Nacionales
Fiscal pide arresto domiciliario para expresidente Lenin Moreno por caso Sinohydro: ¿cuánto se habría repartido en sobornos?
En la audiencia de presentación de la acusación por cohecho, Salazar consideró necesaria la prisión preventiva para los 37 imputados en el caso, pero la Constitución impide esa medida para los mayores de 65 años, como es el caso de Moreno, su mujer y otros 12 investigados, para quienes pidió el arresto domiciliario.
La fiscal también requirió al juez Adrián Rojas, de la Corte Nacional de Justicia, retener e inmovilizar las cuentas de todos los imputados, incluidas las de aquellos que residen en el extranjero, como es el caso de Moreno, que ejerce en Paraguay de comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad.
En ese sentido, solicitó al magistrado autorización para solicitar cooperación judicial internacional de Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Belice.
Salazar sostuvo que la empresa estatal china Sinohydro pagó supuestamente sobornos que rondaron los 76 millones de dólares, lo que hicieron que la obra de la mayor central hidroeléctrica de Ecuador se encareciese de los 1.979 millones de dólares a los 2.245 millones de dólares.
En el caso del expresidente y su familia, cifró en 660.000 dólares el supuesto dinero ilícito recibido, de los que 220.000 corresponderían presuntamente a Moreno y a su mujer en forma de una vivienda y muebles.
La fiscal asignó los otros 440.000 dólares restantes los hermanos de Moreno Edwin (350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares), a su hija Irina (50.000 dólares), a sus cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares) y a su suegra Aída Graciela (5.000 dólares).
De acuerdo a la tesis defendida por Salazar, el grueso de los supuestos sobornos tuvieron presuntamente como beneficiarios a Conto Patiño, amigo del expresidente Moreno, y su familia, con un valor ascendente a los 44 millones de dólares.
La acusación de la fiscal también incluye a dos gerentes de Coca Codo Sinclair y al exembajador de China en Ecuador Cai Runguo, quien en su momento ejercía de representante legal de Sinohydro.
En la audiencia compareció el expresidente Moreno de manera telemática, por videoconferencia.
El caso Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucra a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.
En ese informe periodístico se revelaron una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa «offshore» INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos cobrados cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador, durante el mandato presidencial de Rafael Correa.
La investigación permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.
Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas –aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra–, que habrían sido entregadas por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.
Con una potencia de 1.500 megavatios, la central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair está en el río Coca, entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, y su infraestructura está en entredicho ante la aparición de miles de fisuras en su estructura, incluso antes de que se pusiese en funcionamiento en 2016. Fuente: Revista Vistazo
Xavier Jordán habría sido detenido en Miami, Estados Unidos, según reportes difundidos este miércoles 16 de septiembre de 2026. En un video que circula en redes sociales se observa el momento en que el empresario ecuatoriano es intervenido por agentes de ICE.
La información todavía está en desarrollo y no se ha precisado qué agencia estadounidense ejecutó el procedimiento ni bajo qué figura jurídica se produjo la detención.
Jordán es procesado en Ecuador por su presunta participación en el caso Magnicidio FV, que investiga el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. La Fiscalía ha señalado elementos que apuntarían a su presunta participación como autor mediato del crimen.
Tiene prisión preventiva en Ecuador
El Tribunal Penal del caso Magnicidio Fernando Villavicencio ratificó el 29 de junio de 2026 la prisión preventiva contra Jordán, junto con otros procesados, después de rechazar los recursos presentados por sus defensas.
Además, Jordán enfrenta un proceso dentro del caso Metástasis, por presunta delincuencia organizada. En julio de 2026, la Corte Nacional de Justicia formalizó el pedido de extradición desde Estados Unidos para que comparezca ante la justicia ecuatoriana.
¿Qué ocurrió en Miami?
Jordán permanece en Estados Unidos desde 2020. En octubre de 2025, agentes federales allanaron su residencia en Miami como parte de un operativo relacionado con las investigaciones que enfrenta. En aquella ocasión, su abogado confirmó el procedimiento, pero no se informó sobre una detención.
Ahora, si se confirma oficialmente la detención, deberá establecerse si está relacionada con un procedimiento migratorio, una investigación federal estadounidense o el proceso de extradición solicitado por Ecuador.
La situación jurídica de Jordán en Estados Unidos será determinante para establecer los siguientes pasos y si eventualmente puede avanzar el pedido ecuatoriano para que sea trasladado a Ecuador.
En desarrollo… Fuente: El Telégrafo
Nacionales
Qué ofrece Alex Saab a Estados Unidos y qué obtendrá a cambio por su cooperación en el caso de lavado de activos
Nicolás Maduro, Venezuela y otros países están pendientes de desenlace del caso de Alex Saab, el empresario de 54 años que se declaró culpable de los cargos de conspiración para lavado de activos ante una corte de Florida, Estados Unidos.
Conocido como el testaferro de Maduro, Saab solo admitió su culpabilidad luego de que llegó a un acuerdo con la fiscalía de Estados Unidos, y aunque el documento no se ha hecho público su totalidad, muchos expertos especulan cuáles serán las implicaciones de esta decisión.
