Nacionales
Incertidumbre por suspensión de fondos de Estados Unidos; cuatro proyectos revelan el impacto en Ecuador
Unos 30 millones de dólares dejarían de recibir este año decenas de fundaciones, organizaciones no gubernamentales e instituciones cuyos proyectos estaban financiados en el Ecuador por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Esto ha generado gran incertidumbre tras el congelamiento de los recursos de la USAID, ordenado por Donald Trump al día siguiente de su toma de posesión. La web de la Agencia para Ecuador ha dejado de funcionar y no hay contacto ya con sus funcionarios.
Más de 500 emprendedoras recibían acompañamiento
Poco después de recibir el mail de USAID Ecuador, que le informaba sobre la suspensión de sus actividades, Daniela Peralvo colgó en redes sociales un mensaje de auxilio: pedía ayuda para que los profesionales que trabajaban con Impaqto, en un proyecto fin
La empresa, dedicada a impulsar el emprendimiento, había contratado a ocho técnicos para ejecutar -desde el 2023- el proyecto ‘Poder’ con un aporte de dos millones de dólares provenientes de la USAID, explica Peralvo, cofundadora de Impaqto.
Con los fondos, se ofrecía apoyo a mujeres emprendedoras en situaciones de violencia, en siete ciudades del país; y desde inicios de este año, en tres ciudades más para ampliar la cobertura del proyecto enfocado en generación de capacidades: apoyo socioemocional, acompañamiento para mejorar el negocio y la creación de comunidades.
Más de 500 mujeres, dice Peralvo, han participado en ‘Poder’; y estaba previsto alcanzar a un centenar adicional. «Debíamos oficialmente continuar hasta el 2026 y teníamos una extensión prevista hasta el 2028; ahora, hay incertidumbre».
La situación no ha dejado inmóvil a Impaqto. Para mantener el acompañamiento a las emprendedoras, busca alianzas con organizaciones locales; es momento, dice la cofundadora, de “plantearse un rediseño de la forma en que ha funcionado hasta ahora la cooperación”.
En vilo 13 millones de dólares para monitoreo de tiburones
Dos proyectos están suspendidos en Galápagos como resultado directo del congelamiento de fondos de la USAID, afirma el director del Parque Nacional Galápagos, Arturo Izurieta.
El primero, a cargo de la Fundación Charles Darwin, tenía un periodo de ejecución de cinco años con un fondo de 13 millones de dólares para investigación y monitoreo de tiburones, además de apoyo al sector de pesca artesanal en Galápagos. ‘Habla Tiburón’ llevaba casi dos años de ejecución; «nos servía mucho para entender la dinámica de migración de tiburones».
El objetivo del segundo proyecto era el apoyo a un sistema de monitoreo para evitar la pesca incidental o captura involuntaria del albatros en la zona de la reserva marina de Galápagos; «esperábamos tener mayor información para tomar acciones sobre la incidencia que tiene la pesca industrial y artesanal en estas especies únicas en el mundo».
El Parque no recibía directamente fondos de la USAID, pero sí sus organizaciones aliadas; “la cooperación es fundamental para el mantenimiento de los valores únicos y universales de Galápagos”, dice el director, confiado en que, si se cierra esta puerta, se abrirá otra.
“Creo que Estados Unidos estaría perdiendo una oportunidad de enlazarse con países que tienen la necesidad de conocer más la biodiversidad, que es el futuro de la vida en el planeta”.
Se intensifica la búsqueda de nuevo presupuesto
A Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FDC), el congelamiento temporal de los recursos provenientes de la USAID le ha restado el 40% del presupuesto contemplado para este año. “Se pensaba trabajar en 2025 con un presupuesto de 450.000 dólares, este rato debemos trabajar con 250.000 dólares, aproximadamente”, explica Mauricio Alarcón, director Ejecutivo de la FDC.
¿Qué implica esto? “Que toda nuestra área que venía trabajando los temas de derechos digitales, privacidad, protección de datos personales, ha quedado sin financiamiento porque todos los proyectos en la materia se financiaban con recursos estadounidenses”, responde Alarcón, aclarando que afortunadamente no han prescindido de ninguna persona de su equipo porque han logrado diversificar sus recursos, pero una vez cumplidos los 90 días (24 de abril próximo) deberán reunirse para analizar de nuevo la situación.
