Nacionales
Fiscal pide arresto domiciliario para expresidente Lenin Moreno por caso Sinohydro: ¿cuánto se habría repartido en sobornos?
En la audiencia de presentación de la acusación por cohecho, Salazar consideró necesaria la prisión preventiva para los 37 imputados en el caso, pero la Constitución impide esa medida para los mayores de 65 años, como es el caso de Moreno, su mujer y otros 12 investigados, para quienes pidió el arresto domiciliario.
La fiscal también requirió al juez Adrián Rojas, de la Corte Nacional de Justicia, retener e inmovilizar las cuentas de todos los imputados, incluidas las de aquellos que residen en el extranjero, como es el caso de Moreno, que ejerce en Paraguay de comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad.
En ese sentido, solicitó al magistrado autorización para solicitar cooperación judicial internacional de Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Belice.
Salazar sostuvo que la empresa estatal china Sinohydro pagó supuestamente sobornos que rondaron los 76 millones de dólares, lo que hicieron que la obra de la mayor central hidroeléctrica de Ecuador se encareciese de los 1.979 millones de dólares a los 2.245 millones de dólares.
En el caso del expresidente y su familia, cifró en 660.000 dólares el supuesto dinero ilícito recibido, de los que 220.000 corresponderían presuntamente a Moreno y a su mujer en forma de una vivienda y muebles.
La fiscal asignó los otros 440.000 dólares restantes los hermanos de Moreno Edwin (350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares), a su hija Irina (50.000 dólares), a sus cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares) y a su suegra Aída Graciela (5.000 dólares).
De acuerdo a la tesis defendida por Salazar, el grueso de los supuestos sobornos tuvieron presuntamente como beneficiarios a Conto Patiño, amigo del expresidente Moreno, y su familia, con un valor ascendente a los 44 millones de dólares.
La acusación de la fiscal también incluye a dos gerentes de Coca Codo Sinclair y al exembajador de China en Ecuador Cai Runguo, quien en su momento ejercía de representante legal de Sinohydro.
En la audiencia compareció el expresidente Moreno de manera telemática, por videoconferencia.
El caso Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucra a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.
En ese informe periodístico se revelaron una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa «offshore» INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos cobrados cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador, durante el mandato presidencial de Rafael Correa.
La investigación permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.
Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas –aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra–, que habrían sido entregadas por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.
Con una potencia de 1.500 megavatios, la central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair está en el río Coca, entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, y su infraestructura está en entredicho ante la aparición de miles de fisuras en su estructura, incluso antes de que se pusiese en funcionamiento en 2016. Fuente: Revista Vistazo
En Tungurahua cuatro alcaldes y el prefecto cuentan con denuncias por diversos delitos: presuntos enriquecimiento ilícito, estafa, contaminación del ambiente y otros relacionados con violencia de género. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones quedaron archivadas.
Esta es la radiografía de una de las provincias más prósperas del país. Con una población de 584.638 personas, Tungurahua se ha convertido en un centro industrial que genera cada año algo más de USD 4 mil millones. Y se evidencia en los patrimonios de sus autoridades.
Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Este reportaje contó con la participación de Vistazo y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.
Alcalde con alertas de Contraloría
El alcalde de Baños, Marlon Guevara, quien va por su segundo periodo, es uno de los funcionarios que más acumula procesos en el sistema de la Función Judicial: tres investigaciones archivadas y un sobreseimiento. En 2023 fue electo por la alianza Centro Democrático – Movimiento Cívico por Ambato y Tungurahua (CD–MCAT), que también ganó las alcaldías de Mocha y Patate.
En 2018, la Contraloría General del Estado remitió a Fiscalía un informe con indicios de responsabilidad penal contra Guevara y tres funcionarios del Municipio, además del representante legal de la empresa Amazonas Building, que ganó la adjudicación de un contrato para la construcción del proyecto Termas de la Virgen, por un valor de USD 6’469.558. La Contraloría había detectado irregularidades en el proceso de licitación. La compañía presuntamente presentó documentos, para acreditar su experiencia, con firmas y montos inconsistentes. Por eso, se presumió un delito de falsificación o uso de documento falso. La comisión técnica y el alcalde manifestaron que cumplieron con todos los aspectos de la Ley de Contratación Pública y que, en la etapa precontractual, no estaban facultados para verificar la autenticidad de las firmas. En enero de 2022, la fiscalía provincial de Tungurahua pidió el archivo de la causa por falta de documentos originales y el vencimiento de los plazos legales. Una jueza aceptó el archivo.
