Nacionales
Fiscal pide arresto domiciliario para expresidente Lenin Moreno por caso Sinohydro: ¿cuánto se habría repartido en sobornos?
En la audiencia de presentación de la acusación por cohecho, Salazar consideró necesaria la prisión preventiva para los 37 imputados en el caso, pero la Constitución impide esa medida para los mayores de 65 años, como es el caso de Moreno, su mujer y otros 12 investigados, para quienes pidió el arresto domiciliario.
La fiscal también requirió al juez Adrián Rojas, de la Corte Nacional de Justicia, retener e inmovilizar las cuentas de todos los imputados, incluidas las de aquellos que residen en el extranjero, como es el caso de Moreno, que ejerce en Paraguay de comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad.
En ese sentido, solicitó al magistrado autorización para solicitar cooperación judicial internacional de Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Belice.
Salazar sostuvo que la empresa estatal china Sinohydro pagó supuestamente sobornos que rondaron los 76 millones de dólares, lo que hicieron que la obra de la mayor central hidroeléctrica de Ecuador se encareciese de los 1.979 millones de dólares a los 2.245 millones de dólares.
En el caso del expresidente y su familia, cifró en 660.000 dólares el supuesto dinero ilícito recibido, de los que 220.000 corresponderían presuntamente a Moreno y a su mujer en forma de una vivienda y muebles.
La fiscal asignó los otros 440.000 dólares restantes los hermanos de Moreno Edwin (350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares), a su hija Irina (50.000 dólares), a sus cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares) y a su suegra Aída Graciela (5.000 dólares).
De acuerdo a la tesis defendida por Salazar, el grueso de los supuestos sobornos tuvieron presuntamente como beneficiarios a Conto Patiño, amigo del expresidente Moreno, y su familia, con un valor ascendente a los 44 millones de dólares.
La acusación de la fiscal también incluye a dos gerentes de Coca Codo Sinclair y al exembajador de China en Ecuador Cai Runguo, quien en su momento ejercía de representante legal de Sinohydro.
En la audiencia compareció el expresidente Moreno de manera telemática, por videoconferencia.
El caso Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucra a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.
En ese informe periodístico se revelaron una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa «offshore» INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos cobrados cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador, durante el mandato presidencial de Rafael Correa.
La investigación permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.
Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas –aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra–, que habrían sido entregadas por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.
Con una potencia de 1.500 megavatios, la central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair está en el río Coca, entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, y su infraestructura está en entredicho ante la aparición de miles de fisuras en su estructura, incluso antes de que se pusiese en funcionamiento en 2016. Fuente: Revista Vistazo
Una jueza de Ecuador dejó en libertad a 28 tripulantes de dos de al menos seis embarcaciones bombardeadas por Estados Unidos en el Pacífico en las últimas dos semanas por sus presuntos vínculos con el narcotráfico tras determinar que no había indicios suficientes para procesarlos.
El Comando Sur de EE.UU. afirmó que los barcos supuestamente operaban como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible para lanchas que llevan droga hacia Norteamérica.
Además, fueron señalados por tener presuntos vínculos con Los Choneros, grupo criminal asociado al mexicano Cartel de Sinaloa, y una de las cuatro bandas ecuatorianas catalogadas como terroristas por el Gobierno estadounidense.
Steven Alvia, abogado de los tripulantes del Don Rufo, dijo a EFE que la Fiscalía no presentó cargos porque no tenía pruebas suficientes contra los detenidos.
Estos fueron llevados para una audiencia hasta la isla San Cristóbal, en Galápagos, en lugar de hacia la ciudad portuaria de Manta, a donde habían llegado los tripulantes de los demás barcos.
El Ministerio Público podrá seguir «recabando información, practicando diligencias, tomando versiones, y si ya no encuentra elementos suficientes podrá solicitar el archivo definitivo de la causa«, explicó Alvia.
Decenas de tripulantes han quedado en libertad
Los tripulantes del Montecristi y del Don Rufo se suman a los 28 del Conquista 2 y del OM2 que también salieron libres sin cargos, después de que la Justicia no halló indicios de delito.
Además de ellos, 32 tripulantes de las embarcaciones María Candelaria y también del Conquista 2 salieron bajo libertad condicional, tras ser procesados por el presunto delito de asociación ilícita.
Todavía está pendiente conocer qué sucederá con diez integrantes del Don Rufo que no fueron detenidos por las fuerzas estadounidenses y que fueron localizados en el mar el jueves por la Armada ecuatoriana.
Estas son cinco de las al menos seis embarcaciones de pesca ecuatorianas que han sido atacadas y destruidas en alta mar desde el 28 de agosto, en una ofensiva a manos de EE.UU. para apoyar la «guerra» que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantiene desde 2024 contra las bandas criminales.
Consultado el miércoles durante su visita a Quito, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que estas operaciones no tienen intención de matar a pescadores y que buscan acabar con el narcotráfico marítimo de estas organizaciones criminales, que según el representante de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, actúan como terroristas. Fuente: Vistazo
Resolver conflictos mediante el diálogo y sin recurrir necesariamente a un proceso judicial es una de las alternativas que ofrece el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos (CENARC) de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), mediante servicios de mediación orientados a facilitar acuerdos voluntarios entre las partes.
El CENARC cuenta con atención en Loja, Quito, Guayaquil y Cuenca, y brinda mecanismos alternativos de solución de controversias en diferentes áreas, entre ellas familia, civil, inquilinato, laboral, convivencia social o vecinal, tránsito y asuntos tributarios, entre otros.