La FDC está presente en el país desde 2009, como una organización que trabaja en la promoción y defensa de la democracia, así como el estado de derecho y la transparencia. Entre sus últimos trabajos constan la “Auditoría sobre las libertades económicas en Ecuador: situación actual y propuestas para impulsarlas” y la presentación del “Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024”.
Por su tipo de trabajo, la organización se ha autoimpuesto no recibir recursos públicos nacionales porque esto comprometería su independencia. Por ahora la nueva tarea que han sumado para este año es destinar tiempo a la búsqueda de fuentes alternas de financiamiento.
Sin fondos para programas de diversidad
La falta de financiamiento internacional no solo ha obligado a la organización Diálogo Diverso a dejar de atender a la población LGBTIQ+, migrante y mujeres en sus diversos proyectos, que incluyen asesoría médica, legal, psicológica y trabajo social, sino que también tuvo que cerrar dos oficinas, en Guayaquil y Tulcán, lo que resultó en el despido de 45 personas.
Diálogo Diverso ha aplicado en consorcio a los llamados de financiamiento de los diferentes programas de los Estados Unidos y su director y cofundador, Danilo Manzano, enfatiza que estas propuestas siempre “han estado basadas 100% en las necesidades de la gente (…). Ningún cooperante internacional viene al Ecuador a entregar dinero para que las organizaciones puedan gastarlo a criterio individual”, enfatiza.
Pero el presidente Donald Trump, posesionado en el cargo el pasado 20 de enero, firmó varios decretos entre los que se incluía la eliminación de los Programas de Diversidad, Equidad e Inclusión y con ello terminó la inyección de fondos a programas como los de Diálogo Diverso.
“Teníamos un programa para poder solventar económicamente desde aparatos auditivos, lentes -en su gran mayoría- muletas, etcétera para personas con discapacidad. Es importante tener en cuenta que las atenciones de Diálogo Diverso llegaban a más de 7.000 personas al año, pero las organizaciones sin fines de lucro no tenemos recursos para poder solventar a este nivel”, dice Manzano.
A más del cierre de sus dos oficinas, redujeron la atención en Cuenca. El espacio no ha sido cerrado porque aún cuentan con el apoyo de la Cooperación Española.
“El impacto en este momento, lastimosamente, para Diálogo Diverso ha sido fuerte, pero lo más triste de todo esto es la enorme cantidad de población LGBTQ+ que ahora no tiene acceso a espacios seguros de atención porque reiteramos, si es que el Estado ecuatoriano garantizara esta atención, no sería necesaria nuestra existencia como organizaciones de la sociedad civil”. Fuente: Vistazo
Dos llamadas realizó el sargento segundo Eduardo Castro Vásquez, de 40 años, antes de suicidarse en la casa de su mamá en Pascuales, norte de Guayaquil. Una fue a su cuñada, para pedirle perdón y que cuide a sus hijos. La otra, a su hija, una joven que compartió en redes sociales fotos con él y los últimos mensajes.
Castro se disparó en la cabeza dos horas después de asesinar a su pareja, Solange Arellano, en el Puente de la Unidad Nacional que conecta Guayaquil con Samborondón y Durán. Ella trabajaba en la Agencia de Tránsito de Durán y él, en el área jurídica de la Policía en el cantón El Carmen, en Manabí.
La Policía confirmó el femicidio de Solange y el suicidio de Castro. Un caso que no es aislado en Ecuador. Según registros periodísticos, entre 2022 y 2026 se han registrado al menos nueve femicidios perpetrados por miembros de la Policía Nacional. De esos casos, tres terminaron en un suicidio y el resto, con la sentencia de los uniformados implicados.
El año pasado, Andy Sebastián V.S., fue señalado como responsable de la muerte de Nicole de 21 años en Santa Rosa, en Tungurahua. La joven falleció de un disparo con un arma de dotación en una habitación. El principal sospechoso declaró que ocurrió cuando supuestamente estaban jugando. Pero sus declaraciones fueron contradictorias y eso generó las sospechas de los uniformados.
En 2024 hubo dos casos de femicidio que conmocionaron al país y en los que estuvieron implicados policías. Uno fue en junio, en la provincia de Imbabura.