En 2018 y 2021, el alcalde de Baños tuvo otras dos denuncias por el supuesto delito de estafa. El primer proceso fue archivado sin detalles de lo sucedido. El segundo terminó en sobreseimiento tras el pagó una deuda de USD 12.000 a una proveedora de Patate, por la confección de unos implementos deportivos, por lo tanto, la Fiscalía retiró los cargos.
Violencia de género e intimidación
En Tungurahua, dos alcaldes han sido vinculados a casos relacionados con violencia de género. Danilo Ortiz, del cantón Mocha, fue denunciado por presunta violencia psicológica en septiembre de 2022. Sin embargo, se llegó a un acuerdo de conciliación y la investigación quedó archivada. En respuesta al pedido de su versión el alcalde dijo telefónicamente que no habían las pruebas suficientes y que por eso se archivó.
El alcalde de Patate, Hernán Medina, enfrentó una investigación por presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente relacionado con violencia intrafamiliar. El caso también fue archivado.
Finalmente, Pablo Velasco, alcalde de Quero, registra una investigación previa por el presunto delito de intimidación contra una mujer en el cantón La Libertad (Santa Elena). El caso se archivó.
El prefecto de Tungurahua, Manuel Caizabanda, cuenta con tres investigaciones: dos fueron archivadas y la otra continúa en trámite. Las tres tienen relación con sus funciones cuando fue alcalde de Pelileo.
La primera causa se originó tras una denuncia del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) en 2014 por un presunto delito ambiental. En documentos judiciales se explica que el agua utilizada por las lavadoras de jeans del cantón va directo a los ríos y los estaría contaminando. El caso sigue en investigación previa luego de que un fiscal quisiera archivarlo, pero la solicitud fue negada y el expediente pasó a otro agente.
La segunda investigación previa inició en el 2016, cuando un ciudadano acusó a Caizabanda de presunta usurpación ya que autoridades municipales habían ingresado a sus terrenos para remover la tierra y construir un estadio. El juez declaró la causa como desierta y la archivó.
Un año después, en 2017, se abrió una nueva investigación por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, pero fue archivada.
Las autoridades de Tungurahua se caracterizan por tener patrimonios altos. La alcaldesa de Ambato, Diana Caiza Telenchana (Pachakutik), registra en la Contraloría General del Estado un patrimonio de USD 1.140.929 en 2025. Entre 2023 y 2024, tuvo un aumento del 25% pasando de USD 904.864 a USD 1.131.082, en un año.
La funcionaria es accionista y administradora actual de Chibuleo Motors Cía. Ltda., según el portal público de la Superintendencia de Compañías. La empresa se dedica a la venta de vehículos nuevos y usados. El pago de impuestos de Caiza también ha aumentado en los últimos años. En 2022, cuando aún no era alcaldesa, canceló USD 826 por el impuesto a la renta. Mientras que, en 2025, el valor abonado al SRI fue de USD 6.964.
El alcalde de Mocha, Danilo Ortiz, también registra un patrimonio en ascenso. Él lleva en el cargo siete años. Fue reelecto en 2023 con más del 80%, una de las votaciones más altas del país. Ortiz arrancó su primer mandato en 2019 con una declaración patrimonial juramentada de USD 410.013. En 2025 su patrimonio declarado llegó a USD 771.238, lo que representa un incremento del 88%. equivalente a USD 361.225.
En la página de la Superintendencia de Compañías identifican al alcalde Danilo Ortiz como accionista de la Compañía de Transporte Pesado Internacional Nueva Generación en Transporte Nugetrans S.A.. Además, tiene un RUC como productor de leche desde 2006.
Danilo Ortiz conversó por teléfono con el equipo de Spondylus Info Lab. El alcalde de Mocha dijo que el aumento del patrimonio se debía a que, en su primer periodo, hizo una gestión para revalorizar los predios que habrían pasado de 50 centavos a USD 5,00 en la zona urbana y USD 3,00 en la zona rural. Se le solicitó que envíe por mail los documentos que sustenten estas afirmaciones sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta.
