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Tres puertos marítimos de Ecuador registran niveles de riesgo “muy altos” frente al narcotráfico

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Los altos niveles de corrupción o de infiltración del ‘narco’, la amenazas de intrusión no autorizada en las cercas perimetrales o de sujeción de carga con drogas en los cascos de buques. Esos son los factores que elevan a “muy alto” el riesgo en tres puertos marítimos de Ecuador.

Contecon (Puerto de Guayaquil), la Terminal Portuaria de Guayaquil (TPG/Narpi) -ambos ubicados al sur de la ciudad- y Yilport -ubicado en Puerto Bolívar, Machala- son las terminales más vulnerables frente al narcotráfico en las provincias de Guayas y El Oro.

Al menos esa es la conclusión a la que llega un estudio de seguridad sobre los puertos de las dos provincias contratado por la Comisión Europea, el organismo de gobierno de la Unión Europea, que abarcó, entre otras terminales, a siete puertos de primera prioridad del país.

El estudio se realizó a lo largo de seis meses de investigación, entrevistas y visitas de campo y midió ocho amenazas, entre ellas los niveles de infiltración y de corrupción, el riesgo de intrusión desde la orilla, en el control de acceso o a través de cercas en el perímetro.

También se evaluaron amenazas, como la manipulación de contenedores, al interior de las instalaciones, el abordaje no autorizado de embarcaciones junto al puerto o la fijación de carga ilícita al casco de los buques.

Todos los siete puertos estudiados registran niveles “altos” de riesgo en los escenarios de estudio. Entre ellos está DP World (Posorja), Naportec/Bananapuerto (Guayaquil), Nirsa (Posorja) y Sálica del Ecuador (Posorja).

Pero el informe, publicado en junio de 2024, identifica “la más alta vulnerabilidad” y enfatiza  recomendaciones para reducir el nivel de riesgo en las siguientes tres instalaciones portuarias:

Contecon y la amenaza de infiltración narco
La concesionaria Contecon, que opera el Puerto de Guayaquil, ha sido evaluada con un nivel de riesgo muy alto en términos de amenazas relacionadas con la infiltración del narco y la corrupción del personal.

Se han documentado casos de corrupción dentro de Contecon y además existe un historial de incidentes que incluyen ataques y casos de homicidios, recoge el informe.

La alta rotación del personal y el hecho de que la evaluación de los trabajadores no se refrende a través de la Fuerza Pública se señalan como puntos críticos. “Los guardias privados se consideran altamente vulnerables”, dice el informe.

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Aunque se están implementado medidas y las tendencias indican un cambio hacia la contaminación con drogas que ocurre fuera de la instalación portuaria, la captación de personal se considera “una debilidad”.

La presión de grupos criminales al personal hace imperativo fortalecer el control y evaluación de los trabajadores, en coordinación con las autoridades, para prevenir corrupción interna. También se recomienda mejorar sueldos e implementar estrategias de seguridad para los empleados.

TPG, cuatro “muy altas” amenazas
En tanto, el Terminal Portuario de Guayaquil (TPG/Inarpi), que desde el sector privado ocupa una posición destacada en el movimiento de carga del país, enfrenta niveles de riesgo «muy altos» en cuatro escenarios críticos de amenaza.

Entre ellas, además de la corrupción y la infiltración del personal, se cuenta la vulnerabilidad en el control de acceso y del cercado perimetral contra las intrusiones no autorizadas de personas, a más de manipulación de contenedores al interior de la terminal.

El estudio señala que TPG no disponía de un Plan de Protección de Instalaciones Portuarias al momento de la evaluación (a inicios de año), obligatorio bajo el Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (Código PBIP).

Exportadoras de banano indagadas por envíos fraudulentos de droga
La pérdida de este plan se debió a que un antiguo oficial de seguridad portuaria lo destruyó, borrando el contenido almacenado en discos duros, para luego huir llevándose las armas de la empresa, refiere el informe.

