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Fiscal pide arresto domiciliario para expresidente Lenin Moreno por caso Sinohydro: ¿cuánto se habría repartido en sobornos?

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La fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó este viernes el arresto domiciliario para el expresidente Lenín Moreno al formular su acusación por el caso Sinohydro, que gira en torno a presuntos sobornos recibidos por la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

En la audiencia de presentación de la acusación por cohecho, Salazar consideró necesaria la prisión preventiva para los 37 imputados en el caso, pero la Constitución impide esa medida para los mayores de 65 años, como es el caso de Moreno, su mujer y otros 12 investigados, para quienes pidió el arresto domiciliario.

La fiscal también requirió al juez Adrián Rojas, de la Corte Nacional de Justicia, retener e inmovilizar las cuentas de todos los imputados, incluidas las de aquellos que residen en el extranjero, como es el caso de Moreno, que ejerce en Paraguay de comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad.

En ese sentido, solicitó al magistrado autorización para solicitar cooperación judicial internacional de Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Belice.

Salazar sostuvo que la empresa estatal china Sinohydro pagó supuestamente sobornos que rondaron los 76 millones de dólares, lo que hicieron que la obra de la mayor central hidroeléctrica de Ecuador se encareciese de los 1.979 millones de dólares a los 2.245 millones de dólares.

En el caso del expresidente y su familia, cifró en 660.000 dólares el supuesto dinero ilícito recibido, de los que 220.000 corresponderían presuntamente a Moreno y a su mujer en forma de una vivienda y muebles.

$!Fiscal pide arresto domiciliario para expresidente Lenin Moreno por caso Sinohydro: ¿cuánto se habría repartido en sobornos?

La fiscal asignó los otros 440.000 dólares restantes los hermanos de Moreno Edwin (350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares), a su hija Irina (50.000 dólares), a sus cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares) y a su suegra Aída Graciela (5.000 dólares).

De acuerdo a la tesis defendida por Salazar, el grueso de los supuestos sobornos tuvieron presuntamente como beneficiarios a Conto Patiño, amigo del expresidente Moreno, y su familia, con un valor ascendente a los 44 millones de dólares.

La acusación de la fiscal también incluye a dos gerentes de Coca Codo Sinclair y al exembajador de China en Ecuador Cai Runguo, quien en su momento ejercía de representante legal de Sinohydro.

En la audiencia compareció el expresidente Moreno de manera telemática, por videoconferencia.

El caso Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucra a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.

En ese informe periodístico se revelaron una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa «offshore» INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos cobrados cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador, durante el mandato presidencial de Rafael Correa.

La investigación permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.

Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas –aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra–, que habrían sido entregadas por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.

Con una potencia de 1.500 megavatios, la central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair está en el río Coca, entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, y su infraestructura está en entredicho ante la aparición de miles de fisuras en su estructura, incluso antes de que se pusiese en funcionamiento en 2016. Fuente: Revista Vistazo

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Alias ‘Gerente’, cabecilla de Comandos de la Frontera en el país, «está en camino a Ecuador», anuncia Noboa

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En junio de 2025, las autoridades anunciaron la captura, en Emiratos Árabes Unidos, de Roberto Carlos Álvarez Vera, alias ‘Gerente’, considerado el cabecilla de Comandos de la Frontera en Ecuador. Seis meses después, será trasladado al país.

Este 29 de diciembre, el presidente Daniel Noboa anunció que ya «está en camino a Ecuador para responder ante la justicia por los asesinatos de los 11 militares en Alto Punino», a través de una publicación en su cuenta de X.

«Creía que era intocable porque gobiernos pasados lo protegían, se equivocó. La Cárcel del Encuentro lo espera» Daniel Noboa, presidente de Ecuador

Álvarez Vera salió de Ecuador en mayo de 2024 con destino inicial a Madrid (España) y fue capturado en Abu Dabi en junio de 2025. Pero, a finales de noviembre pasado, su abogado confirmó en una audiencia que estaba libre bajo fianza en Emiratos Árabes Unidos.

Por ello, el presidente Noboa, al anunciar su traslado a Ecuador, expresó:  «Se acabó su libertad ‘bajo fianza'».

El Gobierno ecuatoriano señala a alias ‘Gerente’ como el presunto responsable del asesinato de 11 militares en Alto Punino, hecho que ocurrió en mayo de 2025. Y lo considera el cabecilla (en Ecuador) de Comandos de la Frontera, una narcoguerrilla que trafica drogas desde Colombia por Putumayo.

Álvarez también estaría «vinculado a los delitos de narcotráfico y lavado de dinero», según el Gobierno ecuatoriano.

