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¿Qué hay detrás del asesinato de Fredi Taish?

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Luis Ángel Saavedra Mendoza*

¿Qué hay detrás del asesinato de Fredi Taish?, ¿es una ejecución extrajudicial?, ¿quién disparó?, ¿por qué se quiere vincular a Johnny Q.?, ¿qué realmente pasó en la isla Tutus el 7 de noviembre del 2013, a raíz de un operativo de control minero? Pronto se cumplirán 8 años de este hecho que, hasta ahora, no ha sido esclarecido, no se ha llegado a la justicia y a la verdad, y mucho menos se ha reparado a Susana Ankuash, viuda de Fredi Taish, y a sus hijos.

En agosto pasado, se reactivó el caso y se convocó a audiencia de formulación de cargos contra Johnny Q. para el 12 de octubre de 2021. Según la Fiscalía, Johnny Q. sería el principal sospechoso del supuesto delito de terrorismo con resultado de muerte que provocó el deceso de Fredi Taish. En este artículo se revisarán los hechos y posibles escenarios suscitados durante el operativo de requisa de dragas, escenarios y hechos que cuestionan la posición oficial (Fiscalía y Ejército), empecinados en endosar a Johnny Q. la responsabilidad del asesinato de Taish.

Conflicto en la isla Tutus

El 7 de noviembre del 2013, Fredi Taish, joven shuar de 28 años, falleció a causa de un impacto de bala en su cabeza durante un operativo militar realizado por el Ejército ecuatoriano junto a la Agencia de Regulación y Control de Minas (Arcom), en la isla Tutus, en la comunidad Shiram Entza, cantón Gualaquiza. 

Este hecho se dio en medio de un contexto de conflictos mineros en Morona Santiago y Zamora Chinchipe que se agudizaron en 2013 a partir de la reforma a la Ley de Minería¹, con la cual la minería artesanal -característica de las comunidades shuar que habitan a las orillas del río Zamora- pasó a ser controlada y limitada, en tanto se otorgaban concesiones mineras a grandes transnacionales. Además, con la falta de políticas públicas claras sobre la autogestión de los recursos naturales, derecho garantizado por la Constitución e instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, se conflictuó aún más la relación entre el Estado y los pueblos y nacionalidades indígenas que habitan en zonas mineras y que, en muchos casos, son mineros artesanales.

Ese día, el personal militar y funcionarios de Arcom se trasladaron vía fluvial en dos lanchas: una de goma y la otra de metal. Iniciaron el operativo de control minero y decomiso de dragas en la comunidad de Shiram Entza, seguido de Campanak Entza y San José de Piunts, lugares donde según los militares se habría detectado la presencia de ‘minería ilegal’.

Johnny Q. se encontraba utilizando su draga a las orillas del río Zamora, a la altura de Campanak Entza cuando una funcionaria de Arcom, llamada Prissila Orellana, se acercó a pedirle sus permisos. Johnny Q. al no tenerlos otorgó su número de cédula y nombres completos. Johnny se encontraba en el lugar con su hermano menor y otra persona afrodescendiente de nombre Leyson o Cristian (no se conoce su nombre completo). Arcom levantó un acta y procedió con el trámite de decomiso de dragas en presencia de su propietario, Johnny Q. Tras este acto, Johnny y un acompañante con quien se encontraba laborando, deciden cruzar el río en dirección a Campanak Entza.

Para él, este decomiso significaba la pérdida de su único modo de subsistencia para su familia, ya que desde el 2011 estaba casado con una joven shuar de San José de Piunts y producto de este matrimonio mixto² nacieron dos hijos. Johnny Q. vivía en Yantzaza desde su niñez, aunque nació en Tobar Donoso, Esmeraldas, y tenía 20 años cuando se produjo el operativo de requisa. 

