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«Que le entreguen a Rubén el cariñito» | Los chats del director de la ANT, detenido en el caso Jaque

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Las escuchas telefónicas a los integrantes de una red de corrupción que cobraba hasta USD 250 por licencias de conducir permitieron la desarticulación de la organización que operaba en las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el viernes 30 de enero de 2026, según el expediente judicial al que PRIMICIAS tuvo acceso.

Un operativo simultáneo y 23 allanamientos en Quito, Imbabura y Santo Domingo dejaron 10 procesados, nueve de ellos detenidos, incluido el director de la ANT, Pedro Abril Alegría, jefes de oficinas de atención al usuario, asistentes de recaudaciones y técnicos del área de Licencias.

Las oficinas de la ANT a escala nacional también fueron cerradas para la atención de usuarios, mientras se investiga el alcance que tuvo la red de corrupción que fue denunciada el 2 de julio de 2025 a la línea 1-800-Delito y cuyo reporte policial señalaba, textualmente, lo siguiente:

Ingresa una llamada de información por actos de corrupción presuntamente de funcionarios y personas civiles tramitadores de la agencia de tránsito en Cayambe. La fuente, quien no se identifica, indica que tiene números de teléfonos y los alias, que son conocidas todas las personas, quienes cobran USD 250, para ayudarles a matricular vehículos y sacar licencias, sin turnos, mientras que los ciudadanos de bien no pueden obtener un turno para realizar estos trámites.

La fuente indica que el guardia conoce a los tramitadores, que pasan a vista y paciencia del mismo, mientras que las demás personas no pueden ingresar ni a preguntar de un trámite, los alias y los números de teléfono de los involucrados son alias Charly 0988XXXXXX, alias Quique 0996XXXXXX, alias Alejo 0992XXXXXX, alias Dama 0959XXXXXX, quien seria funcionaria cabecilla de la Agencia Nacional de Tránsito de la provincia de Pichincha, alias Profesor 0963XXXXXX, alias Mica 0983XXXXXX, alias Cholo 0984XXXXXX.

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Vigilancias e interceptación telefónica
Con autorizaciones judiciales, la Fiscalía inició vigilancias e interceptaciones telefónicas a varios sospechosos guiados por la denuncia del informante. Así descubrieron que la red estaba conformada por 10 personas y a la cabeza de la organización se encontraría, según la Fiscalía, el director de la ANT, Pedro Abril; además de Emma A., directora provincial de la ANT en Pichincha; y Ximena C., jefe de Oficina de Atención al Usuario.

“Los hechos que hoy se mencionan públicamente ya fueron denunciados por mi persona el 20 de enero de 2026, directamente ante la Fiscalía General del Estado”, señaló Pedro Abril en un comunicado en sus redes sociales la misma noche de su detención.

No obstante, las escuchas telefónicas realizadas por los agentes investigadores a 10 conversaciones, en el periodo 28 de noviembre y 31 de diciembre, determinaron que en tres de ellas queda en evidencia su participación en la red de corrupción, diálogos que fueron sostenidos con subalternos los días 15, 19 y 31 de diciembre de 2025.

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El 15 de diciembre, por ejemplo, según los informes de las interceptaciones, el director de la ANT se mensajea con una persona que se identifica como César J., quien le señala que “se le habría pasado el desarrollo de una audiencia” y le solicita conversar, a lo que el director le responde que “le señalaría una posible fecha para conversar”.

Otra comunicación se dio el 19 de diciembre. “Se señala el tiempo para salir con esa vuelta, se hace alusión a la determinación de una consulta de placas, hace alusión en este caso a que se le iría a entregar un cariñito que él señala que se lo entregue a Rubén en su cuenta”, revelaron los informes con las extracciones telefónicas de Pedro Abril.

Un tercer chateo judicializado, y que consta en el expediente del caso Jaque, se dio el 31 de diciembre entre el director Pedro Abril y una persona que le señala que alguien “está preguntando si es que le puede ayudar”. Ante esto, el director responde: “Que se acerque y pregunte por Tatiana A., que sí lo va a ayudar”.

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En las comunicaciones, los agentes descubrieron que el director era conocido con el alias de ‘Pedrito’, pues así se referían a él sus interlocutores. La casa de Pedro Abril, de 38 años y funcionario de la ANT desde 2022, fue allanada la madrugada del 30 de enero de 2026.

Durante la inspección en su residencia, en el conjunto La Rinconada, en Tumbaco (Quito), los policías encontraron billetes de USD 100, USD 20 y USD 5, que sumaron la cantidad de USD 19.780, además de un arma de fuego calibre 9 milímetros, con dos alimentadoras y 29 cartuchos 9 milímetros.

