Opinión
Un compromiso…

Un compromiso ético por la justicia. Es así como empieza el flamante Presidente del Consejo de la Judicatura firmando un papel que, luego de seguro, se convertirá en periódico de ayer, porque ese “documento” a la vuelta de la esquina no puede surtir ningún efecto jurídico en caso de incumplimiento. Es una suerte de saludo a la bandera, lo que se evidenciará en los próximos días y al final de su gestión.
Un compromiso ético en términos generales implica contribuir en el establecimiento, mantención y fortalecimiento de una cultura basada en el respeto, la honestidad y la integridad y de actuar bajo los principios, valores, normas y pautas que conducen a un buen comportamiento personal y social, con la finalidad de inducir, motivar y facilitar la toma de decisiones en la esfera de la administración pública conforme valores éticos y que se traduzcan en acciones favorables para el bien común. Pensando en voz alta, creemos que ese compromiso es personal, cargado de un exceso de motivación, propio del recién iniciado y le tomamos la palabra; pero generar un documento comprometiendo sanar al sistema de justicia, es pedir peras al olmo, dice la abuela de la casa y a ello apunta el documento de marras. Y en esa misma línea de reflexión, esperemos que no sea arrancada de caballo y parada de burro.
Y es que una cosa es con guitarra y otra con violín. Como todo funcionario que se inicia en el cargo evidencia en el discurso las mejores intenciones, sin embargo, ya en el ejercicio de la función, es decir, cuando debe tomar al toro por los cuernos se topa con la realidad. Esa realidad que no podrá cambiar con el documento firmado porque además debe contar con otras voluntades como son las de los vocales del órgano que preside y por supuesto con las de los servidores judiciales, esto es jueces, fiscales, defensores públicos y demás funcionarios. Cuando el cambio no se puede dar por el solo decir o el solo pensar, sino requiere de actitudes y esas son las que faltan en la justicia ecuatoriana, a lo menos en la de los últimos tiempos, que ha estado al servicio de la clase política y la delincuencia organizada, llegando al extremo de hoy por hoy hablar de la existencia de “jueces de alquiler”, que por supuesto son pocos, pero afean a toda una institución.
En un sistema de justicia que se encuentra en entredicho y del que es responsable justamente el órgano que lo preside, ese papel está por demás, pues suena a fanfarronería. Toda vez que la ética en la función no es asunto de escribirla en un papel sino de ejercitarla porque es un deber ciudadano en los términos del Art. 83 de la Constitución dela Republica, pues vale recordar que son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos: promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular; administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción; asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad, entre otras. Ergo, el papel firmado por el Presidente del Consejo de la Judicatura está por demás porque hay un mandato constitucional de comportarse éticamente como ciudadano. Y de nuestra cosecha decimos, al margen del papel firmado, esperamos mañana ver un respeto irrestricto al principio de independencia interna de los jueces y autonomía de los fiscales, para que no repitamos lo que viejo el adagio popular dice, que el gallo de arriba se ensucia en el de abajo toda la noche, porque esa es la constante en un órgano que nombra y sanciona al mismo tiempo. Difícil tarea, señor Presidente, pues vale recordarle “obras son amores, que no buenas razones” que en sentido general, se refiere a los que hablan mucho pero luego nada hacen o no cumplen lo prometido, amén que el papel aguanta todo. Fuente: El Telégrafo
Noticias Zamora
Oro entre la esperanza y la exclusión: el grito silenciado de Zamora Chinchipe