Según el testimonio de Johnny Q., él poseía una carabina con fulminante (pólvora) con la cual, al encontrarse en Campanak Entza, disparó al aire para advertir a las personas de la comunidad y tratar de asustar a los militares. “Con el estruendo de la pólvora quería que venga la gente y pedir ayuda, por eso disparé al aire con la escopeta sin munición, sólo con pólvora”, ha dicho Johnny Q. en diversas entrevistas realizadas por Inredh y por la Comisión de Investigación que se formó con las comunidades shuar.

En un video presentado por el Estado ecuatoriano³ se puede observar a Johnny Q. con una carabina, junto a una mujer y un hombre ubicados en Campanak Entza. En el video se escucha a la patrulla militar advertir sobre el arma y los disparos al aire que efectuó Johnny. A pesar de que en un inicio el discurso del Estado sostuvo que los militares no portaban armas letales, gracias a este mismo video se pudo observar a militares con pistolas de dotación y su avance río abajo en dos embarcaciones y con total tranquilidad. Es decir, el incidente en Campana Entza se había terminado sin que existiera ningún enfrentamiento de los militares con Johnny Q. o con otras personas de la comunidad. 

A su vez, otros testimonios confirmaron que existió una tercera lancha, que también fue río abajo hasta la isla de Tutus, en donde se encontraba Fredi y su familia. En esta lancha posiblemente bajó Leyson.

Mientras tanto, Fredi Taish se encontraba pescando a orillas del río Zamora en la isla Tutus con su padrastro Hilario, su mamá Elvira Twiram, y sus dos hijos, uno de ellos recién nacido. Durante la pesca, según Hilario, tres personas desconocidas se acercaron a pedir ayuda para enfrentar a los militares que habían decomisado las dragas en Campanak Entza.

Hilario se negó y pidió a su hijo que se aleje del lugar. Cuando Hilario junto a su esposa y sus dos nietos intentaron salir del lugar, llegaron dos embarcaciones de militares disparando gases lacrimógenos. Las embarcaciones avanzaron por los dos brazos del río, bordeando la isla Tutus. Fredi Taish, luego de ayudar a evacuar a los niños y niñas que se encontraban en el lugar, se quedó en medio de los dos grupos e intentó escapar, pero en una esquina de la isla Tutus se encontró con un militar quien, agazapado, disparó directo al rostro de Fredi causándole la muerte.

Las versiones sobre si Fredi estaba armado son contradictorias, al respecto se proponen dos escenarios. En el primero, se teoriza que Taish aceptó la escopeta o carabina proporcionada por los desconocidos. Esta carabina estaba cargada con perdigones y fue disparada una vez, no obstante, Taish no estaba armado lo suficiente como para ejecutar una emboscada contra los militares, y el arma mencionada no constituye un peligro real, ni mortal para las patrullas. Por otro lado, se teoriza que el arma que estaba sobre el cuerpo de Fredi correspondía a militares quienes luego del enfrentamiento la colocan a un lado de su cuerpo, dando un mensaje de que él se encontraba armado.

Fredi murió por un disparo en su rostro realizado por una munición de calibre 9mm. De dotación militar. El proyectil ingresó por el pómulo izquierdo y salió por la parte posterior de su cabeza. Según la autopsia la trayectoria de la bala es inclinada de abajo hacia arriba y dejó un orificio de entrada de 10 mm y uno de salida de 20 mm.

Para Elvira Twiram -madre de Fredi quien se encontraba en el lugar de los hechos-, en una entrevista para Plan V, afirmó que un militar disparó a Fredi Taish y que los militares entraron a la isla Tutus disparando gases lacrimógenos. Susana, esposa de Fredi, que se encontraba en reposo después de un parto no pudo bajar a la playa a ver el cuerpo, pero sí escuchó los disparos y supo minutos después que Fredi Taish fue asesinado.