El mayor Carlos Rodríguez mató a Dayana Lamiña, otra uniformada de la institución, al pie de la Unidad Policial de Atuntaqui. Tras sorprenderla y atacarla, Rodríguez se disparó en la cabeza y quedó tendido en el piso.
El oficia fue llevado hasta un hospital en Ibarra, donde falleció al día siguiente. La Fiscalía tomó las versiones de testigos y ordenó otras diligencias entorno al caso. Se conoció que el agresor usó su arma de dotación para asesinar a Dayana, quien era el segundo compromiso del uniformado y además tenía una niña de seis años.
Ese mismo año, pero en diciembre, hubo otro femicidio y suicidio cometido por un policía. Un sargento segundo fue hasta unas oficinas en el sector de Urdesa, norte de Guayaquil, donde trabaja su esposa y le disparó.
Además de atacarla, hirió a su hija, que recibió disparos en el tórax y el brazo. Posteriormente, el uniformado se suicidó.
En 2023 y 2022 ocurrieron los casos más estremecedores. En mayo de 2023, Paola Ortega murió tras recibir 13 puñaladas cuando estaba dentro de su auto en el sector de Sangolquí, en Pichincha. Ocurrió cuando su esposo (Cristian N.) se bajó a comprar comida, en ese momento, unos delincuentes se acercaron y la asesinaron por robarle USD 600 y una cadena de oro.
Cristian N. fue sentenciado a 34 años y ocho meses de prisión. Minutos después del crimen, él se transfirió USD 2 000 desde la cuenta de su esposa. Las grabaciones de cámaras de vigilancia en la zona revelaron también que él dio varias vueltas antes de acercarse al auto donde estaba Paola y tampoco la llevó al hospital que estaba cerca.
Otro caso se reportó en mayo de 2023. Katherine C. conducía su vehículo cuando su esposo le disparó y se chocaron contra un muro en el sector El Inca, en el norte de Quito. El uniformado Jonathan T. fue el principal sospechoso y posterior sentenciado por femicidio.
Pero su versión no pudo ser corroborada. En el juicio, la Fiscalía detalló que Katherine había sido víctima de reiteradas agresiones y el día de su asesinato, Jonathan dejó su oficina en la Comandancia de Policía para irla a buscar. Recibió una condena de 34 años y ocho meses.
En septiembre de 2023, la comunidad de Tena intentó linchar a un policía que apuñaló y mató a su expareja Ledy, de 30 años.
María Belén Bernal, asesinada dentro de la Escuela de Policía
María Belén Bernal llegó a la Escuela Superior de la Policía en el norte de Quito, donde fue vista con vida por última vez. Iba a ver a su esposo, el teniente Germán Cáceres. Fue en septiembre de 2022 y después, desapareció.
11 días después, sus restos fueron hallados en el cerro Casitagua. María Belén Bernal era abogada, tenía 34 años y un hijo de 13 años. En 2017 se había casado con Cáceres, a quien sorprendió la noche de su desaparición con una cadete.
Eso motivó una discusión que terminó en gritos de auxilio. La Fiscalía investigó el caso y recabó una versión en la que un cadete aseguró haber visto a Cáceres subiendo un bulto en el auto esa madrugada. En su habitación, se encontraron manchas de sangre en el colchón y la huella de una mano en la pared.
Cáceres estuvo prófugo algunos meses hasta diciembre de 2022, cuando fue capturado en Colombia. Recibió una sentencia de 34 años y ocho meses, la cual apeló, pero el recurso fue rechazado. El caso generó indignación y motivó multitudinarias manifestaciones en Quito, Guayaquil y Cuenca pidiendo justicia por ese y decenas de femicidios en Ecuador.
Uniformados deben ser valorados psicológicamente de forma constante, advierte especialista
La exposición a niveles de violencia, consumo de alcohol, drogas y hasta horarios laborales extremos de los uniformados, son algunos de los factores que pueden afectar la salud mental de los agentes. Así lo explicó la psiquiatra Julieta Sagnay, que conversó con Ecuavisa.com.
Sagnay explicó que el perfil de los agresores incluye rasgos de personalidad narcisista, con necesidad de dominio y superioridad. La especialista indicó que también siguen patrones relacionados con lo que viven en la formación y su trabajo, el ser subordinados o humillados, y eso traspasa al entorno familiar.
