Nacionales
En la zona del alto Punino, donde asesinaron a 11 militares, está en auge el negocio millonario de la minería ilegal
La minería ilegal en la zona del alto Punino, entre las provincias amazónicas de Napo y Orellana y donde el fin de semana fueron asesinados 11 militares mientras realizaban un operativo para controlar esta actividad ilícita, se disparó en los últimos dos años.
Así lo denuncian colectivos sociales, que vienen pidiendo al Gobierno declarar un estado de excepción focalizado, para intervenir y recuperar esta zona de la Amazonía que, según dicen, ha sido tomada por esta actividad ilícita.
En un mega operativo realizado en 2023, unos 1.000 militares y policías intervinieron los sectores del alto Punino (entre Napo y Orellana) y Talaga (en Napo).
Durante el operativo, los militares destruyeron 15 máquinas retroexcavadoras y retuvieron otras cinco.
Casi dos años después, la minería ilegal sigue presente y se ha recrudecido. Edwin Cañizares, Comandante de la Cuarta División del Ejército, dijo a PRIMICIAS que la presencia de la maquinaria dedicada a la minería ilegal es fluctuante y tiene mucho movimiento, lo que hace difícil cuantificar la magnitud del problema. Solo en el Alto Punino se estima que hay hasta 30 maquinarias operando en esta actividad ilegal.
«Tienen (las bandas delictivas) mucha iniciativa para ingresar la maquinaria a la selva. Lo hacen a través de trineos, abriendo trochas para poder ingresar. En otros casos, se apoyan en ciertas concesiones legales, lo que dificulta poder actuar (en el control)», dice Cañizares.
Pero miembros de colectivos sociales que trabajan contra la minería ilegal en la Amazonía y que pidieron no ser nombrados por seguridad, dicen que la minería ilegal se ha multiplicado en esta zona. Ellos han contabilizado a lo largo de todo el río Punino y el río Sardinas hasta 300 retroexcabadoras.
La fiebre del oro en la Amazonía comenzó en 2015, pero se disparó con la pandemia de covid-19, según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) de Amazon Conservation.
Ese reporte muestra la deforestación por minería en constante aumento en la zona Punino, durante los últimos cinco años. El impacto comenzó en 2019, alcanzando 1.000 hectáreas a finales de 2023, y más recientemente, en junio de 2024, se alcanzó las 1.422 hectáreas deforestadas de bosques selváticos que rodean al río Punino.
El Mapa Base también muestra que la gran mayoría (90%) de la deforestación por minería se encuentra fuera del límite de las zonas autorizadas para realizar dicha actividad (según el catastro minero actualizado al 2022). Es decir, la gran mayoría de la minería es probablemente ilegal.
Lo más preocupante es que la deforestación minera ha ampliado su extensión hasta ingresar en los límites de dos áreas protegidas: el Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras y el Área de Conservación Municipal El Chaco.
Además, la deforestación minera se está expandiendo activamente dentro de territorios Indígenas de la nacionalidad Kichwa.
El oro es cada vez más rentable para bandas criminales
El aumento de la minería ilegal en esta zona está relacionado con el ingreso de bandas delictivas a esta actividad.
Entre las causas están el aumento del precio del oro, que les deja mayores réditos con menos riesgo que el tráfico de cocaína y, además, las operaciones de lavado proveniente de la minería ilegal son más sencillas, dice el consultor en seguridad, Renato Rivera.
«En Ecuador, no hay una trazabilidad para la exportación del oro (para autorizar los envíos al exterior). No se exige saber si el oro proviene de una actividad legal y eso disminuye el riesgo de control y la rentabilidad en el mercado aumenta para los grupos criminales», dice Rivera.
Las comunidades, además, dicen que los grupos criminales se benefician de combustibles subsidiados para la operación de las retroexcavadoras y otra maquinaria de extracción de oro, lo que termina impulsando otra actividad ilegal: el contrabando de combustibles.
¿Qué grupos criminales están detrás?
Esta economía ilegal llamó la atención de las bandas criminales ecuatorianas.