De hecho, la finca que registra Ortiz, en 2019 estaba avaluada en USD 350.000 y, en 2025, su valor bajó a USD USD 303.737. De igual manera la diferencia entre sus bienes inmuebles de 2019 y los de 2025 (eliminando los 3 terrenos, y la casa obtenida después de ese año) es de apenas USD USD 5.715.
También existen funcionarios con patrimonios relativamente más moderados. El alcalde de Patate, Hernán Medina Castro (CD/MCAT) tiene USD 153.650. El líder del cantón Quero, Pablo Velasco Garcés (SP), contabiliza USD 147.800. Mientras que, el prefecto Manuel Caizabanda (Pachakutik) inició su gestión con un patrimonio de USD 119.324. En 2025 este cayó a USD 95.887.
Saltos patrimoniales
Marlon Guevara, ha sido alcalde de Baños en los últimos dos periodos consecutivos: 2014-2019 y 2023-2027, arrancó su segundo mandato, en 2023, con un patrimonio de USD 1.255. En 2025 esa cifra aumentó a USD 54.680, equivalente a un aumento de 4.256%.
Acercando la lupa, dentro de los bienes declarados en 2023 se encuentra un terreno en Tungurahua, un departamento y una casa en Pichincha, todo avaluado en USD 233.949. Lo que hace la diferencia es que, en 2025, dentro de los bienes inmuebles se suma otro terreno, también en Tungurahua, con un valor de USD 63.642. Adicionalmente, una deuda personal registrada por Guevara bajó de USD 220.000 a USD 180.000 entre 2023 y 2025.
Ramírez respondió a Spondylus Info Lab que, el incremento patrimonial entre 2023 y 2024 “no representa un enriquecimiento injustificado”, sino la incorporación de un bien inmueble avaluado en USD 60.000 comprado en 2019 y que por error fue omitido en la declaración inicial de 2023.
Por su parte, el burgomaestre del cantón Cevallos, Carlos Soria, inició su gestión en 2023 con un patrimonio de USD 233.700. Un año después, ese valor aumentó en 37%, pasando a USD 320.964, es decir una diferencia de USD 87.264. En 2025 se halló un disminución del 30% en su patrimonio declarado en 2025, con un valor de USD 224.964, es decir bajó en USD 96.000 y tiene relación con una deuda contraída entre 2024 y 2025 por el valor de USD 120.000 con un saldo que pagar de USD 109.000.
El alcalde de Pelileo, Gabriel Nicanor Zúñiga Silva, tuvo un crecimiento patrimonial constante del 5% por año, es decir, en 2023, declaró un valor de USD 321.376, en 2024 su patrimonio fue de USD 339.263 y, en 2025, este llegó a los USD 355.431.
El burgomaestre explicó a esta alianza periodística que, la variación registrada responde a circunstancias normales, transparentes y debidamente reflejadas en las declaraciones patrimoniales presentadas ante los organismos de control competentes. Y que el incremento se debe, principalmente, a la reducción de obligaciones previamente adquiridas. Fuente: Vistazo
Nacionales
Gobierno de Colombia propone reanudar venta de electricidad a Ecuador tras cinco meses de suspensión
Ecuador y Colombia están más cerca de retomar el intercambio de energía eléctrica, luego de que el pasado 22 de enero de 2026, el Gobierno de Gustavo Petro decidió suspender las exportaciones de energía eléctrica a Ecuador.
Y es que el Ministerio de Minas y Energía de Colombia publicó el 7 de junio de 2026 un borrador de resolución en el que se establece que ese país podrá realizar exportaciones de energía eléctrica a Ecuador.
Cinco meses de suspensión
La decisión de suspender la venta de electricidad se dio hace ya cinco meses, justo un día después de que el 21 de enero, el Gobierno de Daniel Noboa impuso una ‘tasa de seguridad’ o arancel de 30% a todas las importaciones de productos colombianos, que llegó a escalar a 100% en mayo de 2026.
Por su parte, además de la restricción de venta de energía, Colombia también impuso aranceles a Ecuador, que comenzaron a regir en febrero.
Pero una vez que los dos países derogaron los aranceles, por lo que dispuso la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Ministerio de Minas y Energía de Colombia publicó en junio de 2026 en su sitio web un borrador de resolución en el que se establece que ese país podrá realizar exportaciones de energía eléctrica a Ecuador.
