Un grupo de exguardias de seguridad que prestaron servicios en el Hospital Básico Cantonal de Yantzaza denunció públicamente una presunta deuda laboral que se mantiene desde hace aproximadamente un año, situación que, según manifestó, afecta gravemente a 33 trabajadores y sus familias.
La denuncia fue realizada durante una entrevista radial, en la que uno de los afectados solicitó mantener en reserva su identidad por temor a represalias. El ciudadano explicó que él y sus compañeros trabajaron durante el año 2025 brindando servicios de seguridad privada en la casa de salud de Yantzaza, sin que hasta la fecha hayan recibido el pago correspondiente por sus labores.
Según el testimonio, la empresa contratista responsable del servicio sería “912 Company Security”, con sede en Quito. El denunciante aseguró que tanto la empresa como las instituciones estatales involucradas se atribuyen mutuamente la responsabilidad de los retrasos, sin ofrecer soluciones concretas a los trabajadores afectados.
“Ya es un año que a mí y a mis compañeros no nos han pagado. Debemos arriendos, servicios básicos y tenemos familias que mantener”, expresó el exguardia, quien además indicó que muchos de los trabajadores han tenido que buscar empleos ocasionales para subsistir ante la falta de ingresos.
El ciudadano señaló que el problema no se limitaría únicamente al Hospital Básico de Yantzaza, sino que existirían casos similares en otras casas de salud del país. Asimismo, manifestó que los afectados han intentado acudir a diferentes autoridades provinciales en busca de apoyo y mediación, sin obtener respuestas efectivas.
Durante la entrevista, también cuestionó el rol de los directivos de la empresa contratista y de los supervisores encargados de coordinar las jornadas laborales, asegurando que los trabajadores cumplían extensas jornadas sin recibir garantías sobre el pago de sus haberes.
El caso ha generado preocupación ciudadana debido al impacto social y económico que representa para las familias afectadas. Los denunciantes solicitan la intervención inmediata de las autoridades competentes, entre ellas el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Finanzas, la Gobernación de Zamora Chinchipe y organismos de control laboral, con el fin de esclarecer responsabilidades y garantizar el cumplimiento de los pagos pendientes.
En la entrevista radial también se cuestionó la falta de acciones de fiscalización y mediación institucional frente a este tipo de conflictos laborales, enfatizando la necesidad de que las autoridades provinciales y nacionales atiendan de manera prioritaria la problemática de los trabajadores impagos en el sistema de salud pública.
Los afectados reiteraron su llamado para que el caso sea visibilizado a nivel nacional y se adopten medidas que permitan solucionar una situación que califican como “inhumana”, considerando que llevan aproximadamente doce meses sin percibir remuneración por servicios ya prestados.
