El Ministerio de Ambiente y Energía suspendió las actividades mineras en las provincias de Napo, El Oro y Loja para reforzar acciones de protección ambiental y contra la extracción ilícita de recursos. Se empezará con un monitoreo de calidad de agua en los cuerpos hídricos de las localidades antes mencionadas.
La mañana de este lunes 2 de febrero, la ministra Inés Manzano emitió una resolución “frente a la extracción ilícita de minerales, que ha generado graves afectaciones ambientales en la Amazonía ecuatoriana y el sur del país”.
En Napo se cancelan todas las actividades mineras de forma indefinida debido a que hay contaminación en el río del mismo nombre. Además, el Gobierno pretende establecer orden en la pequeña minería y sus contratos de operación.
Agregó que la medida regirá hasta que se arreglen los temas documentales de las concesiones mineras y se restaure el río Napo, lo cual implicaría “muchos años”, por lo que la medida será indefinida.
Además, la cartera de Estado dispuso la suspensión de las operaciones en las plantas de beneficio pertenecientes a las provincias de El Oro y Loja.
La resolución se fundamenta también, en los principios de precaución y prevención ambiental, en la obligación del Estado de proteger los derechos de la naturaleza, el agua y la salud de las comunidades.
“La minería ilegal es una amenaza directa contra nuestros ríos, nuestros bosques y la vida de las comunidades amazónicas. Se ha constatado la presencia de metales pesados como cobre, plomo, arsénico y cadmio, así como cianuro, en concentraciones que superan los límites máximos permisibles, en los ríos Calera y Amarillo pertenecientes a la cuenca hidrográfica Puyango – Tumbes”, afirmó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.
PRÓXIMAS ACCIONES
La cartera de Estado dispuso el inicio de controles, inspecciones y procedimientos administrativos sancionatorios, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y con el respaldo de la fuerza pública.
Las acciones buscan interceptar la minería ilegal, suspender operaciones irregulares, decomisar maquinaria y material mineralizado; y evitar nuevos daños ambientales en las zonas identificadas.
Así también, a través de las Direcciones Zonales 7, 8 y 10, iniciarán los procedimientos administrativos sancionatorios a los operadores de actividades mineras, por las infracciones que se identificarán conforme a la normativa ambiental y de agua vigente.
La ministra Manzano enfatizó que el objetivo no es solo detener las actividades ilegales, sino recuperar los ecosistemas afectados y garantizar el acceso al agua limpia para las comunidades. Fuente: Vistazo