Una de ellas fueron los Lobos, que aliados con los Comandos de la Frontera (CDF), de origen colombiano, comenzaron a desplazar a los mineros ilegales en la zona.
Frente a eso, estos buscaron protección con otra banda criminal, Los Choneros. A partir de 2021, luego de la pandemia del Covid-19, esta organización criminal empezó a desarrollar facciones en Orellana (El Coca) y La Joya de Los Sachas, en Orellana. Y en Shushufindi, en Sucumbíos.
Anterior ha provocado una guerra entre bandas por el control del oro en la zona lo que a su vez ha incrementado la violencia, en especial en la provincia de Orellana. Lo anterior se evidencia en el aumento de homicidios intencionales en esa provincia.
Así la cifra de homicidios por cada 100.000 habitantes en Orellana prácticamente se duplicó en un año, al pasar de 58 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023 a 108 en 2024.
Las comunidades también alertan que habitantes asentados en el río Punino han tenido que abandonar sus tierras por minería ilegal y narcotráfico.
El Estado ha perdido el control en los frentes de minería ilegal
El asesinato de 11 militares en la zona del alto Punino el 9 de mayo de 2025 refleja un problema más profundo para comuneros y expertos.
Lo que da cuenta es que el Estado ya perdió el territorio, dice el consultor en seguridad Renato Rivera. «Ni siquiera es una disputa por el control, sino quien ejerce el control son los grupos criminales, el Estado dejó de representar esa legitimidad institucional desde hace dos años».
Además, alerta que no solo que las investigaciones que se abrieron luego del mega operativo realizado en 2023 no han avanzado nada, sino que los grupos delincuenciales han ido más allá, logrando una cooptación de instituciones que están en territorio del Estado», añade Rivera.
Los comuneros de la zona coinciden en que el Estado ha perdido el control total de la zona. Lo que se veía antes es que los mineros ilegales escondían la maquinaria durante los operativos de control de los cuales previamente eran alertados por personas cooptadas por estos mineros ilegales dentro de las propias instituciones estatales.
El problema ahora va más allá pues quienes se dedican a esta actividad ahora enfrentan al Estado para defender el territorio. Fuente: Primicias
Nacionales
La mesera que pudo ser terrateniente
Otro posible caso de testaferismo ensucia al gobierno. Las sospechas de la opaca venta en La Libertad conducen a Carondelet.
Análisis
Roberto Aguilar
Quito
Jenny Elvia Ramírez Palma, la improbable compradora de 93 hectáreas de terreno en La Libertad, provincia de Santa Elena, ya no se la encuentra ni bajo las piedras.
El jueves dirigió a la Alcaldía de ese cantón un conciso y quebrantado oficio en el que desistía de la compra, mejor dicho: se quitaba del medio. Por comprar, no iba a comprar, ella no iba a comprar nada, nomás estaba poniéndose como para que otro se llevara esos terrenos, servicio por el que seguramente algo cobraría, acaso un lote.
Pero ya nada: el negocio se cayó y Jenny Ramírez, tras firmar el oficio que la pusieron por delante unos abogados que no podía pagar, desapareció del mapa. Lujoso mismo este desaparecer del mapa (que diría suculento), que tampoco tiene capacidad de costear con su sueldo de mesera de cafetería.
Con ella se esfumó también su sombra madre, a quien sus vecinos (según testimonios recogidos por El Universo) identifican como empleada doméstica de los Gelibert.
Caso
Jenny Ramírez Palma intentó comprar 93 hectáreas de terreno en el cantón La Libertad, Santa Elena, que colindan con la vía perimetral y un cuerpo de agua.
Lamentable tragedia de la cúpula del poder: parece que la Secretaría General de la Administración, vicepresidenta de facto en épocas difíciles y directora nacional del partido de gobierno, Cynthia Gelibert, se quedó sin empleada doméstica. Lo cual no es poca cosa en su círculo social. Es probable que a su empleada se la emplazó para que afiliara a seguridad social, cosa que la anterior (persona de confianza) no hizo y al cabo se ahorraba. Qué molestia.
