Nacionales
Sin acceso a más financiamiento externo, Noboa encuentra en Sacha su salvavidas financiero
Sin acceso a financiamiento en los mercados internacionales y con urgencias económicas crecientes, el Gobierno de Daniel Noboa ha optado por concesionar el campo petrolero Sacha para obtener $1.500 millones de inmediato. La operación busca paliar la crisis fiscal, atender la emergencia invernal y sortear los millonarios atrasos del Estado, mientras el alto riesgo país y la incertidumbre política bloquean otras fuentes de financiamiento.
El Gobierno de Daniel Noboa, enfrentando millonarios atrasos por más de $5.600 millones al cierre de 2024, la devastación del invierno y una segunda vuelta electoral en el horizonte en 2025, ha encontrado en la concesión del campo Sacha la vía más rápida para conseguir recursos inmediatos.
El acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) establecía que Ecuador buscaría retornar a los mercados en 2025 para emitir bonos por al menos $1.500 millones y financiar parte del presupuesto estatal. Sin embargo, la elevada incertidumbre política y un riesgo país superior a los 1.300 puntos han cerrado esta posibilidad, ya que colocar bonos en esas condiciones implicaría tasas de interés de hasta el 18%, volviendo inviable la estrategia de financiamiento.
Ante este escenario, el gobierno anunció, durante el feriado de carnaval, la concesión del campo petrolero Sacha, el más productivo del país. La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, enfatizó que esta adjudicación no es una privatización, sino un contrato de delegación con el consorcio internacional Sinopetrol ( que incluye a Amodaimi Oil Company, filial de la china Sinopec).
La operación permitirá recibir $1.500 millones como prima inicial, que será utilizada para atender la emergencia invernal y gastos sociales, evitando con ello recurrir a nuevas emisiones de deuda externa en condiciones desfavorables.
«La salud y los damnificados no pueden esperar, y esos recursos son fundamentales para la inversión social», justificó Manzano. Además, el ministro de Economía, Luis Alberto Jaramillo, defendió la operación como una «negociación extremadamente conveniente» que, según sus declaraciones, no representará un riesgo fiscal para el país.
Pese a la controversia, el gobierno insiste en que la concesión es la mejor alternativa disponible ante la falta de liquidez y la imposibilidad de emitir bonos. Con una economía golpeada por el estancamiento y la crisis de seguridad, Ecuador se enfrenta a una encrucijada fiscal que obliga al Ejecutivo a tomar decisiones urgentes, aunque no exentas de críticas y riesgos políticos.
El Ordeño niega vinculación con consorcio concesionario del Campo Sacha
Ante la información falsa que circula en redes sociales sobre una supuesta vinculación de El Ordeño S.A. con Amodaimi Oil Company u Overseas Petroleum and lnvestment Corporation, esta empresa vinculada al sector ageroindustrial y lechero desmiente categóricamente dicha afirmación
«El Ordeño nunca ha tenido ni tiene ninguna relación societaria, contractual o de cualquier otro tipo con las compañías mencionadas. No nos hacemos responsables por información registrada por otras compañías, más aún cuando se trata de datos que pueden ser registrados sin verificación alguna», acotó El Ordeño
En este sentido, El Ordeño aseveró que «la información publicada en el portal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que supuestamente nos vincula con dichas empresas es incorrecta. Por ello, estamos solicitando formalmente esclarecer el origen de dicho registro y exigir su inmediata corrección»
Principales datos y cifras de la concesión del Campo Sacha
1. Adjudicación del campo Sacha:
-El 1 de marzo de 2025, el Gobierno de Daniel Noboa confirmó la adjudicación directa y sin concurso del campo Sacha.
-La operación fue concedida al consorcio Sinopetrol, conformado por Amodaimi Oil Company S.L (filial de la china Sinopec) y Petrolia Ecuador (filial de la canadiense New Stratus Energy).
Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, explicó que está de acuerdo con que se concesione Sacha, pero a través de un concurso o licitación y no a dedo (entrega directa) como está haciendo el Gobierno de Noboa.
Además, aseguró que se h desnaturalizado el contrato que se quiere firmar. «En el mundo petrolero, hay países que tiene campos en producción y que creen que pueden incrementarla. En esos casos, se adjudica a una compañía especializada por licitación y se le dice que traiga capital y tecnología para incrementar la producción. De la producción incremental, se beneficia la compañía y el Estado», acotó.
