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Fiscal pide arresto domiciliario para expresidente Lenin Moreno por caso Sinohydro: ¿cuánto se habría repartido en sobornos?

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La fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó este viernes el arresto domiciliario para el expresidente Lenín Moreno al formular su acusación por el caso Sinohydro, que gira en torno a presuntos sobornos recibidos por la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

En la audiencia de presentación de la acusación por cohecho, Salazar consideró necesaria la prisión preventiva para los 37 imputados en el caso, pero la Constitución impide esa medida para los mayores de 65 años, como es el caso de Moreno, su mujer y otros 12 investigados, para quienes pidió el arresto domiciliario.

La fiscal también requirió al juez Adrián Rojas, de la Corte Nacional de Justicia, retener e inmovilizar las cuentas de todos los imputados, incluidas las de aquellos que residen en el extranjero, como es el caso de Moreno, que ejerce en Paraguay de comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad.

En ese sentido, solicitó al magistrado autorización para solicitar cooperación judicial internacional de Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Belice.

Salazar sostuvo que la empresa estatal china Sinohydro pagó supuestamente sobornos que rondaron los 76 millones de dólares, lo que hicieron que la obra de la mayor central hidroeléctrica de Ecuador se encareciese de los 1.979 millones de dólares a los 2.245 millones de dólares.

En el caso del expresidente y su familia, cifró en 660.000 dólares el supuesto dinero ilícito recibido, de los que 220.000 corresponderían presuntamente a Moreno y a su mujer en forma de una vivienda y muebles.

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La fiscal asignó los otros 440.000 dólares restantes los hermanos de Moreno Edwin (350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares), a su hija Irina (50.000 dólares), a sus cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares) y a su suegra Aída Graciela (5.000 dólares).

De acuerdo a la tesis defendida por Salazar, el grueso de los supuestos sobornos tuvieron presuntamente como beneficiarios a Conto Patiño, amigo del expresidente Moreno, y su familia, con un valor ascendente a los 44 millones de dólares.

La acusación de la fiscal también incluye a dos gerentes de Coca Codo Sinclair y al exembajador de China en Ecuador Cai Runguo, quien en su momento ejercía de representante legal de Sinohydro.

En la audiencia compareció el expresidente Moreno de manera telemática, por videoconferencia.

El caso Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucra a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.

En ese informe periodístico se revelaron una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa «offshore» INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos cobrados cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador, durante el mandato presidencial de Rafael Correa.

La investigación permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.

Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas –aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra–, que habrían sido entregadas por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.

Con una potencia de 1.500 megavatios, la central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair está en el río Coca, entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, y su infraestructura está en entredicho ante la aparición de miles de fisuras en su estructura, incluso antes de que se pusiese en funcionamiento en 2016. Fuente: Revista Vistazo

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CAL da paso al juicio político contra el exministro de Salud Jimmy Martín

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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) admitió a trámite la solicitud de juicio político contra el exministro de Salud Jimmy Martín,luego de que un informe técnico confirmara que la petición reúne los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La decisión se tomó durante la sesión 041, tras revisar el informe técnico elaborado por la Unidad Técnica Legislativa (UTL).

El documento determinó que la solicitud presentada por la bancada correísta, cumple con los parámetros previstos en el artículo 131 de la Constitución, así como en los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). El análisis incluyó la verificación de requisitos formales y el mínimo sustento necesario para que el proceso continúe.

Entre los elementos revisados constan la identificación de la autoridad sujeta a control político, la causal invocada para el enjuiciamiento, la presentación de la documentación disponible y el respaldo de firmas, equivalente a al menos una cuarta parte del pleno legislativo. También se incluyeron pruebas que serán anunciadas durante la sustanciación del proceso.

El informe de la UTL aclara que, en esta etapa, no se emite valoración sobre la responsabilidad del exfuncionario, sino que se verifica exclusivamente la procedencia formal de la solicitud. Con ello, el caso podrá avanzar hacia la fase de sustanciación dentro de la Comisión de Fiscalización.

