En la lucha contra el cáncer, el éxito no se mide por las leyes aprobadas ni por los medicamentos incluidos en un listado oficial, sino por la continuidad del cuidado, es decir, que el paciente reciba el tratamiento correcto en el momento preciso. Hoy, Ecuador enfrenta una paradoja dolorosa: aunque múltiples terapias ya forman parte del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB), la realidad en los pasillos de los hospitales cuenta una historia muy distinta.

¿Qué está pasando realmente?

Existe una brecha crítica que separa el derecho a la salud de la atención efectiva. Actualmente, menos del 40% de las pacientes oncológicas recibe un tratamiento adecuado, lo que significa que más del 60% se encuentra bajo esquemas subóptimos. El problema de fondo ha dejado de ser únicamente qué está aprobado para convertirse en algo mucho más urgente: qué está disponible en el momento exacto en que el paciente lo necesita.

Según un estudio de EquityCancer-LA, en Ecuador, el tiempo promedio para que una mujer reciba un diagnóstico confirmatorio desde la primera sospecha es de 140 días. Con una cobertura de mamografías de apenas el 20% en la población en riesgo, el sistema detecta casos en etapas avanzadas, lo que incrementa la presión hospitalaria y los costos de atención.

Esta situación ha forzado una transición peligrosa en la práctica clínica. El sistema está pasando de una medicina basada en evidencia, donde el médico elige el tratamiento adecuado y preciso para darle calidad de vida al paciente, a una medicina basada en existencias, donde la receta se ajusta estrictamente a lo que hay en stock. Cuando el medicamento no está disponible debido a un desabastecimiento intermitente, la medicina deja de ser ciencia para convertirse en una gestión de carencias, y esto genera que los pacientes reciban tratamientos muy por debajo de los estándares oncológicos.

El cáncer no es solo una enfermedad más; requiere diagnósticos certeros mediante biomarcadores. Sin embargo, las limitaciones en reactivos y la capacidad especializada insuficiente retrasan la personalización terapéutica, indispensable para evitar tratamientos inadecuados.

El costo humano de la burocracia

La falta de coordinación administrativa y el peso de la burocracia están expulsando a los pacientes del sistema. La realidad es inmediata y crítica:

• Los pacientes oncológicos del sistema público están siendo rechazados por SOLCA debido a nudos administrativos y falta de convenios efectivos y la deuda creciente por falta de pagos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Salud Pública (MSP), dejándolos a la deriva.
• En hospitales como el Andrade Marín, la escasez de medicinas ha dejado de ser una amenaza para convertirse en una realidad cotidiana que interrumpe ciclos de vida.

En este sentido, cada día de retraso tiene un impacto macroeconómico y social devastador. Reportes de impacto socioeconómico en el país evidencian que el manejo ineficiente de patologías crónicas generó una pérdida de productividad de USD 699 millones entre 2017 y 2023. En ese mismo periodo, las brechas de acceso le costaron a la población ecuatoriana 83.500 años de vida saludable (DALYs). Solo en cáncer de mama, llegar tarde al diagnóstico y al tratamiento se traduce en pérdidas económicas directas de USD 25 millones anuales.

El laberinto de la compra centralizada

La solución propuesta a través de la compra centralizada se encuentra en un estado de incertidumbre. Los cronogramas actuales para productos no catalogados han sufrido ajustes drásticos: se pasó de una proyección de compra de 15 meses a solo 12, sin que exista claridad sobre las cantidades finales ni garantías de cumplimiento de las fechas de entrega inicialmente informadas. Incluso, se ha reportado que algunos medicamentos ya se encuentran en stock cero. Por su parte, aunque el Ministerio de Salud cuenta con listados de productos, la ausencia de una hoja de ruta sobre la temporalidad de los procesos impide una planificación que asegure el abastecimiento real.

Aunque el país cuenta con una Ley de Cáncer, el impacto real es nulo sin un reglamento claro, estructurado y con una hoja de ruta definida para su implementación. En este punto, el país enfrenta una oportunidad decisiva: el reglamento en construcción no puede limitarse a ser un instrumento administrativo, sino convertirse en una herramienta concreta para resolver las fallas estructurales del sistema.

Un reglamento bien diseñado debe garantizar la continuidad del tratamiento oncológico mediante mecanismos como la planificación obligatoria del abastecimiento, sistemas de alerta temprana ante quiebres de stock y procesos ágiles de respuesta que prioricen la vida del paciente por encima de la burocracia. Asimismo, debe alinear la compra pública con las necesidades reales del sistema y fortalecer la capacidad operativa de los hospitales, permitiendo una transición efectiva de un modelo reactivo a uno preventivo.

