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Resolución Judicial Ratifica la Legalidad de Concesiones Mineras en Zamora Chinchipe

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La mañana de este martes 9 de diciembre, durante una rueda de prensa, representantes del sector minero de Zamora Chinchipe informaron a la ciudadanía sobre la resolución judicial favorable que pone fin a varios años de denuncias por supuesta minería ilegal en contra de concesionarios de la provincia.

El anuncio fue realizado junto al abogado defensor, Dr. Diego de Jesús Pozo Torres, representante legal en el proceso de la Cooperativa de Producción Minera “11 de Julio”, quien se pronunció de manera telemática para explicar el alcance jurídico de este resultado.

Un proceso iniciado en 2016 finalmente llega a su fin
Según detalló el Dr. Pozo, el caso se remonta aproximadamente al año 2016, cuando un grupo de personas presentó reiteradas denuncias señalando la existencia de presunta minería ilegal en varias concesiones de la zona de Zamora. Estas acusaciones derivaron en una investigación que acumuló entre 800 y 900 hojas y que, durante varios años, generó afectaciones laborales, emocionales y administrativas a los sectores mineros involucrados.

El proceso fue inicialmente radicado en la Fiscalía de Delitos contra la Naturaleza de Quito, entidad que determinó que:
• No existía delincuencia organizada,
• No existían agresiones o afectaciones ambientales atribuibles,
• Y que las concesiones investigadas contaban con las autorizaciones estatales y ambientales vigentes.
Con estos elementos, el expediente fue posteriormente remitido a la Fiscalía Provincial de Zamora Chinchipe.

Archivo por inexistencia de delito
El abogado Pozo informó que la señora jueza del cantón Zamora fue contundente al resolver el caso. Si bien el fiscal había solicitado el archivo, la jueza aclaró que la investigación no se archiva por falta de pruebas, sino porque la conducta denunciada no constituye delito.

“Es fundamental comprender —señaló el jurista— que no toda conducta debe ser criminalizada. Si existieran dudas o quejas administrativas o ambientales, estas deben tramitarse en sus ámbitos correspondientes, no en materia penal”.

Durante su intervención, el Dr. Pozo explicó que las denuncias presentadas en años anteriores se tornaron extorsivas e intimidatorias, pues los denunciantes no acudieron a rendir versiones pese a ser convocados reiteradamente.

Asimismo, destacó la actuación del Fiscal Dr. Edgar Orlando Silva, quien de manera objetiva y conforme al artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), coincidió con los criterios de la Fiscalía de Quito sobre la inexistencia de responsabilidad penal.

El abogado informó también que la resolución judicial no es impugnable, por lo que el proceso queda definitivamente cerrado.

La Cooperativa 11 de Julio evalúa acciones legales
Con la resolución a su favor, la Cooperativa 11 de Julio anunció que analiza iniciar acciones legales por denuncias maliciosas y temerarias, así como por la divulgación pública de información reservada durante la etapa investigativa, lo cual constituye una infracción conocida como difusión de información restringida, tipificada en el COIP.

Pozo enfatizó que este precedente será clave para evitar futuras denuncias infundadas que buscan obstaculizar el trabajo de los mineros que operan dentro de la ley.

Respaldos del sector minero
Durante la rueda de prensa, intervino también James Salcedo, secretario ejecutivo de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, quien destacó la importancia de esta resolución como reconocimiento a la minería legal y formal de la provincia.

Salcedo subrayó que en esta causa también estaban involucrados concesionarios de Nambija, Sultana del Cóndor, Las Nanguipa y otros sectores, quienes fueron denunciados sin fundamento.

“Lo que sigue —indicó— es evaluar un juicio por daños y perjuicios contra quienes atentaron contra nuestras concesiones. Este proceso nos quitaba la tranquilidad, porque un proceso penal afecta no solo la actividad económica, sino también la estabilidad emocional y familiar”, señaló.

