Opinión
Una cosa es…

Una cosa es en la calle y otra en las urnas. Veamos si los incendios callejeros se reflejan en los votos. Y es que esta reflexión responde al hecho de conocer que el Consejo ampliado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) resolvió que Leonidas Iza sea candidato a la Presidencia de la República en las elecciones anticipadas que se realizarán el domingo 20 de agosto.
Cuando escribíamos días atrás con respecto al juicio político al Presidente de la República comentamos que frente a la crisis institucional que vive el país y el descrédito total de la Asamblea Nacional le quedaba al Inquilino de Carondelet un solo cartucho y que se estaba tardando en disparar, pero al final lo hizo decretando la muerte cruzada la cual fue aplaudida por el Ecuador entero de tal suerte que según alguna encuestadora un setenta y pico por ciento de ecuatorianos estaban de acuerdo con la mandada a casa a las y los asambleístas.
En ese proceso de reflexión también habíamos comentado que la suerte del Presidente estaba echada, ya que si fallaba el juicio político porque no daban los votos para ello, y salía airoso de ese malogrado juicio político que fue instaurado sin acusación por parte de la Comisión de Fiscalización y Control Político sino por venganza y revanchismo e intereses mezquinos ya que no se pensaba en la salud de la patria, el país se iba a encender porque Leonidas Iza lo anunció, pues incluso se fue a parar a las puertas de la Corte Constitucional cuando ese órgano debía emitir el dictamen de admisibilidad para el juicio político, lo cual sonó a amenaza que de alguna manera puso en duda el pronunciamiento de la Corte Constitucional.
Y es que ese plantón acompañado de consignas y pronunciamientos en redes sociales y medios de comunicación nos condujo por el camino equivocado a pensar que los hechos de 2019 y de 2021 se iban a reeditar y el Palacio de Carondelet iba a tener otro huésped, pues no estaba en nuestra lectura y reflexión política que al brabucón de poncho rojo y dorado al mismo tiempo, le estaba tentando el solio presidencial por la vía pacífica, que es el proceso electoral, puesto que al líder de la CONAIE no le hemos sentido como un ser de paz, de diálogo, sino de fuete, gasolina y bombas molotov.
A cada santo su vela. Y estamos convencidos -aspiramos no equivocarnos una vez más- que el supuesto coautor del libro “Estallido, La Rebelión de octubre en Ecuador no va a ganar en las urnas y con ello quedaría demostrado que Leonidas Iza ni su organización social representan al pueblo ecuatoriano ni que ese pueblo estuvo en las calles y que desde lo personal, no me siento representado desde lo ético.
Ergo, el Ecuador incendiado y destruido en los años 2019 y 2021 no tuvo como protagonista al pueblo del Ecuador sino fue destruido por quienes han emprendido una ola de violencia en el país, como lo reconoció el prologuista del mentado libro cuando escribió: Arriesgamos como conjetura que el correísmo, asentado sobre todo en un poder apropiado de manera coyuntural y transitoria por la vía electoral, estuvo presente, colegimos. Y concluyendo, recordamos, que el orgullo de quienes no pueden edificar es destruir. Fuente: El Telégrafo
Noticias Zamora
Oro entre la esperanza y la exclusión: el grito silenciado de Zamora Chinchipe