Combo de imagen de un ataque armado «casi mortal» contra personal de la Terminal Portuaria de Guayaquil (TPG), el 15 marzo de 2024, mes en el que se contabilizaron dos ataques en retaliación por la captura de sospechosos. A eso se suman incidentes, como el hallazgo de un artefacto explosivo en TPG el pasado 21 de agosto y un ataque contra una camioneta de personal de control aduanero cinco días antes, en la misma zona de la Isla Trinitaria, al sur de Guayaquil, donde se encuentran los puertos privados de la ciudad.Informe Comisión Europea
Son dignos de mención un ataque casi mortal en marzo de este año, que le siguió a otro atentado contra tres trabajadores.

Estos incidentes se correlacionan con el arresto de sospechosos que planeaban recurrir al método de rip-on (gancho ciego) para contaminar con droga contenedores al interior de las instalaciones portuarias, agrega el documento.

Además, la terminal enfrenta problemas de seguridad por la alta exposición a delitos en las inmediaciones de sus instalaciones (el robo y la extorsión a los conductores de camiones, por ejemplo) y por un “vallado en mal estado”, en un sector urbano marginal de la Isla Trinitaria, al sur de la ciudad.

Como medida de respuesta, TPG ha iniciado mejoras en el perímetro y ha contratado a un asesor especializado en seguridad (exagente de la DEA).

No obstante, de acuerdo al informe, los problemas de seguridad han rebasado la capacidad de la terminal por lo que se recomienda una mayor colaboración con la Marina y la Policía para abordar el riesgo en las áreas adyacentes a los puertos privados.

Yilport y el riesgo de sujeción al casco de buques
En el caso de Yilport, el operador de la terminal de Puerto Bolívar en Machala (El Oro), se señalan niveles de riesgo muy alto en tres escenarios de amenaza, lo que incluye una vulnerabilidad en el control de acceso o intrusión de personas no autorizadas.

El segundo escenario se refiere al riesgo de acceso a contenedores o a contaminación de cargas con drogas en la propia instalación portuaria, pues en 2023 se registraron cinco incautaciones en estructuras y paneles frigoríficos de los contenedores.

La tercera amenaza corresponde al riesgo de la fijación subacuática con buzos de cajas de cocaína a los cascos de los buques, junto a la instalación portuaria.

La ausencia de capacidad de buceo, entre otras vulnerabilidades, justifica una puntuación de riesgo tan alto, señala el estudio, en el que se anota que el operador implementa medidas para mejorar protocolos de inspección y seguridad.

Ubicación de los puerto privados de la Terminal Portuaria de Guayaquil (TPG) y Naportec / Bananapuerto, en el sur de Guayaquil, vecinos de zonas urbanas deprimidas en la Isla Trinitaria, en las que operan bandas criminales.Informe Comisión Europea
¿Qué dicen los puertos?
Uno de los grandes desafíos de seguridad que subraya el informe es que los puertos del sur de Guayaquil están integrados con calles y barrios marcados por condiciones de vida marginales, dominados por bandas criminales.

Las largas colas de acceso a puertos como TPG alcanzaron retrasos de hasta cuatro horas, creando un tráfico caótico en la calle que conduce a la puerta de la terminal en la Trinitaria. Y el estudio habla de “operaciones que posiblemente excedan su capacidad” en ese puerto.

La Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (Asotep) -que representa a puertos como TPG y el vecino Naportec/Bananapuerto- resaltó el compromiso continuo en la implementación de medidas de control y coordinación con las autoridades.

En una respuesta a un cuestionario remitido por PRIMICIAS, Asotep señala que el narcotráfico ha afectado de manera significativa las operaciones en los principales puertos del país, como los de Guayaquil, Esmeraldas, Manta y Puerto Bolívar.

Pero la entidad señala que se requiere de esfuerzos conjuntos entre terminales, autoridades y sectores productivos para mejorar la seguridad en cada eslabón de la cadena logística.

La implementación de escáneres en terminales como Naportec y TPG en el sur de Guayaquil han supuesto una inversión de más de USD 30 millones en tecnología y seguridad. El 100% de la carga de exportación es escaneada para evitar la contaminación de droga en estos puertos, señala la institución.