El ministro del Interior, John Reimber, también se pronunció por el traslado. «Huyó, se escondió, creyó que estaba a salvo. No lo estuvo», escribió en la red social X.

«Aquí todos los criminales van a pagar por el daño causado al Ecuador. Vamos por todos» John Reimberg, ministro del Interior. Fuente: Primicias

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No llueve en Paute, mientras sube en 10% la demanda de electricidad en Ecuador

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Entre el 1 y el 27 de diciembre de 2025, la demanda eléctrica media de Ecuador fue de 3.963 megavatios, un incremento de 300 a 400 megavatios frente a los 3.500 y 3.600 megavatios registrados en 2024, sin considerar los meses con cortes de luz. Es alrededor de un 10% más.

Este aumento en el consumo, explicado por las festividades de Navidad, coincide con la falta de lluvias en la zona del Austro, donde se ubica el embalse de Mazar, que abastece al principal complejo hidroeléctrico del país, que es Paute, el cual por sí solo cubre un 38% de la demanda nacional.

El nivel de Mazar baja 
Por ahora, la mayor demanda de energía se ha cubierto con 2.400 megavatios de energía hidroeléctrica, 1.200 a 1.300 megavatios de energía termoeléctrica y 300 megavatios de importación de energía de Colombia.

Pero eso ha implicado una reducción del embalse de Mazar, que ha bajado 12 metros en lo que va de diciembre, una señal de alerta, considerando que el estiaje suele extenderse entre octubre y marzo y el país está recién en la mitad del período crítico.

Los caudales muestran una caída marcada:

En diciembre de 2024 se registraban 40 metros cúbicos por segundo.

En lo que va de diciembre de 2025, los caudales bajaron a un promedio de 28 metros cúbicos por segundo, pero este 29 de diciembre ya estuvieron en 16 metros cúbicos por segundo, niveles comparables a los mínimos de octubre del año pasado, cuando hubo cortes de luz.

Esto refleja un estiaje corto, pero de alta intensidad, dice Buitrón. Y eso ya se traduce en menor generación hidroeléctrica. En semanas recientes, la participación de la hidroelectricidad pasó de 82% a 61%, una caída cercana a 20 puntos porcentuales.

Gobierno descarta cortes de luz
Por ahora, el Gobierno ha descartado cortes de luz. De hecho, las lluvias de octubre y noviembre permitieron llenar el embalse de Mazar, por lo que no es la misma situación que en 2024.

Sin embargo, preocupa que, si se repite el patrón histórico, las lluvias más consistentes en la región oriental —donde están las principales hidroeléctricas— llegarían recién en marzo de 2026. «Estamos todavía a mitad del estiaje», añade Buitrón.

En la cuenca del río Coca, donde está la hidroeléctrica más grande de Ecuador, que es Coca Codo Sinclair, el caudal actual es de 134 metros cúbicos por segundo, frente a un promedio histórico de 290, lo que evidencia estiaje, aunque no tan severo como el de Paute.

El mayor riesgo está en la cuenca del Paute, donde el estiaje también se retrasó, pero ahora muestra señales agresivas.

Un sistema frágil
Para Buitrón, el sistema eléctrico ecuatoriano es muy frágil porque no tiene suficiente capacidad de reemplazo para la generación hidroeléctrica y depende en gran medida del clima y de la energía importada desde Colombia.

El país no cuenta con respaldo térmico propio suficiente. Cerca de 300 megavatios térmicos provienen de equipos alquilados, como barcazas, lo que limita la seguridad del sistema. A esto se suma que proyectos por 241 megavatios contratados en agosto de 2024 con las empresas Progen y Austral, no han entrado en operación por fallas y retrasos, y no tienen una fecha clara de arranque.

Si la generación hidroeléctrica cae a niveles similares a los de octubre de 2024, es decir, alrededor de 1.800 megavatios, y se suman 1.300 megavatios termoeléctricos, más 450 megavatios importados de Colombia, la oferta total llegaría a unos 3.550 megavatios.

Con una demanda cercana a 4.000 megavatios, el déficit sería de 450 megavatios.

El embalse de Mazar permitiría amortiguar parcialmente ese faltante. Actualmente, cuenta con unos 200 millones de metros cúbicos de agua; ya se ha utilizado cerca del 33% de su capacidad. Usándolo, el déficit podría reducirse a unos 200 megavatios, pero a costa de consumir reservas clave para los meses más críticos.

