Con el objetivo de mejorar la conectividad y garantizar una movilidad segura para las familias rurales, la Prefectura de Zamora Chinchipe construyó y entregó el nuevo puente vehicular sobre el río Amarillo, obra que une a las comunidades de El Tibio y El Cristal, en la parroquia Imbana.

Esta importante infraestructura beneficia directamente a más de 100 familias finqueras del sector, fortaleciendo la conectividad, la economía local y la movilización de productos agrícolas y pecuarios. El proyecto contempla la construcción de un puente vehicular de un carril, con una longitud total de 25 metros y un ancho de tablero de 5,50 metros, incluyendo una calzada vehicular de 4 metros.

La prefecta de Zamora Chinchipe, Karla Reátegui, destacó que esta obra es el resultado de la unidad y el trabajo articulado entre autoridades y comunidades. Señaló que anteriormente existía distanciamiento entre instituciones, lo que impedía la ejecución de proyectos prioritarios para la población; sin embargo, desde el inicio de la administración se estableció una hoja de ruta conjunta cuyos resultados hoy son visibles.

Asimismo, motivó a la ciudadanía a continuar fortaleciendo la producción local, resaltando que este sector representa una de las principales fuentes de desarrollo económico para las familias rurales. “Cuenten con nosotros, vamos a seguir trabajando para hacer realidad lo que aún falta por concretarse en esta parroquia de Imbana”, expresó.

Por su parte, el presidente del barrio El Cristal, Pío Oswaldo Ríos, manifestó que durante más de 40 años la comunidad esperó la construcción de este puente. Recordó además que, debido a la fuerza del río, tres estructuras anteriores colapsaron, afectando permanentemente la movilidad de los habitantes. “Hoy vuelve la alegría con esta obra”, señaló.

La construcción del puente demandó una inversión de USD 263.511,06 dólares y representa un paso significativo para mejorar la calidad de vida de los habitantes, brindando un acceso más seguro y eficiente para el desarrollo de sus actividades diarias y productivas.

Dato:

Como parte del mandato parroquial se contempla la construcción de cinco puentes. Actualmente, dos de ellos ya han sido ejecutados y entregados.

La comunidad intercultural Ortega Alto, perteneciente a la parroquia Tutupali del cantón Yacuambi, desarrolló una rueda de prensa para informar a la ciudadanía sobre el fallo favorable obtenido dentro de la acción de protección presentada en defensa del río Ortega y los derechos colectivos de las comunidades asentadas en este territorio.

El encuentro contó con la participación del presidente de la comunidad de Ortega Alto, Osvaldo Aguilar; el presidente de Zamaskijá, Carlos Gualán; integrantes del equipo jurídico; dirigentes comunitarios y moradores del sector, quienes calificaron esta resolución como un “triunfo histórico” para la provincia de Zamora Chinchipe y para la defensa del agua y la naturaleza.

Durante su intervención, Osvaldo Aguilar agradeció el respaldo recibido por parte de comunidades, organizaciones sociales y dirigentes de la provincia que acompañaron el proceso legal y comunitario.

“Esta es una acción de protección importantísima que se ganó ahora en Ortega Alto. Debemos estar unidos siempre porque el agua es vida”, manifestó el dirigente comunitario, quien además invitó a la ciudadanía a participar de la celebración del Inti Raymi prevista para el próximo 13 de julio en Ortega Alto.

Por su parte, Carlos Gualán, presidente de Zamaskijá, destacó que la resolución judicial representa un precedente importante para los pueblos y nacionalidades indígenas en la defensa de sus territorios y fuentes hídricas.

“Hoy es un día histórico para nosotros, para los pueblos y nacionalidades, sobre todo en la defensa del agua”, expresó, señalando además que la organización continuará brindando acompañamiento a otras comunidades que enfrentan conflictos similares relacionados con actividades extractivas.

El dirigente informó que el festejo comunitario y acto de agradecimiento a la naturaleza se desarrollará en el sector del río Ortega, como símbolo de la resistencia y protección del agua.

