Nacionales
Fiscal pide arresto domiciliario para expresidente Lenin Moreno por caso Sinohydro: ¿cuánto se habría repartido en sobornos?
En la audiencia de presentación de la acusación por cohecho, Salazar consideró necesaria la prisión preventiva para los 37 imputados en el caso, pero la Constitución impide esa medida para los mayores de 65 años, como es el caso de Moreno, su mujer y otros 12 investigados, para quienes pidió el arresto domiciliario.
La fiscal también requirió al juez Adrián Rojas, de la Corte Nacional de Justicia, retener e inmovilizar las cuentas de todos los imputados, incluidas las de aquellos que residen en el extranjero, como es el caso de Moreno, que ejerce en Paraguay de comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad.
En ese sentido, solicitó al magistrado autorización para solicitar cooperación judicial internacional de Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Belice.
Salazar sostuvo que la empresa estatal china Sinohydro pagó supuestamente sobornos que rondaron los 76 millones de dólares, lo que hicieron que la obra de la mayor central hidroeléctrica de Ecuador se encareciese de los 1.979 millones de dólares a los 2.245 millones de dólares.
En el caso del expresidente y su familia, cifró en 660.000 dólares el supuesto dinero ilícito recibido, de los que 220.000 corresponderían presuntamente a Moreno y a su mujer en forma de una vivienda y muebles.
La fiscal asignó los otros 440.000 dólares restantes los hermanos de Moreno Edwin (350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares), a su hija Irina (50.000 dólares), a sus cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares) y a su suegra Aída Graciela (5.000 dólares).
De acuerdo a la tesis defendida por Salazar, el grueso de los supuestos sobornos tuvieron presuntamente como beneficiarios a Conto Patiño, amigo del expresidente Moreno, y su familia, con un valor ascendente a los 44 millones de dólares.
La acusación de la fiscal también incluye a dos gerentes de Coca Codo Sinclair y al exembajador de China en Ecuador Cai Runguo, quien en su momento ejercía de representante legal de Sinohydro.
En la audiencia compareció el expresidente Moreno de manera telemática, por videoconferencia.
El caso Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucra a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.
En ese informe periodístico se revelaron una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa «offshore» INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos cobrados cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador, durante el mandato presidencial de Rafael Correa.
La investigación permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.
Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas –aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra–, que habrían sido entregadas por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.
Con una potencia de 1.500 megavatios, la central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair está en el río Coca, entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, y su infraestructura está en entredicho ante la aparición de miles de fisuras en su estructura, incluso antes de que se pusiese en funcionamiento en 2016. Fuente: Revista Vistazo
El Ministerio de Defensa anunció el despliegue de 10 000 uniformados en Guayas, Manabí y Los Ríos, las tres provincias que en 2025 registraron los índices más altos de homicidios intencionales y que aún concentran elevadas cifras de asesinatos y otros delitos.
Según la cartera de Defensa, esta medida “marca el inicio de la fase Ofensiva Total”. En ese contexto, el ministro Gian Carlo Loffredo ordenó la instalación indefinida del Alto Mando Militar en Guayaquil.
“Esta guerra es muy dinámica y hay que adaptarse y evolucionar”, afirmó el funcionario en un video difundido por el Gobierno Nacional.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, los soldados continuarán llegando a Guayas, Manabí y Los Ríos hasta este viernes 16 de enero.
Un presunto esquema de estafa bajo la modalidad de inversiones en criptomonedas es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que varias familias de Cuenca, en la provincia del Azuay, denunciaran haber perdido importantes sumas de dinero.
El fiscal provincial del Azuay, Leonardo Amoroso, informó que la investigación se inició tras la recepción de múltiples denuncias contra una empresa que ofrecía servicios de inversión en Bitcoin. Según los afectados, entregaban dinero para supuestas gestiones en criptomonedas, pero nunca recibieron rendimientos ni constancia de las operaciones.
“Actualmente, el caso está a cargo de la Unidad de Lavado de Activos en Quito y ya se encuentra en conocimiento de uno de los fiscales especializados”, explicó Amoroso.
El modus operandi
De acuerdo con la Fiscalía, las empresas involucradas solicitaban a los ciudadanos entregar dinero bajo la figura de “créditos a plazo fijo por montos elevados”. Posteriormente, los fondos eran transferidos a cuentas indicadas por los representantes, con la promesa de que serían invertidos en activos digitales.