Para completar la lista de desapariciones forzadas, el alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, primo del asambleísta de gobierno Andrés Guschmer y amigo personal del presidente de la República, no pudo estar ahí acelerando la compra de esas 93 hectáreas de terreno municipal, por irregular que pareciera, lleva cinco días sin dar la cara, acaso aplazando la inevitable rendición de cuentas que le espera para cuando al fin decida volver con el rabo entre las piernas.
Es que desaparecer está de moda. Desapareció Luis Alvarado Campi luego de que medios de comunicación probaran que tenía 2,6 millones de dólares con los 90 que tenía en su cuenta bancaria. Nunca más se supo de él. Desapareció también Erika Tumbaco, queridísima empleada de Industrial Molinera que, por coincidencia del destino, vivía en la misma casa de Isla Trinitaria en la que fue detenido el sospechoso de colocar un explosivo en La Bahía, ¿se acuerdan?
Érika Tumbaco, la persona que llegó en el Porsche de los Noboa hasta esa casa, dijo verificar que sus hijos estuvieron luego de la incursión militar que se alzó con el detenido y desapareció, para engrosar la lista, el detenido mismo. Valga la pena recordar que Tumbaco sobrevive a la flagrancia (las cámaras la captaron cometiendo atentado y luego lo siguieron hasta la casa de Isla Trinitaria) con un esposo con Alvarado Campi, probablemente. Y ahora, con Jenny Ramírez y su señora madre.
No es esta una relación arborescente de acontecimientos conexos. La compra (o intento de compra) de esas 93 hectáreas de terrenos públicos en La Libertad tiene una profunda relación de similitud tanto con el caso de Alvarado Campi y la compra de medios de comunicación controlados hoy por el gobierno, como con el chuparsemen explicado por Porsche. La primera relación es evidente: tanto la compra de La Posta como la del Centro de Alvarado Campi como el intento de compra de 93 hectáreas de terrenos públicos (a precio de huevo, pero eso es otra historia) tiene que dar cuenta el alcalde de La Libertad, porque pueden tratarse de operaciones de testaferro.
En ambos casos los compradores no tienen dónde caerse muertos. En ambos casos las pistas conducen a Carondelet como operación encubierta. La segunda relación es igualmente menos clara pero igual de firme. En el Porsche, era un vehículo de gobierno (porque, bajo el mando de Daniel Noboa, Industrial Molinera y el gobierno son exactamente lo mismo para todos los efectos) el que llegaba hasta una casa que era el centro de todas las sospechas. En el caso de los terrenos de La Libertad son las portadoras de todas las sospechas las que conducen hasta la casa de una alta funcionaria de gobierno. Podrían decir ahora, como dijeron entonces, que se trata de una vulgar coincidencia. Pero no lo han dicho, no se atreven, se quedaron mudos.
Ya es bastante elocuente el hecho de que Cynthia Gelibert no haya desmentido hasta la fecha su condición de empleadora.
Polémica
Luego de que Ramírez Palma desistiera de la compra de las hectáreas de terreno, el concejal acudió hasta La Libertad para denunciar al alcalde del cantón.
Todo parece indicar que el negocio se les cayó. Este desenlace habría abierto al periodismo. Fue Blanca Moncada, La Defensa, quien se las arregló para encontrar a Jenny Ramírez en la que trabaja (o trabajaba) y ponerle el micrófono por delante. La primera reacción de la sorprendida mesera fue admitir: “me robaron la identidad”. La misma Blanca Moncada demostró que, con los documentos de compra de los terrenos firmó ella.
En el oficio que Jenny Ramírez dirigió este jueves al desaparecido alcalde de La Libertad, pide que se le adjudiquen esos terrenos a la empresa que supuestamente está detrás del proyecto de desarrollo agroindustrial. Como si las compradoras truchas, cuando fallan, se retiraran a la carrera. Seguramente se le haría caso. Pero qué empresas es esa nadie lo sabe. Habría que preguntárselo a Cynthia Gelibert. O a Daniel Noboa. No es su familia la que tiene intereses inmobiliarios en la provincia de Santa Elena?.