Estos controles no intrusivos, añade Asotep, se encuentran en total funcionamiento desde mayo de 2024 y se realizan en coordinación con la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).

También se señala desde las terminales que el caos vehicular y las largas filas de camiones en los accesos a los terminales se han abordado mediante coordinación con autoridades locales y nacionales, y con obras de implementación de vías de acceso adicionales.

Además, se han implementado zonas de espera para reducir la congestión y mejorar la seguridad de conductores y transportistas, agregan.

PRIMICIAS remitió el pasado 23 de octubre un cuestionario de preguntas a Contecon y, aunque desde la concesionaria se comprometieron a contestar, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. Tampoco se obtuvo contestación de Yilport.

Asotep refuta apartes del informe
La Asociación de Terminales Portuarios Privados también refutó puntos del informe contratado por la Comisión Europea, como la relación entre la cercanía de población y el incremento de delitos.

Para la agremiación, asumir que la ubicación de los puertos genera inseguridad en lugar de enfocar el problema en las bandas delictivas muestra un desconocimiento de las operaciones y realidades portuarias en Ecuador.

También rechazó los cuestionamientos del informe a la legislación portuaria de Ecuador, que permite diferentes modelos de gestión portuaria, con inversión estatal y privada.

Y es que el estudio sugiere que la legislación (y la diferencia de compensación estatal aplicada entre las instalaciones portuarias) ha incidido en la pérdida de competitividad del Puerto de Guayaquil (Contecon), y en el traslado reciente de navieras desde esta terminal a TPG y DP World (Posorja), lo que podría incrementar la presión criminal y los problemas de drogas en estas dos últimas terminales.

“Gobernar bajo una ley portuaria obsoleta desde la década de 1970, junto con regulaciones fragmentadas, ha creado un sistema portuario desequilibrado en Ecuador”.

Informe comisión
El informe también cuestiona las responsabilidades separadas para la política de seguridad (a cargo de la Dirección de Espacios Acuáticos, Dirnea) y la operación portuaria (a cargo de la Subsecretaría de Transportes), que «impactan negativamente en ambos campos».

Según el estudio, un marco legal obsoleto impacta negativamente, tanto en la seguridad como en la competitividad. “Estas deficiencias han tenido efectos adversos sobre las compensaciones adeudadas al Estado”, añade el documento.

La asociación de terminales privados expresó su preocupación por la publicación del informe, que creían confidencial.

Asotep destacó que desde enero de 2024 todos los terminales operan bajo el Nivel de Protección 2 debido a la declaratoria de conflicto armado interno, cumpliendo con las regulaciones exigidas por el Estado y los estándares de la Organización Marítima Internacional.

Sin embargo, desde las terminales privadas se enfatiza que ahondar o compartir información detallada sobre sus sistemas de seguridad pondría en riesgo al personal y a las instalaciones. Fuente: Primicias

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Acuerdo que flexibiliza la jornada laboral en Ecuador tendrá tres cambios, anuncia el Ministro de Trabajo

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El acuerdo ministerial con el que se flexibiliza la jornada laboral sigue en revisión por parte del Ministerio del Trabajo y hasta ahora lleva tres cambios, con relación al documento entregado inicialmente a los inspectores de trabajo y que se hizo público el 19 de febrero de 2026.

Así lo explicó el Ministro de Trabajo, Harold Burbano, a PRIMICIAS, en una entrevista realizada el 26 de febrero de 2026. Se espera la publicación del documento final en el Registro Oficial para los próximos días.

Burbano también aclaró que aún está prevista la publicación de los nuevos salarios mínimos sectoriales para 2026, con incrementos acorde al comportamiento de cada sector.