Sin embargo, las víctimas aseguran que nunca recibieron comprobantes de inversión ni retornos económicos, lo que encendió las alertas sobre un posible esquema fraudulento.
Dos empresas bajo investigación
Las primeras indagaciones apuntan a la existencia de dos empresas relacionadas con el caso: una encargada de captar el dinero en Ecuador y otra con sede en México. Parte de la investigación busca determinar si una de estas compañías habría entrado en proceso de quiebra.
En declaraciones a Radio Tomebamba, Francisco Zamora, abogado de las víctimas, señaló que las firmas involucradas serían Capitalika y SCB Smart Capital.
El jurista añadió que ambas constan en los registros de la Superintendencia de Bancos como entidades no autorizadas para realizar actividades financieras desde 2024, pese a lo cual continuaban operando y captando recursos de ciudadanos.
Nacionales
Bukele califica de ‘cómplices’ a los Estados que no vencen la criminalidad; ecuatorianos son condenados en El Salvador
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, arremetió contra los Estados que no logran vencer a la criminalidad y los calificó de cómplices, al sostener que cualquier país tiene la capacidad de imponerse a los grupos delictivos si ejerce con firmeza la fuerza del Estado.
“No hay Estado que no pueda contra los criminales. Si un Estado no vence a la criminalidad es porque el Estado es cómplice. Una vez el Estado se libera de la complicidad con la delincuencia y va con fuerza hacia los criminales, los vence”, afirmó Bukele.
Las declaraciones se dieron este miércoles 14 de enero, durante un acto oficial en el que el mandatario salvadoreño acompañó al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, en la colocación de la primera piedra de una megacárcel inspirada en el modelo penitenciario implementado por El Salvador, con el objetivo de combatir el crimen organizado “con fuerza”.
En el sitio se iniciará la construcción de la cárcel Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), una obra basada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel salvadoreña para pandilleros que se ha convertido en el principal símbolo de la denominada “guerra” contra las bandas criminales en ese país.
«No hay otra forma de resolverlo más que con fuerza, hay proponentes que hablan de invertir en educación y darles oportunidades a los niños, pero eso es antes de que el problema empiece. Estos criminales no son niños, se graduaron de la universidad del crimen (…) La única forma de solucionar un problema que ya existe es con fuerza, con la fuerza del Estado. Todo Estado es más fuerte que sus grupos criminales», afirmó Bukele.
La futura CACCO, que costará 35 millones de dólares, contará con cinco módulos con una capacidad total de 5.100 reclusos, y según el Gobierno servirá para encerrar allí a los presos más violentos.
El proyecto se desarrolla en momentos en que Costa Rica enfrenta cifras históricas de homicidios, con alrededor de 900 cada año, de los cuales un 70 % es atribuido por las autoridades al narcotráfico.
El Salvador condena a ecuatorianos por tráfico de cocaína
La Justicia de El Salvador condenó a ocho extranjeros a penas de 14 y 17 años de prisión por tráfico, posesión y tenencia de droga, valorada en más de 38,9 millones de dólares, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).
Se trata de una sentencia contra dos ciudadanos ecuatorianos y seis mexicanos, quienes transportaban un cargamento de 1.550 kilogramos de cocaína.
El operativo de localización, captura e incautación tuvo lugar en julio de 2024, cuando elementos de la Marina Nacional interceptaron en aguas del Pacífico salvadoreño, específicamente al sur del estero Jaltepeque, en la central localidad de San Luis la Herradura, tres embarcaciones en las que se movilizaba la droga.
Los extranjeros procesados y condenados fueron identificados como los ecuatorianos Vicente Teodoro Vélez García y Jimmy Efrén Bravo Villegas, y los mexicanos Lisandro Hernández García, Agustín Girón Domínguez, Marcos Agreda Villegas, Santiago López Gutiérrez, Ider Camacho Luján y Jonathan Bartolo Ortiz.
En 2025 sumaron un poco más de 25 toneladas de droga, la mayoría cocaína, las que fueron incautadas con un valor de más de 618,7 millones de dólares.
De acuerdo con declaraciones del titular del Ministerio de la Defensa, René Francis Merino, la mayoría de esta droga fue localizada por la Marina Nacional en aguas del Pacífico salvadoreño. Fuente: Vistazo
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