Nacionales
Fiscal pide arresto domiciliario para expresidente Lenin Moreno por caso Sinohydro: ¿cuánto se habría repartido en sobornos?
En la audiencia de presentación de la acusación por cohecho, Salazar consideró necesaria la prisión preventiva para los 37 imputados en el caso, pero la Constitución impide esa medida para los mayores de 65 años, como es el caso de Moreno, su mujer y otros 12 investigados, para quienes pidió el arresto domiciliario.
La fiscal también requirió al juez Adrián Rojas, de la Corte Nacional de Justicia, retener e inmovilizar las cuentas de todos los imputados, incluidas las de aquellos que residen en el extranjero, como es el caso de Moreno, que ejerce en Paraguay de comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad.
En ese sentido, solicitó al magistrado autorización para solicitar cooperación judicial internacional de Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Belice.
Salazar sostuvo que la empresa estatal china Sinohydro pagó supuestamente sobornos que rondaron los 76 millones de dólares, lo que hicieron que la obra de la mayor central hidroeléctrica de Ecuador se encareciese de los 1.979 millones de dólares a los 2.245 millones de dólares.
En el caso del expresidente y su familia, cifró en 660.000 dólares el supuesto dinero ilícito recibido, de los que 220.000 corresponderían presuntamente a Moreno y a su mujer en forma de una vivienda y muebles.
La fiscal asignó los otros 440.000 dólares restantes los hermanos de Moreno Edwin (350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares), a su hija Irina (50.000 dólares), a sus cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares) y a su suegra Aída Graciela (5.000 dólares).
De acuerdo a la tesis defendida por Salazar, el grueso de los supuestos sobornos tuvieron presuntamente como beneficiarios a Conto Patiño, amigo del expresidente Moreno, y su familia, con un valor ascendente a los 44 millones de dólares.
La acusación de la fiscal también incluye a dos gerentes de Coca Codo Sinclair y al exembajador de China en Ecuador Cai Runguo, quien en su momento ejercía de representante legal de Sinohydro.
En la audiencia compareció el expresidente Moreno de manera telemática, por videoconferencia.
El caso Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucra a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.
En ese informe periodístico se revelaron una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa «offshore» INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos cobrados cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador, durante el mandato presidencial de Rafael Correa.
La investigación permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.
Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas –aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra–, que habrían sido entregadas por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.
Con una potencia de 1.500 megavatios, la central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair está en el río Coca, entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, y su infraestructura está en entredicho ante la aparición de miles de fisuras en su estructura, incluso antes de que se pusiese en funcionamiento en 2016. Fuente: Revista Vistazo
Una camioneta RAM presuntamente implicada en el atropello que causó la muerte de Mónica Martinich fue localizada en el cantón Colimes, provincia del Guayas.
Según información preliminar, el conductor no se encontraba en el lugar y todavía no ha sido localizado
Mónica entrenaba para la Maratón de Chicago
El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes 4 de septiembre de 2026, en la vía a Samborondón. Mónica Martinich, de 38 años, entrenaba junto con otros corredores cuando fue impactada por una camioneta que circulaba a alta velocidad.
Tras el atropello, el conductor continuó su recorrido y huyó, mientras que los demás integrantes del grupo resultaron ilesos.
El alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, expresó su indignación por lo ocurrido y dispuso que la Agencia de Tránsito y Vigilancia del cantón entregue a las autoridades todas las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad para contribuir a la identificación del responsable.
El miércoles 2 de septiembre en el programa de la “Tertulia Jurídica”, se analizó el tema “Delincuencia organizada: los desafíos de juzgar el crimen y combatir la corrupción”, con la participación del jurista y conferencista Carlos Serrano Lucero, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y exjuez de un tribunal especializado en casos de corrupción y crimen organizado entre 2022 y 2026. Actualmente se desempeña como experto independiente en estas materias.