El acuerdo MDT-2026-046 fue firmado por usted el 18 de febrero y en su disposición final dice que «entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial». ¿Por qué dijo que no está vigente?
La Corte Constitucional y el artículo 5 del Código Civil establece que un acto normativo, como lo es un acuerdo ministerial, no entra en vigencia si no se sigue el procedimiento adecuado de publicación en el Registro Oficial, en cumplimiento del principio de publicidad. Esto lo ha dicho la Corte en muchas de sus sentencias.

Y esta muletilla que, no solo la pone el Ministerio de Trabajo sino toda la institucionalidad, en realidad no surte ningún efecto, hasta tenerlo publicado. Entonces, si la pregunta es si está en vigencia, la respuesta es no.

Entonces, ¿por qué hay un documento donde está su firma?
Porque el primer paso que acordamos para poder tener una discusión final sobre esta propuesta es que exista una borrador formal, que es el que yo procesé y puse a disposición de los miembros del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios.

«El pronunciamiento oficial de la autoridad es que no está en vigencia, no estamos haciendo ninguna actuación judicial ni administrativa con el documento».

Harold Burbano, ministro de Trabajo.
Entrará en vigencia cuando se lo publique en el Registro Oficial. Estamos teniendo las últimas reuniones de socialización. Además, hemos hecho adecuación al texto.

¿Qué tipo de adecuaciones han hecho a este documento? 
Hemos hecho tres adecuaciones en esta última semana. La primera, aclarar de manera puntual que cuando existan contratos colectivos en las empresa donde se quiera adecuar la jornada especial, tiene que evidenciarse el acuerdo entre las partes dentro de ese contrato colectivo; no puede hacerse de manera individual con los agremiados.

La segunda es poner de manera expresa cuál va a ser el horario tanto continuo como discontinuo que podrán acordar empleadores y trabajadores, para evitar que se confunda esto con las críticas constantes que se han hecho de que es un banco de horas.

No es que un empleador dispone de las 40 horas de su trabajador de manera arbitraria, el acuerdo tiene que estar de manera expresa en el contrato de trabajo o en la adenda al contrato.

El rango de horas puede establecerse durante todo el día con los recargos establecidos. Si un trabajador pacta, por ejemplo, un horario nocturno de 10 horas, va a trabajar cuatro días a la semana, con los recargos establecidos en la ley para el pago de hora nocturna.

No es que se están vulnerando derechos establecidos en el Código del Trabajo, básicamente es un mecanismo para poder redistribuir las horas de trabajo y adecuar la ley a la realidad actual.

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¿Cuál sería el tercer cambio que están estableciendo? 
El tercer cambio es especificar cuándo se pueden dar las 12 horas de trabajo, porque esa también ha sido una crítica. Las 12 horas son una excepción para un sector en particular, que es el del transporte, que además tiene su norma particular.

Esto se está haciendo junto con otras aclaraciones particulares de jornadas con rango de horario menor, por ejemplo, la de los radiólogos o personas que trabajan en subsuelos. Existe una norma legal que señala que no se puede aumentar este tiempo a más de 6 horas y una hora suplementaria extra.

Entonces, con respecto al artículo 4, ¿ya no se podrá incrementar las horas de trabajo a cambio de días de descanso para todos los trabajadores, únicamente para transportistas?
Así es, se va a dejar claro para qué sector aplica la extensión de las 12 horas, e igualmente las horas disminuidas.

«La regla general va a ser 40 horas semanales y hasta 10 horas diarias, con los recargos pertinentes». Harold Burbano, ministro de Trabajo

¿Y la extensión de la jornada para los transportistas, a cambio de días de descanso, incluirá también los recargos de ley por horas extras o nocturnas? 
No está cambiando nada, solo el procedimiento de registro. Por ejemplo, si es que quiere plantear tres o cuatro turnos de 12 horas para el tema del transporte, ya no va a trabajar 40 horas semanales, sino 48 horas.

Esas 8 horas extras, de las 40 horas, se pagan conforme a los recargos establecidos en la ley. Eso ya pasa con la aprobación del Ministerio de Trabajo, se llama jornada extraordinaria.