En la requisa al domicilio de Pedro Abril la Fiscalía decomisó también las siguientes evidencias:

Una carpeta con documentos anillados que en su portaba señalaba “Fiscalía General del Estado. Instrucción Fiscal 17010XXXXXX. Delito: Asociación Ilícita / Enriquecimiento Privado No Justificado / Tráfico de Influencias /Concusión. Sospechosos: Sergio Patricio G., Eddy Fernando S., Fausto Antonio M., Rubén Darío L., Xavier Augusto V., Segundo José S., y otros.

Una carpeta con 13 hojas impresas y que contenían nombres de personas bajo un título encabezado que señalaba “Cuentas por cobrar aspirantes Terminal Terrestre al 12/05/2022”.

Maleta de cuero marca Calvin Klein con un MacBook Pro de marca Apple.

Tres dispositivos móviles de marca IPhone color azul y dorado.

Un Apple Watch modelo Ultra 49 mm color Titanium.

Una tableta tipo IPad Pro, marca Apple, color plateado

20 dispositivos USB de marcas Kingston, HP, Gemalto, Safenet, Lander, Toshiba y Maxell.

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“Un muerto por poner trabas”
Con el alias de ‘Xime’ se identificó en los chateos a la jefa de la Oficina de Atención al Usuario de la ANT, Ximena C. G. Varias comunicaciones dan cuenta de su participación en la organización, una de ellas el 30 de octubre de 2025, en la que coordina el depósito de USD 800 en billetes de USD 100, efectivo que guardaría en el sistema de “ahorro programado”.

Los informes de la Fiscalía, señalan que alias ‘Xime’ decía: “no vale que entre tanto dinero, usar tantas cuentas”. En una comunicación del 6 de noviembre de 2025, menciona que una persona “habría muerto, porque posiblemente habría sabido poner trabas en la emisión de licencias”.

Otra interceptación telefónica permite leer que alias ‘Xime’, de 46 años y funcionaria de la ANT desde 2014, mantenía reuniones en el patio de comidas de un centro comercial y que se quejaba porque “no puede pedir vacaciones, porque no cogería nada”.

“Jorge R. está buscando jefatura pero ha de pagar por el puesto porque ha hecho un pacto con escuela, que reciben USD 5.000, y ya se va Pedro, el que viene con la misma consigna, de seguir robando”, escribió el 23 de enero de 2026.

Procesados por el caso Jaque

Por presunta delincuencia organizada en la ANT. Nueve de 10 recibieron prisión preventiva.

Tabla con 2 columnas y 10 filas. Ordenado de forma ascendente
Abril Alegría Pedro Javier Director de la ANT
Carrera Guerrón Ximena Cecilia Jefe de Oficina de Atención al Usuario de la ANT
Huertas Paredes Oswaldo Rodrigo Técnico en Emisión de Licencias de la ANT
Sanguano Quiroz Edwin Miguel Asistente de Recaudación Cantonal de la ANT
Costta Escobar Gustavo Gabriel Jefe de Oficina de Atención al Usuario de la ANT
Sierra Méndez Dora Flor Técnico de Servicio al Ciudadano Provincial de la ANT
Palacios Aguirre Manuel Alejandro Asistente de Atención al Usuario de la ANT
Ordóñez Oviedo Carlos Alexander Desconocida
Castillo Aveiga Enrique Andrés Teniente Político Parroquia de Cascol en Manabí
Aguayo Escobar Emma Melissa* Directora Provincial de Pichincha de la ANT

Otro de los procesados, Oswaldo H., de 34 años y funcionario técnico del área de Emisión de Licencias la ANT desde 2018, era identificado en la red como alias ‘Rojo’. En una comunicación del 29 de octubre del 2025 señala: “Se necesita una orden de pago, no puedo sacar, he perdido dos días de plata, son USD 2.000”, y el mismo día: “Tengo la licencia por imprimir, ya puse documentos a digitadores, nadie va a saber eso”.

Alias ‘Rojo’ mensajea el 6 de noviembre de 2025 a otro miembro del grupo y le comenta que “Sistemas no quiso hacer licencia, pueden ser Choneros”. En el allanamiento en su vivienda, los agentes hallaron 15 anillos metálicos, cinco anillos, nueve dijes, dos pulseras, ocho cadenas, una cadena platead, cinco relojes, 32 aretes, cuatro dispositivos móviles, relojes marca Fossil, USD 13.091 en billetes de USD 100, USD 50 y USD 20.

“Sí está saliendo dinero para pagar al director”
Miguel S., asistente de Recaudación Cantonal de la ANT, también se delató por sus comunicaciones. Empleado desde 2016, se lo menciona en la red con el alias de ‘Miguelito’.

