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Tertulia Jurídica abordó el Recurso de Revisión con la participación de Iván Saquicela

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En un nuevo programa de la Tertulia Jurídica, se desarrolló un amplio y riguroso diálogo académico sobre el Recurso de Revisión en materia penal, con la destacada participación de. Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, reconocido jurista y docente universitario.

Durante su intervención, el Dr. Saquicela agradeció el espacio de análisis y felicitó la iniciativa del programa, resaltando la importancia del diálogo jurídico como mecanismo para fortalecer la reflexión crítica y el conocimiento del Derecho. En su presentación personal, destacó su vocación y pasión por la justicia, señalando que su trayectoria ha estado orientada a aportar al sistema judicial desde la academia, la función pública y el ejercicio libre de la profesión, actualmente a través de su estudio jurídico Saquicela & Asociados.

El expositor realizó un recorrido por su trayectoria profesional, que incluye su desempeño como fiscal de lo penal durante aproximadamente ocho años, juez contencioso administrativo, juez y presidente de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, presidente de dicho alto tribunal y coordinador de la Cumbre Judicial Iberoamericana, espacio que congrega a presidentes de cortes supremas y magistraturas de los países de Iberoamérica. Asimismo, subrayó su rol como docente universitario y su convicción de que el Derecho constituye un instrumento esencial para alcanzar fines sociales y transformar el sistema de justicia.

Análisis académico del Recurso de Revisión
En el desarrollo temático. Saquicela explicó que el Recurso de Revisión se encuentra regulado actualmente en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que, por su naturaleza, constituye un recurso extraordinario, incluso más excepcional que la casación. Precisó que este recurso procede únicamente contra sentencias condenatorias firmes o ejecutoriadas y que solo puede ser interpuesto por la persona condenada, en cualquier tiempo, pero exclusivamente por las causales taxativamente establecidas en la ley.

El jurista enfatizó que la finalidad del recurso de revisión es la búsqueda de la justicia material, aun cuando exista una sentencia ejecutoriada. En este sentido, recordó que la Constitución del Ecuador, en su artículo 1, define al país como un Estado constitucional de derechos y justicia, mientras que el artículo 169 establece que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Bajo esta concepción, el recurso de revisión permite, de manera excepcional, incluso quebrantar la cosa juzgada cuando se demuestra la existencia de un error de hecho que haya derivado en una condena injusta.

Asimismo, explicó de forma didáctica conceptos clave para el público no especializado, como el significado de una sentencia ejecutoriada y la diferencia entre recursos ordinarios y extraordinarios. Señaló que, a diferencia de la apelación, el recurso de revisión no se sustenta en la mera inconformidad con la valoración probatoria, sino en la demostración de un error fáctico, respaldado necesariamente por prueba nueva, capaz de evidenciar la injusticia de la sentencia firme.

Ejemplos y recomendaciones prácticas
Como parte del análisis, se abordó el caso paradigmático previsto en la legislación penal: la comprobación de la existencia de la persona que se creía muerta, causal histórica y doctrinaria del recurso de revisión. Aunque el Dr. Saquicela indicó que se trata de un supuesto excepcional y poco frecuente en la práctica, resaltó su valor académico para comprender la razón de ser de este recurso.

Finalmente, el expositor ofreció recomendaciones a los profesionales del Derecho, subrayando la importancia de comprender con claridad el objeto y la finalidad del recurso de revisión, evitar confundirlo con una apelación o casación, y fundamentarlo de manera técnica, precisa y acorde a las causales establecidas en el artículo 658 del COIP. También diferenció de forma clara la revisión penal de la revisión en sede administrativa, destacando sus profundas diferencias en cuanto a naturaleza, procedimiento y órganos competentes.

La Tertulia Jurídica reafirma así su compromiso con la difusión de contenidos jurídicos de alto nivel académico, orientados tanto a estudiantes y profesionales del Derecho como a la ciudadanía en general, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura jurídica y al debate informado sobre el sistema de justicia ecuatoriano.

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¿Por qué se repiten los incendios en la Refinería Esmeraldas y cuáles son los efectos para Ecuador?