El proceso se desarrolla con el acompañamiento de un mediador neutral e imparcial, quien facilita el diálogo entre las partes para que sean ellas mismas quienes construyan una solución acorde con sus necesidades e intereses.
Entre las principales ventajas de la mediación se encuentran la posibilidad de alcanzar acuerdos de manera ágil, voluntaria y menos confrontativa que un proceso judicial. Además, el procedimiento tiene carácter confidencial y, cuando las partes llegan a un acuerdo, el acta de mediación adquiere validez jurídica.
¿Cómo acceder al servicio?
Para iniciar un proceso, primero se verifica que la controversia pueda ser sometida a mediación. Posteriormente, el solicitante presenta el formulario correspondiente junto con los documentos habilitantes y cancela la tasa establecida.
Una vez cumplidos estos requisitos, se notifica a la parte invitada y se fija la audiencia de mediación, espacio en el que las partes, con el acompañamiento del mediador, buscan alcanzar una solución mediante el diálogo.
97 procesos atendidos en Loja durante 2026
Las cifras evidencian el alcance de este mecanismo. En lo que va de 2026, el CENARC Loja ha atendido 97 procesos, de los cuales 66 han concluido con acuerdo total, equivalente aproximadamente al 68 % de los casos atendidos.
Pedro Puertas, responsable del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la UTPL, destaca la mediación como una alternativa efectiva para la solución de controversias y como una herramienta que contribuye a fortalecer una cultura basada en el diálogo y la construcción de paz.
A este trabajo se suma el respaldo institucional a los servicios jurídicos de la UTPL, cuya calidad ha sido reflejada en una calificación de acreditación de 99 sobre 100 ante la Defensoría Pública, indicador relacionado con el cumplimiento de estándares para la prestación de servicios jurídicos.
El costo de la mediación es de USD 25, lo que permite acceder a este mecanismo alternativo para la atención de conflictos susceptibles de ser resueltos mediante acuerdo.
Para conocer los requisitos y el procedimiento de acceso, los interesados pueden consultar la plataforma de servicios jurídicos de la UTPL: Servicios Jurídicos UTPL.
Nacionales
Toque de queda en cuatro provincias de Ecuador se aplicará desde el 17 al 30 de septiembre
Un nuevo toque de queda se aplicará en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, provincias afectadas por la violencia criminal en Ecuador, anunció este viernes, 11 de septiembre de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, mientras continúa vigente el estado de excepción.
El funcionario precisó que esta medida se aplicará desde las 00:00 del 17 de septiembre hasta las 23:59 del 30 de septiembre de 2026, en el horario comprendido entre las 00:00 y las 05:00.
El toque de queda «será temporal, focalizado y acompañado de un amplio despliegue de seguridad. Esta medida responde a una necesidad concreta de seguridad», dijo Reimberg en su cuenta de X y advirtió que no habrá salvoconductos.
El anuncio se da un día después de que el presidente Daniel Noboa se reuniera con el Consejo de Seguridad para tratar nuevas acciones en contra de las organizaciones criminales en Ecuador.
Reimberg explicó que, durante ese tiempo, se intensificarán las operaciones «contra las estructuras criminales que pretenden sembrar el miedo y desafiar al Estado».
Por ello, el ministro señaló que se ejecutarán operaciones que requieren que quienes residen en las provincias mencionadas permanezcan en sus domicilios durante las horas establecidas.
«No es una medida contra los ciudadanos»
Tras remarcar que no se entregarán salvoconductos de ningún tipo, Reimberg precisó que en estos horarios únicamente podrán circular personal de primera respuesta, personal sanitario, personal para atención a emergencias, fiscales y abogados debidamente acreditados para audiencias de flagrancia.
En cuanto a medios de comunicación, únicamente podrán realizar coberturas debidamente identificados y siempre acompañando a las fuerzas del orden.
«No es una medida contra los ciudadanos, es para protegerlos», acotó Reimberg, al apelar a la «colaboración y comprensión» de los ecuatorianos.
Se trata del segundo toque de queda que aplicará el Gobierno en estas provincias en lo que va del año, en donde ya se ejecutó esta medida en abril pasado.
«Sabemos que estas medidas pueden generar inconvenientes, pero hoy tenemos una prioridad: proteger la vida de los ciudadanos y recuperar la tranquilidad», insistió.
«A las organizaciones criminales les decimos algo muy claro: El Estado no se va a detener. No vamos a retroceder. No habrá territorios del crimen organizado y sobre todo, no habrá impunidad. La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad y objetivo final». John Reimberg, ministro del Interior
«Juntos, como Bloque de Seguridad: Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerios del Interior y Defensa, así como nuestros aliados internacionales, vamos a ganar esta batalla», concluyó el Ministro.
La medida se anuncia dos días después de la visita a Ecuador del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante la cual ambos gobiernos anunciaron la continuidad de las operaciones conjuntas contra el crimen organizado.
Esta no es la primera vez que el Gobierno de Daniel Noboa dispone un toque de queda focalizado y temporal. En mayo de 2026, la misma medida se aplicó en nueve provincias y cuatro cantones. En esa ocasión, la restricción incluyó a Quito.
Como parte de la política de seguridad, en julio pasado, el presidente Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno, ofreciendo inmunidad a personal extranjero e indultos a policías, militares y civiles ecuatorianos.
A mediados de año también decretó un estado de excepción, que fue renovado el 14 de agosto y está vigente por 30 días desde esa fecha. Fuente: Vistazo
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