El documento estuvo en el sitio web del Ministerio colombiano durante varios días para la recepción de comentarios de la ciudadanía, como manda la ley de ese país, explica Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), de Colombia.
El Ministerio recibió comentarios hasta el 22 de junio de 2026.
Ahora está pendiente que el Ministerio de Minas y Energía de ese país tome la decisión y emita el documento oficial, luego de haber recibido los comentarios de sus ciudadanos.
La línea de transmisión permite que Colombia venda a Ecuador alrededor de 450 megavatios de potencia (MW), lo que equivale a alrededor del 10% de la demanda media, que es de entre 4.200 y 4.500 MW.
Y en el caso de Colombia, la energía que Ecuador le puede vender representa alrededor del 2,5% de la demanda promedio del país, dice Castañeda.
Ministro Blum reconoce que Colombia es importante
El ministro Energía, Juan Carlos Blum dijo a PRIMICIAS que para Ecuador es importante que se vuelva a abrir el intercambio de energía con Colombia.
«Siempre es bueno estar interconectado y tener diferentes opciones. Es muy importante Colombia», aseveró.
Y es que la energía eléctrica de Colombia ayudaría a reducir los riesgos de cortes de luz en Ecuador, puesto que el déficit de generación para la época de estiaje o seca en el país, es de alrededor de 1.300 MW, según el Gobierno. Con Colombia, el déficit energía eléctrica de Ecuador bajaría a 850 MW.
Está previsto que en octubre de 2026 comience en Ecuador el estiaje; esto es, cuando por menores lluvias, caen los caudales de los ríos. Con esto, la generación de las centrales hidroeléctricas del país cae drásticamente.
Normalmente, el estiaje en Ecuador suele extenderse hasta marzo del siguiente año.
Colombia enfrentará problemas por El Niño
Pero, aunque se reabra la vía legal para retomar la venta de energía, el factor climático es un desafío.
Esto, debido al Fenómeno de El Niño, que en Colombia amenaza con causar sequías que mermaría su producción hidroeléctrica.
Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), de Colombia, explica que si se reabre la venta, Colombia podría vender energía en este mes y hasta octubre, «pero no sé qué pueda pasar en noviembre», añade.
Esto, debido a que por el Fenómeno de El Niño, ese país espera una fuerte sequía que afectaría al país sobre todo en el primer trimestre de 2027, por lo que desde noviembre tendrían que tomar medidas para asegurar la provisión de electricidad para sus ciudadanos.
Transporte de crudo también se reanudará
El pasado 10 de junio, Blum también dijo que está por abrirse el uso del oleoducto para el transporte de petróleo colombiano, que también se había paralizado en medio de la guerra comercial.
«Estamos trazando la hoja de ruta, viendo la reconfiguración de tarifas y la firma de un par de contratos que Petroecuador tiene que ejecutar para reiniciar el transporte», añadió. Fuente: Primicias
Nacionales
Roberto Luque y sus declaraciones patrimoniales: alertan una posible omisión de la Contraloría
Desde el primer periodo presidencial de Daniel Noboa, en noviembre de 2023, Roberto Luque se ha mantenido como ministro a cargo de Infraestructura y Transporte. En medio de los apagones, además, asumió temporalmente la cartera de Energía.
Sin embargo, solo constan sus declaraciones patrimoniales correspondientes a 2023 y 2024. Como consta en el reportaje ‘Los bienes de quienes mueven los hilos del país: este es el patrimonio de Daniel Noboa y compañía‘, EXPRESO no encontró registros de 2025 ni de 2026 en la plataforma de la Contraloría General del Estado.
«Los funcionarios de nivel jerárquico superior —por ejemplo los ministros— deben presentar esta declaración de forma anual». Así lo explica Guido Escobar, PhD en Hacienda Pública, experto en temas de la Contraloría y docente universitario. Precisa que esta obligación está establecida en la Constitución, en la Ley Orgánica para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas y en su reglamento.
- El 4 de agosto de 2025, la Contraloría General del Estado remitió al Registro Oficial el acuerdo N.º 031-CG-2025, que contiene el Reglamento para la declaración, presentación y registro de las declaraciones patrimoniales juradas, emitidas de forma electrónica a través del sitio web institucional.
- En este se especifica que los servidores públicos de nivel jerárquico superior, considerados Personas Expuestas Políticamente, deben presentar información adicional conforme a la ley.