Por: Alcíbar Lupercio – Periodista comunitario.
En este pedazo de la Amazonía ecuatoriana, donde el verde espeso de la selva se funde con el sudor del trabajo honrado, la tierra guarda un tesoro tan brillante como polémico: el oro. Desde su redescubrimiento en la década de los 80, cuando las minas de Nambija abrieron sus entrañas a la esperanza, la provincia de Zamora Chinchipe no volvió a ser la misma. Pero el oro, que debía traer desarrollo, ha terminado sembrando conflicto, división y desconfianza.
No fue la riqueza la que trajo primero a los habitantes, sino la necesidad. En los años 60, cuando la sequía azotaba a Loja, muchos migraron hacia esta provincia. Vinieron con la firme decisión de hacer patria, de habitar estas tierras que también eran codiciadas por intereses extranjeros. Aquí alzaron la bandera del Ecuador, hombro a hombro con los pueblos originarios, como el shuar, defendiendo con valor un territorio que otros intentaban arrebatar. Hoy, medio siglo después, la amenaza no viene del vecino país, sino de los tentáculos de poder económico –nacional e internacional– que han descubierto en Zamora no solo un suelo fértil, sino un botín dorado que se pretende arrancar sin importar el costo social o ambiental.
La minería, legal o no, ha sido durante décadas el motor económico de esta provincia. Miles de familias han vivido de ella, han puesto pan en sus mesas, han pagado estudios y han generado empleo donde el Estado ha estado ausente. Y sin embargo, son precisamente esos pequeños mineros los que hoy son estigmatizados, perseguidos y silenciados. El discurso de la defensa del medio ambiente se ha vuelto el nuevo dogma de los poderosos para legitimar el despojo y marginar a los verdaderos actores del territorio.
La criminalización de la pequeña minería, en contraste con la permisividad hacia las transnacionales, es una paradoja que hiere. Se persigue al campesino que extrae oro con sus propias manos, mientras se abren las puertas a quienes vienen con maquinaria pesada, contratos blindados y respaldo político. Se ignora que el problema no es la minería, sino la falta de regulación justa, de acompañamiento técnico, de créditos, de capacitación, de visión de Estado.
Hoy no hay dinero en las calles de Zamora. La paralización minera no solo afecta a los mineros, sino a los comerciantes, transportistas, productores, emprendedores. Se detuvo el flujo económico y con él, el aliento de una provincia que ha aprendido a sostenerse casi sola. La pobreza golpea con fuerza, mientras las autoridades locales miran de lejos, sin proponer soluciones ni liderar un verdadero diálogo.
No se puede andar sobre oro y vivir en la miseria. No se puede exigir cuidado ambiental sin ofrecer alternativas reales. Y no se puede llamar ilegal a quien ha trabajado la tierra por generaciones, mientras se legaliza, con leyes a la medida, a los grandes capitales.
La solución no está en la represión, ni en el silencio cómplice. Está en la regularización, en el acompañamiento, en la justicia social y en el respeto por quienes han sostenido esta provincia sin ayuda estatal. Está en mirar con seriedad a la pequeña minería y reconocer su aporte al tejido económico local. Está en sembrar paz, diálogo, desarrollo y dignidad.
Zamora Chinchipe no es solo un mapa minero. Es un territorio de historia, de lucha, de cultura y de gente que merece vivir con derechos, no con dádivas. El Estado tiene una deuda histórica con esta provincia, y es momento de saldarla con políticas públicas reales, no con persecuciones disfrazadas de legalidad.
Los mineros no son delincuentes. Son emprendedores, padres y madres de familia, ciudadanos que exigen ser reconocidos. Y su grito, aunque intenten callarlo, retumba en las montañas que alguna vez defendieron héroes anónimos. Porque esta tierra, rica en recursos, no puede seguir empobrecida por decisiones centralistas ni por intereses ocultos.
Legalizar la pequeña minería, apoyar al productor, invertir en infraestructura social, y erradicar la corrupción que se esconde en las instituciones del Estado no es una opción: es una urgencia ética. De lo contrario, nos estaremos auto eliminando como sociedad y como país.
Es tiempo de unidad. Es tiempo de verdad. Es tiempo de justicia.
Noticias Zamora
Un buen padre deja huellas, no cicatrices

Noticias Zamora
La nueva regulación del consumo de drogas y su impacto en la sociedad ecuatoriana

El 7 de junio de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una reforma integral que busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Esta ley introduce cambios significativos en la regulación del consumo de drogas, reemplazando la anterior «Tabla de Drogas» por un sistema más técnico y contextualizado.
La Tabla de Umbrales de Consumo, también conocida como «Tabla de Drogas» establecida en 2013 por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), fijaba cantidades máximas de diversas sustancias que una persona podía portar para que se considerara consumo personal y no tráfico ilícito. Sin embargo, en noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa derogó esta tabla mediante el Decreto Ejecutivo N.º 28, argumentando que facilitaba el microtráfico al permitir que se encubriera como consumo personal el tráfico de pequeñas cantidades. Esta eliminación dejó un vacío legal que fue parcialmente cubierto por una resolución de la Corte Nacional de Justicia número 14-2023, instruyendo a jueces y fiscales a evaluar caso por caso, basándose en análisis meticuloso del caso en concreto.
La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, aprobada el 7 de junio del 2025, reforma el artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para establecer que los parámetros para determinar el consumo personal de drogas serán fijados y actualizados mediante una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Lo que busca evitar la criminalización de los consumidores y garantizar que no se confundan con traficantes por la sola posesión de una cantidad determinada.
La nueva normativa establece que no se presumirá el consumo de drogas en ningún caso. Por lo tanto, será requisito obligatorio la realización de pericias toxicológicas o psicológicas antes de emitir cualquier decisión o informe legal correspondiente. Lo cual permite una evaluación más justa y precisa de cada situación, diferenciando claramente entre consumo personal y microtráfico.
Aunque la reforma ha sido vista como un avance hacia un trato más justo para los consumidores, algunos expertos en derecho penal han cuestionado la participación de entidades judiciales en la definición de parámetros técnicos sobre adicciones, argumentando que se trata de un tema de salud pública que requiere la intervención de especialistas. Además, la implementación efectiva de estos nuevos criterios dependerá de la capacitación y coordinación entre las instituciones involucradas.
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