La Función Judicial de Ecuador está en crisis, en parte, por las presiones políticas. Esa es la conclusión más clara del informe ‘La independencia judicial como elemento indispensable para la garantía de derechos’, presentado recientemente por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD).

En sus páginas, el documento evidencia una crisis institucional que ha causado problemas en el Estado de derecho, ya que ha convertido a la Judicatura en un campo de batalla donde conviven las presiones políticas, la debilidad administrativa y, de manera cada vez más alarmante, las amenazas directas del crimen organizado.

Como parte del reporte, la FCD mostró cómo, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project (WJP), Ecuador se ha desplomado al puesto 99 entre 143 países, marcando su peor ubicación en los últimos años.

Esta caída, según el análisis del Informe, revela un deterioro sistemático. Por ejemplo, la justicia penal pasó del puesto 77 en 2015 al 127 en 2025, mientras que la justicia civil retrocedió del puesto 77 en 2020 al 108.

A escala regional, asimismo, el país ocupa el escalón 23 de 32 en América Latina y el Caribe. Esto se complementa con las cifras del Latinobarómetro citadas en el texto: apenas el 18% de los ecuatorianos confía en su sistema de justicia.

A la par, el índice Freedom in the World 2025 corrobora esta radiografía, otorgando a la independencia del poder judicial ecuatoriano un 2 sobre 4, señalando explícitamente la infiltración de la corrupción y la influencia del narcotráfico.

Los casos de la crisis
El Informe de la FCD recopila nombres, rostros y episodios para dimensionar la gravedad del problema. El documento subraya el punto de inflexión que supuso el denominado Caso Metástasis, a finales de 2023, que destapó una profunda infiltración al revelar presuntos vínculos entre redes de narcotráfico y decenas de funcionarios judiciales, incluyendo al entonces presidente del Consejo de la Judicatura: Wilman Terán.

Además de Terán, en ese caso fueron sentenciados seis abogados, tres funcionarios judiciales administrativos, siete jueces y dos fiscales. Todos formaron parte de una estructura para beneficiar judicialmente al narcotraficante Leandro Norero.

A esta cooptación institucional, según el documento, se suma la violencia frontal. Desde 2020, el Observatorio de Derechos y Justicia ha documentado 40 incidentes violentos, abarcando asesinatos y ataques directos contra operadores de justicia encargados de enfrentar al crimen organizado.

La investigación cita ejemplos como el del juez anticorrupción Carlos Serrano, forzado a abandonar el país sin recibir seguridad tras sentenciar y ser amenazado por un narcotraficante serbio. O el de Samantha Lozada, en Orellana, que evidencian de forma dramática, dice el documento, la incapacidad del propio Consejo de la Judicatura para salvaguardar la vida y el trabajo de sus funcionarios.

Las presiones políticas
Pero las balas y los sobornos no son las únicas formas de coacción. Según FCD, el poder político también ejerce su peso. El informe recuerda el complejo episodio de agosto de 2025, cuando el presidente Daniel Noboa calificó públicamente a la Corte Constitucional como «enemiga del pueblo».

Esto tras fallos contrarios a sus leyes urgentes, un pronunciamiento que las relatorías de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpretaron como una severa campaña de estigmatización.

La FCD considera que la dependencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para la conformación del Consejo de la Judicatura (CJ), principalmente, ha convertido la administración de justicia en un «botín de mayorías coyunturales».

Y esa politización ya tiene consecuencias: debido a la parálisis y la corrupción en los concursos organizados por el CJ, la FCD alerta que para 2027 la Corte Nacional de Justicia corre el riesgo de operar con apenas 4 de los 21 jueces titulares que deberían integrarla.

Frente a este panorama, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo concluye que la independencia judicial no puede seguir siendo vista como un simple privilegio corporativo de los magistrados, sino como la garantía material más básica para proteger los derechos ciudadanos y controlar los abusos del poder.

La organización propone que la sociedad civil asuma una agenda estructurada en cinco ejes fundamentales: monitoreo técnico, litigio estratégico para llevar las vulneraciones estructurales ante los tribunales, impulsar reformas legislativas, construir una narrativa pública que le explique al ciudadano común por qué le afecta tener jueces sometidos y consolidar redes de apoyo que protejan a los operadores de justicia. Fuente: Primicias

Con 100 euros semanales (USD 116) en la billetera digital y un límite de diez llamadas telefónicas de hasta ocho minutos —también semanales— pasa sus días en la prisión de Zuera (Zaragoza) el cabecilla de la organización criminal ecuatoriana Los Lobos, Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias “Pipo”. El centro penitenciario se encuentra a casi 340 kilómetros de Madrid y, a lo largo de los años, ha albergado a criminales de alto riesgo como el terrorista de ETA Santiago Arróspide Sarasola, el histórico narcotraficante gallego Laureano Oubiña o el criminal serbio Norbert Feher, alias ‘Igor el Ruso’.

Alias “Pipo” permanece recluido bajo un esquema de máxima restricción: el primer grado o régimen cerrado, reservado para internos considerados especialmente peligrosos o con alto riesgo de fuga. Este departamento no solo se utiliza para sanciones disciplinarias tras incidentes violentos, sino que también alberga a presos catalogados de alta peligrosidad. Actualmente conviven allí tres yihadistas.

Los módulos de aislamiento del Centro Penitenciario de Zuera funcionan, en la práctica, como una cárcel dentro de la propia cárcel. Los internos pasan hasta 22 horas al día encerrados en sus celdas y solo disponen de dos horas de patio, generalmente en solitario o con una única persona. El espacio exterior es reducido y la oferta de talleres o actividades es prácticamente inexistente, por lo que muchos reclusos se limitan a realizar ejercicios físicos básicos dentro de sus propias celdas.

