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Fiscal pide arresto domiciliario para expresidente Lenin Moreno por caso Sinohydro: ¿cuánto se habría repartido en sobornos?

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La fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó este viernes el arresto domiciliario para el expresidente Lenín Moreno al formular su acusación por el caso Sinohydro, que gira en torno a presuntos sobornos recibidos por la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

En la audiencia de presentación de la acusación por cohecho, Salazar consideró necesaria la prisión preventiva para los 37 imputados en el caso, pero la Constitución impide esa medida para los mayores de 65 años, como es el caso de Moreno, su mujer y otros 12 investigados, para quienes pidió el arresto domiciliario.

La fiscal también requirió al juez Adrián Rojas, de la Corte Nacional de Justicia, retener e inmovilizar las cuentas de todos los imputados, incluidas las de aquellos que residen en el extranjero, como es el caso de Moreno, que ejerce en Paraguay de comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad.

En ese sentido, solicitó al magistrado autorización para solicitar cooperación judicial internacional de Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Belice.

Salazar sostuvo que la empresa estatal china Sinohydro pagó supuestamente sobornos que rondaron los 76 millones de dólares, lo que hicieron que la obra de la mayor central hidroeléctrica de Ecuador se encareciese de los 1.979 millones de dólares a los 2.245 millones de dólares.

En el caso del expresidente y su familia, cifró en 660.000 dólares el supuesto dinero ilícito recibido, de los que 220.000 corresponderían presuntamente a Moreno y a su mujer en forma de una vivienda y muebles.

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La fiscal asignó los otros 440.000 dólares restantes los hermanos de Moreno Edwin (350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares), a su hija Irina (50.000 dólares), a sus cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares) y a su suegra Aída Graciela (5.000 dólares).

De acuerdo a la tesis defendida por Salazar, el grueso de los supuestos sobornos tuvieron presuntamente como beneficiarios a Conto Patiño, amigo del expresidente Moreno, y su familia, con un valor ascendente a los 44 millones de dólares.

La acusación de la fiscal también incluye a dos gerentes de Coca Codo Sinclair y al exembajador de China en Ecuador Cai Runguo, quien en su momento ejercía de representante legal de Sinohydro.

En la audiencia compareció el expresidente Moreno de manera telemática, por videoconferencia.

El caso Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucra a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.

En ese informe periodístico se revelaron una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa «offshore» INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos cobrados cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador, durante el mandato presidencial de Rafael Correa.

La investigación permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.

Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas –aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra–, que habrían sido entregadas por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.

Con una potencia de 1.500 megavatios, la central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair está en el río Coca, entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, y su infraestructura está en entredicho ante la aparición de miles de fisuras en su estructura, incluso antes de que se pusiese en funcionamiento en 2016. Fuente: Revista Vistazo

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Asamblea aprobó ley urgente de minería y energía

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Con 77 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la mayoría del articulado de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, tramitada con carácter económico urgente. La votación se realizó en dos bloques y el Legislativo resolvió excluir el artículo 29, que quedó fuera del texto final.

 

La normativa plantea cambios para endurecer controles ambientales, ajustar el régimen de regalías y su distribución hacia los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), además de incorporar reglas específicas para la pequeña minería y la minería artesanal, con el argumento de mejorar sostenibilidad, seguridad jurídica y desarrollo territorial.

En el frente energético, el proyecto reforma la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para actualizar figuras como generación distribuida, autoabastecimiento y distritos autónomos energéticos, e introduce mecanismos como el Mercado de Capacidad para apuntalar la seguridad y confiabilidad del sistema.

La eliminación del artículo 29 se dio tras objeciones de varios legisladores que pidieron votarlo por separado; el debate se centró en su impacto sobre la distribución de recursos vinculados al superávit de empresas públicas en determinadas circunscripciones.

Tras la sesión, la bancada oficialista ADN defendió la aprobación como una medida para “poner orden”, cerrar el paso a mafias y garantizar que las regalías se inviertan en los territorios, no en economías criminales.

