Nacionales
Wilman Terán se defiende ante la Asamblea en el juicio político planteado en su contra
El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, sobre quien recae una acusación de presunta delincuencia organizada dentro de la trama Metástasis, expuso este miércoles sus argumentos de defensa en el marco del juicio político impulsado en su contra para esclarecer si incumplió el ejercicio de sus funciones en ese cargo.
El procesado, quien arribó a Quito este martes desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, situada en Guayaquil, en la que permanece encarcelado provisionalmente desde enero de este año, intervino en el salón plenario del Legislativo y se refirió a las pruebas de la Fiscalía que justificaron su detención, a finales del año pasado.
En ese entonces, con base a conversaciones extraídas de dispositivos del narcotraficante Leandro Norero, la Fiscalía sostuvo que, cuando fue juez de la Corte Nacional, Terán presuntamente colaboró para facilitar la comprar las decisiones de autoridades judiciales frente a un eventual recurso de habeas corpus en favor del hermano del criminal referido.
Ante los legisladores, aseguró que no envió los mensajes atribuidos a él en los chats expuestos por el Ministerio Público, y apuntó que está privado de libertad de una manera que no se justifica. “Solo en los países en los que no rige la democracia se irrespeta la misma (encarcelamiento)”, aseveró.
Al ser cuestionado sobre la destitución del juez Walter Macías, que fue dispuesta en agosto del 2023 con un voto afirmativo suyo y otro del vocal Xavier Muñoz, pese a que el Consejo de la Judicatura tiene cinco integrantes y sus resoluciones deben definirse por mayoría, Terán indicó que el Código Orgánico de la Función Judicial establece que existe quórum si hay al menos tres miembros presentes.
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Justificó así el hecho de que procedió a oficializar la sesión y la resolución en contra del magistrado, que antes de la deliberación había autorizado allanamientos en contra de dos vocales de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan Morillo, y a quien se refirió ante el Legislativo este miércoles como “un juez al servicio de los casos de la fiscal Diana Salazar”.
Con respecto a una presunta reunión que habría mantenido posteriormente con el expresidente Rafael Correa en Brasil para acordar que se admita a trámite un recurso de revisión que presentó una persona acusada dentro del caso Sobornos, de acuerdo a un testimonio del exvocal Xavier Muñoz referente al caso Independencia Judicial, dijo lo siguiente:
“Solo a un imbécil se le puede ocurrir que Wilman Gabriel Terán Carrillo, exjuez de la Corte Nacional de Justicia, puede llegar a un acuerdo de tal cosa, pues yo fui el juez que le sentenció a Correa, y fui el juez que corrigió el influjo psíquico ‘malhadado’ de Saquicela”, gritó frente a los legisladores, acotando que Muñoz “le vendió humo” a la fiscal Salazar con la finalidad de recibir beneficios penitenciarios.
En adición, Terán denunció que se han vulnerado sus derechos puesto que se le ha impedido acceder al sistema SATJE para poder hacer uso de su defensa y conocer el estado de las causas. «Si así van a ser las cárceles impongan de una vez la pena de muerte», declaró. Fuente: Vistazo
Nacionales
Fiscalización legislativa revela graves incumplimientos en la creación de universidades amazónicas
Nota: La foto es hecha con IA como imagen referencial
Desde la oficina del asambleísta Juan Marco Gonzaga Salazar, se da a conocer a la ciudadanía los resultados de la fiscalización realizada en la Comisión de Técnica para el Seguimiento a la Gestión de los Procesos de Creación de las Cuatro Universidades Amazónicas de la Asamblea Nacional, proceso que ha develado incumplimientos sistemáticos, decisiones administrativas cuestionables y una alarmante negligencia institucional en la creación de las universidades previstas para Orellana, Sucumbíos, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
Lo que debía ser algo histórico para democratizar el acceso a la educación superior en la Amazonía se ha convertido, lamentablemente, en un ejemplo de ineficiencia pública, falta de transparencia y ausencia de planificación técnica, afectando de manera directa a miles de jóvenes amazónicos que siguen esperando las oportunidades prometidas.