Es imperativo transitar hacia un modelo que priorice la descentralización administrativa y la agilidad en la gestión hospitalaria. El acceso real significa disponibilidad continua, logística eficiente y asignación presupuestaria sostenible.

Hoy, más que nuevas leyes, el sistema necesita reglas claras que funcionen. El reglamento de la Ley de Cáncer puede ser ese punto de inflexión: el instrumento que transforme el acceso teórico en acceso real y que asegure que ningún paciente vea interrumpido su tratamiento por causas evitables.

El presidente de la República, Daniel Noboa, viajó este martes 5 de mayo a República Dominicana, donde permanecerá hasta este miércoles, según consta en un decreto ejecutivo emitido por el Gobierno.

El documento señala que se trata de un viaje oficial. Además, establece que la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete es la encargada de definir la comitiva que acompañará al mandatario durante su estadía. El decreto no precisa los motivos del viaje.

Relación entre Ecuador y Rep. Dominicana

Noboa y su homólogo dominicano, Luis Abinader, se reunieron en febrero pasado en Dubái, donde hablaron sobre la posible negociación de un acuerdo comercial.

La cita se dio en el marco de la agenda que cumplieron ambos mandatarios en la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS, en inglés) que se realizó en esa ciudad de Emiratos Árabes Unidos.

En ese contexto “coincidieron en la importancia de fortalecer el avance de intercambios comerciales, el encadenamiento productivo, las inversiones y la reactivación económica a través de un acuerdo que fomente el empleo y competitividad en las naciones”, agregó la Presidencia de Ecuador en un comunicado difundido en febrero.

En 2023, bajo la Presidencia de Guillermo Lasso, Ecuador y República Dominicana ya habían decidido emprender negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo comercial de “alcance parcial”, el más básico de los convenios comerciales entre países, que supone entendimientos generales en materia arancelaria y sobre una cesta básica de bienes de la oferta comercial de cada una de las partes.

En una entrevista en Televistazo, Jorge Yánez, dirigente del gremio de transportistas sumó un pedido más para este sector.

Yánez solicitó al presidente Daniel Noboa extender por cuatro meses más, las compensaciones por el subsidio del diésel. 

“Si es posible al señor Presidente de la República, solicitarle que analice esta posibilidad que existía en el decreto ejecutivo de ampliar a cuatro meses (las compensaciones por alza del diésel) para el sistema de transporte intracantonal, los ciudadanos de Quito le vamos a agradecer que nos dé este salvavidas adicional”, mencionó en la entrevista.

Acerca del incremento de los pasajes

Yánez asegura que la tarifa de USD 0,35 centavos no es rentable. En una reunión con los directivos del sector, se estableció la posibilidad de fijar el valor en USD 0,65 centavos, que podrían ser costeados entre la ciudadanía y el Municipio de Quito.

Para esto, el dirigente explica que en las mesas de trabajo técnicas que se desarrollarán a partir del 13 de mayo, se planteará la posibilidad de establecer un subsidio cruzado. 

¿En qué consiste esta opción?

Yánez explica que parte de los rubros que se recaudan por matriculación, pasajes, peajes; entre otros, podrían destinarse para el incremento del pasaje.

“El modelo de gestión debe cambiar y tener decisión política e financiar el sistema de transporte por ejemplo, con rubros de matrículas, multas parqueaderos y así establecer un subsidio cruzado”.

¿Sobre el plazo del incremento?

El dirigente gremial sostiene que por varias ocasiones, se solicitó al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, dialogar acerca del ajuste en el valor del pasaje y se solicitó los estudios actualizados de la Secretaría de Movilidad para hacer esta revisión, pero no obtuvo respuesta.

“No estamos imponiendo que el pasaje se incremente cada año, sino que la Ley de Tránsito establece un incremento bianual y la última revisión fue en el 2020”, aclaró.

¿Qué pasa con la siniestralidad y la calidad del servicio?

Yánez aseguró que el índice de siniestros causados por buses de transporte público, en parte, se deben a la falta de capacitación.

Según el agremiado, actualmente las escuelas de conducción profesional otorgan una capacitación de seis meses a los conductores.

«Es insuficiente. No nos lavamos las manos, pero es como que los hospitales les enseñaran a los médicos cómo hacer su labor”, precisó.