Desde el ámbito jurídico, el abogado Luis Medina explicó que la acción de protección fue presentada debido a la vulneración de derechos constitucionales relacionados con el acceso al agua, el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la falta de consulta previa, libre e informada a la comunidad.

Según detalló el jurista, Ortega Alto es una comunidad intercultural integrada por familias del pueblo Kichwa-Saraguro y población mestiza, cuyos derechos colectivos habrían sido vulnerados al otorgarse concesiones mineras sin cumplir los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El abogado informó que el miércoles 27 de mayo de 2026 el juez constitucional de Yantzaza aceptó la acción de protección presentada por la comunidad, disponiendo varias medidas de cumplimiento obligatorio.

Entre las principales resoluciones judiciales constan:
• El inicio, en un plazo de 10 días, de procesos administrativos por parte del Ministerio del Ambiente y el ARCOM para anular las autorizaciones y concesiones mineras otorgadas en la zona.
• La ejecución, en un plazo de 72 horas, del desalojo de maquinaria utilizada en actividades mineras dentro del territorio comunitario.
• La realización de inspecciones ambientales para determinar posibles daños ocasionados en el ecosistema de Ortega Alto.
• La declaratoria de la comunidad de Ortega Alto como “guardianes del río Ortega” y territorio libre de actividad minera.

El equipo jurídico indicó que, aunque la sentencia corresponde a una primera instancia, durante la audiencia las entidades accionadas —entre ellas el Ministerio del Ambiente, ARCOM y la Procuraduría General del Estado— anunciaron verbalmente su intención de apelar la resolución.

No obstante, los abogados aseguraron que continuarán acompañando el proceso judicial en todas las instancias necesarias para garantizar el cumplimiento de la sentencia.

“Las pruebas testimoniales, periciales, imágenes y documentación presentada demostraron la vulneración de derechos constitucionales de la comunidad”, afirmó Medina.

El abogado también explicó la importancia geográfica y ambiental del río Ortega, señalando que está conformado por varios afluentes, entre ellos los ríos Campana urko, Espadillas, Lavaderos y Tres de Mayo, los cuales posteriormente se unen con el río Zabala para formar el río Yacuambi, afluente fundamental de la provincia.

Por su parte, el doctor Carlos Sarango manifestó que el equipo jurídico y las organizaciones sociales permanecerán vigilantes para exigir que las autoridades cumplan de manera efectiva las disposiciones emitidas por el juez constitucional.

“Vamos a estar pendientes y realizaremos todas las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de esta sentencia”, sostuvo.

La moradora de la comunidad, Claudia Puglia, expresó su satisfacción y orgullo por el resultado obtenido, destacando el valor espiritual, ambiental y social que representa el río Ortega para las familias del sector.

“El agua es un tesoro que vale más que el oro”, manifestó emocionada durante la rueda de prensa.

Puglia señaló que el río constituye una fuente de vida, recreación, pesca deportiva y consumo humano para la comunidad y visitantes, destacando además la importancia cultural del lugar en ceremonias ancestrales como el Inti Raymi y rituales de purificación y sanación.

Asimismo, reconoció la necesidad de fortalecer procesos de capacitación ambiental para las familias asentadas en las riberas del río, con el fin de garantizar prácticas sostenibles y la conservación integral de las fuentes hídricas.

Finalmente, los dirigentes y moradores reiteraron que la defensa del río Ortega representa una causa colectiva que busca preservar el agua, la naturaleza y los derechos de las futuras generaciones en la provincia de Zamora Chinchipe.

La mañana del jueves 28 de mayo de 2026 se dialogó con el presidente de la urbanización Romero Mejía, Joffre Conde, y con el morador Oswaldo Pineda, quienes expresaron la preocupación de los habitantes del sector frente al proyecto de traslado de vehículos retenidos hacia esta zona del cantón Zamora.

Los dirigentes y moradores señalaron que no se oponen a la ejecución del proyecto; sin embargo, solicitaron a las autoridades municipales y a la Policía Nacional que se realice un proceso de socialización y coordinación previa con la comunidad antes de la implementación definitiva del nuevo patio de retención vehicular.

