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Wilman Terán se defiende ante la Asamblea en el juicio político planteado en su contra

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El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, sobre quien recae una acusación de presunta delincuencia organizada dentro de la trama Metástasis, expuso este miércoles sus argumentos de defensa en el marco del juicio político impulsado en su contra para esclarecer si incumplió el ejercicio de sus funciones en ese cargo.

El procesado, quien arribó a Quito este martes desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, situada en Guayaquil, en la que permanece encarcelado provisionalmente desde enero de este año, intervino en el salón plenario del Legislativo y se refirió a las pruebas de la Fiscalía que justificaron su detención, a finales del año pasado.

En ese entonces, con base a conversaciones extraídas de dispositivos del narcotraficante Leandro Norero, la Fiscalía sostuvo que, cuando fue juez de la Corte Nacional, Terán presuntamente colaboró para facilitar la comprar las decisiones de autoridades judiciales frente a un eventual recurso de habeas corpus en favor del hermano del criminal referido.

$!Ingreso de Wilman Terán a la Asamblea Nacional para ejercer su defensa en el juicio polí­tico planteado en su contra.

Ante los legisladores, aseguró que no envió los mensajes atribuidos a él en los chats expuestos por el Ministerio Público, y apuntó que está privado de libertad de una manera que no se justifica. “Solo en los países en los que no rige la democracia se irrespeta la misma (encarcelamiento)”, aseveró.

Al ser cuestionado sobre la destitución del juez Walter Macías, que fue dispuesta en agosto del 2023 con un voto afirmativo suyo y otro del vocal Xavier Muñoz, pese a que el Consejo de la Judicatura tiene cinco integrantes y sus resoluciones deben definirse por mayoría, Terán indicó que el Código Orgánico de la Función Judicial establece que existe quórum si hay al menos tres miembros presentes.

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Justificó así el hecho de que procedió a oficializar la sesión y la resolución en contra del magistrado, que antes de la deliberación había autorizado allanamientos en contra de dos vocales de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan Morillo, y a quien se refirió ante el Legislativo este miércoles como “un juez al servicio de los casos de la fiscal Diana Salazar”.

Con respecto a una presunta reunión que habría mantenido posteriormente con el expresidente Rafael Correa en Brasil para acordar que se admita a trámite un recurso de revisión que presentó una persona acusada dentro del caso Sobornos, de acuerdo a un testimonio del exvocal Xavier Muñoz referente al caso Independencia Judicial, dijo lo siguiente:

“Solo a un imbécil se le puede ocurrir que Wilman Gabriel Terán Carrillo, exjuez de la Corte Nacional de Justicia, puede llegar a un acuerdo de tal cosa, pues yo fui el juez que le sentenció a Correa, y fui el juez que corrigió el influjo psíquico ‘malhadado’ de Saquicela”, gritó frente a los legisladores, acotando que Muñoz “le vendió humo” a la fiscal Salazar con la finalidad de recibir beneficios penitenciarios.

En adición, Terán denunció que se han vulnerado sus derechos puesto que se le ha impedido acceder al sistema SATJE para poder hacer uso de su defensa y conocer el estado de las causas. «Si así van a ser las cárceles impongan de una vez la pena de muerte», declaró. Fuente: Vistazo

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Aquiles Álvarez acude a la CIDH y denuncia prisión con fines políticos

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La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que la prisión preventiva en su contra responde a motivaciones políticas.

En el documento se señala que el alcalde permanece en condiciones de aislamiento extremo, con restricciones en visitas, comunicación y acceso a servicios básicos. Según su defensa, esto le impide ejercer el cargo para el que fue elegido, lo que —afirman— configura una “destitución de facto”. Por ello, solicitan la adopción de medidas cautelares internacionales.

Aunque un tribunal revocó la orden de prisión preventiva en ese proceso, al considerar que los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) no eran “suficientes para establecer la existencia del delito” ni la probabilidad de participación de los procesados, el alcalde continúa privado de libertad por otras causas judiciales. Entre ellas, una investigación por la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos, denominada Triple A, y otro proceso relacionado por no usar grillete electrónico antes de su encarcelamiento.

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Un cadáver maniatado y en estado de descomposición fue hallado en la vía Loja-Zamora

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Alrededor de las 06:15 de este miércoles 29 de abril, un cuerpo en estado de descomposición fue hallado a un costado de la vía Loja-Zamora, en el sector conocido como La Cordillera.

Según los reportes preliminares, el cuerpo fue localizado con signos de haber sido maniatado con cinta de embalaje y tenía la cabeza cubierta con una funda.

Tras el reporte, personal de la Policía y unidades especializadas acudieron al sitio para tomar procedimiento. Actualmente, las autoridades investigan el caso y realizaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo a una morgue, con el objetivo de identificar a la víctima.

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Roberto Luque anuncia inicio de compensaciones a transportistas

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El Gobierno anunció que las compensaciones al transporte público se mantendrán.

En una entrevista para Ecuavisa, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, señaló que las compensaciones económicas al sector se mantendrán hasta el 15 de mayo, para el transporte intra e interprovincial.

En el caso del transporte urbano, el esquema de subsidios ya concluyó, pero Luque explicó que se han tomado otra acciones como tercera placa, tarifarios en rutas largas y otros.

Sobre posible alza de pasajes

“Yo no lo podría aseverar. Esas decisiones dependen de los gobierno autónomos descentralizados”, dijo Luque.

Esto significa que la definición de tarifas no es una competencia del Ejecutivo, sino de los municipios, por lo que serán ciudades como Quito o Guayaquil las que deberán decidir si se mantienen o modifican los valores actuales.

Las autoridades también señalaron que cualquier ajuste deberá estar vinculado a mejoras en el servicio. Según su criterio, los usuarios podrían aceptar incrementos si estos se traducen en mayor calidad, seguridad y eficiencia en el transporte.

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