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La Refinería Esmeraldas —el mayor complejo de refinación de petróleo de Ecuador— está sumida en una espiral de incidentes que la ha llevado a una caída de en la producción de derivados. Como resultado, Ecuador tiene que gastar más dinero en importar combustibles.

Por ejemplo, de una demanda promedio de 291.000 barriles diarios de combustibles en 2025, Ecuador importó 201.694, según el Banco Central de Ecuador (BCE). Esto es el 69% de la demanda.

En medio de la crisis por el ataque de Estados Unidos a Irán, las perspectivas sugieren que el petróleo podría subir hasta a USD 100 por barril, con lo que los combustibles derivados también subirían de precio y el gobierno de Daniel Noboa tendría que destinar más dinero para importarlos.

La Refinería Esmeraldas opera desde mayo de 1977, a cargo de la empresa estatal petrolera Petroecuador, y es responsable de alrededor del 60% de la refinación del país.

Las instalaciones pueden producir naftas para gasolina, diésel, gas licuado de petróleo (GLP), fuel oil y asfalto.

Pese a que tiene una capacidad de procesamiento de 110.000 barriles de petróleo por día (bpd), la refinería ha estado operando muy por debajo de su capacidad. En 2025 operó al 51% de su capacidad, en promedio.

Y aunque hasta enero de 2026 (último dato mensual disponible) estaba produciendo 95.011 bpd (el 86% de su capacidad), el escenario nuevamente va a la baja.

Es que el 1 de marzo de 2026 hubo un incendio en la refinería, por lo que ya estaba operando al 33% de su capacidad, según el reporte diario de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (Arch).

Tres incendios y un sismo en menos de un año
La noche del 1 de marzo de 2026, un incendio en las bombas de carga de la unidad Sevia dejó fuera de operación al complejo. Petroecuador no ha informado si la planta retomó operaciones.

Este es el segundo incendio en la refinería en menos de dos meses. El incidente pasado fue el 30 de enero de 2026, en una piscina conocida como SLOP, que es utilizada para el almacenamiento y tratamiento de residuos de hidrocarburos.

Antes, el 26 de mayo de 2025, otro incendio, esa vez en tanques de almacenamiento de fuel oil, ya había afectado a las instalaciones.

Este es un resumen de los incidentes que han perjudicado a la refinería y por los que cayó la producción desde 2025:

Falta de mantenimientos y menos personal
Uno de los principales problemas de la Refinería Esmeraldas, que está por cumplir 50 años, es que no ha recibido los mantenimientos requeridos en los tiempos adecuados, dice Marcela Reinoso, exgerente de Petrocuador.

«Durante unos nueve años se han postergado mantenimientos mayores, por eso la infraestructura sufre estos incidentes y no produce a su carga máxima», explica Reinoso.

En 2023, durante la presidencia de Guillermo Lasso por ejemplo, la refinería ya debía entrar en un mantenimiento mayor, pero eso no ocurrió y recién en 2024 comenzó el proceso, recuerda Reinoso.

Pero ese mantenimiento se comenzó a realizar cuando ya se había presentado un evento de falla en la Unidad de Fraccionamiento Catalítico Fluidizado (FCC), el 5 de septiembre de 2024.

La petrolera estatal explicó que la unidad FCC, que es como el corazón de la refinería, salió de operación debido a una falla de compresores y el taponamiento de la válvula.

Los trabajos debían durar aproximadamente 65 días, lapso en el cual se realizaría un mantenimiento integral de toda la unidad FCC (procedimiento que no se había ejecutado desde el año 2015).

No obstante, el mantenimiento se alargó hasta inicios de abril de 2025. Luego vino el sismo de abril y el incendio de mayo. Recién en diciembre de 2025 comenzaron las pruebas en la unidad FCC.

«Hay que evaluar la efectividad de los últimos mantenimientos, parecería que solo se están ‘apagando incendios’, porque si todo estuviera bien no ocurrirían estos incidentes», dice Reinoso.

