Nacionales
Wilman Terán se defiende ante la Asamblea en el juicio político planteado en su contra
El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, sobre quien recae una acusación de presunta delincuencia organizada dentro de la trama Metástasis, expuso este miércoles sus argumentos de defensa en el marco del juicio político impulsado en su contra para esclarecer si incumplió el ejercicio de sus funciones en ese cargo.
El procesado, quien arribó a Quito este martes desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, situada en Guayaquil, en la que permanece encarcelado provisionalmente desde enero de este año, intervino en el salón plenario del Legislativo y se refirió a las pruebas de la Fiscalía que justificaron su detención, a finales del año pasado.
En ese entonces, con base a conversaciones extraídas de dispositivos del narcotraficante Leandro Norero, la Fiscalía sostuvo que, cuando fue juez de la Corte Nacional, Terán presuntamente colaboró para facilitar la comprar las decisiones de autoridades judiciales frente a un eventual recurso de habeas corpus en favor del hermano del criminal referido.
Ante los legisladores, aseguró que no envió los mensajes atribuidos a él en los chats expuestos por el Ministerio Público, y apuntó que está privado de libertad de una manera que no se justifica. “Solo en los países en los que no rige la democracia se irrespeta la misma (encarcelamiento)”, aseveró.
Al ser cuestionado sobre la destitución del juez Walter Macías, que fue dispuesta en agosto del 2023 con un voto afirmativo suyo y otro del vocal Xavier Muñoz, pese a que el Consejo de la Judicatura tiene cinco integrantes y sus resoluciones deben definirse por mayoría, Terán indicó que el Código Orgánico de la Función Judicial establece que existe quórum si hay al menos tres miembros presentes.
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Justificó así el hecho de que procedió a oficializar la sesión y la resolución en contra del magistrado, que antes de la deliberación había autorizado allanamientos en contra de dos vocales de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan Morillo, y a quien se refirió ante el Legislativo este miércoles como “un juez al servicio de los casos de la fiscal Diana Salazar”.
Con respecto a una presunta reunión que habría mantenido posteriormente con el expresidente Rafael Correa en Brasil para acordar que se admita a trámite un recurso de revisión que presentó una persona acusada dentro del caso Sobornos, de acuerdo a un testimonio del exvocal Xavier Muñoz referente al caso Independencia Judicial, dijo lo siguiente:
“Solo a un imbécil se le puede ocurrir que Wilman Gabriel Terán Carrillo, exjuez de la Corte Nacional de Justicia, puede llegar a un acuerdo de tal cosa, pues yo fui el juez que le sentenció a Correa, y fui el juez que corrigió el influjo psíquico ‘malhadado’ de Saquicela”, gritó frente a los legisladores, acotando que Muñoz “le vendió humo” a la fiscal Salazar con la finalidad de recibir beneficios penitenciarios.
En adición, Terán denunció que se han vulnerado sus derechos puesto que se le ha impedido acceder al sistema SATJE para poder hacer uso de su defensa y conocer el estado de las causas. «Si así van a ser las cárceles impongan de una vez la pena de muerte», declaró. Fuente: Vistazo
El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Patricio Maldonado, negó el recurso subjetivo contencioso electoral presentado por el Partido Social Cristiano (PSC) contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones seccionales de 2027 por un supuesto riesgo climático. Según Maldonado, el órgano electoral actuó de forma técnica y motivada.
De acuerdo con la sentencia, el CNE goza de atribuciones organizativas que incluyen la facultad de planificación estratégica de las elecciones, por lo que la actualización del calendario de las seccionales no constituye una reforma a la normativa electoral vigente, como impugnó el asambleísta y presidente del PSC, Alfredo Serrano, en su recurso.
Asimismo, el magistrado Maldonado determinó que la resolución adoptada por el CNE, con base al informe de la Secretaría de Riesgos, contiene una exposición clara de los hechos, identifica el marco normativo aplicable y establece un nexo causal coherente.
Cambio de fecha no altera periodos ni funciones
El juez Maldonado señala en su sentencia que la modificación del calendario electoral tampoco altera los periodos de funciones ni las fechas de posesión de las autoridades locales. De hecho, hizo dos precisiones sobre los términos:
- Sufragio es el momento de la expresión popular en las urnas.
- Elección es el proceso integral, que abarca desde la convocatoria a elecciones hasta la investidura de las autoridades electas.