¿Puede justificarse la no presentación de la declaración juramentada en 2025 y 2026?
Escobar responde: » No es posible que no aparezcan en la plataforma; es una omisión del Contralor (Mauricio Torres) y de la Contraloría, habría un nivel de desigualdad o discriminación con otros funcionarios como él. ¿Por qué los unos publicitan sus declaraciones y los otros no? La ley tiene dos principios es obligatoria y es general para todos».
Sobre los efectos jurídicos, recuerda que el artículo 231 de la Constitución establece que la falta de presentación de la declaración al término de las funciones, o la existencia de inconsistencias no justificadas entre declaraciones, hará presumir enriquecimiento ilícito.
Además, Escobar señala que «el Contralor tienen que darnos respuesta, es el primer responsable constitucionalmente, es el director de orquesta, el responsable de todo el manejo del sistema de control interno del país, tanto más si son funcionarios de ese rango».
¿Cuál es el efecto jurídico de la no presentación de declaraciones en un funcionario de ese nivel?
El artículo 4 de la ley establece que no presentar la declaración patrimonial jurada al inicio de la gestión implica la anulación inmediata del nombramiento o contrato, el cese de funciones del servidor y la remoción del responsable de talento humano que lo posesionó sin cumplir este requisito. Además, la presentación tardía de la declaración no subsana el incumplimiento.
En su reporte más reciente, el patrimonio de Luque asciende a 149.000 dólares. Registra trece cuentas bancarias con fondos que suman 39.000 dólares. Estos datos constan en el reportaje sobre los bienes de quienes mueven los hilos del país: este es el patrimonio de Daniel Noboa y su equipo.
El miércoles 24 de junio de 2026 deberá ampliar su versión sobre el caso Progen, según determinó la Fiscalía.
El comunicado de prensa de Contraloría en agosto del 2025:
La Contraloría recordó que la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos entró en vigencia el 29 de julio de 2025.
Y señaló que reformó la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas.
Por lo que, detalló, «los servidores públicos del Ecuador que se desempeñan en cargos de nivel jerárquico superior y son considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP), deberán presentar una nueva declaración patrimonial ante la Contraloría General del Estado (CGE), entre el 1 y 31 de agosto de 2025, con la siguiente información». Con estos datos:
- Posiciones actuales mantenidas fuera de la función pública, ya sean remuneradas o no, en el país y en el extranjero;
- Fuentes de ingresos adicionales al cargo público, detallando el tipo de ingreso, la fuente, y su valor, percibidos en el país y en el extranjero.
- Remuneración a percibir en el cargo público.
- Sociedades, fideicomisos, arreglos jurídicos y bienes de los cuales sea el beneficiario final el declarante, su cónyuge e hijos menores de edad, en el país y en el extranjero.
¿Quiénes se consideran PEP?
- Todos los cargos de libre elección popular.
- Desde el grado 5 al 10 de la escala de remuneración mensual unificada. del nivel jerárquico superior y sus equivalencias.
- Subgerentes de Área.
- Directores, Gerentes, Subgerentes, Asesores, Coordinadores de las Empresas Públicas Estatales.
- En Fuerzas Armadas y Policía Nacional, desde Teniente Coronel; en la Fuerza Naval, desde Capitán de Fragata.
- Alcaldes, vicealcaldes, concejales, administradores, comisarios, directores.
- Gerentes, subgerentes, asesores, coordinadores, de los gobiernos Autónomos Descentralizados, y de sus Empresas Públicas;
- Asambleístas principales y suplentes y los directivos de libre nombramiento y remoción de la Asamblea Nacional.
- Gobernadores e Intendentes.
- Prefectos, Viceprefectos, Consejeros, Directores de las Prefecturas.
- Diplomáticos, embajadores, cónsules (Cumpliendo delegaciones por parte del Ecuador en el extranjero, y aquellos que se encuentran en el país en representación de otro Estado).
- Magistrados, jueces, conjueces, fiscales, presidente y vocales, director general y provinciales, asesores nacional y provinciales, coordinadores nacionales y provinciales del Consejo Nacional de la Judicatura.
- Gerentes y directores de Hospitales, de Centros o Unidades de Salud.
- Directores del Ministerio de Educación. Fuente: Expreso
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