Añadió que Zamora Chinchipe, reconocida como la capital minera del Ecuador, necesita que se respete y proteja el trabajo de los mineros formales, quienes cuentan con permisos, estudios, auditorías y cumplen con la normativa vigente.

Llamado al Gobierno Nacional
Salcedo recordó además que el Presidente de la República ofreció, en campaña, avanzar con la regularización y el censo minero para los pequeños mineros y artesanales de la provincia, así como concluir procesos pendientes como el del sector Cumbaratza. El dirigente exhortó al Gobierno a cumplir estos compromisos y abrir mesas de diálogo que permitan promover una minería responsable, transparente y sostenible.

La minería legal como aporte a la provincia y al país
El Dr. Pozo reiteró que la resolución marca un precedente relevante:
• Identifica claramente la diferencia entre minería ilegal y minería legal y regularizada.
• Reconoce el aporte de la minería formal a la economía, al trabajo comunitario y al desarrollo sostenible.
• Sienta las bases para frenar denuncias sin sustento que afectan la dignidad y el derecho al trabajo de ciudadanos y concesionarios.

“Respaldamos a todos los mineros legales y a quienes cumplen con las regulaciones del Estado. La dignidad de las personas debe ser respetada, así como el trabajo honesto que sostiene a esta provincia”, afirmó.

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AGROPZACHIN fortalece la producción agrícola con la construcción de huertos e invernaderos en Yantzaza

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La Empresa Pública AGROPZACHIN avanza en la construcción de 20 huertos e invernaderos familiares, comerciales y comunitarios en el cantón Yantzaza. Actualmente, el 50 % de estas estructuras ya se encuentran concluidas, mientras que el porcentaje restante está en ejecución. Esta iniciativa busca fortalecer la soberanía alimentaria, impulsar la producción agrícola y generar nuevas oportunidades económicas para las familias productoras del cantón.

Bolívar Romero, técnico de AGROPZACHIN en Yantzaza, explicó que la construcción de los invernaderos se desarrolla mediante un proceso coordinado en convenio con el Gad Municipal de Yantzaza y GAD Parroquiales de Chicaña y Los Encuentros con el apoyo de los productores. Beneficiando a sectores como Pitá Alto, Chicaña, La Unión de Chicaña, Santa Lucía, El Zarza y la cabecera parroquial de Los Encuentros. Las instituciones participantes contribuyen con materiales y mano de obra, mientras que AGROPZACHIN aporta con insumos para los invernaderos y asistencia técnica especializada.

Para acceder a este beneficio, tienen que presentar una solicitud a la empresa pública, luego el equipo técnico realiza una visita de diagnóstico y elaboración de un informe de factibilidad. Una vez aprobada la intervención, se procede con la construcción.

Además, Romero, señaló que, los beneficiarios aportan también con mano de obra y materiales adicionales, mientras AGROPZACHIN brinda los principales insumos para la estructura y el acompañamiento técnico necesario. Bajo estas estructuras se cultivan hortalizas 100% orgánicas, destinadas al consumo familiar y a la comercialización. Con ello se fortalece la soberanía alimentaria, la economía de las familias productoras y la práctica de una agricultura más sostenible.

Uno de los beneficiarios es Fabián Cajas, productor de Pitá Alto, desde niño aprendió las labores agrícolas junto a sus padres. Actualmente, cuenta con un invernadero en el que produce diversas hortalizas destinadas tanto al consumo de su familia como a la comercialización. “AGROPZACHIN me ha servido de mucho porque el conocimiento técnico complementa los conocimientos empíricos que uno manejaba”, manifestó Cajas.

De igual manera, Robert Acaro, productor de Playas La Florida, destacó el apoyo recibido para fortalecer su emprendimiento agrícola. Como parte del proyecto, recibió tubos de dos pulgadas y plástico para la construcción de su invernadero, donde cultiva productos como vainilla y lechuga. Para el productor, este aporte, aunque pequeño, representa una ayuda significativa para continuar con su actividad productiva, generar alimentos para el consumo y comercialización, y contribuir a la creación de fuentes de trabajo.