«Si bien la jornada de sufragio se ha trasladado para el 29 de noviembre de 2026, la planificación técnica determinó que la fase de proclamación de resultados y entrega de credenciales concluirá el 13 de febrero de 2027. Este diseño cronológico garantiza de forma efectiva que el hito de posesión establecido en el precitado artículo 91 se mantenga incólume para el 14 de mayo de 2027″, señala la sentencia del juez Maldonado.
Juez dice que el CNE es «garante» de la democracia
En ese sentido, el magistrado concluyó que «el Consejo Nacional Electoral actuó como garante de la democracia al priorizar la protección de los derechos de participación frente a una situación debidamente documentada en informes técnicos. La reprogramación del calendario electoral se configura como una medida dirigida a proteger y maximizar el ejercicio del derecho al voto, asegurando su efectividad en todo el territorio nacional».
El origen del conflicto y procesos pendientes
El 27 de marzo de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió adelantar las elecciones de 2027 por un supuesto riesgo de un fuerte Fenómeno de El Niño alertado por la Secretaría de Riesgos. Las votaciones de las seccionales pasaron del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026.
Además del recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el Partido Social Cristiano (PSC) presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, que aún está pendiente de resolución.
Por otro lado, aunque el TCE inadmitió la impugnación presentada por el movimiento Revolución Ciudadana en contra del cambio de fecha de las seccionales, los asambleístas del correísmo anunciaron que también presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte. Fuente: Expreso.ec
Nacionales
Mónica Palacios reacciona al pedido de levantamiento de su inmunidad para procesarla por calumnia
La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Mónica Palacios, reaccionó al pedido de levantar su inmunidad parlamentaria por parte de un juez que tramita una querella interpuesta por la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert.
Palacios había denunciado el intento de una joven, identificada como Jenny Ramírez, de comprar un terreno de 93 hectáreas en el cantón La Libertad por USD 2,7 millones. Tras el escándalo, el proceso fue revocado por las autoridades municipales de esa localidad.
Según la legisladora correísta, Ramírez sería hija de la empleada doméstica de Gellibert.
Mientras tanto, Gellibert también interpuso una querella penal contra la asambleísta de la RC por calumnia, ya que la parlamentaria habría atribuido falsamente un delito.
“Es insólito que mientras la Fiscalía y la UAFE miran para otro lado, ahora la querellada sea yo. Una vez más, el gobierno de Daniel Noboa usa la justicia para tratar de amedrentarme. ¡No me van a callar!”, escribió Palacios en la red social X.
Agregó que mientras su notitia criminis no muestra avances, la querella de Gellibert “avanza con velocidad inusual”.
PEDIDO DE LEVANTAMIENTO DE LA INMUNIDAD
Al ser legisladora, Palacios goza de inmunidad parlamentaria. Por ello, no puede ser procesada penalmente sin la autorización previa del Pleno.
En este sentido, el juez Felipe Córdova de la Corte Nacional de Justicia solicitó a la Asamblea Nacional autorizar el levantamiento de la inmunidad para comenzar con el proceso penal por presunta calumnia.
Una vez que ingrese el pedido, el Legislativo deberá analizarlo y ponerlo a votación del Pleno.
Para levantar la inmunidad parlamentaria a un asambleísta se requiere el apoyo de la mayoría calificada, esto es, al menos, 101 votos. Fuente: Vistazo
La noche del centro de Guayaquil se vio interrumpida cerca de las 22:00 de este martes 7 de abril por un trágico suceso. Jennifer Mariuxi Garcés Chipre falleció de manera instantánea tras caer desde el cuarto piso de un edificio ubicado entre las calles Los Ríos y 9 de Octubre.
Según testimonios de moradores, el incidente fue precedido por una fuerte discusión en el balcón del departamento entre la víctima y su conviviente. «Escuchamos el grito de la chica y luego el impacto», relató a la prensa una residente del sector, quien junto a otros vecinos intentó auxiliar a la mujer sin éxito.
Procedimiento policial y detención
Agentes del distrito 9 de Octubre y personal de Criminalística acordonaron la zona para realizar el levantamiento del cadáver y recolectar indicios. La presencia de familiares de Garcés Chipre en el sitio generó momentos de tensión, ya que señalaron directamente a la pareja de la víctima como el presunto responsable del hecho.
El sospechoso fue trasladado en una unidad policial en medio de reclamos e intentos de agresión por parte de los allegados de la fallecida. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una declaración oficial sobre la situación jurídica del uniformado ni sobre los resultados preliminares de la autopsia que determinen las circunstancias exactas de la caída. Fuente: Vistazo
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