Sin embargo, el contrato que se quiere firmar incluye entregarle parte de la producción existente a Sinopetrol y no solo parte de la producción incremental como debería ser.
2. Producción y relevancia del campo Sacha:
-Sacha es el campo petrolero más productivo de Ecuador. En 2024, produjo 76.980 barriles diarios, lo que representa el 20% de la producción estatal y el 16% de la producción total del país.
-Su petróleo es de alta calidad (25-26 grados API), superior al promedio nacional de 23 grados API.
3. Inversiones de Petroecuador en el campo Sacha:
-Entre 2013 y 2023, Petroecuador invirtió $1.743,8 millones en el campo (promedio de $158,5 millones anuales).
En 2024, se tenía previsto invertir $160,1 millones.
4. Razones del Gobierno para la adjudicación:
-Se argumentó que Petroecuador no tiene los recursos para aumentar la producción de Sacha.
-Se utilizó el artículo 2 y 19 de la Ley de Hidrocarburos, que permite concesiones sin concurso cuando hay empresas estatales involucradas. El Gobierno afirmó que el campo es una «joya oxidada» y requiere inversión para su modernización.
5. Condiciones de la concesión del campo Sacha:
Se firmará, durante este mes de marzo de 2025, un contrato de participación de 20 años.
-El consorcio se llevará entre el 73,5% y 87,5% de la producción, dependiendo del precio del petróleo. Cuando el petróleo esté en $62 o menos, el Estado solo recibirá 12,5% de la producción. Si el precio del petróleo sube a $120 o más, el Estado recibirá hasta 26,5% de la producción.
Según Santos Alvite, entregarle al consorcio más del 80% de la producción es un despropósito. » Sacar un barril de petróleo en Sacha actualmente cuesta $7. Perfecto, que se le dé al consorcio esos $7 e incluso $1 o $2 más si invierte en mejorar los equipos del Campo; pero no se le puede dar hasta más del 80% de la producción total», aseveró el exministro de Energía.
6. Beneficios y críticas a la concesión del campo Sacha:
-El consorcio ofreció incrementar la producción a 100.000 barriles diarios en tres años.
-Se comprometió a una inversión total de $1.750 millones en 20 años ($87,5 millones anuales).
Ante la pregunta de ¿Cómo financiará el consorcio los $1.700 millones prometidos invertir en Sacha con el contrato de participación?, Darío Dávalos, investigador en el sector energético ecuatoriano, asegura el consorcio espera financiar una parte con el flujo de caja de las operaciones del propio Campo Sacha, una vez firmado el contrato de participación.
«Con la suscripción, el Estado ecuatoriano pasará de controlar el 100% de la producción, a tener una participación del 18%, el restante 82% será para el consorcio, según ha sido señalado en esta comunicación del 03 de marzo de 2025», acotó Dávalos.
-El consorcio entregará un bono o anticipo de $1.500 millones al Estado antes firmar el contrato de concesión.
-Críticos advierten que el Estado entregará petróleo sobre producción ya existente, no solo sobre la que aumente el consorcio. Se estima que Sacha podría generar hasta $14.941 millones, pero el Gobierno solo recibiría $6.314 millones.
-Expertos del Grupo Transformación Energética han criticado la falta de licitación y la alta participación del consorcio.
-La Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (Antep) advirtió que el contrato es perjudicial para el Estado. Se cuestiona la capacidad financiera de New Stratus Energy, que reportó pérdidas de $4,8 millones en 2024.
6. Intentos previos de concesión del campo Sacha:
–Gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso intentaron concesionar el campo sin éxito.
-En 2016, Ecuador buscó un anticipo de $1.500 millones de la china Cerg, pero no se concretó.
-En 2020, Petroamazonas suspendió un proceso de licitación que inició en 2019 a través de una auditoría internacional. En este proceso, Arthur D’ Little calificó a 12 posibles concesionarias de este acmpo. Solo cinco cumplieron los requisitos : Baker Hughes de los Estados Unidos; Pluspetrol de Argentina; Tecsip / Techint de Argentina; Cerg / Mie de China; Geopark y Vista Oil de México y Argentina. Sinopec fue descalificada por no contar con los requisitos financieros y operativos mínimos.
Santos Alvite aseguró que la concesión del Campo Sacha debería haberse dado a Baker Hughes en 2025 y no al consorcio liderado por Sinopec.
-En 2023, la Corte Constitucional bloqueó la reforma, aprobada en el Gobierno de Lasso, que permitía la concesión del campo Sacha.