¿Habrá cortes de luz?
Todo dependerá de qué tan intenso sea el estiaje y de cuándo lleguen las lluvias. Un escenario optimista plantea que entre enero y marzo podrían darse lluvias esporádicas que incrementen el caudal de Mazar, pero eso no está garantizado.

“Estamos dependiendo en gran medida de que llueva”, resume Buitrón. Fuente: Primicias

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Mario Godoy: El oficialismo y el correísmo, que lo llevaron a la presidencia de la Judicatura, ahora buscan su destitución

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El reciente escándalo que involucra a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), por presuntas presiones a un juez Anticorrupción, ha desatado críticas institucionales y pedidos de destitución y renuncia, incluyendo al mismo presidente Daniel Noboa.

Sin embargo, durante 2024 y 2025, las mismas organizaciones políticas e instituciones que hoy cuestionan a Godoy se alinearon en varias ocasiones para designarlo presidente del CJ para el período 2019-2025 y, posteriormente, ratificarlo hasta 2031.

De Petroecuador a la Judicatura  
La trayectoria de Godoy en el Consejo de la Judicatura comenzó en diciembre de 2023, cuando el organismo enfrentaba una crisis tras el encarcelamiento y procesamiento de su entonces titular, Wilman Terán, por el caso Metástasis y sus vínculos con el crimen organizado.

El 20 de diciembre de 2023, el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) aceptó la renuncia de Terán. Debido a trámites burocráticos, el proceso para nombrar su reemplazo inició el 17 de mayo, tras la solicitud de una terna a la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Inicialmente, el Pleno de la Corte envió una lista conformada por Telmo Molina, Dunia Martínez y Hugo Landívar. La inclusión de Landívar generó alertas sobre una posible injerencia gubernamental, dado que era directivo de Acción Democrática Nacional (ADN), la organización política del presidente Daniel Noboa.

Tras incumplir los requisitos, Landívar fue reemplazado por Mario Godoy. Esta decisión fue tomada por José Suing, presidente de la Corte Nacional. Hasta esa fecha, Godoy se desempeñaba como procurador jurídico de Petroecuador en el gobierno de Noboa.

La ‘Liga Azul’ al rescate
El proceso avanzó tras descartarse dos impugnaciones contra Godoy en el CPCCS. El 8 de julio de 2025, la exvicepresidenta del organismo, Mishelle Calvache, mocionó a Dunia Martínez como titular de la Judicatura.

Calvache, el presidente Andrés Fantoni y el exvocal Gonzalo Albán votaron a favor. No obstante, Juan Esteban Guarderas, Yadira Saltos y Johanna Verdezoto se abstuvieron. El empate obligó a Fantoni a ejercer su voto dirimente, designando así a Martínez.

La denominada ‘Liga Azul’, afín al correísmo, se opuso al nombramiento. La vocal Nicole Bonifaz argumentó problemas de conexión para votar. 48 horas después, el 10 de julio, el correísmo logró anular la designación. Augusto Verduga suspendió su licencia por paternidad para retomar su vocalía y apelar la presidencia de Fantoni.

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Mario Godoy en un evento del Consejo de la Judicatura sobre «Justicia abierta» el 9 de diciembre de 2025.Consejo de la Judicatura.
Con una mayoría de cuatro votos (Bonifaz, Saltos, Verdezoto y Verduga), la conducción de la sesión pasó a la vicepresidenta Calvache. Esto permitió reconsiderar la designación de Martínez, moción impulsada por Yadira Saltos y respaldada por una nueva mayoría de cinco votos (se sumó Guarderas).

Esa misma noche, tras reinstalarse la sesión a las 20:56, el pleno volvió a votar la moción original a favor de Martínez, la cual fue rechazada por Bonifaz, Saltos, Verdezoto y Verduga. De inmediato, Yadira Saltos mocionó a Mario Godoy.

La votación reconfiguró las alianzas: con los votos de Bonifaz, Saltos, Verdezoto y Verduga, Mario Godoy Naranjo fue nombrado vocal principal y presidente del Consejo de la Judicatura. La facción de Fantoni y Calvache votó en contra, mientras Guarderas mantuvo su abstención.

 ¿Alianza entre ADN y el correísmo?  
Tras la designación en el CPCCS con apoyo del correísmo, la atención se centró en la Asamblea Nacional. El proceso de posesión de Godoy estuvo marcado por denuncias de presiones desde ADN.

El 15 de julio de 2024, Alejandro Muñoz, entonces secretario general del Legislativo, denunció haber recibido llamadas y mensajes para acelerar la posesión. Muñoz afirmó que las presiones, bajo advertencia de destitución, provenían del Ejecutivo mediante un emisario que citó órdenes de Esteban Torres, entonces viceministro de Gobernabilidad y actual asambleísta por ADN.

