Como parte de una estrategia integral para reforzar el control territorial y la seguridad nacional en la frontera norte del país, el Ejército Ecuatoriano ha intensificado las operaciones militares en la jurisdicción de la Brigada de Selva N.° 19 Napo, ubicada en la provincia de Orellana.

Las acciones se enmarcan en el compromiso de las Fuerzas Armadas del Ecuador con la protección de la soberanía, el mantenimiento del orden y la lucha contra amenazas provenientes de actores irregulares que operan en las zonas limítrofes. Para ello, se ha desplegado un dispositivo táctico conjunto que combina capacidades terrestres, aéreas y fluviales.

Patrullajes terrestres y apoyo aéreo
Desde las primeras horas de la madrugada, unidades militares fueron trasladadas por vía aérea y terrestre hacia puntos estratégicos de la región amazónica, caracterizada por su complejidad geográfica y alta sensibilidad en términos de seguridad. Para garantizar la continuidad operativa de las tropas ya presentes en el terreno, se efectuó también el ingreso de abastecimientos logísticos esenciales, incluyendo víveres, equipos de comunicación y provisiones médicas.

Los patrullajes terrestres se ejecutan mediante el empleo de vehículos blindados de alta movilidad 4×4 y 6×6, diseñados para operar en zonas selváticas y de difícil acceso. Esta movilidad se ve complementada con el soporte aéreo proporcionado por tres helicópteros H145 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, un helicóptero Súper Puma y dos helicópteros de combate Fennec del Ejército. La articulación interinstitucional de estos recursos permite una cobertura táctica eficiente y una capacidad de respuesta inmediata ante cualquier amenaza.

Control fluvial en ríos fronterizos
De forma paralela, se han intensificado los patrullajes en los ríos San Miguel y Putumayo, los cuales delimitan la frontera con el departamento colombiano de Putumayo. Estas rutas fluviales, tradicionalmente utilizadas para el transporte legal y, en algunos casos, actividades ilícitas, están siendo vigiladas con rigurosidad para prevenir su uso por parte de grupos irregulares armados o redes delictivas transnacionales.

El control fluvial forma parte esencial de las estrategias de seguridad fronteriza, dada su importancia en la movilidad dentro de la región amazónica. En este sentido, las Fuerzas Armadas del Ecuador, en coordinación con otras instituciones del Estado, ejecutan operaciones de reconocimiento, verificación de embarcaciones y control de tráfico, todo dentro del marco jurídico y el respeto a los derechos humanos.
Compromiso con la soberanía nacional.

Las operaciones en la provincia de Orellana continuarán de forma sostenida, como muestra del compromiso permanente del Ejército Ecuatoriano con la defensa de la soberanía, la paz interna y la protección de la ciudadanía. Esta labor se realiza en estricto apego a los principios constitucionales, la legislación nacional y los convenios internacionales ratificados por el Ecuador.

La presencia activa y permanente de las Fuerzas Armadas en la frontera norte no solo responde a los desafíos contemporáneos en materia de seguridad, sino que constituye una respuesta contundente del Estado ecuatoriano frente a amenazas a su integridad territorial.

Según la descripción oficial de la agrupación, «fundar el movimiento de centro izquierda» Acción Democrática Nacional (ADN) “surgió como un ideal de Daniel Noboa Azin y un grupo de líderes visionarios de diferentes sectores”, en Guayaquil.

Pero ni en la web de ADN, ni en la resolución de su registro en el Consejo Nacional Electoral (CNE) aparece la fecha exacta en la que eso sucedió. Lo que sí consta en los archivos públicos es la línea de tiempo de la inscripción jurídica del actual movimiento oficialista, que repetirá gobierno desde el 24 de mayo de 2025.

El 13 de octubre de 2022, el pleno del CNE aprobó el inicio de su proceso de inscripción en el registro nacional de organizaciones políticas. Esa decisión fue notificada a Beatriz Moreno y Zaida Rovira, promotoras de la agrupación.

Desde ese día y hasta el 29 de abril de 2024, es decir, durante poco más de seis meses, los representantes de Acción Democrática Nacional presentaron 453.721 registros para la verificación de firmas, estatutos, imagen, autoridades nacionales y locales y sedes físicas en 12 provincias.

Según el informe de inscripción del CNE, que llegó tres semanas antes del límite previo a las elecciones de 2025, la agrupación política del presidente Daniel Noboa cuenta con 230.021 adherentes, de los cuales 161.375 son adherentes permanentes.

En la directiva nacional de ADN, enviada al CNE para su registro, consta como presidenta Beatriz Moreno, administradora de varias empresas del Grupo Noboa; candidata del Prian (el extinto partido de Álvaro Noboa); y procuradora común de la alianza denominada ADN, entre los movimientos Mover y Pueblo Igualdad y Democracia, que llevó al poder a Daniel Noboa en noviembre de 2023.

