Nacionales
Fiscal pide arresto domiciliario para expresidente Lenin Moreno por caso Sinohydro: ¿cuánto se habría repartido en sobornos?
En la audiencia de presentación de la acusación por cohecho, Salazar consideró necesaria la prisión preventiva para los 37 imputados en el caso, pero la Constitución impide esa medida para los mayores de 65 años, como es el caso de Moreno, su mujer y otros 12 investigados, para quienes pidió el arresto domiciliario.
La fiscal también requirió al juez Adrián Rojas, de la Corte Nacional de Justicia, retener e inmovilizar las cuentas de todos los imputados, incluidas las de aquellos que residen en el extranjero, como es el caso de Moreno, que ejerce en Paraguay de comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad.
En ese sentido, solicitó al magistrado autorización para solicitar cooperación judicial internacional de Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Belice.
Salazar sostuvo que la empresa estatal china Sinohydro pagó supuestamente sobornos que rondaron los 76 millones de dólares, lo que hicieron que la obra de la mayor central hidroeléctrica de Ecuador se encareciese de los 1.979 millones de dólares a los 2.245 millones de dólares.
En el caso del expresidente y su familia, cifró en 660.000 dólares el supuesto dinero ilícito recibido, de los que 220.000 corresponderían presuntamente a Moreno y a su mujer en forma de una vivienda y muebles.
La fiscal asignó los otros 440.000 dólares restantes los hermanos de Moreno Edwin (350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares), a su hija Irina (50.000 dólares), a sus cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares) y a su suegra Aída Graciela (5.000 dólares).
De acuerdo a la tesis defendida por Salazar, el grueso de los supuestos sobornos tuvieron presuntamente como beneficiarios a Conto Patiño, amigo del expresidente Moreno, y su familia, con un valor ascendente a los 44 millones de dólares.
La acusación de la fiscal también incluye a dos gerentes de Coca Codo Sinclair y al exembajador de China en Ecuador Cai Runguo, quien en su momento ejercía de representante legal de Sinohydro.
En la audiencia compareció el expresidente Moreno de manera telemática, por videoconferencia.
El caso Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucra a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.
En ese informe periodístico se revelaron una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa «offshore» INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos cobrados cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador, durante el mandato presidencial de Rafael Correa.
La investigación permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.
Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas –aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra–, que habrían sido entregadas por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.
Con una potencia de 1.500 megavatios, la central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair está en el río Coca, entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, y su infraestructura está en entredicho ante la aparición de miles de fisuras en su estructura, incluso antes de que se pusiese en funcionamiento en 2016. Fuente: Revista Vistazo
Nacionales
Fiscalía allana el Complejo Judicial norte en Quito y detiene a siete personas por presuntos sobornos
Días después de los operativos en la sede de CNEL EP en Samborondón, otra institución pública de Ecuador está en la mira de la Fiscalía General del Estado. Se trata del Complejo Judicial Norte de Quito, que fue allanado la mañana de este 5 de mayo de 2026, junto a otra dependencia judicial en Mejía, también en Pichincha.
Según información preliminar de la Fiscalía, en el marco de una investigación por el presunto delito de concusión, agentes fiscales allanaron al menos siete domicilios y dos dependencias judiciales en esta provincia.
En el inicio del operativo no se mencionó el nombre de dicha entidad, pero luego PRIMICIAS conoció que fue el complejo judicial norte en Quito y otra oficina en Mejía.
Los otros inmuebles allanados se encuentran en Quito y en zonas como Los Chillos, Quitumbe, La Delicia, Eugenio Espejo y Rumiñahui, y corresponden a casas de funcionarios judiciales.
De hecho, se reportaron siete personas detenidas con fines investigativos y también se han decomisado celulares, documentos, computadoras y dispositivos de almacenamiento, entre otros indicios.
En imágenes divulgadas por la Fiscalía se observó a un policía mientras revisaba decenas de documentos sobre el escritorio de la institución pública allanada.
Una presunta red de sobornos en la función judicial
El delito de concusión ocurre cuando un funcionario público abusa de su cargo y exige dinero o ‘contribuciones’ para su propio beneficio o de terceros. Es castigado en Ecuador con una pena en prisión de tres a cinco años, además de la destitución del cargo público.
En este nuevo caso de corrupción, la Fiscalía investiga a estos siete funcionarios públicos que habrían solicitado dinero o incurrido en sobornos, a cambio de realizar ciertas acciones en procesos judiciales o agilizar trámites.
De acuerdo con las primeras investigaciones, algunos de los sospechosos se identificaban con alias como ‘Mono’ o ‘Sambo’. Fuente: Primicias
Nacionales
Registro Civil de Ecuador investiga presunta filtración de datos biométricos de los ciudadanos
Días después de una alerta por vulneración de información, reportada en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el Registro Civil de Ecuador aseguró este 5 de mayo de 2025 que mantiene activos sus protocolos de seguridad, en respuesta a versiones que circulan en redes sociales sobre una presunta filtración de datos de los usuarios.
