Nacionales
Wilman Terán se defiende ante la Asamblea en el juicio político planteado en su contra
El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, sobre quien recae una acusación de presunta delincuencia organizada dentro de la trama Metástasis, expuso este miércoles sus argumentos de defensa en el marco del juicio político impulsado en su contra para esclarecer si incumplió el ejercicio de sus funciones en ese cargo.
El procesado, quien arribó a Quito este martes desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, situada en Guayaquil, en la que permanece encarcelado provisionalmente desde enero de este año, intervino en el salón plenario del Legislativo y se refirió a las pruebas de la Fiscalía que justificaron su detención, a finales del año pasado.
En ese entonces, con base a conversaciones extraídas de dispositivos del narcotraficante Leandro Norero, la Fiscalía sostuvo que, cuando fue juez de la Corte Nacional, Terán presuntamente colaboró para facilitar la comprar las decisiones de autoridades judiciales frente a un eventual recurso de habeas corpus en favor del hermano del criminal referido.
Ante los legisladores, aseguró que no envió los mensajes atribuidos a él en los chats expuestos por el Ministerio Público, y apuntó que está privado de libertad de una manera que no se justifica. “Solo en los países en los que no rige la democracia se irrespeta la misma (encarcelamiento)”, aseveró.
Al ser cuestionado sobre la destitución del juez Walter Macías, que fue dispuesta en agosto del 2023 con un voto afirmativo suyo y otro del vocal Xavier Muñoz, pese a que el Consejo de la Judicatura tiene cinco integrantes y sus resoluciones deben definirse por mayoría, Terán indicó que el Código Orgánico de la Función Judicial establece que existe quórum si hay al menos tres miembros presentes.
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Justificó así el hecho de que procedió a oficializar la sesión y la resolución en contra del magistrado, que antes de la deliberación había autorizado allanamientos en contra de dos vocales de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan Morillo, y a quien se refirió ante el Legislativo este miércoles como “un juez al servicio de los casos de la fiscal Diana Salazar”.
Con respecto a una presunta reunión que habría mantenido posteriormente con el expresidente Rafael Correa en Brasil para acordar que se admita a trámite un recurso de revisión que presentó una persona acusada dentro del caso Sobornos, de acuerdo a un testimonio del exvocal Xavier Muñoz referente al caso Independencia Judicial, dijo lo siguiente:
“Solo a un imbécil se le puede ocurrir que Wilman Gabriel Terán Carrillo, exjuez de la Corte Nacional de Justicia, puede llegar a un acuerdo de tal cosa, pues yo fui el juez que le sentenció a Correa, y fui el juez que corrigió el influjo psíquico ‘malhadado’ de Saquicela”, gritó frente a los legisladores, acotando que Muñoz “le vendió humo” a la fiscal Salazar con la finalidad de recibir beneficios penitenciarios.
En adición, Terán denunció que se han vulnerado sus derechos puesto que se le ha impedido acceder al sistema SATJE para poder hacer uso de su defensa y conocer el estado de las causas. «Si así van a ser las cárceles impongan de una vez la pena de muerte», declaró. Fuente: Vistazo
La reciente decisión de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador de conceder la extradición de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias “Topo”, vuelve a poner en el foco a uno de los nombres clave dentro de la estructura criminal de Los Choneros.
Peñafiel Nieto inició su actividad delictiva en 2016, cuando tenía 26 años. De profesión topógrafo —origen de su alias— fue vinculado al secuestro de un ciudadano austriaco en Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos.
Ese mismo año fue capturado y, en 2017, sentenciado a 11 años de prisión por secuestro y a 3 años adicionales por asociación ilícita. Fue recluido en la Cárcel Regional del Guayas.
Con el tiempo, se convirtió en una persona de confianza dentro de la estructura y asumió el liderazgo de “Los Fatales”, una facción vinculada a actividades de sicariato, a la par que «Fito» se consolidaba como líder de «Los Choneros» tras el asesinato de Zambrano González en una cafetería del centro comercial Mall del Pacífico, en Manta, el 28 de diciembre de 2020.
En 2022, «Topo» inició el trámite para acceder a beneficios penitenciarios y el 3 de junio de 2023 obtuvo el régimen semiabierto, tras cumplir la totalidad de la pena por asociación ilícita y el 60% de la condena por secuestro. Ese proceso derivó en su liberación.