“Un compañero de Quito ha llamado para retirar licencia, cuánto será? Eso es personal?. Vaya por el tema de licencia con un hd que está en Guayaquil. De haciendo, luego hablan del tema del dinero (…) Suba a firmar, el dinero para hacer la transferencia tiene que tener mucho cuidado”, escribió alias ‘Miguelito’ en un mensaje del 4 de diciembre de 2025.

Gustavo C., alias ‘Cholo’ y empleado del área de Atención al Usuario, escribió un mensaje el 9 de septiembre de 2025 en el que señalaba “ha llegado 50 o 60 trámites, puedo hacer 20, el coordinador es Rodrigo hay que decirle para traer los documentos chuecos Pedrito, dirección no le satisface lo que le están dando, 2.200 es para el jefe y ellos se quedan con la diferencia”.

A Dora Flor S. se la ubica con el alias de ‘Rosa’. En una comunicación presuntamente con la esposa de Abril le dice que “devuelva el dinero, no los tenga engañados”. “Sí está saliendo dinero para pagarle al director y que quede dinero para el grupo, un examen estaría en USD 130 más la emisión de licencia sportman”, escribió el 13 de octubre.

Manuel P., asistente de Atención al Usuario de la ANT era identificado con el alias de ‘Alejo’. En su domicilio se encontraron 22 matrículas vehiculares del cantón Durán y certificados de matriculación vehicular.

Carlos O., con el alias de ‘Charly’. “Fui a dejar los verdes, estaba preguntando para mandar las licencias, debe cobrar primero, han mandado a hacer una renovación. La encomienda de Cayambe ya le ha enviado la licencia, envía guía por Whatsapp”. En el allanamiento a su vivienda se decomisó 18 revisiones vehiculares de la alcaldía de Playas, 10 de Quito, documentos de una escuela de capacitación.

Enrique C., alias ‘Kike’, teniente político de la parroquia Cascol (Manabí). En un chat conversa para salir con alias ‘Rosa’, ingresa a las oficinas de la ANT en Cayambe. En el allanamiento se le decomisó documentos sobre permisos de escuelas de conductores.

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Fiscalización recomienda juicio político contra Mario Godoy por presunta ‘inoperancia’ al frente de la Judicatura

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Un informe preliminar de la Comisión de Fiscalización plantea recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional el inicio de un juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por presunta «manifiesta inoperancia».

El documento, que se filtró antes de su votación oficial, se sustenta en el numeral 3 del artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y deberá ser analizado y debatido por los integrantes de la mesa legislativa antes de ser remitido al Pleno para su resolución.

Godoy se encuentra en el centro de la polémica desde que el juez anticorrupción Carlos Serrano denunciara presuntas presiones dentro de la institución para favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, investigado por lavado de activos dentro del caso denominado ‘Euro 2024’.

El magistrado también alertó sobre la supuesta falta de garantías para proteger su vida tras las amenazas que habría recibido por su actuación en este proceso judicial.

El documento será conocido oficialmente la noche de este viernes 13 de febrero de 2026, cuando la comisión legislativa se reúna para debatir su contenido y someterlo a votación entre sus miembros. En caso de aprobarse la recomendación, el proceso avanzará al Pleno del Legislativo, donde se definirá si se enjuicia políticamente al presidente de la Judicatura.

Correísmo impulsa juicio político contra Mario Godoy

Los solicitantes del juicio político por presunto incumplimiento de funciones, que impulsan los correístas Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso Mendoza, sostienen que Godoy incumplió los numerales 1 y 3 del art. 168 de la Constitución, relacionados con la independencia interna y externa de los órganos de la Función Judicial.

Argumentan que Godoy fue pasivo ante las presiones indebidas ejercidas por sus subordinados directos, como el director provincial de Pichincha, Henry Gaibor, quien habría intervenido coercitivamente sobre el juez Carlos Serrano para influir en el desarrollo del caso “Euro 2024”, sugiriendo argumentos favorables a la defensa del procesado Jezdimir Srdan.

Tras la filtración del informe, la legisladora Viviana Veloz reaccionó en redes sociales señalando que la recomendación respondería a la presión ciudadana y a la existencia de pruebas que, según afirmó, vincularían a Godoy con supuestos intentos de protección a narcotraficantes. En su pronunciamiento también cuestionó al oficialismo y aseguró que la independencia judicial continúa en riesgo.

La asambleísta agregó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estaría avanzando en mecanismos para designar un eventual reemplazo en la Judicatura, lo que —según sostuvo— permitiría mantener el control político del organismo, señalando directamente al presidente Daniel Noboa. Fuente: Vistazo

$!Tuit de Viviana Veloz tras la filtración del informe.
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La Tertulia Jurídica analizó el rol del derecho penal frente a los desafíos de la sociedad contemporánea

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En una nueva emisión del programa La Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación del doctor Ernesto Yerobi, abogado penalista ecuatoriano, quien desarrolló el tema “Derecho penal y sociedad: evolución dogmática frente a los desafíos de la modernidad”, un análisis profundo sobre la función del derecho penal en el contexto social actual.

