Nacionales
Wilman Terán se defiende ante la Asamblea en el juicio político planteado en su contra
El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, sobre quien recae una acusación de presunta delincuencia organizada dentro de la trama Metástasis, expuso este miércoles sus argumentos de defensa en el marco del juicio político impulsado en su contra para esclarecer si incumplió el ejercicio de sus funciones en ese cargo.
El procesado, quien arribó a Quito este martes desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, situada en Guayaquil, en la que permanece encarcelado provisionalmente desde enero de este año, intervino en el salón plenario del Legislativo y se refirió a las pruebas de la Fiscalía que justificaron su detención, a finales del año pasado.
En ese entonces, con base a conversaciones extraídas de dispositivos del narcotraficante Leandro Norero, la Fiscalía sostuvo que, cuando fue juez de la Corte Nacional, Terán presuntamente colaboró para facilitar la comprar las decisiones de autoridades judiciales frente a un eventual recurso de habeas corpus en favor del hermano del criminal referido.
Ante los legisladores, aseguró que no envió los mensajes atribuidos a él en los chats expuestos por el Ministerio Público, y apuntó que está privado de libertad de una manera que no se justifica. “Solo en los países en los que no rige la democracia se irrespeta la misma (encarcelamiento)”, aseveró.
Al ser cuestionado sobre la destitución del juez Walter Macías, que fue dispuesta en agosto del 2023 con un voto afirmativo suyo y otro del vocal Xavier Muñoz, pese a que el Consejo de la Judicatura tiene cinco integrantes y sus resoluciones deben definirse por mayoría, Terán indicó que el Código Orgánico de la Función Judicial establece que existe quórum si hay al menos tres miembros presentes.
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Justificó así el hecho de que procedió a oficializar la sesión y la resolución en contra del magistrado, que antes de la deliberación había autorizado allanamientos en contra de dos vocales de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan Morillo, y a quien se refirió ante el Legislativo este miércoles como “un juez al servicio de los casos de la fiscal Diana Salazar”.
Con respecto a una presunta reunión que habría mantenido posteriormente con el expresidente Rafael Correa en Brasil para acordar que se admita a trámite un recurso de revisión que presentó una persona acusada dentro del caso Sobornos, de acuerdo a un testimonio del exvocal Xavier Muñoz referente al caso Independencia Judicial, dijo lo siguiente:
“Solo a un imbécil se le puede ocurrir que Wilman Gabriel Terán Carrillo, exjuez de la Corte Nacional de Justicia, puede llegar a un acuerdo de tal cosa, pues yo fui el juez que le sentenció a Correa, y fui el juez que corrigió el influjo psíquico ‘malhadado’ de Saquicela”, gritó frente a los legisladores, acotando que Muñoz “le vendió humo” a la fiscal Salazar con la finalidad de recibir beneficios penitenciarios.
En adición, Terán denunció que se han vulnerado sus derechos puesto que se le ha impedido acceder al sistema SATJE para poder hacer uso de su defensa y conocer el estado de las causas. «Si así van a ser las cárceles impongan de una vez la pena de muerte», declaró. Fuente: Vistazo
Nacionales
Fiscalía allana el Complejo Judicial norte en Quito y detiene a siete personas por presuntos sobornos
Días después de los operativos en la sede de CNEL EP en Samborondón, otra institución pública de Ecuador está en la mira de la Fiscalía General del Estado. Se trata del Complejo Judicial Norte de Quito, que fue allanado la mañana de este 5 de mayo de 2026, junto a otra dependencia judicial en Mejía, también en Pichincha.
Según información preliminar de la Fiscalía, en el marco de una investigación por el presunto delito de concusión, agentes fiscales allanaron al menos siete domicilios y dos dependencias judiciales en esta provincia.
En el inicio del operativo no se mencionó el nombre de dicha entidad, pero luego PRIMICIAS conoció que fue el complejo judicial norte en Quito y otra oficina en Mejía.
Los otros inmuebles allanados se encuentran en Quito y en zonas como Los Chillos, Quitumbe, La Delicia, Eugenio Espejo y Rumiñahui, y corresponden a casas de funcionarios judiciales.
De hecho, se reportaron siete personas detenidas con fines investigativos y también se han decomisado celulares, documentos, computadoras y dispositivos de almacenamiento, entre otros indicios.
En imágenes divulgadas por la Fiscalía se observó a un policía mientras revisaba decenas de documentos sobre el escritorio de la institución pública allanada.
Una presunta red de sobornos en la función judicial
El delito de concusión ocurre cuando un funcionario público abusa de su cargo y exige dinero o ‘contribuciones’ para su propio beneficio o de terceros. Es castigado en Ecuador con una pena en prisión de tres a cinco años, además de la destitución del cargo público.
En este nuevo caso de corrupción, la Fiscalía investiga a estos siete funcionarios públicos que habrían solicitado dinero o incurrido en sobornos, a cambio de realizar ciertas acciones en procesos judiciales o agilizar trámites.