Ya en libertad, su rol dentro de la organización se fortaleció en un contexto marcado por la disputa entre Los Choneros y otras bandas como Los Lobos.
En ese escenario, “Topo” participó en la expansión hacia economías ilegales como la minería ilegal, especialmente en la provincia amazónica de Sucumbíos, donde «Los Choneros» protagonizaron enfrentamientos enfrentamientos con los «Comandos de la Frontera», una disidencia de las FARC.
En septiembre de 2025 fue nuevamente detenido en la provincia de Napo por presunto tráfico de armas. Para entonces, también tenía vigente una orden de captura por el asesinato de un policía en 2024, además de antecedentes por asociación ilícita, secuestro extorsivo y otros delitos. En algunos procesos fue liberado con medidas sustitutivas.
Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad conocida como “La Cárcel del Encuentro”, situada en la provincia costera de Santa Elena.
“Este angelito le hará compañía a Fito»
Alias “Topo” es requerido por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York por presunto tráfico de drogas a gran escala y uso de armas de fuego.
El 22 de abril de 2026, tras una audiencia de extradición pasiva, la Corte Nacional autorizó su entrega a Estados Unidos, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y recibir las garantías diplomáticas correspondientes.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el objetivo del Gobierno es que la extradición se concrete “muy pronto”, para que el procesado enfrente a la justicia estadounidense, donde ya se encuentra José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros, extraditado en 2025.
Nacionales
Asamblea aprueba por unanimidad ley para fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes
La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, este miércoles 22 de abril de 2026, el Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, una normativa que busca garantizar el derecho a la salud mental con un enfoque integral, preventivo, educativo y comunitario. La iniciativa fue respaldada por el Pleno como una respuesta frente al aumento de problemas de salud mental que afectan a esta población en el país.
Durante el debate, el ponente del informe, el asambleísta Alejandro Vanegas, señaló que la ley plantea una respuesta técnica y humana ante una situación urgente, marcada por el incremento de casos de depresión, ansiedad, violencia y abandono escolar entre niñas, niños y adolescentes. Según explicó, la propuesta fortalece la corresponsabilidad entre el sistema educativo, el sistema de salud y los gobiernos locales para atender esta problemática de manera articulada.
La normativa introduce reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Salud Mental, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con el objetivo de coordinar acciones entre distintas instituciones del Estado. Entre sus disposiciones principales está la incorporación obligatoria de la materia “Psicoeducación” en la malla curricular de las unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales.
De acuerdo con el texto aprobado, esta asignatura estará orientada al fortalecimiento de habilidades psicosociales, la resiliencia emocional, la convivencia pacífica y la detección temprana de señales de alerta en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. La ley también ordena la implementación de programas de promoción y prevención con enfoque intercultural, territorial y de género, adaptados a las realidades de pueblos y nacionalidades.
Además, la norma impulsa la creación de espacios comunitarios de apoyo psicosocial en el primer nivel de atención del sistema de salud y permite la participación de estudiantes de los últimos semestres de Psicología en actividades de promoción y prevención, siempre bajo supervisión profesional. También establece que las aseguradoras y empresas de medicina prepagada deberán incluir coberturas de salud mental y dispone campañas permanentes para denunciar centros ilegales o prácticas no autorizadas.
Con esta aprobación, la Asamblea da paso a una legislación que busca dejar atrás una visión reactiva de la salud mental y avanzar hacia un modelo de prevención, acompañamiento y atención temprana desde las aulas, las comunidades y los servicios de salud.
Tras le último fallo de la Corte Constitucional (CC), el presidente Daniel Noboa ya puede emitir el decreto ejecutivo que convoca a un referéndum para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades y que ésta pase a la Asamblea Nacional.
¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?
La CC se pronunció a través de un auto de verificación el pasado 16 de abril, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció y remitió el proyecto de enmienda que envió Noboa al organismo electoral pese a que debía enviarlo a la Corte Constitucional.
Según fuentes de Carondelet, se espera que la pregunta de enmienda constitucional pueda ser incluida en una papeleta adicional en las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. (I)
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