Pero ¿Quién era en realidad Fredi Taish? Contrariamente al discurso estatal del 2013, en el cual se dice que Fredi Taish era un terrorista vinculado a la minería ilegal, se conoce que, en realidad, Fredi era un joven de 28 años de nacionalidad Shuar que vivía en el Centro Shuar San José de Piunts, ubicado en la orilla derecha del río Zamora, a tres kilómetros del Centro Shuar Campanak Entza.

Fredi era una persona amigable, dedicado al trabajo de la tierra, la pesca y la minería artesanal, se casó con Susana Ankuash, oriunda de Kupiamais, un centro shuar que se caracteriza por su resistencia contra las concesiones mineras a empresas internacionales. Fredi y Susana son padres de dos hijos Fredi y Kelly, quienes, para el día del conflicto, tenían un año y 15 días de nacida, respectivamente.

También formaba parte de la Asociación Shuar Bomboiza que, a su vez, es parte de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), una de las tres federaciones de la Nacionalidad Shuar que, según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) son “articuladas por medio de una coordinadora interfederacional, organización que tiene como objetivo principal coordinar acciones en defensa de los derechos de las nacionalidades ante la presión de las compañías”. Es así que, al ser parte de estas organizaciones fue considerado como un defensor de los derechos humanos y de la naturaleza.

Por su parte, el suegro de Fredi Taish, Domingo Ankuash, es un líder histórico de los indígenas shuar y de la CONAIE. Gracias a su trayectoria como dirigente y a la organización de su familia fue posible la convocatoria a asambleas y la conformación inmediata de la Comisión de Investigación sobre la muerte de Fredi Taish.

Susana Ankuash, su esposa, lo recuerda como una persona solidaria con sus vecinos: “si había trabajo, él los acompañaba”. Fredi había acabado la primaria antes de dedicarse de lleno a su vida como agricultor. Luego de la muerte de su esposo, Susana empeoró su condición por una enfermedad congénita que, adicionada al estrés postraumático, le desarrolló una discapacidad visual del 70%. Susana ahora solo cuenta con el apoyo de su familia paterna para criar a sus dos hijos.

Investigación en Fiscalía

La Fiscalía General del Estado (FGE) investigó de oficio lo suscitado el 7 de noviembre de 2013 bajo el tipo penal de “terrorismo que produjere la muerte de una o más personas”. Johnny Q. fue vinculado desde el inicio de las investigaciones, ya que al momento del decomiso de las dragas con las que se estaba realizando minería artesanal -evento ajeno al enfrentamiento posterior en isla Tutus-, Johnny proporcionó sus datos completos como el propietario de las dragas y estos datos fueron usados por el gobierno para presentarlo ante la opinión pública como un terrorista y, a pesar de tener en su poder la identificación de Johnny que daba cuenta de su nacionalidad ecuatoriana, el gobierno lo presentó como extranjero y vinculado a mafias que operan en el río Zamora.

Luisa María Villacís, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), explica que este hecho fue aprovechado por los militares. Por eso, desde la toma de las primeras versiones ya consta su nombre.

Tarquino Cajamarca, también abogado del caso, explica que, durante la fase de investigación previa dentro de la Fiscalía, también se presentó una denuncia en la Fiscalía de Gualaquiza en contra del Estado ecuatoriano por el delito de ejecución extrajudicial, en manos de las Fuerzas Armadas; esto, gracias a las declaraciones de Johnny Q.

Es así que Fiscalía acumuló las denuncias en un solo proceso, el cual presentó varias dilaciones e incidentes; por ejemplo, la solicitud de documentos al Ministerio del Interior, como la lista de participantes del operativo y de armas de dotación utilizadas, fue respondida de manera incompleta -luego de constantes requerimientos- después de tres años. Lo mismo sucedió con peritajes estratégicos como la prueba de balística e incluso informaron que ninguno de los militares que participaron en el operativo poseía armas, cuando el video presentado por el mismo gobierno mostraba lo contrario.

