eso su argumento no corresponde, pues estarían violando no solo los derechos políticos de Patricio Carrillo sino los de cientos de miles de ecuatorianos que son sus electores.
Lo que decidió una Asamblea con la peor calificación de la historia no vale más que 1.7 millones de voluntades.
No sorprende la doble moral del correísmo
Luego de años de repetirle a Fernando Villavicencio que no tendrá donde esconderse, hoy piden resultados en las investigaciones de su asesinato. Luego de haber censurado a Patricio Carrillo como respuesta a su denuncia del caso ISPPOL, el combate a la minería ilegal y su papel protagónico para la detención de Norero, van contra él a nombre de la ley y la justicia. No permitiremos estas maniobras y activaremos todos los recursos legales para hacer respetar la democracia en el Ecuador.