Por: Alcíbar Lupercio – Periodista comunitario.
En este pedazo de la Amazonía ecuatoriana, donde el verde espeso de la selva se funde con el sudor del trabajo honrado, la tierra guarda un tesoro tan brillante como polémico: el oro. Desde su redescubrimiento en la década de los 80, cuando las minas de Nambija abrieron sus entrañas a la esperanza, la provincia de Zamora Chinchipe no volvió a ser la misma. Pero el oro, que debía traer desarrollo, ha terminado sembrando conflicto, división y desconfianza.
No fue la riqueza la que trajo primero a los habitantes, sino la necesidad. En los años 60, cuando la sequía azotaba a Loja, muchos migraron hacia esta provincia. Vinieron con la firme decisión de hacer patria, de habitar estas tierras que también eran codiciadas por intereses extranjeros. Aquí alzaron la bandera del Ecuador, hombro a hombro con los pueblos originarios, como el shuar, defendiendo con valor un territorio que otros intentaban arrebatar. Hoy, medio siglo después, la amenaza no viene del vecino país, sino de los tentáculos de poder económico –nacional e internacional– que han descubierto en Zamora no solo un suelo fértil, sino un botín dorado que se pretende arrancar sin importar el costo social o ambiental.
La minería, legal o no, ha sido durante décadas el motor económico de esta provincia. Miles de familias han vivido de ella, han puesto pan en sus mesas, han pagado estudios y han generado empleo donde el Estado ha estado ausente. Y sin embargo, son precisamente esos pequeños mineros los que hoy son estigmatizados, perseguidos y silenciados. El discurso de la defensa del medio ambiente se ha vuelto el nuevo dogma de los poderosos para legitimar el despojo y marginar a los verdaderos actores del territorio.
La criminalización de la pequeña minería, en contraste con la permisividad hacia las transnacionales, es una paradoja que hiere. Se persigue al campesino que extrae oro con sus propias manos, mientras se abren las puertas a quienes vienen con maquinaria pesada, contratos blindados y respaldo político. Se ignora que el problema no es la minería, sino la falta de regulación justa, de acompañamiento técnico, de créditos, de capacitación, de visión de Estado.
Hoy no hay dinero en las calles de Zamora. La paralización minera no solo afecta a los mineros, sino a los comerciantes, transportistas, productores, emprendedores. Se detuvo el flujo económico y con él, el aliento de una provincia que ha aprendido a sostenerse casi sola. La pobreza golpea con fuerza, mientras las autoridades locales miran de lejos, sin proponer soluciones ni liderar un verdadero diálogo.
No se puede andar sobre oro y vivir en la miseria. No se puede exigir cuidado ambiental sin ofrecer alternativas reales. Y no se puede llamar ilegal a quien ha trabajado la tierra por generaciones, mientras se legaliza, con leyes a la medida, a los grandes capitales.
La solución no está en la represión, ni en el silencio cómplice. Está en la regularización, en el acompañamiento, en la justicia social y en el respeto por quienes han sostenido esta provincia sin ayuda estatal. Está en mirar con seriedad a la pequeña minería y reconocer su aporte al tejido económico local. Está en sembrar paz, diálogo, desarrollo y dignidad.
Zamora Chinchipe no es solo un mapa minero. Es un territorio de historia, de lucha, de cultura y de gente que merece vivir con derechos, no con dádivas. El Estado tiene una deuda histórica con esta provincia, y es momento de saldarla con políticas públicas reales, no con persecuciones disfrazadas de legalidad.
Los mineros no son delincuentes. Son emprendedores, padres y madres de familia, ciudadanos que exigen ser reconocidos. Y su grito, aunque intenten callarlo, retumba en las montañas que alguna vez defendieron héroes anónimos. Porque esta tierra, rica en recursos, no puede seguir empobrecida por decisiones centralistas ni por intereses ocultos.
Legalizar la pequeña minería, apoyar al productor, invertir en infraestructura social, y erradicar la corrupción que se esconde en las instituciones del Estado no es una opción: es una urgencia ética. De lo contrario, nos estaremos auto eliminando como sociedad y como país.
Es tiempo de unidad. Es tiempo de verdad. Es tiempo de justicia.
Noticias Zamora
Un buen padre deja huellas, no cicatrices

Noticias Zamora
La nueva regulación del consumo de drogas y su impacto en la sociedad ecuatoriana

El 7 de junio de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una reforma integral que busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Esta ley introduce cambios significativos en la regulación del consumo de drogas, reemplazando la anterior «Tabla de Drogas» por un sistema más técnico y contextualizado.
La Tabla de Umbrales de Consumo, también conocida como «Tabla de Drogas» establecida en 2013 por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), fijaba cantidades máximas de diversas sustancias que una persona podía portar para que se considerara consumo personal y no tráfico ilícito. Sin embargo, en noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa derogó esta tabla mediante el Decreto Ejecutivo N.º 28, argumentando que facilitaba el microtráfico al permitir que se encubriera como consumo personal el tráfico de pequeñas cantidades. Esta eliminación dejó un vacío legal que fue parcialmente cubierto por una resolución de la Corte Nacional de Justicia número 14-2023, instruyendo a jueces y fiscales a evaluar caso por caso, basándose en análisis meticuloso del caso en concreto.
La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, aprobada el 7 de junio del 2025, reforma el artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para establecer que los parámetros para determinar el consumo personal de drogas serán fijados y actualizados mediante una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Lo que busca evitar la criminalización de los consumidores y garantizar que no se confundan con traficantes por la sola posesión de una cantidad determinada.
La nueva normativa establece que no se presumirá el consumo de drogas en ningún caso. Por lo tanto, será requisito obligatorio la realización de pericias toxicológicas o psicológicas antes de emitir cualquier decisión o informe legal correspondiente. Lo cual permite una evaluación más justa y precisa de cada situación, diferenciando claramente entre consumo personal y microtráfico.
Aunque la reforma ha sido vista como un avance hacia un trato más justo para los consumidores, algunos expertos en derecho penal han cuestionado la participación de entidades judiciales en la definición de parámetros técnicos sobre adicciones, argumentando que se trata de un tema de salud pública que requiere la intervención de especialistas. Además, la implementación efectiva de estos nuevos criterios dependerá de la capacitación y coordinación entre las instituciones involucradas.
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