El Grupo Noboa, uno de los conglomerados empresariales más grandes del Ecuador, redujo su deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI) de cerca de USD 98 millones a cero, luego de acogerse a la remisión tributaria establecida en la Ley de Integridad Pública, aprobada durante el gobierno del presidente Daniel Noboa.

Según explicó el abogado del grupo empresarial, Fernando Yávar, la deuda del grupo Noboa se originaba en alrededor de 25 rubros, acumulados entre 2006 y 2025, que con intereses, multas y costas ascendían a USD 98 millones.

El jurista precisó que dos de estos casos fueron resueltos favorablemente para el grupo en instancias judiciales contencioso-tributarias, lo que redujo el monto entre unos USD 14 y USD 15 millones, dejando un saldo de aproximadamente USD 82 millones.

Posteriormente, el conglomerado —en particular Exportadora Noboa— se acogió a la remisión tributaria contemplada en la Ley de Integridad Pública, la cual permitió cancelar el capital adeudado sin pagar intereses, multas ni costas judiciales.

«Porque en ese periodo de tres o cuatro meses que estuvo vigente la Ley de Integridad Pública, más de 100 mil contribuyentes se acogieron a esta remisión, entre ellos el el grupo Noboa que pagó más de USD 25 millones al fisco ecuatoriano»

De acuerdo con Yávar, el grupo pagó al fisco USD 25’768.621, lo que permitió extinguir totalmente su deuda.

“La consecuencia de la remisión fue que no se cobraron multas ni intereses. Por eso hoy no existe ninguna deuda pendiente por parte del Grupo Noboa ni de Exportadora Noboa con el SRI”, puntualizó.

El abogado también recordó que desde 2006 se han emitido siete leyes de remisión tributaria en el país: tres durante el gobierno de Rafael Correa, una con Lenín Moreno, una con Guillermo Lasso y dos bajo la administración de Daniel Noboa.

Yávar señaló que, la última de ellas fue expulsada del ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional, aunque antes de ello más de 100.000 contribuyentes lograron acogerse a sus beneficios, incluyendo al grupo Noboa.

A finales de septiembre, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales dos de las cinco leyes tramitadas por Noboa mediante el mecanismo exprés de “urgencia económica”: la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública.

La Corte determinó que la primera de estas normas “mezcló materias económicas, penales y de seguridad, usando indebidamente el procedimiento de urgencia económica”, mientras que la segunda vulneró los principios de unidad de materia, publicidad y deliberación democrática.

«Estas decisiones recuerdan que ninguna ley puede aprobarse con atajos que limiten el debate público o sin una verdadera justificación económica», concluyó el alto tribunal. Fuente: Vistazo