Una de las interrogantes es el posible impacto del testimonio de Saab en el caso de Estados Unidos contra Maduro, quien fue detenido tras una operación militar en Caracas.
De hecho, en su declaratoria de culpabilidad, Saab reconoció que en 2015, cuando Maduro era presidente, organizó con «altos funcionarios del Gobierno» un «esquema ilegal» con «sobornos» y «pagos ilegales» del programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero al sur de Florida.
El entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto al exministro Alex Saab, en un evento público en Caracas, el 23 de enero de 2024.AFP
Pero, ¿qué ofrece Estados Unidos a Saab a cambio de su cooperación? El Gobierno estadounidense aceptó pedir una sentencia menor para el exministro del régimen de Maduro, quien podría afrontar una pena máxima de 20 años en prisión y una multa de USD 500.000, según el acuerdo de 12 páginas.
Aunque el Departamento de Justicia advirtió de que se «reserva el derecho de evaluar la naturaleza y el alcance de la cooperación del procesado», así como la «calidad e importancia» de la información para las investigaciones pertinentes.
Lo que podría decir Saab
Saab menciona como presuntos cómplices al chavista José Gregorio Vielma Mora, quien entonces era gobernador de Táchira, y a los colombianos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano.
Pulido Vargas es un conocido de Ecuador puesto que aparece en la trama de Flogocons, una empresa investigada por la Fiscalía de Ecuador por realizar exportaciones ficticias a Venezuela con el sistema SUCRE.
Además, Saab señaló a ‘co-acusado 1’ y ‘co-acusado 3’, dos sospechosos que la fiscalía estadounidense no identificó de manera pública.
Un plantón organizado en Venezuela en favor de la liberación de Alex Saab, detenido en EE.UU., en diciembre de 2023.AFP
Por otra parte, aseguró que «acordó lavar dinero y cometer fraude» con «altos miembros del Gobierno de Venezuela».
Saab accedió a «cooperar plenamente» con el Departamento de Justicia con «la aportación de información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas» en «cualquier juicio o proceso» judicial que pida el Gobierno.
«El procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito», establece el pacto.
Por si fuera poco, Saab aceptó entregar USD 195 millones, propiedades y bienes derivados de los crímenes a la fiscalía, que fijó un plazo de 14 días para que revele todos los activos relacionados con los delitos. Fuente: Primicias
Nacionales
Mercedes Caicedo: «Pedimos perdón por no responder a la ciudadanía con una justicia ágil»
Mercedes Caicedo tiene 135 días frente al Consejo de la Judicatura. La ventana de la oficina de Presidencia, en un piso alto del edificio, deja ver las columnas de humo tras el incendio que consumió parte del cerro Itchimbía, en el oriente de Quito. En la Judicatura hay otro incendio. El pleno decidió reestructurar la unidad especializada de jueces anticorrupción y crimen organizado, e integrarla con otro cuerpo de juzgadores penales que trabaja en la capital.
En entrevista con Vistazo, la funcionaria con 16 años de trayectoria en la función judicial, explicó que la reestructuración forma parte de un plan integral para reorganizar el sistema. La lógica es ésta: hay jueces con poca carga laboral, mientras otros tienen saturación de cargas.
Según el informe técnico, la unidad anticorrupción con 19 jueces acumulaba 480 causas activas. En tanto, la unidad de Iñaquito a la que se fusiona tiene 31 juzgadores, que mantienen en total cinco mil causas acumuladas.
En lugar de tener 19 jueces penales la justicia gana un grupo adicional de 31, para sumarse a la administración de justicia, explica, al reconocer que está consciente de que el cambio generó todo tipo de ‘suspicacias’. Esto, porque el Consejo de la Judicatura vivió una crisis sistemática, que le restó legitimidad frente al país y a la sociedad.
La herencia nefasta del caso Metástasis se vive en la justicia
El legado de un presidente de la Judicatura que decía ‘venir de las estrellas’ y que chateaba con operadores y abogados del narcolavador Leandro Norero deja secuelas. Wilman Terán fue sentenciado como parte de la estructura del caso Metástasis.
En cambio, otro presidente de la Judicatura, Mario Godoy, fue señalado por presuntas presiones en contra del juez anticorrupción Carlos Serrano.
“Cargo una cruz que no es mía”, dice Caicedo, quien fue jueza penal. En tal función fue ponente en el tribunal que conoció el caso Metástasis.
Por esta falta de respuesta frente a los delitos la sociedad no tiene confianza en el sistema de justicia.
“Pedimos perdón por no dar respuestas que exigen los ciudadanos”, afirma la presidenta. Y explica que el pleno de la Judicatura se declaró en emergencia para resolver los temas pendientes, entre ellos, la depuración.
Los 1.700 jueces serán evaluados
Hay diez años de abandono en el sector, explica Caicedo, mientras adelanta que la evaluación de 1.700 jueces ya está en marcha.
Esta vez, el proceso incorporará ‘pruebas de confianza’, exigidas por la actual legislación. Se trata de mecanismos para detectar si los evaluados están diciendo falsedades.
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