Entonces, vamos a seguir aprobando esas jornadas extraordinarias, pero ahora con una diferenciación, porque no había un tiempo perentorio para que se aprueben esas jornadas, y muchas veces ya rayaban en la ilegalidad, porque se implementaban sin tener la resolución del Ministerio de Trabajo.

Ahora, nos hemos dado 10 días para aprobar esa jornada; de no existir la aprobación, vamos a sancionar al funcionario que debía emitir la aprobación y se va a aprobar de manera tácita esta jornada especial. Además, se implementará un mecanismo de control a la empresa o al empleador que está pidiendo la aprobación de esta jornada.

En cuanto a la distribución de la jornada de 40 horas, ¿si una persona labora 10 horas, se le pagarán los recargos nocturnas, aunque al siguiente día trabaje 6 horas?
Si el trabajador tiene un horario de 2 de la tarde a 10 de la noche, ese tiempo que está dentro de la hora nocturna tiene que ser pagado con el recargo de la hora nocturna, aunque al día siguiente trabaje menos horas. El recargo se lo hace en la hora trabajada.

Al cierre del mes de febrero aún no se había publicado la tabla con los salarios mínimos sectoriales para 2026. ¿No habrá aumentos para este año? 
No se puede dar por entendido eso. Estamos actualizando los representantes de los comités sectoriales, tanto de empleadores como de trabajadores. No podíamos sentarnos a discutir con alguien que ya no tenga representatividad. Se están rearmando los consejos.

Pero lo que sí se planteó en el marco del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios es que el salario sectorial tiene que ser discutido dentro de los comités sectoriales. No lo voy a hacer de manera impositiva como se ha venido haciendo en los últimos años.

Entonces, ¿aún se puede esperar un incremento de esos salarios?
Así es, si es que el sector así lo requiere; el incremento puede ser porcentualmente mayor o menor al del salario básico unificado, porque hay sectores que han tenido mayor crecimiento económico que otros. Entonces, sería irresponsable de parte del Ministerio hacer una equiparación. En eso están de acuerdo tanto empleadores como trabajadores.

En el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios acordamos no subir los salarios mínimos sectoriales hasta que no haya un análisis en cada uno de los comités sobre el crecimiento de cada sector, porque si no  puede haber distorsiones. Hay que hacerlo de manera técnica.

¿Y cuánto puede tomarles ese análisis? Hay mucha expectativa entre los trabajadores sobre este tema. 
Tomará una o dos reuniones por sector. Entonces, creería que en el primer trimestre del año ya estará resuelto.

Tampoco lo veo como algo contrario a los derechos de los trabajadores, hemos conversado con los sindicatos y están completamente de acuerdo en que es necesario hacer este análisis.

¿En qué consiste el Acuerdo por la Empleabilidad al que ha hecho mención el Presidente en los últimos días?, ¿en qué se diferencia de la Ruta de la Empleabilidad? 
Es un procedimiento de mejora de la anterior Ruta de la Empleabilidad, en donde estamos estableciendo una obligatoriedad a todas las instituciones del sector privado de canalizar sus ofertas laborales para personas de entre 18 y 29 años, a través de la plataforma Encuentra Empleo.

Paralelamente a eso, hemos invitado a la ciudadanía, especialmente a este rango etario, a que se pueda inscribir en esta plataforma y generar su hoja de vida. Vamos a hacer los’ match’ pertinentes.

Además, se van a generar diferentes beneficios, como aprobaciones mucho más expeditas de estas jornadas laborales (establecidas en el acuerdo 046), a aquellos que contraten mayor cantidad de jóvenes en sus empresas, pero deben cumplir con unos pasos específicos para que sea solo en ese rango.

Nosotros tenemos la expectativa de que con este Acuerdo por la Empleabilidad vamos a llegar a 160.000 empleos nuevos de jóvenes a diciembre de 2026. En este momento, hay 851 empresas, de un universo de casi 90.000. Esperamos que la mayor cantidad de empresas se junten a este acuerdo nacional. Fuente: Primicias

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Exministros de Ecuador y Colombia piden un diálogo urgente para evitar una guerra comercial

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Desde este 1 de marzo de 2026 rige el alza del 30 al 50% del arancel o tasa de seguridad impuesto por Ecuador a las importaciones colombianas, en medio de una guerra comercial entre ambos países vecinos.