Durante la entrevista, Joffre Conde manifestó que la principal preocupación de los habitantes radica en la falta de información oficial sobre el proyecto, sus alcances, la infraestructura prevista y las condiciones de seguridad que tendrá el lugar.

“Nosotros no queremos generar problemas ni polémica. Sabemos que va a ser el patio de retención vehicular aquí y no nos hemos opuesto, porque incluso podría representar beneficios para nuestro barrio, pero exigimos que se nos informe y se socialice cómo se va a ejecutar este proyecto”, expresó.

Conde indicó que los moradores conocieron de los trabajos únicamente cuando maquinaria comenzó a intervenir el terreno, sin que previamente existiera una reunión o explicación técnica con los habitantes del sector.

Según explicó, el Municipio de Zamora actualmente ejecuta trabajos de adecuación del terreno mediante el uso de maquinaria y material pétreo, mientras que la Policía Nacional tendría plazo hasta el 1 de junio para trasladar los vehículos siniestrados al nuevo espacio.

El presidente barrial advirtió que la instalación apresurada del patio vehicular podría generar problemas de inseguridad, insalubridad y afectaciones a las viviendas cercanas si no se ejecuta una infraestructura adecuada.

“Si únicamente colocan los vehículos aquí, sin cerramiento, sin seguridad y sin planificación, esto puede convertirse en un problema para el barrio y también para los propietarios de los automotores retenidos”, sostuvo.

Asimismo, indicó que actualmente la urbanización carece de varios servicios básicos, entre ellos alumbrado público y redes eléctricas adecuadas, situación que preocupa aún más a los moradores considerando el tipo de actividad que se pretende desarrollar en el sector.

Conde señaló que la urbanización todavía consta como privada dentro de los registros municipales, lo que ha dificultado el acceso a servicios básicos por parte de instituciones como la empresa eléctrica.

“Hemos solicitado acometidas y alumbrado público, pero nos indican que al ser una urbanización privada no pueden intervenir. Sin embargo, el Municipio sí está realizando trabajos aquí, entonces necesitamos que se regularice esta situación”, manifestó.

Pese a ello, aseguró que la comunidad está dispuesta a colaborar con las autoridades y con el personal que eventualmente trabaje en el lugar, siempre y cuando exista coordinación y planificación.

“Estamos prestos a ayudar en lo que sea necesario, pero queremos que las cosas se hagan de manera ordenada para evitar problemas futuros”, enfatizó.

Por su parte, el morador Oswaldo Pineda coincidió en que la principal molestia de la ciudadanía es la ausencia de diálogo y socialización previa sobre el proyecto.

“No nos han informado nada. Nos enteramos por los medios de comunicación cuando el alcalde mencionó que hasta el 1 de junio debían trasladarse los vehículos. Nunca imaginamos que sería en nuestra urbanización”, indicó.

Pineda explicó que actualmente los habitantes obtienen energía eléctrica mediante conexiones improvisadas desde sectores vecinos, situación que limita el uso adecuado de electrodomésticos y otros servicios esenciales.

Además, expresó preocupación por la posibilidad de que el patio vehicular funcione sin cerramiento ni infraestructura de seguridad, lo cual podría ocasionar robos, daños a vehículos retenidos y riesgos para la comunidad.

“Si solo hacen el terraplén y colocan los carros sin seguridad, esto puede convertirse en un problema mayor”, señaló.

Los moradores también alertaron sobre posibles afectaciones ambientales y de drenaje en el sector, debido a la presencia de una pequeña quebrada que atraviesa la zona donde actualmente se realizan trabajos de relleno con material pétreo.

Según indicaron, durante temporadas de lluvia el agua se desborda y afecta viviendas cercanas, por lo que solicitaron que se implementen soluciones técnicas adecuadas, como sistemas de tubería y drenaje, antes de continuar con las obras.

Finalmente, los habitantes de la urbanización Romero Mejía reiteraron su disposición al diálogo con la Policía Nacional, el Municipio de Zamora y demás instituciones competentes, insistiendo en la necesidad de una planificación integral que garantice seguridad, orden y bienestar para los moradores del sector.