Por eso, Sagnay agregó que se deberían realizar valoraciones psicológicas a los uniformados para detectar índices o patrones, de forma preventiva, y así reducir el riesgo de este tipo de casos. Comentó también que los uniformados tienen un riesgo mayor, que es la facilidad para acceder a armas de fuego. Debido a eso, se debe considerar la atención especializada.
Ecuador recibirá un nuevo desembolso de USD 394 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Es el primero que recibirá en este 2026.
La aprobación se realizó este miércoles, 22 de abril, por parte del directorio del FMI. Es la quinta revisión de metas dentro del programa de crédito que alcanza un monto de USD 5.000 millones.
Representantes del FMI mantuvieron conversaciones con autoridades ecuatorianas entre el 26 de febrero y 6 de marzo en Quito. Posteriormente, estuvieron en Washington, entre el 16 y 27 de marzo.
Programa de crédito del FMI
Con el nombre de Servicio Ampliado del FMI, el programa de crédito es de 48 meses. Comenzó en mayo de 2024 y terminará en 2028.
Hasta el momento se han recibido USD 3.330 millones del FMI.
Medidas tomadas por Ecuador
El FMI ha destacado que la economía ecuatoriana sigue superando las expectativas iniciales. Entre los hitos positivos están el fortalecimiento de las reservas internacionales, lo que llevó a que Ecuador retorne a los mercados internacionales de capital en enero de este año.
El equipo del FMI, encabezado por Patricia Tumbarello, sostuvo que el Gobierno ha cumplido con sus objetivos como la lucha contra el lavado de activos y el régimen fiscal minero; la racionalización de los gastos tributarios, la eficiencia del gasto y las reformas mineras.
“Las autoridades ecuatorianas siguen demostrando un firme compromiso con su programa económico”, señaló Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI.
La reciente decisión de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador de conceder la extradición de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias “Topo”, vuelve a poner en el foco a uno de los nombres clave dentro de la estructura criminal de Los Choneros.
Peñafiel Nieto inició su actividad delictiva en 2016, cuando tenía 26 años. De profesión topógrafo —origen de su alias— fue vinculado al secuestro de un ciudadano austriaco en Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos.
Ese mismo año fue capturado y, en 2017, sentenciado a 11 años de prisión por secuestro y a 3 años adicionales por asociación ilícita. Fue recluido en la Cárcel Regional del Guayas.
Con el tiempo, se convirtió en una persona de confianza dentro de la estructura y asumió el liderazgo de “Los Fatales”, una facción vinculada a actividades de sicariato, a la par que «Fito» se consolidaba como líder de «Los Choneros» tras el asesinato de Zambrano González en una cafetería del centro comercial Mall del Pacífico, en Manta, el 28 de diciembre de 2020.
En 2022, «Topo» inició el trámite para acceder a beneficios penitenciarios y el 3 de junio de 2023 obtuvo el régimen semiabierto, tras cumplir la totalidad de la pena por asociación ilícita y el 60% de la condena por secuestro. Ese proceso derivó en su liberación.
Ya en libertad, su rol dentro de la organización se fortaleció en un contexto marcado por la disputa entre Los Choneros y otras bandas como Los Lobos.
En ese escenario, “Topo” participó en la expansión hacia economías ilegales como la minería ilegal, especialmente en la provincia amazónica de Sucumbíos, donde «Los Choneros» protagonizaron enfrentamientos enfrentamientos con los «Comandos de la Frontera», una disidencia de las FARC.
En septiembre de 2025 fue nuevamente detenido en la provincia de Napo por presunto tráfico de armas. Para entonces, también tenía vigente una orden de captura por el asesinato de un policía en 2024, además de antecedentes por asociación ilícita, secuestro extorsivo y otros delitos. En algunos procesos fue liberado con medidas sustitutivas.
Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad conocida como “La Cárcel del Encuentro”, situada en la provincia costera de Santa Elena.
“Este angelito le hará compañía a Fito»
Alias “Topo” es requerido por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York por presunto tráfico de drogas a gran escala y uso de armas de fuego.
El 22 de abril de 2026, tras una audiencia de extradición pasiva, la Corte Nacional autorizó su entrega a Estados Unidos, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y recibir las garantías diplomáticas correspondientes.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el objetivo del Gobierno es que la extradición se concrete “muy pronto”, para que el procesado enfrente a la justicia estadounidense, donde ya se encuentra José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros, extraditado en 2025.
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