Por: ARTÍCULO DE OPINIÓN
Por: Alonzo Cueva Rojas
DOCENTE
La reforma al Sistema de Pensiones Ecuatoriano propuesta por el régimen, es inconstitucional. La Constitución de la República del Ecuador, Art. 11, Núm. 8 prescribe: “El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.
Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o nule injustificadamente el ejercicio de los derechos.
El gobierno pretende aprobar la pena de muerte contra jubilados y pensionistas. El proyecto de reforma al Sistema de Pensiones Ecuatoriano (SPE), elaborado por la comisión interdisciplinaria conformada por el Presidente Guillermo Lasso el 10 de enero del presente año, con el que según el régimen, se busca garantizar la sostenibilidad de los seguros de invalidez, vejez y muerte, ha sido interpretado por amplios sectores sociales, como la “sentencia de muerte” para jubilados y pensionistas; pues, dicha comisión, liderada por Augusto de la Torre, funcionario servil del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, organismos multilaterales a los que los distintos gobiernos se han sometido, y que él mismo anticipo que contará con el respaldo técnico de estos, ha generado un ambiente de indignación, que tendrá una respuesta popular contundente en plazas y calles de la patria, como solo los trabajadores, la juventud y los pueblos del Ecuador lo sabemos hacer.
Un gobierno en terapia intensiva como el de Guillermo Lasso, al que le queda cinco meses en el cargo, y el que, por su carácter antipopular, hoy ocupa el último lugar en credibilidad a nivel de Latinoamérica, no tiene la legitimidad para cercenar nuestros derechos. Es evidente que el actual régimen camina en contravía con relación a la clase trabajadora, que desde hace varios años viene luchando por alcanzar de manera legítima una jubilación digna a los 25 años de servicio, sin límite de edad, como sucede con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Hoy, se pretende incrementar de 30 a 35 años las aportaciones, y en esa misma línea, la edad para acceder a la jubilación; con esta propuesta fondomonetarista, además, se busca modificar las reglas para el cálculo de la pensión que en la actualidad es el promedio de los cinco mejores años de remuneración. Si la propuesta del gobierno pasa, este cálculo se lo haría tomando en cuenta los últimos veinte años; siendo así, es fácil entender que la pensión disminuirá, puesto que, generalmente, las mejores remuneraciones suelen ser las últimos de la vida laboral.
La perversidad del gobierno, es ilimitada; no termina ahí. Se pretende establecer un techo de 80 años de edad para recibir la pensión jubilar; es decir, y como ejemplo: a quienes tuviesen la suerte de vivir 90, se les despojaría de este beneficio sus últimos 10 años, porque de acuerdo con el gobierno, en el Ecuador la esperanza de vida para las mujeres es de 80 años y para los hombres, 74,5 años. De ahí la comparación de la propuesta con la pena de muerte.
El sistema es perfectamente sostenible sin las retrógradas reformas propuestas. Lo que el Estado debe garantizar es la devolución al IESS de 24 500 000000 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE DÓLARES) que le adeuda, ya que, los últimos gobiernos lo convirtieron en su caja chica, desconociendo que los legítimos dueños de esos recursos somos afiliados y pensionistas, deuda que incluso se pretende negar. No hay que olvidar que, durante el gobierno del Ec. Rafael Correa, el Estado, incluso dejó de aportar el 40% al fondo pensiones argumentando que el IESS no lo necesita; esa medida se mantiene hasta la actualidad; además, en la actualidad hay una deuda por cobrar a empleadores morosos por alrededor de 800 000 000 (OCHOCIENTOS MILLONES DE DÓLARES) ¿Por qué no les exigen ese pago?
De nada servirá que se incrementen los años de aportaciones y edad para jubilarse, se cambie la fórmula de cálculo para fijar el monto de las pensiones, y hasta se reduzcan los años de vida, si los gobiernos van a seguir metiendo sus manos manchadas de corrupción en los fondos del IESS. Este, debe ser administrado por sus legítimos dueños.
