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Fiscal pide arresto domiciliario para expresidente Lenin Moreno por caso Sinohydro: ¿cuánto se habría repartido en sobornos?

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La fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó este viernes el arresto domiciliario para el expresidente Lenín Moreno al formular su acusación por el caso Sinohydro, que gira en torno a presuntos sobornos recibidos por la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

En la audiencia de presentación de la acusación por cohecho, Salazar consideró necesaria la prisión preventiva para los 37 imputados en el caso, pero la Constitución impide esa medida para los mayores de 65 años, como es el caso de Moreno, su mujer y otros 12 investigados, para quienes pidió el arresto domiciliario.

La fiscal también requirió al juez Adrián Rojas, de la Corte Nacional de Justicia, retener e inmovilizar las cuentas de todos los imputados, incluidas las de aquellos que residen en el extranjero, como es el caso de Moreno, que ejerce en Paraguay de comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad.

En ese sentido, solicitó al magistrado autorización para solicitar cooperación judicial internacional de Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Belice.

Salazar sostuvo que la empresa estatal china Sinohydro pagó supuestamente sobornos que rondaron los 76 millones de dólares, lo que hicieron que la obra de la mayor central hidroeléctrica de Ecuador se encareciese de los 1.979 millones de dólares a los 2.245 millones de dólares.

En el caso del expresidente y su familia, cifró en 660.000 dólares el supuesto dinero ilícito recibido, de los que 220.000 corresponderían presuntamente a Moreno y a su mujer en forma de una vivienda y muebles.

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La fiscal asignó los otros 440.000 dólares restantes los hermanos de Moreno Edwin (350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares), a su hija Irina (50.000 dólares), a sus cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares) y a su suegra Aída Graciela (5.000 dólares).

De acuerdo a la tesis defendida por Salazar, el grueso de los supuestos sobornos tuvieron presuntamente como beneficiarios a Conto Patiño, amigo del expresidente Moreno, y su familia, con un valor ascendente a los 44 millones de dólares.

La acusación de la fiscal también incluye a dos gerentes de Coca Codo Sinclair y al exembajador de China en Ecuador Cai Runguo, quien en su momento ejercía de representante legal de Sinohydro.

En la audiencia compareció el expresidente Moreno de manera telemática, por videoconferencia.

El caso Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucra a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.

En ese informe periodístico se revelaron una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa «offshore» INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos cobrados cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador, durante el mandato presidencial de Rafael Correa.

La investigación permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.

Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas –aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra–, que habrían sido entregadas por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.

Con una potencia de 1.500 megavatios, la central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair está en el río Coca, entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, y su infraestructura está en entredicho ante la aparición de miles de fisuras en su estructura, incluso antes de que se pusiese en funcionamiento en 2016. Fuente: Revista Vistazo

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Noboa lanza portal ‘Ecuayapa’ para emprendedores

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El presidente Daniel Noboa presentó oficialmente el Portal Ecuayapa que es una plataforma digital creada para visibilizar y promover a escala nacional los productos y servicios de emprendedores, especialmente de aquellos vinculados al Ministerio de Desarrollo Humano (MDH).

El acto se desarrolló este miércoles 15 de abril en el Auditorio de la Universidad Bolivariana del Ecuador. El Gobierno plantea a esta errramiento como estrategia para fortalecer la economía popular y solidaria.

«Esto lo creamos pensando en ustedes, basado en el diálogo y en el interés real de este gobierno de que les vaya bien a los emprendedores. Una cosa es darles crédito y apoyar, pero lo que más nos preocupa es que ese apoyo florezca y se vuelva algo sostenible en el tiempo, para que puedan tener un ingreso regular en beneficio de su familia», dijo Noboa durante su intervención.

Ecuayapa forma parte del Sistema Nacional de Comercialización Inclusiva (SNCI) y permite ampliar el acceso de los emprendedores a canales de promoción y comercialización en todo el país.

De su lado, la ministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira, indicó que la plataforma ya registra 12.000 personas inscritas, quienes pueden promocionar hasta cinco productos cada uno, lo que representa una oferta aproximada de 60.000 productos disponibles para toda la ciudadanía.

Rovira destacó que los emprendedores de esta iniciativa son principalmente los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano que también han accedido al Crédito de Desarrollo Humano (CDH). Por ello, la funcionaria destacó ese respaldo económico, el acompañamiento del MDH y las capacitaciones continuas han logrado sacar adelante negocios que crecen día a día. «Hemos entregado en este gobierno 122.129 CDH con una inversión de USD 111 millones. El 94 % de esos créditos se han entregado a mujeres cabezas de hogar».