Otro problema, dice Reinoso, es que la empresa estatal Petroecuador ha tenido constantes cambios de gerentes (ocho desde que Daniel Noboa asumió el poder) y, además, ha reducido su nómina en el área de refinación.

Añade que hace falta que Petroecuador realice un estudio profundo para conocer los factores que han provocado los últimos incendios, para determinar si hubo fallas humanas, insuficiencia de personal o falta de mantenimiento.

En diciembre de 2024, Petroecuador tenía 10.060 empleados, de los cuales 1.034 pertenecían al área de refinación. Pero para diciembre de 2025 la nómina bajó a 8.685 empleados, de los cuales 910 son del área de refinación.

Para Reinoso, si no existe estabilidad en la gerencia de Petroecuador no es posible poner en marcha un plan de mediano y largo plazo que permita poner a la refinación entre las prioridades de la empresa estatal.

Caída de la inversión en Petroecuador perjudica a la refinería
La falta de mantenimientos es resultado de los bajos presupuestos que Petroecuador destina al área de refinación, que se desplomó a partir de 2015 y no se ha recuperado.

En ese año, por ejemplo, la petrolera destinó casi USD 400 millones a inversión en refinación.

Para 2025, la inversión en el área de refinación fue de apenas USD 22 millones, de un presupuesto de inversión total de USD 485,4 millones.

Si se revisa el presupuesto de costos y gastos para sostener la operación de Petroecuador, en 2025 se destinaron solo USD 138,9 millones al área de operación, de un total de USD 3.737,5 millones.

¿Cuál es la alternativa para esta refinería?
En 2023, el Gobierno de Guillermo Lasso intentó lanzar un proceso de contratación para que una empresa privada se haga cargo de la repotenciación de la refinería.

El plan era que se instale un tren de alta conversión para que la refinería produzca más derivados de alto valor comercial, como diésel premium, naftas para gasolina y GLP, y menos productos que tienen menos valor comercial, como el fuel oil y el asfalto.

Pero solo un consorcio se mostró interesado, estaba conformado por Hyundai, Siglocorp, las estadounidenses KBR, Ocala y Evensen Dodge; y la empresa Topsoe. La propuesta del consorcio iba a costar unos USD 2.300 millones.

No obstante, el proceso se retrasó y, con el cambio de Gobierno, en la gestión de Noboa, se declaró desierto.

Reinoso explica que el proceso lanzado en 2023 tenía falencias clave, como por ejemplo, hacía falta un  estudio de margen de refinación.

La especialista considera que la refinería sí necesita una repotenciación mediante una contratación al sector privado. Sin embargo, advierte que es un proceso que tomará años y que Ecuador no está en un momento en el que se muestre atractivo a la inversión petrolera, por la inestabilidad jurídica que tiene. Fuente: Primicias

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Noboa coordina con el Comando Sur de EE.UU. nueva ofensiva contra el ‘narcoterrorismo’

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió este lunes con el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, para realizar coordinaciones orientadas a enfrentar al crimen organizado transnacional y al «narcoterrorismo», y «reforzar la seguridad hemisférica», según informó la Presidencia.

«Destacan iniciativas conjuntas para reforzar controles, el intercambio de información y coordinación operativa, tanto en aeropuertos como en terminales portuarias, a fin de identificar riesgos y prevenir actividades delictivas», agregó el Ejecutivo en un comunicado.

En la cita, que se realizó en el palacio de Gobierno, en Quito, también estuvo presente el comandante del Comando de Operaciones Especiales Sur de EE.UU., contralmirante Mark A. Schafer; el ministro Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo; y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, general Henry Delgado.

De acuerdo a la Presidencia, la cita se enmarca «en el diálogo bilateral para profundizar la cooperación y la coordinación frente a amenazas transnacionales que afectan la estabilidad nacional y regional».

La reunión se hizo pública después de que Noboa anunciara en una ceremonia policial que Ecuador realizará este mes «operaciones militares y policiales muy importantes» con «aliados de la región», entre los que está Estados Unidos, en el marco del inicio de una «nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal».