7. Impacto en las refinerías y recursos del Estado:
-Sacha aporta 37.300 barriles diarios a las refinerías de Esmeraldas y La Libertad. Con la concesión, una gran parte del petróleo será destinado al consorcio extranjero.
Esta situación, de acuerdo con Santos Alvite, si se le entrega hasta más del 80% de la producción de Sacha al consorcio Sinopetrol, podría provocar «la locura» de que se tenga que importar petróleo para que funcione la refinería de Esmeraldas.
-El Gobierno justifica la concesión como una forma de obtener ingresos para la emergencia por lluvias y gasto social. (JS) Fuente: La Hora
Udi Neco es uno de los hinchas más nombrados en el Mundial 2026. Es seguidor de Turquía y resalta en los graderíos gracias a su rostro pintado de negro y una barba blanca muy extensa.
Su verdadero nombre es Necdet Olcerman. Es hincha del Besiktas y empezó a hacerse conocido en la barra de ese equipo. Después trasladó su pasión al seleccionado nacional.
Él ya es un personaje muy conocido en Turquía, pero durante el Mundial se volvió viral. En los ‘fan fest’ es uno de los más fotografiados.
En su país trabajo como gendarme y joyero. Pocas veces se lo ha visto sin interpretar a su personaje.
Turquía y Paraguay se enfrentarán este viernes, 19 de junio de 2026, desde las 22:00. El que pierda empezará a despedirse del Mundial.
Nacionales
Peculado, falsificación o minería ilegal: los procesos penales contra alcaldes y prefectos de Ecuador
Alrededor de la mitad de los alcaldes y prefectos del país ha estado inmerso en procesos penales, muchos de ellos archivados. Tres alcaldes están detenidos y un cuarto tiene un auto de llamamiento de juicio.
Presuntos delitos que van desde el robo o la estafa hasta asociación ilícita o el peculado pasando por el incumplimiento de decisión de autoridad competente, conforman el grueso de 264 procesos penales que atañen a 118 alcaldes y prefectos, más de la mitad de las autoridades subnacionales del Ecuador.
De estos procesos, 217 son archivos de la investigación previa por pedido de la Fiscalía. Además, hay dos archivados por prescripción y dos archivados por principio de oportunidad. En total son 221 procesos archivados sin formulación de cargos, es decir la mayoría.
Veinte de las 245 autoridades al frente de alcaldías y prefecturas, alrededor de un ocho por ciento, han sido procesadas por más de un delito, en algunos casos antes de que asumieran su cargo. Estas son las cifras que arroja el sistema público de consulta de procesos judiciales electrónicos del Consejo Nacional de la Judicatura, llamado e-Satje.
Spondylyus Info Lab presenta esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa, elaborada gracias a una beca de producción periodística del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Para difundir esta información, se han unido 37 medios de comunicación.
Autoridades acumulan varios procesos
Entre los casos que no han sido archivados y que no se relacionan con cuestiones administrativas, esta alianza periodística encontró 28 procesos penales que atañen a 20 autoridades subnacionales. La que ha enfrentado más procesos es la alcaldesa de Carlos Julio Arosemena Tola, Ligia Caiza, que ganó esa dignidad en 2023 por la alianza Partido Sociedad Patriótica, Avanza y CREO con el movimiento local Antisuyo Ushito (3-8-21-61). Este cantón, junto con Tena, concentra la mayoría de concesiones mineras de la provincia de Napo.
La ingeniera ambiental registra cuatro causas: tres son por presunta asociación ilícita ligada al tráfico de combustible y otro por presunta minería ilegal. En los tres primeros, Ligia Caiza fue declarada inocente en primera instancia y la sentencia ya se encuentra ejecutoriada, mientras que en el cuarto, la Fiscalía no formuló cargos en su contra.
Este caso comenzó con un operativo de la Policía Nacional para desarticular una presunta banda de tráfico de combustibles usados para minería ilegal. Para la Fiscalía, Caiza y su esposo, Jofre Coronel (quien tiene a su nombre una concesión minera artesanal), habrían sido los líderes de esta organización. La investigación se abrió el 31 de marzo de 2023, mes y medio antes de que Ligia Caiza fuese posesionada como alcaldesa, y la sentencia se dictó en enero de 2026.
Después de Caiza, el alcalde de Guayaquil enfrenta tres procesos. Aquiles Álvarez, que llegó por la alianza RETO-RC y dirige la ciudad más poblada del país, fue llamado a juicio en el caso Triple A, por el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles en la frontera sur, un proceso iniciado en julio del 2024 y que involucra a 16 personas y seis empresas.