Nacionales
Caudales de los ríos que alimentan a Mazar empiezan a recuperarse tras lluvias en el sur de Ecuador
La disminución de lluvias desde diciembre de 2025 provocó la caída acelerada del embalse de Mazar, ubicado en el sur de Ecuador. Pero, desde el 9 de enero, las precipitaciones han permitido que los ríos de Cuenca, que alimentan el complejo hidroeléctrico, empiecen a recuperarse.
El jueves 8 de enero, tres de los cuatro ríos de Cuenca se encontraban en estado bajo, con caudales inferiores a los 2 metros cúbicos por segundo, indicadores que son preocupantes porque implican la disminución de las reservas de agua.
Pero desde ese día hasta el 12 de enero, las lluvias han regresado al Austro ecuatoriano, aunque no con gran intensidad.
Este lunes 12, los cuatro ríos de Cuenca: Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara se encuentran en estado normal, según el reporte de la Red Hidrometeorológica de ETAPA.
Aumento de caudales de los ríos de Cuenca
Que alimentan al embalse de Mazar, en el río Paute
| Tomebamba | 2,10 metros cúbicos por segundo (m3/s) | 8,2 m3/s |
|---|---|---|
| Yanuncay | 1,66 m3/s | 8,39 m3/s |
| Tarqui | 1,62 m3/s | 4,14 m3/s |
| Machángara | 1,53 m3/s | 4,44 m3/s |
Pronóstico del clima en Cuenca
La probabilidad de lluvias para este lunes es de 82% en el día y de 76% en la noche, según ETAPA. Además, el pronóstico del clima indica que esta semana, hasta el domingo 18 de enero, se esperan tormentas eléctricas y chubascos en Cuenca.
Los ríos de Cuenca, al igual que otras ciudades del Austro, alimentan al río Paute, cuyas aguas son aprovechadas para el Complejo Integral Paute-Molino, de gran importancia para la generación eléctrica en Ecuador.
Paute-Molino tiene tres centrales ubicadas en forma de cascada: Mazar, Paute y Sopladora, entre Azuay y Cañar.

Nacionales
Enma Tapia renuncia como presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia en medio de la crisis de José Suing
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) registró un remezón este lunes 12 de enero de 2026. La jueza Enma Tapia presentó su renuncia como presidenta subrogante del alto tribunal.
El anuncio se produjo en medio de la crisis institucional que atraviesa el presidente encargado de la CNJ, José Suing, quien no contaría con el respaldo de los magistrados para mantenerse en el cargo.
“Por coherencia institucional, he presentado mi renuncia al encargo de Presidenta Subrogante de la Corte Nacional de Justicia”, manifestó Tapia.
La magistrada agregó que siempre ha sostenido que los encargos “son excepcionales y revisables”, por lo que no podía beneficiarse de aquello que «debe ser examinado con rigor institucional».
“Esta decisión busca preservar la claridad, evitar cualquier lectura de interés personal y contribuir a que las decisiones que adopte el Pleno se den con serenidad y apego a la ley”, apuntó.
A través del oficio dirigido a José Suing, Tapia enfatizó su «compromiso con el ejercicio independiente de la función judicial», así como con el fortalecimiento de la institucionalidad de la Corte Nacional de Justicia.
Este 12 de enero se resolverá si José Suing sigue como presidente de la CNJ
Para este lunes, Suing convocó a una sesión extraordinaria del Pleno de ese organismo con el objetivo de analizar su permanencia en el cargo. La reunión se efectuará a las 16:30.
El escenario está marcado por la controversia en torno a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, quien fue nominado por Suing para liderar ese organismo.
La tensión surgió luego de que el juez anticorrupción Carlos Serrano denunciara presuntas presiones desde la Judicatura, que preside Godoy, para favorecer a un narcotraficante serbio; frente a esto José Suing ha mantenido una posición tibia. Fuente: Vistazo
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