“Pese a que no hubo una negación expresa por parte de esta institución estatal, se entiende que su demora en la respuesta es producto de una estrategia de dilación del caso. No fue hasta que hubo presión desde las organizaciones de derechos humanos, como Inredh y la Secretaría de Derechos Humanos, que se procedió a compartir la documentación”, sostiene el jurista. Tampoco los militares han accedido a realizar una reconstrucción de los hechos.

Para la defensa técnica tanto de Johnny Q. como de Fredi Taish, el joven acusado (Johnny) es más bien un testigo clave ya que podría evidenciar que la responsabilidad de la muerte de Taish -que ocurre durante un operativo minero a cargo de la Arcom- corresponde a las Fuerzas Armadas y, por ende, al Estado ecuatoriano.

Durante el acontecimiento, Johnny Q. observó como Taish pretendía huir de la isla Tutus hasta que fue acorralado por los militares. En sus declaraciones, ha mostrado su intención de cooperar para que se esclarezca el caso; no obstante, fue catalogado por las autoridades gubernamentales como un terrorista extranjero, involucrado en minería ilegal.

Esto hace pensar que Johnny Q. formó parte del discurso que implantó el Estado en 2013, acusándolo de terrorista extranjero que ejercía la minería ilegal para desconocer que era un miembro de una comunidad shuar y que realizaba minería artesanal como actividad propia para su subsistencia, como ha sido una costumbre ancestral de la nacionalidad shuar.

Para Cajamarca estos incidentes corresponden a una gestión del Estado con influencia de las Fuerzas Armadas para que el aparato de justicia sea un instrumento que satisfaga al poder político-económico y proteja a los altos rangos que participaron en el operativo. “Por eso acusan a Johnny Q. como responsable de lo sucedido el 7 de noviembre de 2013, lo criminalizan y lo tratan como un chivo expiatorio”.

Para organizaciones de derechos humanos, como la Fundación Inredh, resulta preocupante que el llamado a audiencia de formulación de cargos por terrorismo con resultado de muerte de Fredi Taish sea en contra de Johnny Q. y que se active después de ocho años, cuando en los años anteriores no se realizó una investigación rigurosa del caso y la presión militar estaba conduciendo la muerte de Taish hacia el olvido.

Luisa María Villacís, agrega, además, que parte de esta activación es resultado de la comunicación individual presentada al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la publicación, el 15 de junio 2021, del “Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador”, realizado por la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, de la cual forma parte Fundación Inredh, en donde se incluye el caso de asesinato de Fredi Taish, recogiendo las irregularidades del proceso.

Siete años después de la muerte de Fredi Taish y de la nula acción estatal para esclarecer los hechos, la familia de Taish, acompañadas por Inredh, presentaron una comunicación individual al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de solicitar al Comité que emita recomendaciones al Estado ecuatoriano para la resolución del caso, tomando como prioridad el derecho a la verdad, justicia y reparación integral a la familia de Fredi Taish.

Esta petición se realiza debido a que este organismo vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados suscritos al mismo y porque el caso de Taish no ha recibido impulso alguno, ni se ha investigado rigurosamente por parte de la Fiscalía de Gualaquiza, dejándolo en la impunidad.

La comunicación individual, presentada en contra del Estado ecuatoriano por la violación de los derechos a la vida y a la debida diligencia, se encuentra en la fase de “admisión a trámite” que se refiere a los requisitos formales que debe cumplir la denuncia antes de que el Comité entre a considerar su contenido.

“Se espera que el Comité de Derechos Humanos declare la responsabilidad internacional del Ecuador por una violación del Pacto por parte del Estado ecuatoriano y que haga sus recomendaciones para que en el caso de Fredi Taish haya verdad, justicia y reparación”, explica Villacís.

Tras siete años todavía se espera justicia y verdad por la ejecución extrajudicial de Fredi Taish y la Fundación Inredh, considera que se está impulsando un proceso penal distorsionado que para no encarar la verdad de los hechos se busca culpar a una persona inocente.