Dato:

Como Empresa Pública, AGROPZACHIN mantiene como meta la construcción de entre 15 y 20 huertos o invernaderos por cantón, reafirmando su compromiso con el desarrollo productivo y el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias rurales de la provincia.

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Nacionales

¿Cree que es el fin de VIALZACHIN? Despiden a cerca de 40 trabajadores y crece la incertidumbre sobre el futuro de la empresa

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La Empresa Pública de Vialidad Zamora Chinchipe VIALZACHIN EP vuelve a situarse en el centro de la discusión pública luego de que, según información proporcionada por trabajadores, el 27 de agosto de 2026 se habría comunicado la salida de aproximadamente 40 servidores de la institución.

El hecho adquiere especial relevancia por la naturaleza y trayectoria de esta empresa pública, vinculada desde su creación al Gobierno Autónomo Provincial de Zamora Chinchipe y concebida como una entidad con autonomía administrativa y financiera orientada a la prestación de servicios relacionados con la vialidad provincial.

De acuerdo con los antecedentes institucionales, VIALZACHIN EP fue creada mediante ordenanza aprobada el 26 de mayo de 2011 por el Consejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, con publicación posterior en el Registro Oficial. Su finalidad estuvo relacionada con la operación de plantas de trituración y asfalto, la producción de agregados y mezclas asfálticas y su utilización en la rehabilitación y mantenimiento de las redes viales de la provincia.

Durante sus años de funcionamiento, la empresa ha desarrollado actividades vinculadas con el mantenimiento y mejoramiento vial, producción de materiales pétreos, asfaltado y servicios técnicos, además de establecer mecanismos de cooperación con municipalidades, gobiernos parroquiales y otros actores públicos y privados dentro de su ámbito de competencia.

Una decisión con impacto laboral e institucional.

La presunta desvinculación colectiva de trabajadores plantea interrogantes que trascienden el ámbito estrictamente laboral y alcanzan la discusión sobre la continuidad operativa, administrativa y financiera de una empresa pública que forma parte de la estructura institucional de la provincia.

Entre los trabajadores afectados existirían personas con una extensa trayectoria dentro de la institución. De acuerdo con información entregada a este medio, algunos servidores acumularían más de una década de servicio, llegando en determinados casos a superar los 15 años de permanencia laboral.

La situación genera preocupación particularmente entre quienes han desarrollado buena parte de su vida profesional vinculados a la empresa y cuyo conocimiento técnico y experiencia forman parte del capital humano acumulado durante años de operación.

Eficiencia, Rentabilidad y Control Social

La propia VIALZACHIN EP señala entre sus principios de funcionamiento la búsqueda de eficiencia, rentabilidad y control social. Asimismo, su misión institucional la define como una empresa pública de vialidad adscrita al Gobierno Provincial, orientada a ofrecer productos y servicios relacionados con el asfaltado, materiales triturados y servicios de laboratorio tanto al sector público como al privado.

En este contexto, cualquier proceso de reestructuración, reducción de personal o modificación de la estructura institucional debería ser analizado no solamente desde la perspectiva presupuestaria, sino también considerando sus efectos sobre la capacidad operativa de la empresa, la continuidad de los servicios y el aprovechamiento de la experiencia acumulada por sus trabajadores.

La documentación pública disponible evidencia, además, que VIALZACHIN EP mantenía actividad administrativa y contractual durante agosto de 2026. Una necesidad de contratación publicada el 21 de agosto de 2026 estuvo relacionada con el mantenimiento correctivo de la planta de trituración de la empresa, lo que demuestra que la institución continuaba desarrollando actividades operativas en fechas próximas a la decisión comunicada a los trabajadores.

¿Qué pasará con VIALZACHIN EP?

La principal interrogante que queda planteada es cuál será el futuro operativo de la empresa y bajo qué criterios administrativos, financieros y técnicos se habría adoptado la decisión de separar a una parte importante de su personal.