Durante el programa, Serrano explicó las diferencias entre delincuencia común, codelincuencia y delincuencia organizada, esta última entendida como una estructura criminal con roles definidos y capacidad para desarrollar actividades como sicariato, tráfico de drogas, extorsión, minería ilegal y lavado de activos.
El jurista señaló que el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) exige acreditar elementos como la existencia de un grupo estructurado de dos o más personas, acuerdo o concertación, permanencia o reiteración, finalidad de cometer delitos con penas superiores a cinco años y un objetivo de beneficio económico.
También destacó que las investigaciones pueden extenderse entre ocho meses y un año, debido a la necesidad de identificar estructuras, roles y evidencias mediante herramientas como interceptaciones de comunicaciones, vigilancias, seguimientos y análisis de dispositivos, siempre bajo autorización judicial.
Serrano advirtió, además, sobre la importancia de equilibrar la lucha contra el crimen organizado con la protección de derechos fundamentales, particularmente la intimidad, privacidad y debido proceso. Finalmente, recordó que se trata de un fenómeno transnacional y destacó la importancia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en el año 2000.
El análisis planteó la necesidad de fortalecer la investigación especializada y la cooperación internacional, sin debilitar las garantías que sustentan el Estado de derecho.
Nacionales
¿Por qué Avianca canceló una reserva de Gustavo Petro para viajar de Colombia a México? El pasaje fue comprado en efectivo en Ecuador
Días antes de que el expresidente colombiano Gustavo Petro viaje a México, en donde se reunió con el exmandatario Rafael Correa, la aerolínea Avianca había cancelado sus tiquetes para viajar entre Bogotá y Ciudad de México.
Los pasajes fueron comprados a través de una agencia de viajes de Ecuador. El vuelo de ida estaba previsto para el 30 de agosto de 2026 y el de regreso a Colombia para el 2 de septiembre. Pero el 24 de agosto, Petro recibió una carta de la aerolínea en la que la informaba sobre la cancelación de los pasajes.
La reserva realizada por la agencia de viajes ecuatoriana era para tres personas, pero la cancelación únicamente fue para Petro, según consta en la carta de Avianca.
¿Cuál fue la razón de la cancelación de los tiquetes de Petro? El origen del problema está en una sanción que aplicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) al expresidente colombiano el año pasado.
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La aerolínea colombiana justificó que, al tener operaciones comerciales en Estados Unidos, está sujeta a las regulaciones de sanciones económicas de la OFAC, que pertenece al Departamento del Tesoro.
«Dichas regulaciones prohíben a las personas y entidades que, como Avianca, tienen vínculos económicos y financieros con los Estados Unidos de América, realizar transacciones, incluida la prestación de servicios a favor de cualquier persona cuyos bienes e intereses se encuentren bloqueados por figurar en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas», como es el caso de Petro, argumentó Avianca en su carta.
La aerolínea colombiana añade que la cancelación de los pasajes se dio «con el único fin de dar cumplimiento a esta regulación».
Los ticketes de avión fueron comprados en efectivo, por lo que la aerolínea solicita a Gustavo Petro los datos de la cuenta bancaria de la persona que realizó la compra a través de la agencia de viajes de Ecuador para realizar el reembolso del dinero.
Petro no había hecho público el indicente, hasta cuando los medios colombianos difundieron la noticia esta semana. El 4 de septiembe, en su cuenta de X, el exmandatario colombiano responde a Avianca que «la ley OFAC es una sanción administrativa que se coloca sólo sobre personas de los EE.UU.»
Añade que Avianca no es una empresa de los Estados Unidos , por lo que, «al negar el tiquete, cometió una arbitrariedad bajo las leyes colombianas. Y afirma que «se trata de una exclusión por razones politicas».
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La aerolínea Avianca hizo posteriormente un pronunciamiento público. “Nuestra relación con el país y sus gobernantes trasciende cualquier coyuntura y la presente medida es de carácter puramente legal, ajena a cualquier consideración o criterio de Avianca”, según cita El Tiempo de Bogotá. Fuente: Primicias
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