Notas al pie

¹Ley de Minería, Registro Oficial Suplemento 517 del 29 de enero de 2009, última reforma 16 de julio de 2013, Art. 13

²Matrimonio mixto. En la comunidad de San José de Piunts  muchas jóvenes mujeres shuar salen de la comunidad en busca de empleo. Es común que muchas de ellas regresen con pareja. Es así que una parte de las familias de la comunidad han sido denominadas como matrimonios mixtos, por las autoridades de la comunidad. Fuente: inredh.org

³Medios Públicos EP.  (21 de noviembre del 2013) Mineros ilegales estaban armados y atacaron a militares en Ecuador. Recuperado de:   https://www.youtube.com/watch?v=BNnKQ_-xHzE

Referencias

Inredh. (25 de noviembre de 2013). Informe de la visita in situ para analizar los acontecimientos del 7 de noviembre de 2013 en relación al operativo militar en el río Zamora, en la parroquia Bomboiza, cantón Gualaquiza, provincia de Zamora.  Recuperado de: https://bit.ly/3CJ5Xbw

Plan V. (2019) Especial sobrevivientes. Freddy Taish. Recuperado de: https://sobrevivientes.planv.com.ec/freddy-taish/

Medios Públicos. (21 de noviembre del 2013). Mineros ilegales estaban armados y atacaron a militares en Ecuador. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=BNnKQ_-xHzE&ab_channel=MediosP%C3%BAblicosEP

Inredh. (6 de noviembre del 2009) Petición del caso Freddy Taish fue presentada a la Organización de Naciones Unidas. recuperado de: https://inredh.org/peticion-del-caso-freddy-taish-fue-presentada-a-la-organizacion-de-naciones-unidas/

Alianza por los Derechos Humanos. (Junio 2021).  Situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador: Retos y desafíos en la construcción de sistemas integrales y diferenciados para su protección. Recuperado de: https://inredh.org/archivos/pdf/informe_situacion_defensores_2021.pdf

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Policía decomisa media tonelada de droga escondida en una volqueta

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Un operativo ejecutado por la Policía Nacional permitió la captura del conductor de una volqueta en la que se encontró droga.

En su cuenta de X, la Policía informó que en el vehículo, que se movilizaba por la localidad de Ahuano, en la provincia de Napo, encontró media tonelada de droga. «Mediante técnicas de observación y perfilamiento, se detuvo la marcha de una volqueta, en la se identificó una estructura de doble fondo, dentro de la cual se encontraron 500 envolturas de bloques rectangulares, con 499.000 gramos de pasta base de cocaína», detalló la autoridad.

Además de esta sustancia, la Policía encontró un celular, que fue democisado. El sujeto detenido fue puesto a las órdenes de la justicia.

Fuente: Primicias

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Ecuador reabre el catastro minero tras siete años: ¿qué significa este cambio para el país?

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El catastro minero volverá a abrirse en Ecuador el lunes 16 de junio de 2025, después de permanecer cerrado por más de siete años. La última vez que el país permitió nuevas concesiones mineras fue en 2018, cuando el entonces presidente Lenín Moreno clausuró el sistema, alegando irregularidades y la necesidad de una evaluación ambiental.

Desde entonces, los siguientes gobiernos anunciaron su reapertura sin concretarla. Incluso, el expresidente Guillermo Lasso la prometió como parte de su agenda de atracción de inversiones, pero no logró implementarla.

Ahora, el gobierno de Daniel Noboa ha dado el paso definitivo: el lunes 2 de junio, la vocera Carolina Jaramillo, anunció –entre otras medidas- la reactivación del sistema en fases, empezando por la mediana y gran minería. Esto se suma a una estrategia más amplia de posicionar al país como un destino atractivo para la inversión minera. De hecho, el mandatario viajó en 2024 a Canadá para promocionar al país en The Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), la mayor feria minera del mundo.

