Por primera vez en el país, los atentados ligados a bandas del narcotráfico tuvieron como objetivo un centro comercial y hasta un dispensario de salud. Durante la primera semana de noviembre de 2022, Ecuador vivió conmocionado por el caos que el narcotráfico y el crimen organizado generó en varias ciudades.
Coches bombas, explosiones a gasolineras, atentados a las unidades de Policía, seis uniformados asesinados, ataques en un centro comercial, en el edificio municipal de Durán (Guayas) y balaceras frente a un centro de salud.
Las bandas delictivas cruzaron una línea roja, que incluso se respeta en las guerras: no atacar a la población civil.
Tras los disparos contra el centro médico tipo C en Bastión Popular en Guayaquil, el Ministerio de Salud Pública (MSP) calificó el hecho como “un acto de barbarie”. Producto del ataque, una persona falleció y otra resultó herida.
El MSP recordó que los centros de salud son zonas de paz y están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, que juzgan estos atentados como crímenes de guerra.
Miedo entre la población civil Los ataques a la población civil, en centros comerciales o lugares públicos, son un libreto ya conocido por países de la región como Colombia y México.
“En México lo que ocurrió es que estos grupos, ante la ausencia del Estado, comenzaron una destrucción de la sociedad”, explica el investigador y especialista en Derechos Humanos de México, Jacobo Dayán.
Según Dayán, la intención es que las escenas de terror no solo sean una ofensa al Estado, sino a la sociedad entera. “Generan temor y la sociedad ante cualquier amenaza empieza a ceder”, añade.
En efecto, el analista colombiano de seguridad Hugo Acero señala que el miedo provoca que la población “termine presionando a las autoridades para que no toque a los delincuentes”.
“En Colombia tuvimos circunstancias en que los propios ciudadanos decían que no ataquen más a estos delincuentes, porque nos van a matar a todos”. Hugo Acero, experto colombiano.
Ambos analistas coinciden en que la respuesta del Estado debe ser contundente, pero hay que atacar el problema de raíz: retomar el control de las cárceles.
“Si el Estado no es capaz de garantizar la seguridad y el control en un espacio confinado como una prisión, ¿Qué se puede esperar del resto del país?”, dice Dayán.
A Dayán le preocupa que estos episodios de violencia extrema generan que la población y la clase política pidan militarizar la seguridad. “Está comprobado, en cualquier parte del mundo, que eso solo logra que el Estado entre en una fase de guerra y de más violencia”, agrega el experto mexicano.
Militares en las calles
Militares en las calles hasta ahora, las acciones del Gobierno apuntan a enviar a los militares a las calles y asignarles tareas de seguridad en las cárceles, a través de los estados de excepción.
Solo en el gobierno del presidente Guillermo Lasso se han decretado seis medidas de este tipo, para paliar la crisis de seguridad.
El analista colombiano comenta que en su país, el Gobierno reaccionaba a los atentados con acciones de Inteligencia Policial, haciendo allanamientos y capturando a los responsables.
“Aún así sucedían hechos de terrorismo, pero contábamos con un elemento importante y era la participación de los ciudadanos, porque ellos tienen la información”, dice Acero. Por el momento, el Gobierno ha informado que los operativos a raíz del estado de excepción han detenido más de 1.000 personas en el país, hasta el 5 de noviembre.
Incluso se habilitó una línea exclusiva para que los ciudadanos denuncien a los agresores, y se activó un plan de recompensa. Además, se anunció la inversión de USD 58 millones para equipar a la Policía, con uniformes, chalecos antibalas y nuevos vehículos. Y el Gobierno prometió USD 159 millones para la construcción de nuevas unidades policiales. Pero, Dayán sostiene que parte del trabajo debe apuntar a fortalecer las Fiscalías y a eliminar los vínculos criminales con la clase política. Fuente: Primicias