Durante este Gobierno, la relación con Estados Unidos ha sido cercana, enfocada principalmente en temas de seguridad, por lo que han firmado algunos acuerdos de cooperación, sumado al interés que mostró el país norteamericano de instalar una base militar en territorio ecuatoriano para el control del Pacífico suramericano, lo que fue rechazado en un referéndum impulsado por Noboa en noviembre pasado.

Crisis de violencia

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno», declarado por el presidente para intensificar la lucha contra las bandas criminales, especialmente dedicadas al narcotráfico, y a las que se le atribuye la escalada de violencia que ha llevado al país a estar a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

Pese a esa declaratoria, el país cerró 2025 con un récord de asesinatos, al contabilizar 9.235, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. Fuente: Vistazo

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Empresarios de Ecuador y Colombia advierten sobre pérdidas millonarias por la guerra comercial

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Empresarios de Ecuador y Colombia alertaron este lunes de pérdidas millonarias y del riesgo para miles de empleos que representa la guerra comercial entre ambos países, con la imposición de aranceles a las importaciones del 50% y 30%, respectivamente, y reclamaron un diálogo urgente al más alto nivel para evitar que el impacto se profundice.

«Desde el sector exportador advertimos que el potencial riesgo de la implementación de esta escalada arancelaria son al menos USD 25 millones por mes. Y si es que toma forma el anuncio del 50% para casi la totalidad de la oferta exportable del Ecuador, esto ascendería a 75 millones. El impacto se podría triplicar», declaró Xavier Rosero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

La guerra comercial entre ambos países la inició en enero el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, al anunciar la imposición de una «tasa de seguridad» del 30% a importaciones colombianas, ante una supuesta falta acciones del Gobierno de ese país en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Colombia respondió con aranceles a 73 productos, que entraron en vigor la semana pasada, y otras medidas; y Ecuador aumentó el gravamen al 50% desde el pasado domingo.

El posicionamiento de los gremios se produjo en un encuentro celebrado en Quito, con la participación virtual de empresarios colombianos, donde Rosero también advirtió que hay 40.000 empleos directos ligados a la cadena exportadora que podrían verse afectados.

En el frente de las importaciones, los empresarios ecuatorianos aseguraron que desde el 1 hasta el 21 de febrero las compras desde Colombia disminuyeron un 69% en valor y un 61% en número de operaciones, lo que afecta a más de 7.600 importadores.

$!Vehículos transitan durante una manifestación por el aumento de aranceles a las importaciones colombianas, en el puente internacional de Rumichaca en Tulcán.

Desde la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim), por ejemplo, afirmaron que al país ingresa un 15% de insumos médicos desde Colombia, por lo que con la tasa del 50%, el costo adicional sería de USD 21 millones.

Los empresarios también advirtieron de que esta medida abre espacio al contrabando y a las economías informales. «Cuando el comercio legal se encarece, el ilegal florece», afirmó Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

El líder gremial señaló que «las barreras comerciales no desarticulan el crimen organizado», ya que aunque los empresarios aseguraron estar comprometidos con los esfuerzos para enfrentar la crisis de seguridad en ambos países, pidieron separar esa agenda de la actividad comercial.

«La seguridad es una prioridad legítima del Estado, pero la estabilidad económica también es parte esencial de esa seguridad», añadió Juan Carlos Navarro, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, que pidió que las medidas se paralicen mientras se abre un canal de diálogo entre Noboa y su homólogo, Gustavo Petro.

Añadió que no se trataba de quién tenía la razón, sino de proteger la seguridad, la estabilidad económica, el empleo y la integración regional.

En la misma línea, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) de Colombia, Bruce Mac Master, reiteró que «no tiene ningún sentido usar mecanismos de restricción comercial para resolver problemas de seguridad».

El comercio bilateral entre ambos países se acerca a los USD 3.000 millones y está representado por miles de empresas, recordó Mac Master, que defendió que se trata de «un caso de éxito de integración».

Asimismo, pidió «separar la discusión de seguridad de la discusión comercial» y evitar que trabajadores y empresas se conviertan en «moneda» de cambio. Fuente: Vistazo

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