Un compromiso ético por la justicia. Es así como empieza el flamante Presidente del Consejo de la Judicatura firmando un papel que, luego de seguro, se convertirá en periódico de ayer, porque ese “documento” a la vuelta de la esquina no puede surtir ningún efecto jurídico en caso de incumplimiento. Es una suerte de saludo a la bandera, lo que se evidenciará en los próximos días y al final de su gestión.
Un compromiso ético en términos generales implica contribuir en el establecimiento, mantención y fortalecimiento de una cultura basada en el respeto, la honestidad y la integridad y de actuar bajo los principios, valores, normas y pautas que conducen a un buen comportamiento personal y social, con la finalidad de inducir, motivar y facilitar la toma de decisiones en la esfera de la administración pública conforme valores éticos y que se traduzcan en acciones favorables para el bien común. Pensando en voz alta, creemos que ese compromiso es personal, cargado de un exceso de motivación, propio del recién iniciado y le tomamos la palabra; pero generar un documento comprometiendo sanar al sistema de justicia, es pedir peras al olmo, dice la abuela de la casa y a ello apunta el documento de marras. Y en esa misma línea de reflexión, esperemos que no sea arrancada de caballo y parada de burro.
Y es que una cosa es con guitarra y otra con violín. Como todo funcionario que se inicia en el cargo evidencia en el discurso las mejores intenciones, sin embargo, ya en el ejercicio de la función, es decir, cuando debe tomar al toro por los cuernos se topa con la realidad. Esa realidad que no podrá cambiar con el documento firmado porque además debe contar con otras voluntades como son las de los vocales del órgano que preside y por supuesto con las de los servidores judiciales, esto es jueces, fiscales, defensores públicos y demás funcionarios. Cuando el cambio no se puede dar por el solo decir o el solo pensar, sino requiere de actitudes y esas son las que faltan en la justicia ecuatoriana, a lo menos en la de los últimos tiempos, que ha estado al servicio de la clase política y la delincuencia organizada, llegando al extremo de hoy por hoy hablar de la existencia de “jueces de alquiler”, que por supuesto son pocos, pero afean a toda una institución.
En un sistema de justicia que se encuentra en entredicho y del que es responsable justamente el órgano que lo preside, ese papel está por demás, pues suena a fanfarronería. Toda vez que la ética en la función no es asunto de escribirla en un papel sino de ejercitarla porque es un deber ciudadano en los términos del Art. 83 de la Constitución dela Republica, pues vale recordar que son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos: promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular; administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción; asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad, entre otras. Ergo, el papel firmado por el Presidente del Consejo de la Judicatura está por demás porque hay un mandato constitucional de comportarse éticamente como ciudadano. Y de nuestra cosecha decimos, al margen del papel firmado, esperamos mañana ver un respeto irrestricto al principio de independencia interna de los jueces y autonomía de los fiscales, para que no repitamos lo que viejo el adagio popular dice, que el gallo de arriba se ensucia en el de abajo toda la noche, porque esa es la constante en un órgano que nombra y sanciona al mismo tiempo. Difícil tarea, señor Presidente, pues vale recordarle “obras son amores, que no buenas razones” que en sentido general, se refiere a los que hablan mucho pero luego nada hacen o no cumplen lo prometido, amén que el papel aguanta todo. Fuente: El Telégrafo