Para evitar una escalada de esta tensión comercial, 13 exministros de Ecuador y Colombia emitieron un comunicado conjunto este domingo, con el fin de llamar al diálogo a los gobiernos, y así desmontar este arancel, cuya resolución ya fue publicada por el Senae.

«Hacemos un llamado a los gobiernos de ambos países a restablecer de manera urgente los canales de diálogo diplomático al más alto nivel», dice el comunicado, firmado por seis exministros ecuatorianos de Comercio de distintos gobiernos, como Daniel Legarda e Iván Ontaneda.

Según los firmantes del comunicado, a través de este diálogo diplomático se podrá no solo desmontar los aranceles recíprocos impuestos, sino también establecer acciones prioritarias de seguridad fronteriza y eliminar otras medidas como la prohibición del ingreso de mercancía vía terrestre hacia Colombia, o el aumento en la tarifa de transporte de crudo.

«Recomendamos a las autoridades de ambos países retomar y honrar los compromisos en el marco de la Comunidad Andina de Naciones», agregó el comunicado de los exministros, quienes destacan que el comercio bilateral de Ecuador y Colombia asciende a casi USD 3.000 millones e involucra a más de 200.000 empleos.

El nuevo porcentaje entró en vigor exactamente un mes después de que Ecuador aplicara el arancel del 30%, dispuesto por el presidente Daniel Noboa en respuesta a la falta de control de la frontera desde Colombia.

En respuesta, Colombia también impuso un arancel del 30% a 23 partidas arancelarias, agrupadas en 73 subpartidas correspondientes a bienes agrícolas, alimenticios e industriales, que entró en vigor el martes pasado, además de haber impedido el ingreso por vía terrestre a varios productos agrícolas. Fuente: Primicias

https://twitter.com/dlegarda/status/2028093259659001857

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Gobierno ratifica que no habrá minería en Galápagos

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La nueva ley minera encendió alertas en redes sociales y colectivos ambientales. ¿Habrá minería en Galápagos? La respuesta oficial es tajante: no.

El Ministerio de Ambiente y Energía informó que el Parque Nacional Galápagos (PNG) mantiene su condición de área protegida y no puede ser intervenido para actividades mineras.

Parque Nacional Galápagos mantiene prohibición total

La entidad aclaró que dentro del Parque Nacional Galápagos no se permite minería metálica ni no metálica, sin excepción.

La normativa vigente y la Constitución protegen el área. No existen autorizaciones para explotación industrial ni para proyectos comerciales dentro del parque.

Extracción limitada solo fuera del parque

La ley contempla una excepción técnica y delimitada: fuera del PNG y únicamente en zonas definidas como Zonas de Aprovechamiento Sustentable, se podrán autorizar permisos para extracción de áridos (arena, grava, piedra) destinados exclusivamente a obra pública local.

No se trata de minería comercial ni de exportación. La autorización requerirá informes ambientales y control administrativo.

También se permitirá, bajo regulación, aprovechamiento artesanal de áridos y pétreos en áreas específicas fuera del parque.

La ley no amplía derechos mineros en Galápagos

El Ministerio sostuvo que la norma no crea nuevas competencias ni abre la puerta a minería a gran escala en el archipiélago.

Según la explicación oficial, el objetivo es ordenar actividades existentes y establecer reglas claras para frenar la extracción ilegal, que es la que genera mayores daños ambientales.

Galápagos bajo protección constitucional

Galápagos es Patrimonio Natural de la Humanidad y una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. La Constitución ecuatoriana reconoce derechos de la naturaleza y establece protección reforzada para áreas protegidas.

La aclaración oficial busca frenar interpretaciones que vinculaban la nueva ley con una posible apertura minera en el archipiélago.

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