Según la Fiscalía, las empresas habrían desviado el diésel subsidiado vendiéndolo a precio de mercado, lo que habría provocado un perjuicio al Estado de USD 100 millones. Luego, la Fiscalía abrió la investigación conocida como Goleada, ahora en etapa de instrucción fiscal, por el presunto delito de lavado de activos, derivado del caso inicial.
Cuando fue detenido en su casa en Samborondón, el 10 de febrero pasado, Álvarez no portaba el grillete, por lo que ahora es investigado por el presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Empresario y dirigente deportivo, Álvarez ha mantenido relación con una treintena de compañías y el análisis de su patrimonio demostró cambios inusuales así como la no inclusión de todos sus bienes. Entre 2023 y 2024 tuvo un retroceso en su patrimonio de USD 1,8 millones. Al inicio de su gestión había declarado USD 7.730.592 y en 2024 USD 5.870.330. Para 2025 lo aumentó a USD 7.431.403. Ahora lo reemplaza su coidearia Tatiana Coronel al frente de la Alcaldía de Guayaquil.
Otro caso es el del prefecto de Sucumbíos, Yofre Poma Martín, que llegó a ese cargo por la RC en 2023. El proceso en su contra se originó por las violentas protestas de octubre de 2019. En aquel entonces, siendo asambleísta, participó en la toma de la estación de bombeo del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano, obligando a suspender las operaciones petroleras. Fue sentenciado como cómplice de paralización de servicios públicos a un año y cuatro meses de prisión y permaneció recluido varios meses hasta beneficiarse de la suspensión condicional de la pena en 2020. Dos años después, en 2022, la Asamblea Nacional le otorgó la amnistía.
Poma ha sido gobernador, alcalde, asambleísta y, ahora, Prefecto. Cuando era alcalde de Lago Agrio, entre 2009 y 2014, también fue enjuiciado por el presunto delito de peculado por la venta de un terreno municipal. Fue sobreseído por la falta de elementos probatorios.
Las autoridades que más procesos archivados tienen son los de La Libertad, Francisco Tamariz Guerrero (electo por CD-AVANZA-DSI-Unete), por presuntos delitos de intimidación y tráfico de influencias; la alcaldesa de San Fernando, María Aurelia Sarmiento, por presunto delito de daño a bien ajeno, y el prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, por los presuntos delitos de concusión y falsificación de documentos.
Existen otras autoridades con un solo proceso y cuyos casos han sido de mayor connotación pública: los alcaldes de Pujilí, José Arroyo Cabrera; el de Riobamba, John Vinueza Salinas; de Aguarico, Juan Carlos Orellana, y el de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio.
Arroyo Cabrera cumple prisión preventiva dentro del caso Ornato Municipal por presunto peculado. La Fiscalía lo acusa de presuntamente haber ideado y dirigido un esquema de simulación contractual relacionado con compra de plantas y la construcción de un parque, cuyo monto total supera los USD 300 mil. Arroyo incluso ha impulsado una querella por calumnia en contra del vicealcalde y actual reemplazo, Raúl Arroyo Zambrano. Ambos fueron electos por la alianza RC-ID-PSE.
El alcalde de Riobamba, John Vinueza, y dos concejales fueron llamados a juicio en abril pasado porque habrían conformado una estructura para cometer delitos, como tráfico de influencias y cohecho relacionado con la asignaciones irregulares de 255 cupos de taxis, entre otros. Electo por la alianza Vecinos en Acción, conformada por Centro Democrático y RETO, Vinueza fue asambleísta antes de llegar a la Alcaldía.
Hace pocas semanas, el alcalde reelecto de Aguarico, Juan Carlos Orellana Ganchozo, fue sentenciado en primera instancia por registrar un título falso de abogado por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Él se acogió al silencio, pero su defensa anunció que apelará. Orellana, que ganó su reelección por la alianza Pachakutik-CREO, también ha registrado saltos patrimoniales importantes desde 2019 que ocupa ese cargo. En 2019 registró un patrimonio de USD 6.000 y para 2025, en la declaración periódica de su segundo mandato, el valor subió a USD 199.320. Es decir, un incremento del 3.222%.
