El asambleísta por Zamora Chinchipe, Héctor Valladarez, realizó una evaluación de su primer año de gestión legislativa correspondiente al periodo 2025–2029, abordando temas relacionados con la situación política nacional, la fiscalización de recursos amazónicos, presuntos actos de corrupción y problemáticas vinculadas a la minería y el transporte pesado en la provincia.

Durante la entrevista en Diario El Amazónico, Valladarez recordó que el pasado 14 de mayo se cumplió un año desde el inicio del actual periodo legislativo y aseguró que la dinámica de la Asamblea Nacional cambió radicalmente tras la conformación de la nueva mayoría parlamentaria.

El legislador criticó el funcionamiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL), señalando que el oficialismo habría incorporado a exintegrantes de la bancada de la Revolución Ciudadana que posteriormente se declararon independientes. Según indicó, esta situación habría alterado la representación política dentro del Parlamento.

“Estamos frente a un régimen que no respeta ni la ética, ni la moral, ni la Constitución. Han cooptado la Asamblea Nacional y bloqueado la fiscalización”, sostuvo.

Valladarez afirmó que actualmente existen restricciones para la participación de legisladores de oposición en el pleno, denunciando limitaciones en el uso de la palabra y un control político ejercido desde la mayoría legislativa.

En el ámbito de fiscalización, el asambleísta aseguró que uno de los principales temas investigados durante este periodo corresponde al manejo de los recursos amazónicos. Explicó que, tras analizar los ingresos generados por la actividad minera y energética en la región, se detectaron presuntas inconsistencias en la distribución de recursos contemplados en la Ley Amazónica.

De acuerdo con sus declaraciones, los ingresos provenientes de regalías mineras, hidroeléctricas y utilidades relacionadas con proyectos extractivos habrían superado los 360 millones de dólares anuales, cifra que, según indicó, podría alcanzar los 400 millones si se incluyen otros rubros energéticos.

El legislador sostuvo que, pese a esos montos, la Amazonía únicamente habría recibido cerca de 100 millones de dólares, situación que motivó nuevas acciones de fiscalización y solicitudes de exámenes especiales ante la Contraloría General del Estado.

En ese contexto, informó que se solicitó una revisión patrimonial a exautoridades y actuales representantes del Consejo Amazónico y de la Secretaría Técnica Amazónica, con el objetivo de transparentar el manejo de dichos recursos.

Asimismo, Valladarez indicó que también impulsó denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), señalando supuestos cobros ilegales que afectarían a mineros artesanales y pequeños productores de la provincia.
El asambleísta manifestó que la denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía General del Estado y espera que el proceso investigativo determine responsabilidades dentro de una presunta red de corrupción vinculada al sector minero.

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el caso Progen, relacionado con contratos energéticos suscritos durante la crisis eléctrica de 2024. Valladarez cuestionó el pago anticipado de aproximadamente 110 millones de dólares para proyectos que, según afirmó, hasta la fecha no habrían generado energía para el país.

Además, expresó preocupación por el acuerdo comercial firmado entre Ecuador y Estados Unidos, señalando posibles afectaciones al sector agrícola nacional debido al ingreso de productos subsidiados provenientes del mercado estadounidense.

En materia provincial, el legislador informó que inició procesos de fiscalización relacionados con contratos de transporte pesado vinculados a la empresa minera ECSA, tras recibir denuncias de transportistas locales sobre retrasos en pagos, presuntas amenazas y afectaciones económicas.

Según indicó, transportistas habrían denunciado que empresas subcontratistas de origen extranjero estarían desplazando a operadores locales mediante la importación de maquinaria pesada usada.

“No podemos permitir que se lleven la riqueza de la provincia mientras nuestros emprendedores y trabajadores son perjudicados”, expresó.
Valladarez insistió en que la provincia de Zamora Chinchipe genera importantes ingresos económicos para el país gracias a la minería, señalando que para 2026 se proyecta una facturación cercana a los 4.500 millones de dólares por concepto de producción minera.

El legislador sostuvo que una adecuada redistribución de esos recursos permitiría financiar obras estratégicas para la provincia, entre ellas el nuevo hospital, la universidad amazónica y el avance del cuarto eje vial.

Finalmente, reiteró su compromiso de continuar impulsando procesos de fiscalización y defensa de los intereses de Zamora Chinchipe y la región amazónica. “Seguiremos trabajando con valentía y sin claudicar en la defensa de las causas del pueblo”, concluyó.

El exalcalde del cantón Zamora, Smilcar Rodríguez, se pronunció sobre la situación del actual Hospital Julio Doepfner y el proceso de gestión para la construcción de un nuevo hospital general provincial para Zamora Chinchipe, señalando que la infraestructura existente ya cumplió su vida útil tras 58 años de funcionamiento.

Rodríguez, quien actualmente lidera el colectivo ciudadano que impulsa esta propuesta, manifestó que la lucha por el nuevo hospital responde a un derecho fundamental contemplado en la Constitución de la República, relacionado con el acceso a la salud pública y la atención digna para la ciudadanía.

“El tema de la salud no puede tomarse a la ligera. El hospital provincial atiende no solamente a Zamora Chinchipe, sino también a sectores de Loja y Morona Santiago. Necesitamos una infraestructura acorde a las necesidades actuales de la provincia”, sostuvo.

Durante la entrevista, explicó que uno de los principales avances alcanzados ha sido la obtención de un terreno de aproximadamente 35 mil metros cuadrados en el sector La Chacra, límites con Tunantza, destinado exclusivamente para la construcción del nuevo hospital. Indicó que el predio cuenta con servicios básicos, acceso energético, estudios previos e incluso una línea eléctrica denominada “Hospital de Zamora”.

