El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se pronunció este lunes sobre las declaraciones del ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, en relación con la eventual decisión de los municipios de aumentar o no la tarifa del transporte urbano, ante la eliminación del subsidio al diésel.

En una entrevista en el programa televisivo Contacto Directo, el titular de dicha cartera explicó que el programa de compensaciones económicas a transportistas propuesto junto a la medida, que consiste de pagos mensuales de entre USD 400 A USD 1.000 dependiendo de la actividad a la que se dedican, se extenderá ocho meses, con opción a una prórroga de cuatro meses adicionales.

Luego de ello, explicó Luque, serán los gobiernos autónomos descentralizados las instituciones que deberán regular los precios del transporte público. El Gobierno únicamente resolvería si habría un alza en el sector de transporte intraprovincial e interprovincial.

El burgomaestre recalcó que “Guayaquil es autónoma” e indicó que, aunque el tema aún no se ha tratado en el Concejo Municipal, se ha evaluado la posibilidad de dividir el transporte urbano en dos modalidades: una clase popular, que mantendría la tarifa actual de 30 centavos, y una clase ejecutiva, con un costo de 45 centavos, cuyas unidades estarían equipadas con aire acondicionado y Wi-Fi.

Alvarez reiteró que utilizar la clase ejecutiva sería optativa y detalló que existen casi 2.600 buses urbanos en Guayaquil, de los cuales únicamente el 5% podría acogerse a esta modalidad si la medida llegase a ser aplicada. No obstante, para ello, acotó, «falta mucho todavía».

Varias organizaciones sociales, entre ellas el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), anunciaron este lunes 15 de septiembre medidas de protesta a lo largo del país contra la eliminación del subsidio al diésel.

Según cálculos oficiales, supondría un ahorro en el gasto estatal de 1.100 millones de dólares al año y un golpe a economías criminales, que, sostiene el Ejecutivo, se beneficiaban de la diferencia de costes para crear millonarias tramas de contrabando transfronterizo.

“Vamos a radicalizar las acciones. Habrá plantones y movilizaciones el 17 y 18 de septiembre”, confirmó Edwin Bedoya, presidente del FUT, en una rueda de prensa realizada junto a otros líderes sindicales.

Bedoya manifestó su respaldo a las manifestaciones registradas en Carchi, así como al cierre de vías en a las afueras de Quito, afirmando que «esa es la única forma».

El presidente del FUT señaló que los productores de leche y arroz también se están quejando.

Bedoya enfatizó que las radicalizaciones empiezan esta semana con plantones y movilizaciones. De su lado, Andrés Quishpe, presidente de la UNE, invitó a otras organizaciones a respaldar las medidas de protesta. Fuente: Vistazo

La Corte Constitucional rechazó la pregunta propuesta por el presidente Daniel Noboa para ser votada en referéndum referida a reducir el número de asambleístas de la Asamblea Nacional, que actualmente cuenta con 151 integrantes, por no cumplir con los requisitos constitucionales de claridad y lealtad hacia el electorado.

Esta es una de las cuatro preguntas para el nuevo referéndum que impulsa Noboa rechazadas por la Corte el pasado 5 de septiembre, pero sobre la que el mandatario había insistido con una nueva reformulación que tampoco ha sido validada por los jueces constitucionales.

El alto tribunal determinó que esta cuestión omitía datos fundamentales, como que la cámara nacional pasaría a tener solo 73 integrantes, y tampoco especificaba los criterios de redistribución de escaños por provincia.

«Esta ausencia de información dificultaba que el electorado comprenda con precisión el alcance de la propuesta«, señaló el máximo tribunal de garantías.

La Corte Constitucional rechazó hace diez días cuatro de las siete preguntas propuestas por Noboa para votar en un referéndum presumiblemente a finales de este año.

Una vez la Asamblea da el visto bueno a las cuestiones, deben ser estudiadas y analizadas por la Constitucional para determinar si son constitucionales o, por el contrario, deben ser modificadas.

La pregunta para eliminar la financiación pública a los partidos políticos y a las campañas electorales, así como la contratación por horas de jóvenes que se integran al mercado laboral en el sector turístico sí fueron catalogadas como constitucionales, pero se hicieron algunas modificaciones para evitar la ambigüedad y garantizar la neutralidad de la consulta.

En el caso de la financiación de los partidos, eliminó la intención de reformar el artículo 115 de la constitución porque mezclaba conceptos y afectaba a la igualdad en la difusión de propuestas electorales durante las campañas.

Por tanto, mantuvo la redacción de la pregunta por considerarla «neutral» y sí autorizó la modificación al artículo 110 de la Constitución, que permitiría suprimir la obligación del Estado de financiar a las organizaciones políticas.

La contratación por horas, aunque modificó un par de aspectos por considerarlos «valorativos», también alcanzó el visto bueno del alto tribunal y podrá ser votada en el futuro referéndum, a celebrarse previsiblemente en diciembre. Esta cuestión consiste en permitir que se puedan firmar contratos laborales en el sector turístico, siempre y cuando sea la primera relación laboral entre ambas partes.

Por último, y en relación con la declaratoria del estado de excepción por parte de Noboa en algunas provincias del país a principios de agosto, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de la medida en todas excepto en los cantones de La Maná y Las Naves por falta de justificación del presidente. Fuente: Vistazo