También resulta pertinente conocer si existe un informe técnico, financiero u organizacional que sustente la medida, cuál será la nueva estructura de la empresa, qué ocurrirá con los servicios que actualmente presta y cómo se garantizará la continuidad de las actividades vinculadas con la vialidad provincial.

Las decisiones sobre empresas estatales deben observar criterios de eficiencia y sostenibilidad, pero también principios de transparencia, planificación, responsabilidad institucional y respeto a los derechos de los trabajadores.

VIALZACHIN EP no representa únicamente una estructura administrativa: durante más de una década ha constituido parte de la capacidad técnica y operativa de la provincia en materia vial. Por ello, cualquier modificación profunda en su estructura merece una explicación pública, documentada y transparente.

La ciudadanía de Zamora Chinchipe tiene derecho a conocer qué motivó la decisión, cuál será el futuro de la empresa y qué medidas se adoptarán para garantizar la continuidad de los servicios públicos vinculados a la vialidad.

Hasta el cierre de este boletín, se requiere conocer la versión oficial de la administración de VIALZACHIN EP y del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe respecto de las desvinculaciones reportadas por los trabajadores.

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Operativo “FÉNIX 0450” deja ocho aprehendidos y droga incautada en El Pangui

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La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Jefatura de Investigación Antidrogas de la Subzona Zamora Chinchipe, ejecutó el operativo denominado “FÉNIX 0450”, como parte de una investigación previa desarrollada en coordinación con la Fiscalía General del Estado y con el apoyo de unidades especializadas.

La intervención inició aproximadamente a las 05h15 del jueves 27 de agosto y permitió ejecutar acciones investigativas previamente autorizadas en el cantón El Pangui, orientadas a combatir el tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Como resultado del operativo fueron aprehendidas ocho personas, quienes quedaron a órdenes de las autoridades competentes para el respectivo procedimiento legal. De acuerdo con la información obtenida durante la investigación, tres de los aprehendidos registrarían antecedentes relacionados con delitos de tenencia y/o tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Las líneas investigativas también identificaron una presunta vinculación de la estructura investigada con el Grupo Armado Organizado (GAO) “Los Lobos”. Según los indicios recopilados, sus integrantes estarían relacionados con actividades ilícitas que habrían generado temor e inseguridad en distintos sectores del cantón.

Uno de los aspectos que reviste especial preocupación dentro de la investigación corresponde a la presunta utilización de adolescentes para actividades relacionadas con el expendio y distribución de sustancias sujetas a fiscalización. Esta modalidad habría buscado aprovechar la condición de vulnerabilidad de los menores para facilitar las actividades ilícitas de la estructura investigada.

Resultados del Operativo 
Durante las intervenciones realizadas, las autoridades decomisaron:
• 1.822,1 gramos de pasta base de cocaína, equivalentes aproximadamente a 16.661 dosis.
• 213,5 gramos de marihuana, equivalentes aproximadamente a 427 dosis.

Evidencias incautadas

• 11 teléfonos celulares
• 3 balanzas digitales
• 2 armas de fuego
• 7 municiones
• 4 motocicletas
• 1 vehículo tipo taxi
• USD 55 en efectivo

El operativo contó con la participación articulada de personal de Investigación Antidrogas, Criminalística, Dirección General de Inteligencia, Unidad de Mantenimiento del Orden, Servicio Preventivo y Fiscalía, fortaleciendo la capacidad de respuesta institucional frente a estructuras presuntamente vinculadas con actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

La Policía Nacional señaló que estas acciones forman parte de su estrategia para enfrentar el crimen organizado y el tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, con especial atención a la protección de niños, niñas y adolescentes frente a redes delictivas que pretendan instrumentalizarlos para la comisión de actividades ilícitas.

Los ocho ciudadanos aprehendidos y las evidencias fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán las responsabilidades correspondientes conforme al debido proceso y la legislación vigente.

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