Finalmente, el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio, que llegó a ese cargo por la Unión por la Revolución Ciudadana, fue detenido la madrugada del 3 de junio señalado por presunto lavado de activos. El abogado y empresario ha pedido quedarse en la cárcel de Latacunga para preparar su defensa. La Fiscalía indicó que el caso llamado Blindaje nació a partir de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Procesos archivados
Con respecto a los 221 procesos que fueron archivados sin formulación de cargos, 44 tuvieron un origen administrativo por incumplimiento de decisión de autoridad competente y retención ilegal de aportaciones al IESS. Este incumplimiento por parte de los alcaldes generalmente está relacionado con órdenes de pago a contratistas o trabajadores, y a veces provienen de administraciones anteriores.
Por el delito de incumplimiento de decisión de autoridad competente, el caso más conocido es contra la alcaldesa de Manta, Marciana Valdiviezo, por el pago de USD 3,6 millones al Consorcio Tránsito Segura (CTS) de Manta, integrado por las empresas Telconet y Transcorp Ecuador S.A. Por este contrato, el Tribunal Contencioso Electoral descalificó a Jan Topic, quien no pudo inscribir su candidatura para las elecciones presidenciales del año 2025. El Consorcio fue contratado para el manejo de los ingresos por multas de tránsito, pero provocó críticas porque recibía más de la mitad de lo recaudado. El proceso no está archivado.
Posibles razones
Esta cantidad de procesos que en su mayoría resultan archivados le plantea dos hipótesis al politólogo de la Universidad San Francisco de Quito, Pablo Medina: “O existe un abuso del sistema judicial o existe una manipulación del sistema judicial. Por un lado se puede haber naturalizado el demandar a un alcalde, a un prefecto, sin los argumentos de peso necesarios, y por otro, habría que analizar las causas del por qué la Fiscalía se abstiene de proseguir”.
Medina hace una comparación con el sistema anglosajón, en el que muchos casos se resuelven porque los jueces consideran que no hay lugar a la demanda y no se continúa el proceso; e incluso a veces el demandante tiene que cubrir con los costos procesales. “¿Cuánto dinero habrá perdido el Estado por todo ese trabajo de investigación de la Fiscalía pero que no llegó a una acusación?, se preguntó.
Nacionales
Jóvenes en Acción: se abren 150.000 nuevos cupos para chicos en Ecuador ¿Cómo inscribirse?
El Gobierno de Ecuador anunció una nueva fase del programa Jóvenes en Acción, una iniciativa dirigida a jóvenes en situación de vulnerabilidad que ampliará significativamente su cobertura a nivel nacional.
Con esta expansión, el número de beneficiarios pasará de 80.000 a 150.000 jóvenes, según informó el Ministerio de Desarrollo Humano. El objetivo es fortalecer las oportunidades de inclusión social, capacitación y acceso a herramientas que faciliten la inserción laboral y el desarrollo personal de este segmento de la población.
Las inscripciones están habilitadas desde las 19:00 de este 16 de junio a través de la plataforma oficial del programa.
El presidente Daniel Noboa se pronunció acerca del tema y mostró que su gobierno tiene un compromiso con los jóvenes ecuatorianos. «Hemos entregado becas, impulsado capacitaciones internacionales, creado pasantías pagadas y ampliado los cupos de educación superior en institutos públicos».
También reafirmó que «abrimos 150.000 nuevos cupos de Jóvenes en Acción, que iniciarán el 1 de julio y durará tres meses. Esta es una inversión de USD 180 millones en nuestros jóvenes, para que se capaciten e inicien actividades laborales.
Finalmente, el Primer Mandatario señaló que las inscripciones están abiertas.
¿Quiénes pueden postular?
La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 29 años que se encuentren en condición de pobreza o pobreza extrema.
Entre los requisitos establecidos se encuentran no recibir transferencias monetarias periódicas administradas por el Ministerio de Desarrollo Humano, no registrar aportaciones vigentes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) o al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), además de contar con una cuenta bancaria personal para recibir los pagos.
Transferencias de hasta USD 1.200
Los jóvenes seleccionados recibirán tres transferencias de USD 400 cada una, distribuidas durante tres meses, lo que representa un total de USD 1.200 por beneficiario.
Sin embargo, los desembolsos estarán condicionados al cumplimiento de actividades relacionadas con capacitación, fortalecimiento de habilidades, participación comunitaria, empleabilidad y desarrollo de competencias para la vida.
Estas acciones serán coordinadas con varias instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Educación, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Los pagos serán realizados por el Ministerio de Desarrollo Humano, una vez que se verifique el cumplimiento de las actividades asignadas a cada participante.
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