Nacionales
¿Quiénes aparecen en el informe revelador del asesinato de Fernando Villavicencio? Comisión apunta a móvil político
La comisión especial de la Asamblea Nacional, encargada de investigar el crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio ocurrido en agosto del año pasado, ha concluido su labor presentando un informe revelador. Según el documento, aprobado este jueves con seis votos a favor y uno en contra, existen indicios claros de un móvil político detrás del crimen.
El informe final, que será entregado al pleno del Legislativo para su consideración, detalla que al momento del asesinato, el riesgo de un atentado contra la vida de Villavicencio era extremadamente alto, con una tasa del 93%. Este dato subraya la gravedad de las amenazas que enfrentaba el candidato y la posible negligencia en su protección.
Se mencionó que el trabajo de Villavicencio, quien había denunciado más de una quincena de casos de corrupción que salpicaron a varios gobiernos, le llevó a ser blanco de grupos ilegales.
La Asamblea indicó que aparentemente existían organizaciones criminales que buscaban acabar con la vida del político y que aparentemente contaban con el apoyo de funcionarios públicos, políticos y hasta periodistas.
En el informe «aparecen los nombres de Xavier Jordán (empresario), Ronny Aleaga, exasambleísta del correísmo, quienes tenían la misión de desprestigiar a Villavicencio», agregó la fuente.
Asimismo, el documento asevera que el periodista Andersson Boscán, del medio digital La Posta, había presuntamente acordado con el narcotraficante Leandro Norero, asesinado en la cárcel en 2022, «ocultar información a Fernando Villavicencio, información que consta en el proceso del caso Metástasis» que investiga la Fiscalía del Estado.
Un informe preliminar recomendaba investigar a mayor profundidad el crimen de Villavicencio, pero también «recordarse como un crimen político en el marco de la guerra que libra la sociedad ecuatoriana contra las mafias y las organizaciones criminales».
«El crimen de Fernando Villavicencio, sus autores, cómplices, encubridores, financistas, responsables materiales e intelectuales deben ser identificados y sancionados en el marco de la ley. Ni el Estado ni la sociedad podemos permitir la impunidad en este caso», recoge el texto preliminar.
Asimismo, reprochó a entidades que no atendieron peticiones de información formuladas por la comisión, y la ausencia de varias personas que fueron convocadas a comparecer.
El pasado 28 de abril, una jueza resolvió abrir juicio contra cinco de los seis acusados por la Fiscalía en el caso del asesinato de Villavicencio, cuyas sospechas recaen en una facción de una banda criminal conocida como Los Lobos que tiene como cabecilla a Carlos Angulo (‘El Invisible’), al que la Policía señala como presunto autor intelectual.
Los cinco acusados y el absuelto por la jueza son los únicos supervivientes de los catorce involucrados presuntamente en el crimen, pues ocho de ellos, entre los que están los siete sicarios colombianos que participaron en la ejecución del atentado, aparecieron muertos cuando estaban en la cárcel.
Villavicencio murió el 9 de agosto de 2023 tras ser asesinado a tiros a la salida de un mitin electoral en Quito, cuando faltaban apenas once días para la celebración de la primera vuelta de las elecciones generales extraordinarias, a las que se presentó como candidato presidencial por el movimiento Construye. Fuente: Vistazo
Internacionales
Redes familiares, empresas y policías investigados por el oro ilegal en San Ignacio – Perú
San Ignacio, Cajamarca — 7 de noviembre de 2025.
El silencio de las montañas de San Ignacio fue roto por el ruido metálico de las retroexcavadoras y el murmullo constante del río Chinchipe. En esta frontera donde Perú se encuentra con Ecuador, un reciente reportaje del portal de investigación Ojo Público ha destapado una compleja red dedicada a la minería ilegal de oro. Detrás de este circuito —que abarca desde la extracción hasta la comercialización del mineral— se entretejen vínculos familiares, empresariales y policiales, según el informe firmado por el periodista Aaron Wörz.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de San Ignacio investiga actualmente a 22 personas por los presuntos delitos de minería ilegal y lavado de activos. Entre los implicados figuran los suboficiales de la Policía Nacional del Perú Edinson V. E. y José G. V. señalados por brindar protección a mineros ilegales en los distritos de Namballe, Chirinos y Tabaconas, una zona de difícil acceso donde el oro fluye con más libertad que la justicia.
El informe también apunta hacia el clan Sánchez Chanta, liderado por Segundo S. Ch. acusado de instalar campamentos auríferos y plantas de procesamiento en el caserío El Tambo (Namballe). Desde los días más duros de la pandemia, esta familia habría levantado un emporio clandestino a costa de los ríos, los bosques y la tranquilidad de las comunidades.
Empresas fachada y lavado de oro
La ruta del oro no termina en las montañas. Según la investigación, la empresa Amazónica Pelé & Venus E.I.R.L., con sede en Trujillo y dirigida por Grettel Pelé León, figura como pieza clave en la comercialización del oro sin trazabilidad ni respaldo legal, lo que para la Fiscalía constituye un mecanismo de blanqueo de capitales provenientes de la minería ilegal.
Los registros oficiales son contundentes: el 80% de las concesiones mineras en San Ignacio se superponen al cauce del río Chinchipe, y de las 139 concesiones existentes, apenas 14 han sido formalizadas. El resto opera en la sombra, bajo la mirada cómplice o indiferente de quienes deberían controlar.