Rodríguez recordó que el terreno fue entregado durante su administración municipal y aseguró que, pese a existir estudios técnicos iniciales, estos no fueron validados por el Gobierno Nacional de turno debido a discrepancias políticas registradas en el año 2014.

El exalcalde cuestionó la falta de respaldo efectivo de algunas autoridades locales y nacionales, señalando que gran parte de la presión y gestión ha recaído sobre la ciudadanía organizada. “La colectividad ha tomado la posta porque no tiene compromisos políticos con los gobiernos de turno, mientras que algunas autoridades han actuado con pasividad”, afirmó.

Asimismo, expresó preocupación por el deterioro actual del terreno destinado al hospital, señalando que existen escombros, maleza e incluso riesgos de invasiones debido a la falta de mantenimiento y control institucional.

En ese contexto, propuso la realización de una minga ciudadana para adecentar el predio y demostrar al Gobierno Nacional que la provincia mantiene firme el interés de concretar el proyecto hospitalario.

Rodríguez explicó que actualmente ya existe una partida presupuestaria destinada para la contratación de los estudios técnicos definitivos, recursos que reposan en la cédula presupuestaria del Hospital Julio Doepfner. Indicó que el siguiente paso es que el Ministerio de Salud Pública y las autoridades hospitalarias ejecuten de manera inmediata el proceso de contratación.

“El estudio es la herramienta técnica fundamental. Sin estudios aprobados no se puede gestionar financiamiento ni presentar proyectos ante el Ministerio de Finanzas, la Secretaría Técnica Amazónica o incluso organismos privados”, señaló.

El dirigente ciudadano indicó que el objetivo es que los estudios técnicos, ambientales, arquitectónicos y estructurales puedan estar aprobados hasta finales del presente año, lo que permitiría iniciar la gestión de recursos económicos en 2027.

De igual manera, insistió en la necesidad de que los gobiernos autónomos descentralizados participen mediante convenios de competencias concurrentes, aportando recursos y articulando esfuerzos con el Gobierno Nacional para hacer viable la obra.

“El argumento de que no es competencia de los municipios o de la prefectura no puede convertirse en excusa. Las competencias concurrentes permiten unir recursos y esfuerzos para obras prioritarias como esta”, enfatizó.

Rodríguez también criticó el estado actual del sistema de salud pública a nivel nacional, mencionando deficiencias en ambulancias, alimentación hospitalaria, dotación de médicos, enfermeras, seguridad e insumos médicos.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía, autoridades para mantener activa la presión social para garantizar que el proyecto no quede archivado. “Las grandes obras de la provincia han nacido de la lucha social del pueblo. El nuevo hospital debe convertirse en una causa provincial”, concluyó.

Un grupo de exguardias de seguridad que prestaron servicios en el Hospital Básico Cantonal de Yantzaza denunció públicamente una presunta deuda laboral que se mantiene desde hace aproximadamente un año, situación que, según manifestó, afecta gravemente a 33 trabajadores y sus familias.

La denuncia fue realizada durante una entrevista radial, en la que uno de los afectados solicitó mantener en reserva su identidad por temor a represalias. El ciudadano explicó que él y sus compañeros trabajaron durante el año 2025 brindando servicios de seguridad privada en la casa de salud de Yantzaza, sin que hasta la fecha hayan recibido el pago correspondiente por sus labores.

Según el testimonio, la empresa contratista responsable del servicio sería “912 Company Security”, con sede en Quito. El denunciante aseguró que tanto la empresa como las instituciones estatales involucradas se atribuyen mutuamente la responsabilidad de los retrasos, sin ofrecer soluciones concretas a los trabajadores afectados.

“Ya es un año que a mí y a mis compañeros no nos han pagado. Debemos arriendos, servicios básicos y tenemos familias que mantener”, expresó el exguardia, quien además indicó que muchos de los trabajadores han tenido que buscar empleos ocasionales para subsistir ante la falta de ingresos.

El ciudadano señaló que el problema no se limitaría únicamente al Hospital Básico de Yantzaza, sino que existirían casos similares en otras casas de salud del país. Asimismo, manifestó que los afectados han intentado acudir a diferentes autoridades provinciales en busca de apoyo y mediación, sin obtener respuestas efectivas.

Durante la entrevista, también cuestionó el rol de los directivos de la empresa contratista y de los supervisores encargados de coordinar las jornadas laborales, asegurando que los trabajadores cumplían extensas jornadas sin recibir garantías sobre el pago de sus haberes.

El caso ha generado preocupación ciudadana debido al impacto social y económico que representa para las familias afectadas. Los denunciantes solicitan la intervención inmediata de las autoridades competentes, entre ellas el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Finanzas, la Gobernación de Zamora Chinchipe y organismos de control laboral, con el fin de esclarecer responsabilidades y garantizar el cumplimiento de los pagos pendientes.

En la entrevista radial también se cuestionó la falta de acciones de fiscalización y mediación institucional frente a este tipo de conflictos laborales, enfatizando la necesidad de que las autoridades provinciales y nacionales atiendan de manera prioritaria la problemática de los trabajadores impagos en el sistema de salud pública.

Los afectados reiteraron su llamado para que el caso sea visibilizado a nivel nacional y se adopten medidas que permitan solucionar una situación que califican como “inhumana”, considerando que llevan aproximadamente doce meses sin percibir remuneración por servicios ya prestados.