De acuerdo con las primeras investigaciones, algunos de los sospechosos se identificaban con alias como ‘Mono’ o ‘Sambo’. Fuente: Primicias
Nacionales
Registro Civil de Ecuador investiga presunta filtración de datos biométricos de los ciudadanos
Días después de una alerta por vulneración de información, reportada en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el Registro Civil de Ecuador aseguró este 5 de mayo de 2025 que mantiene activos sus protocolos de seguridad, en respuesta a versiones que circulan en redes sociales sobre una presunta filtración de datos de los usuarios.
El organismo divulgó un comunicado, luego de que expertos digitales alertaran de una supuesta filtración de los datos biométricos de los ecuatorianos, que incluye la huella dactilar y reconocimiento facial de los ciudadanos.
«Se denuncia filtración de 14,8 millones de registros de datos (10,8 GB en SQL) y 10,6 millones de imágenes en alta definición de tarjetas de identidad nacional para posible biometría (165 GB) del Registro Civil», señaló en X (antes Twitter) el colectivo Usuarios Digitales.
En su comunicado, el Registro Civil indicó que, desde el lunes 4 de mayo, se activó el protocolo de seguridad de la información, «determinando que al momento no se ha detectado vulneración de datos de los ciudadanos, ni amenazas en el repositorio actual, las mismas que hemos confirmado desde el 2024».
Añadió que los análisis preliminares indican que la información difundida no proviene de accesos directos a la infraestructura actual de la Dirección General de la institución (Digercic); por lo que se evalúan posibles fuentes externas, como registros históricos o integraciones con terceros.
La investigación se mantiene en curso con acompañamiento de las instancias competentes, dijo la entidad en su comunicado.
3,5 millones de ataques cibernéticos entre 2024 y 2025
El Registro Civil reveló que entre el 2024 y 2025 tuvo intentos de más de 3,5 millones de ataques cibernéticos, con repuntes en meses previos a elecciones, provenientes de países como: México, España, Colombia, Venezuela, Bélgica, Brasil, entre otros. Resaltó que los sistemas de seguridad de la institución los detectó y contrarrestó.
La institución aseguró que, en los últimos dos años, ha reforzado los sistemas de seguridad en su Agencia Virtual, mediante validaciones adicionales para accesos de ciudadanos y administradores.
Detalló que ha fortalecido los procesos de identificación y análisis de patrones de tráfico y actividades sospechosas. Y que ha robustecido los controles de seguridad en la detección de sitios maliciosos, validación de accesos a redes (VPN y redes inalámbricas) y gestión de vulnerabilidades en sistemas y componentes tecnológicos. Fuente: Primicias
Nacionales
‘¿En qué entidades bancarias se lava el dinero de criminales?’: UAFE activa controles en Caso Encuentro
«¿En qué entidades bancarias se lava el dinero de las estructuras criminales?», cuestionó José Julio Neira, director general (e) de la UAFE, este martes 5 de mayo, al anunciar la realización de un análisis de inteligencia financiera vinculado al denominado Caso Encuentro.
En coordinación con la Superintendencia de Bancos, la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) activó acciones de control a los vinculados en la trama de delincuencia organizada.
La medida surge tras el avance para la extradición de Hernán Luque Lecaro, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Argentina ordenara su entrega a Ecuador. El exfuncionario, vinculado a una trama de corrupción durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, es requerido por la justicia ecuatoriana.
Sobre las acciones recientes, Neira enfatizó: «hay una pregunta que todos los ecuatorianos nos hacemos y es: ¿en qué entidades bancarias se lava el dinero de las estructuras criminales? Pronto lo sabremos«.
Por último, el funcionario gubernamental destacó que con esto «sumamos integridad a todos los actos del Estado».
Superintendencia y UAFE activan control financiero por Caso Encuentro
En el marco del Caso Encuentro, la Superintendencia de Bancos remitió un requerimiento formal de información, en el marco de sus funciones de supervisión del sistema financiero nacional.
Según indicó la institución, este acto forma parte del fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y acciones preventivas, a nivel nacional, orientados a seguir garantizando la transparencia e integridad de todo el sistema financiero ecuatoriano.
La solicitud, realizada en articulación con la UAFE en virtud del convenio interinstitucional vigente entre ambas instituciones, abarca información correspondiente al período entre enero de 2021 y diciembre de 2024, respecto a procesos de debida diligencia aplicados a personas naturales identificadas en análisis de inteligencia financiera vinculados al denominado Caso Encuentro, «sin que esta solicitud implique determinación de responsabilidad alguna».
Entre los requerimientos constan detalles sobre productos financieros, expedientes de vinculación y conocimiento del cliente, perfiles de riesgo en materia de lavado de activos, alertas generadas por sistemas de monitoreo transaccional, así como la eventual presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
La Superintendencia de Bancos analizará la información que sea remitida y gestionará el debido proceso en coordinación con las autoridades competentes.
Por último, la Superintendencia de Bancos reafirmó «su compromiso de seguir actuando con independencia técnica, rigor jurídico y coordinación interinstitucional» para continuar con el fortalecimiento de la prevención del riesgo de lavado de activos y proteger la confianza en el sistema financiero. Fuente: Vistazo
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