Tras la resolución, el CAL dispuso que la Secretaría General de la Asamblea remita el expediente a la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político.

En contexto

El presidente de la República, Daniel Noboa dispuso a la vicepresidenta María José Pinto hacerse cargo del Ministerio de Salud tras la salida de Martín, como parte de la reestructuración de algunas carteras de Estado tras los resultados del Referéndum y Consulta Popular.

Desde ese momento Pinto ha efectuado una serie de acciones relacionadas con levantamiento de información para identificar fallas operativas, retrasos administrativos y problemas en la provisión de servicios.

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Marinos hallan 1 300 bloques de cocaína en una playa inhóspita de Galápagos

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Más de 1 300 bloques de cocaína, de aproximadamente un kilo cada uno, fueron hallados ocultos en un escondite de una playa inhóspita de las Islas Galápagos, según anunció este jueves 4 de diciembre la Armada ecuatoriana.

La droga fue descubierta a 300 metros de una playa rocosa en la isla Isabela, la más grande del archipiélago, situado a unos mil kilómetros de las costas continentales de Ecuador.

Si bien Isabela es la isla de mayor extensión, está escasamente habitada, con apenas 3 000 habitantes, la mayoría concentrados en el poblado de Puerto Villamil.

El operativo se realizó el miércoles y este jueves la droga llegó a la base de la Armada en la isla de San Cristóbal, la más oriental del archipiélago, donde será pesada para determinar la cantidad exacta.

Las Galápagos, una de las reservas marinas mejor conservadas del mundo, y considerada como un laboratorio natural que inspiró el científico británico Charles Darwin a desarrollar su teoría de la evolución y selección natural de las especies, se ha vuelto un punto estratégico para las mafias del narcotráfico en su objetivo de llevar grandes cantidades de cocaína por mar desde Ecuador a Centroamérica y México.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige en su mayoría a Europa y Norteamérica.

Ecuador es el tercer país que más drogas decomisa, solo por detrás de Colombia y Estados Unidos, con unas 200 toneladas anuales de estupefacientes incautadas anualmente desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2023. En lo que va de 2025, la cifra de decomisos supera las 110 toneladas de narcóticos.

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Ecuador: Lanzan campaña para frenar la mendicidad y proteger a grupos vulnerables

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El Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), lanzó este jueves 4 de diciembre la campaña “Derechos con Dignidad 2025”, una iniciativa que busca frenar la mendicidad y evitar que grupos delincuenciales utilicen a personas vulnerables para pedir dinero en las calles durante la temporada navideña.

La campaña hace un llamado a la ciudadanía a no entregar dinero en las calles, pues esto alimenta redes que reclutan a niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores para actividades de mendicidad. Además invita  a la ciudadanía a donar alimentos no perecibles, juguetes, ropa en buen estado y confites en los puntos seguros habilitados en todas las oficinas del MDH a nivel nacional.

La ministra del ramo, Zaida Rovira, alertó que en diciembre las mafias se aprovechan de la buena voluntad de los ecuatorianos. “No podemos seguir fomentando estas prácticas entregando dinero en la calle. La manera correcta de ayudar es hacerlo en los puntos seguros del Ministerio”, dijo.

Puntos:

Los puntos de donación estarán activos del 1 al 31 de diciembre, de lunes a viernes, de 08:30 a 16:00. La ubicación exacta de estos espacios puede consultarse en la página web institucional: www.desarrollohumano.gob.ec.

La meta del MDH es llegar a 150.000 personas este año. Para ello se movilizarán 8.000 técnicos que realizarán abordajes, visitas a zonas críticas, actividades de contención y sensibilización en calles, parques y comunidades donde esta problemática es más frecuente.

El Ministerio de Desarrollo Humano actualmente atiende a cerca de 15.000 personas en situación de vulnerabilidad, con una inversión que supera los USD 11 millones en 2025.

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