En las presidenciales de 2025, Moreno pasó ser la responsable del manejo económico de los gastos del binomio, que hasta ahora no ha presentado los informes de los gastos de la campaña de la segunda vuelta.

Como vicepresidentes del joven movimiento político constan Michele Sensi Contugi, director de Inteligencia y exministro de Gobierno, y la primera dama, Lavinia Valbonesi.

Junto a ellos están otros nombres de confianza del presidente Noboa, que lo acompañan en su gestión: Cynthia Gellibert, su secretaria de Administración Pública y Vicepresidenta encargada; Arturo Félix, exsecretario de Administración Pública, exministro de Gobierno y ahora agregado diplomático en Colombia; y José Neira, secretario de Integridad Pública y director encargado de Análisis Financiero.

Orígenes poco claros
Antes de que Acción Democrática Nacional pasara a manos de Daniel Noboa y su círculo de confianza, la organización ya había participado informalmente en las presidenciales 2021.

Esto debido a que los orígenes de la agrupación están vinculados al polémico Leonardo Cortázar, un empresario guayaquileño procesado por presunta delincuencia organizada, dentro del caso Encuentro, y mencionado en otros casos por sus vínculos con prófugos investigados por corrupción.

Es que Cortázar se dedicaba a apoyar a distintas figuras políticas y partidos, como los extintos PRE y FE, de la familia Bucaram; Libertad es Pueblo, de unos de los hermanos del expresidente Lenin Moreno; y finalmente utilizó ADN para apoyar la campaña correísta del binomio Andrés Arauz-Carlos Rabascall, en 2021.

Un año después, la plataforma inicial de ADN pasó a manos de Noboa, con una nueva imagen, con la que empezó a recorrer el país desde ese octubre de 2022, y que se fue perfeccionando desde la segunda vuelta de 2023 y durante su breve periodo de gestión extraordinaria en Carondelet.

Sin embargo, hasta ese entonces quedaban vestigios del uso que le dio Cortázar al movimiento y sus redes sociales. La página del ADN de Noboa, en sus inicios, redirigía a la cuenta de YouTube del ADN de Cortázar, en donde están colgados videos de respaldo al correísmo.

Además, en el camino de inscripción del movimiento Acción Democrática Nacional quedó descartada otra agrupación política con un nombre similar, pero sin personería jurídica: Alianza Democrática Nacional, también ADN, de Oswaldo Espinosa Jácome.

Ese movimiento intentó inscribirse ante el CNE desde 2017, sin éxito. Y durante la primera campaña de Daniel Noboa lo apoyó en algunas provincias, como Loja y Pastaza. Sus dirigentes locales afirmaban que las siglas ADN de la lista 7 eran las mismas que pertenecían supuestamente a Espinosa, por lo que celebraron la victoria de Noboa como propia.

Pero ya en 2024, cuando Acción Democrática Nacional consiguió inscribirse legalmente ante el CNE, Espinosa intentó impedirlo con tres demandas contra el mismo CNE. Pero el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), inadmitió y negó sus acusaciones en las tres ocasiones.

Es así que ahora el ADN de Noboa gobernará al país por cuatro años más, y pelea todavía por quedarse con la presidencia la nueva Asamblea Nacional, cuando hace apenas cuatro años la plataforma impulsaba a otras tendencias políticas y hace menos de un año otros se disputaban su nombre. Fuente: Primicias

La minería ilegal en la zona del alto Punino, entre las provincias amazónicas de Napo y Orellana y donde el fin de semana fueron asesinados 11 militares mientras realizaban un operativo para controlar esta actividad ilícita, se disparó en los últimos dos años.

Así lo denuncian colectivos sociales, que vienen pidiendo al Gobierno declarar un estado de excepción focalizado, para intervenir y recuperar  esta zona de la Amazonía que, según dicen, ha sido tomada por esta actividad ilícita.

En un mega operativo realizado en 2023, unos 1.000 militares y policías intervinieron los sectores del alto Punino (entre Napo y Orellana) y Talaga (en Napo).

Durante el operativo, los militares destruyeron 15 máquinas retroexcavadoras y retuvieron otras cinco.

Casi dos años después, la minería ilegal sigue presente y se ha recrudecido. Edwin Cañizares, Comandante de la Cuarta División del Ejército, dijo a PRIMICIAS que la presencia de la maquinaria dedicada a la minería ilegal es fluctuante y tiene mucho movimiento, lo que hace difícil cuantificar la magnitud del problema. Solo en el Alto Punino se estima que hay hasta 30 maquinarias operando en esta actividad ilegal.