De manera paralela surgieron versiones sobre los vínculos que facilitaron el ascenso de Godoy: una conexión académica con Esteban Torres en la Universidad Indoamérica —donde el padre del ex viceministro era decano— y la relación con Fausto Jarrín, exasambleísta del correísmo, asesor externo del presidente Noboa y amigo personal de Godoy y su esposa, Dolores Vintimilla.

Finalmente, el 16 de julio de 2024, la Asamblea Nacional posesionó a Mario Godoy. Los detalles de las tensiones previas se confirmaron en diciembre de 2025, cuando el legislador de ADN, Andrés Castillo, admitió haber llamado a Muñoz siendo asesor de la bancada oficialista.

Castillo explicó que la urgencia respondía al vencimiento de los plazos y la indisponibilidad de las autoridades legislativas, Henry Kronfle y Viviana Veloz, lo que dejaba la responsabilidad en el segundo vicepresidente, Eckenner Recalde. Castillo negó haber ejercido presión, calificando la comunicación como un pedido de cortesía ante la falta de respuesta de Muñoz a las llamadas de Recalde.

 La ratificación en el cargo  
Durante su primera gestión (iniciada en julio de 2024), Godoy enfrentó cuestionamientos. Nubia Vera, jueza que falló a favor de la exvicepresidenta Verónica Abad en un litigio laboral, denunció presiones de Godoy y sus asesores, Henry Gaibor y Jorge Carrillo, para favorecer al Ministerio del Trabajo.

La renovación de la Judicatura debía concretarse antes del 29 de enero de 2025, pero la falta de reemplazos por parte del CPCCS generó una prórroga. En marzo de 2025, el organismo operaba con el mínimo legal de tres miembros. La estabilidad del Consejo se puso en riesgo el 23 de junio de 2025 por un juicio político contra Solanda Goyes, vocal del Ejecutivo, el cual no prosperó.

El retraso en la selección de autoridades respondió a disputas políticas: el CPCCS estaba incompleto por la pugna de una vocalía tras la destitución de la ‘Liga Azul’ por el Tribunal Contencioso Electoral, y la Comisión de Selección debió reconformarse tras la salida de vocales en enero de 2025. Además, el presidente Noboa no envió su terna de postulantes.

El proceso se reactivó en marzo de 2025. El 28 de marzo, el CPCCS contrató a Christian Eduardo Troya Macías como asesor de la consejera Johanna Verdezoto. Posteriormente, Troya representó a Verdezoto en la Comisión Técnica de selección. Troya había sido asesor legislativo de Fausto Jarrín y Godoy intentó contratarlo en la Judicatura un año antes.

El 9 de julio de 2025, la Corte Nacional incluyó nuevamente a Mario Godoy en su terna tras la descalificación de los postulantes Landívar y Edison Toro. Finalmente, el 19 de septiembre de 2025, el CPCCS designó a los nuevos integrantes. Mario Godoy fue ratificado con los votos de Jazmín Enríquez, David Rosero, Johanna Verdezoto y Andrés Fantoni.

 Fiscalización desde los antiguos aliados  
Pese al respaldo previo del correísmo, el oficialismo, la Corte Nacional y el CPCCS, varios de estos sectores impulsan ahora la remoción de Godoy tras nuevas revelaciones.

El 17 de diciembre de 2025, una publicación de PRIMICIAS expuso presiones y amenazas contra Carlos Serrano Lucero, juez de la Unidad Anticorrupción, relacionadas con el caso de Jezdimir Srdan, narcotraficante serbio vinculado a la mafia albanesa y sentenciado a 10 años por lavado de activos.

Serrano grabó una reunión con Henry Gaibor, quien le solicitó prestar atención a la defensa de Srdan, argumentando que el procesado podría delatar a quienes «contaminaron». Archivos judiciales revelaron que los abogados del narcotraficante fueron Dolores Vintimilla y Christian Rosero, esposa y antiguo socio de Mario Godoy en la firma Invictus Law, respectivamente.

En la Asamblea Nacional, el oficialismo ha cambiado su postura. El asambleísta Andrés Castillo lidera un proceso de fiscalización que podría derivar en juicio político. Godoy ha sido convocado para el 5 de enero de 2026 para explicar sus vínculos con el caso Srdan. El presidente Daniel Noboa declaró que Godoy debería renunciar tras dicha comparecencia.

Paralelamente, la asambleísta Viviana Veloz confirmó que la bancada del correísmo recolecta firmas para iniciar un juicio político independiente contra Godoy. Fuente: Primicias

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