La expansión de esta actividad ilícita ha desplazado a cientos de trabajadores del sector cafetalero, motor económico de la provincia. Muchos agricultores, tentados por el dinero rápido, abandonaron sus cultivos para ganar hasta S/150 diarios, el doble de lo que ofrece el café. Así, el aroma del oro ha sustituido al del grano tostado, y el verde de las montañas empieza a teñirse de barro y combustible.
Una frontera sin control
El reportaje también advierte la presencia de ciudadanos ecuatorianos que cruzan la frontera para operar maquinaria pesada o adquirir oro. Las débiles medidas de control estatal y la presunta complicidad de ciertos agentes del orden permiten que la minería ilegal avance impunemente, corroyendo tanto los ecosistemas como las instituciones.
“El oro ilegal en San Ignacio se sostiene por la protección policial, las redes familiares y las empresas que lavan el mineral”, concluye el informe de Ojo Público (02/11/2025).
Fuente: Noticias del Diario Ahora Jaén
Preocupación en Zamora Chinchipe
Mientras en el lado peruano la Fiscalía y la Policía Ambiental intensifican los operativos, en el margen ecuatoriano —especialmente en los cantones Chinchipe, Palanda, Zamora y Yantzaza— crece la inquietud ciudadana. Los habitantes se preguntan por qué en Perú se actúa con firmeza contra la minería ilegal, mientras en Zamora Chinchipe las máquinas vuelven a aparecer en las noches, a la vista de todos, sin que las autoridades intervengan.
El oro, que alguna vez simbolizó riqueza y esperanza, hoy refleja la corrupción, el silencio y la indiferencia de un sistema que mira hacia otro lado. En la frontera del Chinchipe, el brillo del metal sigue ganando terreno sobre el verde del bosque, y la pregunta persiste: ¿hasta cuándo?
La Policía desactivó este jueves varios artefactos explosivos en el norte de Quito, en las inmediaciones del Complejo Judicial Norte, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.
Agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) se desplegaron en horas de la noche tras detectar tres cargas explosivas colocadas dentro de un vehículo, entre ellas cilindros de gas adaptados para detonar mediante un dispositivo electrónico.
Reimberg aseguró que se trata de intentos de atentados sincronizados y atribuyó los hechos a “quienes están desesperados”.
El perímetro fue acordonado por unidades tácticas mientras se efectuaba la desactivación de los artefactos. El incidente no dejó heridos ni fallecidos.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la identidad de los responsables y su posible vinculación con los recientes hechos violentos registrados en el país.
“El dispositivo electrónico de ignición del explosivo fue desactivado”, precisó el ministro, quien destacó que el operativo forma parte de la línea investigativa relacionada con un atentado terrorista ocurrido en Guayaquil el mes anterior.
Alerta máxima desde atentado letal
Las amenaza de explosivos registrada este jueves en el norte de Quito, que se sumó a otros dos incidentes en Guayaquil, que tampoco dejaron víctimas, se dio casi un mes después del atentado con coche bomba perpetrado el pasado 14 de octubre en el norte de la ciudad portuaria, a las afueras de un centro comercial situado en la Av. Joaquín José Orrantia, que dejó un muerto y decenas de heridos.
Vídeos difundidos por redes sociales captaron el momento de la explosión. Según se aprecia, de repente, frente a varios ciudadanos que se acercaron a grabar y carros que circulaban por la vía, la camioneta fue engullida en un muro de llamas que se levantó más de cinco metros, generando una onda expansiva que destruyó vidrios de edificaciones cercanas.
Reimberg agregó que el atentado sería una represalia de «Los Lobos» por las operaciones militares desarrolladas en el sector minero de Buenos Aires, provincia de Imbabura, donde el Gobierno ejecuta operativos de gran escala contra la minería ilegal. Fuente: Vistazo
Nacionales
Daniel Noboa viajará a Bolivia para la toma de posesión del presidente electo Rodrigo Paz
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, viajará este viernes a Bolivia para la asunción de mando del presidente electo Rodrigo Paz, quien asumirá el cargo en sustitución de Luis Arce tras ganar la segunda vuelta de las elecciones el pasado 19 de octubre.
El viaje institucional, anunciado mediante el Decreto Ejecutivo 203, se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre. A la ceremonia acudirá una comitiva oficial que estará formada únicamente por la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfield.
Adicionalmente, la comitiva de apoyo será la autorizada por la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de Presidencia.
La asistencia de Noboa responde, según el Decreto Ejecutivo, al interés de Ecuador de fortalecer relaciones bilaterales con los países de la región.
El pasado 19 de octubre, en la segunda vuelta de las elecciones de Bolivia, el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, alcanzó el 54,5% de los votos frente al 44,5% de la Alianza Libre del expresidente conservador Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002).
Dos décadas de gobiernos izquierdistas como precedente
La victoria de Paz pone fin a 20 años de Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), que fue fundado y liderado por el expresidente Evo Morales (2006-2019).
Tras conocerse el resultado electoral, el Gobierno de Ecuador felicitó al centrista por su triunfo y le deseó «éxito en el desempeño de su mandato en beneficio del hermano pueblo boliviano».
“Ecuador reitera su compromiso de seguir trabajando junto a Bolivia para fortalecer los lazos de cooperación, integración y amistad entre nuestros países, en beneficio de la estabilidad y el desarrollo de la región andina y de América Latina», señaló el Ejecutivo por medio de un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Fuente: Vistazo
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