«Tienen (las bandas delictivas) mucha iniciativa para ingresar la maquinaria a la selva. Lo hacen a través de trineos, abriendo trochas para poder ingresar. En otros casos, se apoyan en ciertas concesiones legales, lo que dificulta poder actuar (en el control)», dice Cañizares.

Pero miembros de colectivos sociales que trabajan contra la minería ilegal en la Amazonía y que pidieron no ser nombrados por seguridad, dicen que la minería ilegal se ha multiplicado en esta zona. Ellos han contabilizado a lo largo de todo el río Punino y el río Sardinas hasta 300 retroexcabadoras.

La fiebre del oro en la Amazonía comenzó en 2015, pero se disparó con la pandemia de covid-19, según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) de Amazon Conservation.

Ese reporte muestra la deforestación por minería en constante aumento en la zona Punino, durante los últimos cinco años. El impacto comenzó en 2019, alcanzando 1.000 hectáreas a finales de 2023, y más recientemente, en junio de 2024, se alcanzó las 1.422 hectáreas deforestadas de bosques selváticos que rodean al río Punino.

El Mapa Base también muestra que la gran mayoría (90%) de la deforestación por minería se encuentra fuera del límite de las zonas autorizadas para realizar dicha actividad (según el catastro minero actualizado al 2022). Es decir, la gran mayoría de la minería es probablemente ilegal.

Lo más preocupante es que la deforestación minera ha ampliado su extensión hasta ingresar en los límites de dos áreas protegidas: el Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras y el Área de Conservación Municipal El Chaco.

Además, la deforestación minera se está expandiendo activamente dentro de territorios Indígenas de la nacionalidad Kichwa.

El oro es cada vez más rentable para bandas criminales 
El aumento de la minería ilegal en esta zona está relacionado con el ingreso de bandas delictivas a esta actividad.

Entre las causas están el aumento del precio del oro, que les deja mayores réditos con menos riesgo que el tráfico de cocaína y, además, las operaciones de lavado proveniente de la minería ilegal son más sencillas, dice el consultor en seguridad, Renato Rivera.

«En Ecuador, no hay una trazabilidad para la exportación del oro (para autorizar los envíos al exterior). No se exige saber si el oro proviene de una actividad legal y eso disminuye el riesgo de control y la rentabilidad en el mercado aumenta para los grupos criminales», dice Rivera.

Las comunidades, además, dicen que los grupos criminales se benefician de combustibles subsidiados para la operación de las retroexcavadoras y otra maquinaria de extracción de oro, lo que termina impulsando otra actividad ilegal: el contrabando de combustibles.

¿Qué grupos criminales están detrás?
Esta economía ilegal llamó la atención de las bandas criminales ecuatorianas.

Una de ellas fueron los Lobos, que aliados con los Comandos de la Frontera (CDF), de origen colombiano, comenzaron a desplazar a los mineros ilegales en la zona.

Frente a eso, estos buscaron protección con otra banda criminal, Los Choneros. A partir de 2021, luego de la pandemia del Covid-19, esta organización criminal empezó a desarrollar facciones en Orellana (El Coca) y La Joya de Los Sachas, en Orellana. Y en Shushufindi, en Sucumbíos.

Anterior ha provocado una guerra entre bandas por el control del oro en la zona lo que a su vez ha incrementado la violencia, en especial en la provincia de Orellana. Lo anterior se evidencia en el aumento de homicidios intencionales en esa provincia.

Así la cifra de homicidios por cada 100.000 habitantes en Orellana prácticamente se duplicó en un año, al pasar de 58 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023 a 108 en 2024.

Las comunidades también alertan que habitantes asentados en el río Punino han tenido que abandonar sus tierras por minería ilegal y narcotráfico.

El Estado ha perdido el control en los frentes de minería ilegal
El asesinato de 11 militares en la zona del alto Punino el 9 de mayo de 2025 refleja un problema más profundo para comuneros y expertos.

Lo que da cuenta es que el Estado ya perdió el territorio, dice el consultor en seguridad Renato Rivera. «Ni siquiera es una disputa por el control, sino quien ejerce el control son los grupos criminales, el Estado dejó de representar esa legitimidad institucional desde hace dos años».

Además, alerta que no solo que las investigaciones que se abrieron luego del mega operativo realizado en 2023 no han avanzado nada, sino que los grupos delincuenciales han ido más allá, logrando una cooptación de instituciones que están en territorio del Estado», añade Rivera.

Los comuneros de la zona coinciden en que el Estado ha perdido el control total de la zona. Lo que se veía antes es que los mineros ilegales escondían la maquinaria durante los operativos de control de los cuales previamente eran alertados por personas cooptadas por estos mineros ilegales dentro de las propias instituciones estatales.

El problema ahora va más allá pues quienes se dedican a esta actividad ahora enfrentan al Estado para defender el territorio. Fuente: Primicias