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Hallan muertos a ecuatorianos secuestrados por «Los Zeta» en México, pese a que la familia envió dinero para el rescate

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Aunque había sido reportado como secuestrado en México hace cinco meses, el cuerpo del migrante ecuatoriano Sebastián Alejandro Malla Dota fue hallado recientemente, según confirmaron sus familiares.

 

El joven, de 20 años, oriundo de Santa Isabel en la provincia del Azuay, viajó el pasado 7 de septiembre de 2022 al territorio mexicano, con destino final a Estados Unidos.

Sin embargo, los familiares de la víctima fueron informados sobre su secuestro y, luego de aquello, tuvieron que pagar un monto económico para su supuesta liberación.

Margarita Dota y Gonzalo Malla, padres del joven, contaron lo ocurrido al medio Yunguilla Radio FM. «Nos dijeron que a él le tenían secuestrado, que teníamos que pagar; pero nosotros íbamos pagar con tal de que le suelten a mi hijo, pero en ningún momento le soltaron», dijo ella.

La madre indicó que su hijo se fue del país en busca de mejores días y para apoyar a la familia, entre ellos a su hermana menor con Síndrome de Down y quien tiene un soplo en el corazón, además de problemas de audición.

Alejandro se dedicaba a despachar material en una ferretería, terminó el colegio pero por falta de dinero no pudo continuar con una carrera universitaria.

Malla fue hallado muerto junto a otros ecuatorianos que también estaban secuestrados en México.

FAMILIAS AMENAZADAS

En los mensajes que enviaban los secuestradores a las familias, su objetivo era aterrorizarlos con amenazas: «si no pagas les vamos a enviar un regalito, matamos al morro (chico) y les enviamos el video para que ya no lo busquen», se lee en uno de ellos.

A inicios de enero, la organización 1800 Migrante reportó que siete ecuatorianos fueron secuestrados por presuntos miembros del cartel mexicano de Los Zetas en Ciudad Juárez.

“Son todos jóvenes menores de 25 años que viajaban irregularmente desde Ecuador hacia USA, salieron de diferentes provincias del Ecuador, hay hombres y una mujer, utilizaron distintas rutas, pero solo pudimos identificar a tres de esos chicos y el resto desconocemos su identidad”, detalló William Murillo, vocero de la mencionada organización.

ENGAÑO DE COYOTEROS

Se sabe por versiones de video e intercambio de mensajes entre sus familiares, que los jóvenes llegaron hasta Ciudad Juárez, entre el 6 y 7 de septiembre.

No obstante, los «coyoteros» engañaron a los familiares haciéndoles creer que ya habían cruzado hacia los Estados Unidos. Incluso, enviaron videos de los jóvenes asegurando que todo estaba bien y que llegaron “al otro lado”, por lo que, pidieron que se pagara el resto de dinero pactado; «pero todo fue un engaño y una treta por parte de estos criminales», denunció 1800 Migrante.

“Llegaron a Ciudad Juárez y después de eso se los comió la tierra, nos hicieron pagar supuestamente para el transporte y finalmente nos dijeron que estaban secuestrados y que teníamos que pagar por el rescate, lo hicimos, pero nos robaron, no les liberaron y ahora estamos ahogados en deudas”, dijo una de las madres de las víctimas.

OTRAS VÍCTIMAS

Jeremy León Ordoñez, de 20 años, soltero y sin hijos, trabajaba como agricultor en bananeras, en el cantón Pasaje de la provincia de El Oro.

Terminó la secundaria, no quiso ir a la Universidad y se dedicó a trabajar; quería salir adelante y contó con ayuda de sus familiares para el viaje.

Jonathan Morocho Benitez, de 20 años, soltero y sin hijos. Se graduó del colegio y se postuló para ingresar a las Fuerzas Armadas pero no pasó las pruebas necesarias.

Vivía con su familia y trabajaba en minería. Solicitó un préstamo bancario que fue utilizado para comprar herramientas, pero no le fue bien en el negocio y terminó con 14 mil dólares en deudas.

“Trabajaba sólo para pagar la deuda, y esa fue la razón que lo empujó para emigrar, más lo que trabajaba y no le quedaba nada, se despechó por eso y nos pidió ayuda, se consiguió el dinero para el viaje, con el chulco y prestado, pero nunca nos imaginamos pasar por todo este infierno”, relató su madre Rosa Benítez.

Este martes 28 de febrero, la organización 1800 Migrante lamentó la muerte de tres de los jóvenes reportados como secuestrados por el grupo narco terrorista «Los Zeta», tras la confirmación por parte de sus familiares. Fuente: Revista Vistazo

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Quién es alias ‘Topo’, la mano derecha de Fito que enfrentará la justicia de EE.UU.

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La reciente decisión de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador de conceder la extradición de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias “Topo”, vuelve a poner en el foco a uno de los nombres clave dentro de la estructura criminal de Los Choneros.

Peñafiel Nieto inició su actividad delictiva en 2016, cuando tenía 26 años. De profesión topógrafo —origen de su alias— fue vinculado al secuestro de un ciudadano austriaco en Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos.

Ese mismo año fue capturado y, en 2017, sentenciado a 11 años de prisión por secuestro y a 3 años adicionales por asociación ilícita. Fue recluido en la Cárcel Regional del Guayas.

Durante su permanencia en prisión, alias “Topo” estableció vínculos con la organización criminal Los Choneros, donde consolidó una relación clave con José Adolfo Macías Villamar, conocido como “Fito”, quien en ese momento era segundo al mando del grupo, por debajo de Jorge Luis Zambrano González, alias «Rasquiña».