Durante su intervención, Yerobi se presentó ante la audiencia como abogado riobambeño, especializado en derecho penal general y derecho penal económico y de la empresa, con amplia experiencia tanto en el libre ejercicio profesional como en el ámbito académico, participando activamente en la cátedra universitaria, programas de formación continua, espacios de difusión jurídica y medios de radiodifusión y plataformas digitales.

El jurista destacó que el derecho penal es una de las ramas más sensibles del ordenamiento jurídico, cuya correcta aplicación resulta fundamental para garantizar la convivencia social y el respeto de los derechos ciudadanos. En ese marco, enfatizó que no toda conducta socialmente reprochable constituye un delito, aclarando que, desde la dogmática penal, el delito debe configurarse como una conducta típica, antijurídica, culpable y punible.

Como parte de su exposición académica, Yerobi explicó de manera didáctica las categorías dogmáticas del delito, abordando la conducta —tanto en su modalidad de acción como de omisión—, la tipicidad objetiva y subjetiva, la antijuridicidad y la culpabilidad, resaltando la importancia de comprender estos elementos para evitar interpretaciones erróneas que generen alarma social y una percepción distorsionada de inseguridad.

Asimismo, analizó conceptos clave como el juicio de tipicidad, el rol del verbo rector dentro de los tipos penales, y la necesidad de que toda conducta sancionada se encuentre expresamente prevista en la norma penal, en respeto al principio de legalidad. En este contexto, subrayó que la ausencia de tipificación impide la atribución de responsabilidad penal.

Yerobi también abordó las causas de justificación, como la legítima defensa, el estado de necesidad y el cumplimiento de órdenes de autoridad competente, destacando que estas figuras se rigen por criterios estrictos de proporcionalidad, racionalidad y ausencia de provocación, elementos esenciales dentro de un Estado constitucional de derechos.

En un análisis histórico-dogmático, el expositor recorrió las principales corrientes del pensamiento penal: el causalismo, el finalismo, el funcionalismo y el garantismo penal, explicando su evolución y aplicación práctica. Señaló que el funcionalismo normativista, especialmente en el ámbito del derecho penal económico, responde de mejor manera a las complejas dinámicas sociales actuales, al centrarse en los roles, el riesgo permitido y la imputación objetiva, más allá de la mera ejecución material del delito.

Finalmente, Yerobi reflexionó sobre la crisis del sistema judicial ecuatoriano, la fragilidad de la independencia judicial y el impacto de estas problemáticas en la confianza ciudadana, enfatizando la responsabilidad ética de los abogados y la necesidad de una aplicación técnica, razonada y humana del derecho penal.

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Confirman la venta de diario El Universo

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El diario El Universo, uno de los medios de comunicación impresos de Ecuador, cambia de manos. La mañana del jueves 12 de febrero de 2026, la familia Pérez anunció la venta de su participación accionaria en el rotativo.

En un comunicado difundido en redes sociales, la familia fundadora se despidió de su audiencia y confirmó que Carlos y César Pérez Barriga y Nicolás Pérez Lapentti vendieron sus acciones a un grupo de inversionistas encabezado por Yves Maia Pardini, empresario radicado en Florida, Estados Unidos.

¿Quiénes son los nuevos dueños de El Universo?

El grupo inversionista que adquirió las acciones está liderado por Yves Maia Pardini, emprendedor con trayectoria en servicios corporativos y financieros. También forma parte del consorcio Integra Capital, vinculada al empresario argentino José Luis Manzano.

Según el comunicado oficial, el objetivo de esta adquisición es fortalecer el liderazgo periodístico del medio y abrir una nueva etapa estratégica. El grupo empresarial cuenta en su portafolio con medios de comunicación en Argentina como América TVEl Cronista y Telefé, entre otros.

Nueva administración y enfoque empresarial

Como parte de la transición, se informó que Ignacio Giménez, exgerente de Diario El Comercio de Perú, asumirá la conducción de la nueva operación de El Universo. Su designación apunta a consolidar la modernización y expansión del medio en un entorno digital cada vez más competitivo.

La transacción se produce en un contexto de transformación global de la industria de medios, marcada por la digitalización, la migración de audiencias a plataformas digitales y la necesidad de nuevos modelos de sostenibilidad financiera.

Un cambio que impacta al ecosistema mediático ecuatoriano

Con este cambio de propiedad, el medio inicia una nueva etapa bajo capital internacional, mientras el sector observa cómo se redefine el mapa de los medios tradicionales en Ecuador.

La transición abre interrogantes sobre la línea editorial, la independencia periodística y la estrategia digital del rotativo.

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