El organismo divulgó un comunicado, luego de que expertos digitales alertaran de una supuesta filtración de los datos biométricos de los ecuatorianos, que incluye la huella dactilar y reconocimiento facial de los ciudadanos.
«Se denuncia filtración de 14,8 millones de registros de datos (10,8 GB en SQL) y 10,6 millones de imágenes en alta definición de tarjetas de identidad nacional para posible biometría (165 GB) del Registro Civil», señaló en X (antes Twitter) el colectivo Usuarios Digitales.
En su comunicado, el Registro Civil indicó que, desde el lunes 4 de mayo, se activó el protocolo de seguridad de la información, «determinando que al momento no se ha detectado vulneración de datos de los ciudadanos, ni amenazas en el repositorio actual, las mismas que hemos confirmado desde el 2024».
Añadió que los análisis preliminares indican que la información difundida no proviene de accesos directos a la infraestructura actual de la Dirección General de la institución (Digercic); por lo que se evalúan posibles fuentes externas, como registros históricos o integraciones con terceros.
La investigación se mantiene en curso con acompañamiento de las instancias competentes, dijo la entidad en su comunicado.
3,5 millones de ataques cibernéticos entre 2024 y 2025
El Registro Civil reveló que entre el 2024 y 2025 tuvo intentos de más de 3,5 millones de ataques cibernéticos, con repuntes en meses previos a elecciones, provenientes de países como: México, España, Colombia, Venezuela, Bélgica, Brasil, entre otros. Resaltó que los sistemas de seguridad de la institución los detectó y contrarrestó.
La institución aseguró que, en los últimos dos años, ha reforzado los sistemas de seguridad en su Agencia Virtual, mediante validaciones adicionales para accesos de ciudadanos y administradores.
Detalló que ha fortalecido los procesos de identificación y análisis de patrones de tráfico y actividades sospechosas. Y que ha robustecido los controles de seguridad en la detección de sitios maliciosos, validación de accesos a redes (VPN y redes inalámbricas) y gestión de vulnerabilidades en sistemas y componentes tecnológicos. Fuente: Primicias
Nacionales
‘¿En qué entidades bancarias se lava el dinero de criminales?’: UAFE activa controles en Caso Encuentro
«¿En qué entidades bancarias se lava el dinero de las estructuras criminales?», cuestionó José Julio Neira, director general (e) de la UAFE, este martes 5 de mayo, al anunciar la realización de un análisis de inteligencia financiera vinculado al denominado Caso Encuentro.
En coordinación con la Superintendencia de Bancos, la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) activó acciones de control a los vinculados en la trama de delincuencia organizada.
La medida surge tras el avance para la extradición de Hernán Luque Lecaro, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Argentina ordenara su entrega a Ecuador. El exfuncionario, vinculado a una trama de corrupción durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, es requerido por la justicia ecuatoriana.
Sobre las acciones recientes, Neira enfatizó: «hay una pregunta que todos los ecuatorianos nos hacemos y es: ¿en qué entidades bancarias se lava el dinero de las estructuras criminales? Pronto lo sabremos«.
Por último, el funcionario gubernamental destacó que con esto «sumamos integridad a todos los actos del Estado».
Superintendencia y UAFE activan control financiero por Caso Encuentro
En el marco del Caso Encuentro, la Superintendencia de Bancos remitió un requerimiento formal de información, en el marco de sus funciones de supervisión del sistema financiero nacional.
Según indicó la institución, este acto forma parte del fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y acciones preventivas, a nivel nacional, orientados a seguir garantizando la transparencia e integridad de todo el sistema financiero ecuatoriano.
La solicitud, realizada en articulación con la UAFE en virtud del convenio interinstitucional vigente entre ambas instituciones, abarca información correspondiente al período entre enero de 2021 y diciembre de 2024, respecto a procesos de debida diligencia aplicados a personas naturales identificadas en análisis de inteligencia financiera vinculados al denominado Caso Encuentro, «sin que esta solicitud implique determinación de responsabilidad alguna».
Entre los requerimientos constan detalles sobre productos financieros, expedientes de vinculación y conocimiento del cliente, perfiles de riesgo en materia de lavado de activos, alertas generadas por sistemas de monitoreo transaccional, así como la eventual presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
La Superintendencia de Bancos analizará la información que sea remitida y gestionará el debido proceso en coordinación con las autoridades competentes.
Por último, la Superintendencia de Bancos reafirmó «su compromiso de seguir actuando con independencia técnica, rigor jurídico y coordinación interinstitucional» para continuar con el fortalecimiento de la prevención del riesgo de lavado de activos y proteger la confianza en el sistema financiero. Fuente: Vistazo
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