Hallazgos que comprometen la responsabilidad institucional
Durante el proceso de fiscalización se constató lo siguiente:
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La Universidad Estatal Amazónica (UEA) NO COMPARECIÓ, pese a ser la institución responsable de implementar las universidades de Sucumbíos y Zamora Chinchipe. La falta de comparecencia constituye un acto de desacato técnico y una señal inequívoca de la ausencia de gestión real.
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La funcionaria delegada, Verónica Villareal, informó que la UEA optó por comprar el edificio ex ESPEAM, cerrado hace 12 años, por 1.752.000 USD, sin contar con un proyecto de creación de la universidad, sin planificación académica y sin análisis de pertinencia funcional.
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Se reconoció públicamente que el proyecto de creación de la Universidad de Sucumbíos no existe, y que recién sería presentado en 2026. Esta revelación confirma un incumplimiento flagrante del mandato legal establecido para garantizar educación superior en territorio amazónico.
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Para Zamora Chinchipe, la única acción reportada fue la donación de un terreno por parte del GAD Municipal de El Pangui, lo cual no constituye avance institucional ni técnico hacia el funcionamiento de una universidad amazónica.
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El delegado de la Secretaría Técnica Amazónica (STA) expresó su total desconocimiento del proceso de compra del inmueble y confirmó la existencia de un informe técnico oficial que señala la NO PERTINENCIA TÉCNICA de la adquisición, debido a su costo, estado y funcionalidad limitada.
Estos hallazgos no solo evidencian una gestión deficiente: ponen en riesgo la equidad territorial, comprometen recursos públicos y profundizan la histórica deuda del Estado con la Amazonía en materia de educación superior.
Hecho clave: alerta técnica y administrativa
Un informe técnico de la Secretaría Técnica Amazónica establece que la compra del edificio ex ESPEAM, por 1.752.000 USD, carece de pertinencia técnica, funcional y económica.
La Comisión analizará este documento para determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Convocatoria urgente a verificación in situ
Con el fin de esclarecer estos hechos y avanzar hacia una gestión transparente y responsable, se ha solicitado la reinstalación de la Comisión Especializada de Educación para realizar una verificación in situ de las instalaciones adquiridas:
Lugar: Lago Agrio
Fecha: 1 de diciembre de 2025
⏰ Hora: 14h00
Bernardo Antonio Córdovez Cereceda fue designado por el presidente de la República, Daniel Noboa, como representante de la Función Ejecutiva ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
El nombramiento quedó oficializado mediante el Decreto Ejecutivo No. 234, suscrito este miércoles 26 de noviembre, tras la renuncia de Edgar Lama Von Buchwald en medio del remezón político provocado por la derrota del Gobierno en la consulta popular y el referéndum.
En el mismo documento se agradece los «valiosos servicios» prestados por Edgar Lama, quien presentó su renuncia el pasado 18 de noviembre. Su paso por el Consejo Directivo estuvo marcado por varias controversias, entre ellas presuntos cobros indebidos en el IESS que habrían favorecido a empresas vinculadas a familiares del funcionario. La Contraloría General del Estado, de hecho, emitió una glosa por estos cobros.
La llegada de Córdovez ocurre en un momento crítico para el instituto por la falta de medicamentos y el reciente anuncio de los prestadores externos del Seguro Social, quienes dejarán de atender a los afiliados desde el 1 de diciembre debido a la millonaria deuda que mantiene la institución.
Córdovez ya ocupó un cargo relevante en el sistema de seguridad social: fue gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).
Sobre su formación académica, el nuevo presidente cuenta con un título de licenciado en Administración Financiera.
El artículo 28 de la Ley de Seguridad Social establece que el Consejo Directivo del IESS está conformado por tres miembros principales, entre ellos un vocal en representación de la Función Ejecutiva.
Sin embargo, el organismo continúa incompleto debido a la ausencia del vocal de los trabajadores.
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