Con el tiempo, se convirtió en una persona de confianza dentro de la estructura y asumió el liderazgo de “Los Fatales”, una facción vinculada a actividades de sicariato, a la par que «Fito» se consolidaba como líder de «Los Choneros» tras el asesinato de Zambrano González en una cafetería del centro comercial Mall del Pacífico, en Manta, el 28 de diciembre de 2020.

En 2022, «Topo» inició el trámite para acceder a beneficios penitenciarios y el 3 de junio de 2023 obtuvo el régimen semiabierto, tras cumplir la totalidad de la pena por asociación ilícita y el 60% de la condena por secuestro. Ese proceso derivó en su liberación.

Ya en libertad, su rol dentro de la organización se fortaleció en un contexto marcado por la disputa entre Los Choneros y otras bandas como Los Lobos.

En ese escenario, “Topo” participó en la expansión hacia economías ilegales como la minería ilegal, especialmente en la provincia amazónica de Sucumbíos, donde «Los Choneros» protagonizaron enfrentamientos enfrentamientos con los «Comandos de la Frontera», una disidencia de las FARC.

En septiembre de 2025 fue nuevamente detenido en la provincia de Napo por presunto tráfico de armas. Para entonces, también tenía vigente una orden de captura por el asesinato de un policía en 2024, además de antecedentes por asociación ilícita, secuestro extorsivo y otros delitos. En algunos procesos fue liberado con medidas sustitutivas.

Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad conocida como “La Cárcel del Encuentro”, situada en la provincia costera de Santa Elena.

“Este angelito le hará compañía a Fito»

Alias “Topo” es requerido por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York por presunto tráfico de drogas a gran escala y uso de armas de fuego.

El 22 de abril de 2026, tras una audiencia de extradición pasiva, la Corte Nacional autorizó su entrega a Estados Unidos, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y recibir las garantías diplomáticas correspondientes.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el objetivo del Gobierno es que la extradición se concrete “muy pronto”, para que el procesado enfrente a la justicia estadounidense, donde ya se encuentra José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros, extraditado en 2025.

“Este angelito le hará compañía a Fito muy pronto en Estados Unidos”, enfatizó el funcionario. Fuente: Vistazo
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Asamblea aprueba por unanimidad ley para fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes

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La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, este miércoles 22 de abril de 2026, el Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, una normativa que busca garantizar el derecho a la salud mental con un enfoque integral, preventivo, educativo y comunitario. La iniciativa fue respaldada por el Pleno como una respuesta frente al aumento de problemas de salud mental que afectan a esta población en el país.

Durante el debate, el ponente del informe, el asambleísta Alejandro Vanegas, señaló que la ley plantea una respuesta técnica y humana ante una situación urgente, marcada por el incremento de casos de depresión, ansiedad, violencia y abandono escolar entre niñas, niños y adolescentes. Según explicó, la propuesta fortalece la corresponsabilidad entre el sistema educativo, el sistema de salud y los gobiernos locales para atender esta problemática de manera articulada.

La normativa introduce reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Salud Mental, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con el objetivo de coordinar acciones entre distintas instituciones del Estado. Entre sus disposiciones principales está la incorporación obligatoria de la materia “Psicoeducación” en la malla curricular de las unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales.

 

De acuerdo con el texto aprobado, esta asignatura estará orientada al fortalecimiento de habilidades psicosociales, la resiliencia emocional, la convivencia pacífica y la detección temprana de señales de alerta en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. La ley también ordena la implementación de programas de promoción y prevención con enfoque intercultural, territorial y de género, adaptados a las realidades de pueblos y nacionalidades.

Además, la norma impulsa la creación de espacios comunitarios de apoyo psicosocial en el primer nivel de atención del sistema de salud y permite la participación de estudiantes de los últimos semestres de Psicología en actividades de promoción y prevención, siempre bajo supervisión profesional. También establece que las aseguradoras y empresas de medicina prepagada deberán incluir coberturas de salud mental y dispone campañas permanentes para denunciar centros ilegales o prácticas no autorizadas.

Con esta aprobación, la Asamblea da paso a una legislación que busca dejar atrás una visión reactiva de la salud mental y avanzar hacia un modelo de prevención, acompañamiento y atención temprana desde las aulas, las comunidades y los servicios de salud.

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Corte Constitucional aprueba que Noboa elimine al CPCCS vía reférendum

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Tras le último fallo de la Corte Constitucional (CC), el presidente Daniel Noboa ya puede emitir el decreto ejecutivo que convoca a un referéndum para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades y que ésta pase a la Asamblea Nacional.

La CC además, declaró que el mandatario puede continuar con el procedimiento de referéndum conforme a la Constitución y la normativa aplicable. De este modo la pregunta que se le consultará a los ecuatorianos es la siguiente:

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?

La CC se pronunció a través de un auto de verificación el pasado 16 de abril, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció y remitió el proyecto de enmienda que envió Noboa al organismo electoral pese a que debía enviarlo a la Corte Constitucional.

Asimismo, la Corte Constitucional recordó al presidente Daniel Noboa y al CNE que sus decisiones deben ser cumplidas en los términos fijados en sus resoluciones, por lo que deberán observar estrictamente las formas y condiciones establecidas en el dictamen.

Según fuentes de Carondelet, se espera que la pregunta de enmienda constitucional pueda ser incluida en una papeleta adicional en las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. (I)

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