El control es constante. Cada movimiento fuera de la celda se realiza bajo vigilancia directa y, en casos de extrema peligrosidad, pueden intervenir hasta seis funcionarios para efectuar un traslado interno. Algunos internos están además clasificados dentro del sistema FIES (Fichero Interno de Especial Seguimiento), lo que implica medidas adicionales como el cambio de celda cada 20 o 40 días y la intervención de sus comunicaciones, tanto llamadas como correspondencia.

El departamento de régimen cerrado dispone de 36 celdas destinadas a aislamiento. En estos módulos la interacción social es mínima, los cacheos y registros de celdas son frecuentes y las salidas al patio se realizan bajo estricta vigilancia. Diversas organizaciones jurídicas que observan el sistema penitenciario en España han calificado estas condiciones como una forma de “tortura blanca”.

Las visitas a ‘Pipo’, como de cualquier interno en aislamiento, son sábados y domingos únicamente por la mañana, Tiene derecho a dos visitas de 20 minutos, o una de 40 minutos, cada semana.

De prófugo internacional a preso en Zaragoza
Wilmer Geovanny Chavarría Barré, cabecilla de Los Lobos, fue trasladado a Zuera a finales de noviembre de 2025 después de ser detenido en Málaga el 16 de noviembre del mismo año, cuando aterrizó en España procedente de Marruecos con un pasaporte falso.

La trayectoria de “Pipo” ha estado marcada por la clandestinidad. Durante años logró eludir a las autoridades tras fingir su muerte por covid en 2021 y someterse a cirugías estéticas para alterar su apariencia. Según las investigaciones, residía la mayor parte del tiempo en Emiratos Árabes Unidos y realizaba estancias esporádicas en Málaga.

El 25 de febrero de 2026 fue llevado desde la prisión hasta la Ciudad de la Justicia de Zaragoza para declarar ante la Fiscalía en relación con el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio.

El traslado se realizó bajo un amplio dispositivo policial. Un furgón de la Guardia Civil, escoltado por unidades especiales, condujo al narcotraficante hasta el edificio judicial, donde negó una implicación en el asesinato y aseguró que su vida correría peligro si fuera extraditado a Ecuador o a Estados Unidos.

Tras la declaración fue devuelto nuevamente a la prisión de máxima seguridad de Zuera, donde permanece a la espera de que se resuelva el trámite de extradición.

Una macrocárcel diseñada como una pequeña ciudad
Inaugurada en 2001, la cárcel de Zuera fue concebida con una estructura modular que funciona como un núcleo urbano autosuficiente. El complejo ocupa cerca de 450.000 metros cuadrados y dispone de más de 1.000 celdas residenciales, con capacidad para alrededor de 1.800 internos.

Siguiendo el modelo de las macrocárceles modernas, el recinto integra numerosos servicios pensados para cubrir la vida cotidiana de los reclusos: biblioteca, escuela, talleres laborales y un espacio sociocultural con salón de actos donde se organizan actividades y eventos internos.

Una captura de video muestra la distribución de celdas en la cárcel de Zuera, en Zaragoza, donde está el narcotraficante ecuatoriano, alias Pipo.Primicias
La prisión está organizada en 14 o 15 módulos independientes que permiten clasificar a los internos según su perfil penitenciario. La mayoría son módulos residenciales ordinarios, aunque también existen departamentos específicos, como el módulo terapéutico, donde es obligatorio permanecer libre de drogas, o el módulo de respeto, destinado a internos con buena conducta.

El centro cuenta además con un módulo exclusivo para mujeres, una unidad de enfermería para internos con enfermedades físicas o problemas de salud mental, así como áreas de ingresos, tránsito y régimen cerrado.

La vida cultural dentro de los muros
Pese a su carácter de alta seguridad, la vida cotidiana en Zuera también incluye actividades culturales y sociales. El propio centro edita una revista trimestral, “Digo!”, elaborada por los internos, donde se recogen iniciativas, eventos y propuestas surgidas dentro de la prisión.

En su último número se reseña la actividad del grupo musical “Casi 10”, formado por presos del módulo terapéutico que componen canciones sobre superación y fortaleza personal. También se recogen actuaciones organizadas durante las fiestas de La Merced y el Pilar de 2025, con conciertos de grupos como “Frecuencia Z”, danzas tradicionales rumanas y actuaciones de rap interpretadas por internos.

El salón de actos ha acogido incluso actividades temáticas, como una jornada de Halloween ambientada con relatos de terror y música en directo. La publicación también recomienda lecturas disponibles en la biblioteca del centro, desde novelas contemporáneas como La asistenta, de Freida McFadden o Alas de sangre, de Rebecca Yarros hasta clásicos como Oliver Twist, de Charles Dickens.

Además, la revista informa sobre mejoras recientes en las instalaciones —como obras de eficiencia energética o iluminación LED— y recoge sugerencias de los propios internos, entre ellas la petición de actualizar el límite de 100 euros de la billetera digital ante el aumento del precio de los productos del economato.

La cárcel de Zuera funciona como una pequeña ciudad amurallada. Tras uno de sus muros, en una de las celdas del régimen más estricto, permanece hoy uno de los narcotraficantes más buscados de América Latina, a la espera de saber si su próximo destino será un tribunal extranjero o una prisión al otro lado del Atlántico. Fuente: Primicias