Finalmente, Noboa hizo un llamado a la ciudadanía: «Quiero invitar a todos a que abran sus puertas a esta nueva oportunidad, que consuman también lo de nuestra gente, lo de los productores pequeños. Ahora es más fácil y les hacen un grandísimo beneficio a las personas que verdaderamente lo necesitan, que la pelean todos los días para salir adelante», dijo. (I)

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Se cumplen diez años del terremoto en Manabí

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Diez años después del terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la costa de Ecuador y dejó 663 fallecidos y 6.274 heridos, la reconstrucción es una deuda pendiente en algunas de las zonas afectadas, donde familiares de víctimas, damnificados y organizaciones aún esperan la ayuda prometida.

El epicentro fue Pedernales, en el norte de la provincia de Manabí, aunque golpeó con fuerza al menos a diez ciudades cercanas y también a la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. Dejó daños por alrededor de 3.600 millones de dólares, según cifras oficiales.

El Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) recaudó 3.500 millones de dólares en impuestos y donaciones, pero la reconstrucción avanzó a paso lento entre denuncias de supuestos desvíos de fondos, sobreprecios y retrasos en obras esenciales como hospitales o para proveer servicios básicos, que se entregaron o iniciaron en los últimos años.

Lo que queda de un hotel en Pedernales, tras el terremoto 7.8 del 16 de abril de 2016. API/
Casos de corrupción

Los casos de corrupción llegaron hasta los tribunales. El año pasado, el exvicepresidente correísta Jorge Glas, quien dirigía el comité creado con el objetivo de llevar adelante las obras de mayor urgencia, fue condenado a 13 años de cárcel por malversación de fondos públicos, junto a otros exfuncionarios.

Según la Fiscalía, utilizaron sus cargos para generar un perjuicio al Estado de más de 225 millones dólares.

Francisco Bravo, un activista que sigue este caso desde el inicio, dijo a EFE que el comité priorizó 584 proyectos, pero que muchos de ellos no estaban relacionados con el objetivo de enfrentar las consecuencias del sismo.

«Todos estos años han sido de resistencia», afirmó a EFE Julio Villacreses, integrante de la Comisión Anticorrupción en Manabí, quien considera que las investigaciones tienen que seguir, ya que la Contraloría «solo auditó un 3 %» de las obras. «La Justicia ha ordenado que se siga investigando, pero la Fiscalía guarda silencio», afirmó.

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Con malestar, Sandra Figueroa, asambleísta de la RC5 renunció a comisión por pedido de su bancada

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La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC5)Sandra Figueroa, manifestó que al interior de su bancada la obligaron a renunciar a la Comisión de Calificación de la iniciativa popular normativa denominada Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica.

En sun intervención en el Pleno, la legisladora expresó su malestar durante su discurso: “Me molesta esta actitud señores, y con todo el perdón, compañeros de mi bancada, porque sobre todo es el respeto a Sandra Figueroa, mujer de 54 años, madre y abuela (…) Comprendamos, por amor a Dios, la gente afuera se muere, se los he dicho más de una vez”.

Con esas palabras indicó que la obligaron a renunciar a esa Comisión, pese a que no tenía previsto hacerlo.

El pasado 31 de marzo, con 86 votos afirmativos, en el Órgano Legislativo se conformó la Comisión Calificadora de la iniciativa popular normativa para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Social Pacífica, auspiciada por el Acuerdo por la Seguridad, que, entre otros aspectos, prevé la creación y fortalecimiento del Cuerpo de Protección Ciudadana.

En un boletín, el Parlamento indicó que esa comisión está integrada por los legisladores Mario Amado Zambrano (ADN), Sandra Figueroa (RC) y Pablo Jurado (IND), y será la encargada de revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, como paso previo a la calificación de la iniciativa popular normativa presentada por la organización Acuerdo por la Seguridad, que busca contribuir, desde la sociedad civil, a los esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia social.

La propuesta legal pretende descongestionar a la Policía Nacional, fortalecer la prevención desde lo local, mejorar la respuesta en territorios específicos; promover la participación ciudadana y la confianza institucional, y optimizar el uso de recursos humanos, técnicos y financieros en materia de seguridad.

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