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El presidente Noboa anunció envío de nueva ley para empresas que construyan vivienda de interés social

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El presidente Daniel Noboa anunció que la próxima semana se enviará a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para que las empresas deduzcan hasta el 30% de su impuesto a la renta para la construcción de vivienda de interés social. Lo dijo este jueves, 26 de febrero de 2026, durante un evento de entrega de agua potable a los hogares de Fumisa, en Los Ríos.

“Eso demuestra la solidaridad entre ecuatorianos y como Estado les damos la estabilidad que necesitan las empresas para que hagan dinero, por lo que deben ser solidarios”, dijo Noboa.

El presidente Noboa además dijo que cumplirá con su promesa de campaña de dar 200.000 soluciones habitacionales a los ecuatorianos. “Lo vamos a hacer, lo vamos a cumplir”, señaló.

Apoyo a las juntas de agua

El Primer Mandatario habló sobre la importancia del agua potable. “Las autoridades locales no han hecho nada para que Fumisa tenga agua potable. Y nosotros lo estamos haciendo”.

En ese marco, señaló que se busca potenciar el acceso al agua de más de 1.900 habitantes en esa localidad de Los Ríos.

También dijo que se trabajarán con el resto de juntas de agua de Bolívar, Chimborazo, Esmeraldas y Napo.

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Aranceles de Colombia afectan al 32% del valor total que Ecuador exporta al país vecino, alerta Fedexpor

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La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) instó al Gobierno del presidente Daniel Noboa a retomar el diálogo con Colombia para que se suspendan lo más pronto los aranceles del 30 % que, por parte del vecino país, entraron en vigencia el martes 24 de febrero de 2026, y también prohiben el ingreso por tierra de productos como el arroz.

De acuerdo al decreto publicado por el Gobierno colombiano, el arancel del 30% se aplica a 23 partidas arancelarias desagregadas en 73 subpartidas, que abarcan distintos productos agrícolas, alimenticios e industriales.

Los productos impactados con el arancel exportan cada semana a Colombia un valor cercano a los USD 5,25 millones, equivalentes al 32% del valor que exporta Ecuador al país vecino, es decir, lo que representa uno de cada tres dólares exportados a ese país, según las cifras de Fedexpor.

La mayor cantidad del valor exportado se concentra en productos agrícolas-agroindustriales, que representan el 59%. Mientras que el sector manufacturero representa el 39%.

El aceite de palma que exporta Ecuador a Colombia es el producto más afectado por esta medida, seguido del arroz.

Exportadores piden diálogo
«Es fundamental retomar el canal diplomático de diálogo sobre la base de los avances que tuvieron lugar en las últimas reuniones y llegar a un acuerdo en dos líneas: reforzar la seguridad fronteriza y, como primera muestra de voluntad conjunta, suspender las medidas arancelarias que afectan el libre comercio mientras se implementan las acciones en materia de seguridad», señaló el presidente de Fedexpor, Xavier Rosero, en un comunicado.

Añadió que ambos países «deben privilegiar un canal de entendimiento bilateral más expedito que el tiempo que prevén los procesos al nivel de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)», para reducir el impacto de la medida.

Los aranceles que Colombia oficializó este martes fueron impuestos en respuesta a la «tasa de seguridad» del 30 % aplicada por Ecuador desde el 1 de febrero a productos de colombianos, debido a que, según Noboa, el vecino país no realizaba «acciones firmes» para luchar contra los grupos criminales y el narcotráfico en la frontera.

Además del arancel del 30 %, Colombia prohibió el ingreso por vía terrestre para determinados productos, entre los que se incluyen arroz, camarón (langostino), banano y algunas hortalizas.

Días antes, Rosero había señalado que la medida, aunque no entraba en vigencia, ya estaba causando graves efectos, pues empresas exportadoras le habían alertado que se estaban suspendiendo los pedidos.

Aseguró que los envíos de Ecuador a Colombia representan un 8% o 9% del total del país, pero que esas compañías tienen involucrado el 50% o más de su facturación en el mercado colombiano. Fuente: Primicias

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