Pero, ¿qué implica exactamente reabrir el catastro minero?

El catastro minero es una herramienta técnica y jurídica: un registro oficial que delimita las áreas del país disponibles -o no- para actividades mineras. Es, en palabras de Rodrigo Darquea, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, “el mapa del país” que establece dónde puede operar una empresa, y bajo qué condiciones.

“Tú puedes tener la concesión, pero haber explorado es otra cosa. De todo el territorio nacional, efectivamente se ha explorado menos del 2%. Y con eso ya se han encontrado importantes yacimientos de oro y cobre”, asegura Darquea.

El cierre del catastro, según el experto, provocó un fuerte freno en la inversión extranjera. Mientras en 2024 países como Chile, Perú y Argentina captaron entre 493 y 637 millones de dólares solo en exploración, Ecuador no accedió a ese capital. Además, advierte que la minería ilegal se ha expandido de forma alarmante durante este período de inactividad.

Para el consultor minero Santiago Yépez, el catastro es más que un software de geolocalización:

“Es la piedra angular del crecimiento del sector. Transparenta la información, brinda seguridad jurídica y permite planificar seriamente las inversiones. Sin él, el país queda en desventaja.”

Yépez destaca también que no todas las concesiones terminan en minas: apenas 3 de cada 1.333 proyectos exploratorios llegan a etapa de producción. De ahí que reabrir el sistema sea solo el primer paso de un proceso largo, complejo y costoso.

Para noviembre de 2024, se habían exportado 689 toneladas de minerales de Ecuador, equivalente a 2.814 millones de dólares. Esto representó una caída de 9% en comparación con el mismo periodo de 2023, debido principalmente a apagones y mayor control fiscal e investigativo a causas de irregularidades

Reacciones a la nueva tasa minera: ¿oportunidad o freno?

La reapertura del catastro llega acompañada de una nueva tasa minera, anunciada por el gobierno como parte del esfuerzo por financiar la lucha contra la minería ilegal. Se espera que esta recaudación supere los 200 millones de dólares solo en el primer año, con pagos exigidos en junio y diciembre.

El sector, sin embargo, ha reaccionado con cautela.

“Estamos hablando de una industria que toma entre 10 y 15 años en producir desde que empieza a explorar. Si le sumas más tasas e impuestos desde el inicio, matas una oportunidad que aún está naciendo”, advierte Rodrigo Darquea.

Yépez, por su parte, considera que cualquier esfuerzo conjunto para ordenar el sector es bienvenido, pero cuestiona la magnitud de la nueva carga fiscal.

“Pretender recaudar más que toda la inversión extranjera directa del país en un año es desproporcionado. Ya pagamos las patentes de conservación más altas de la región. Cobrar una tasa adicional por un servicio que aún no se ha recibido parece incoherente».

Ambos expertos coinciden en que el sector está abierto al diálogo, pero insisten en la necesidad de seguridad jurídica y una política tributaria razonable para atraer inversión sostenible.

Crítica desde la sociedad civil

Si bien algunos expertos consideran que la reapertura del catastro minero es una oportunidad para atraer inversión formal y frenar el avance del crimen organizado, desde sectores sociales y ambientalistas la reacción ha sido radicalmente distinta.

David Fajardo, representante del colectivo Cabildo por el Agua, sostiene que la medida es “preocupante, irresponsable e incluso inconstitucional”. Según explica, el regreso del catastro implica “la reactivación de procesos de concesión de territorios ecuatorianos para los intereses mineros, sobre todo de empresas transnacionales”.

“No se puede abrir un catastro sin que previamente existan leyes orgánicas que regulen la consulta previa, libre e informada para pueblos indígenas, afrodescendientes, montubios y campesinos”, afirma.

Fajardo subraya que estas leyes son condiciones indispensables para que cualquier concesión sea legal, y advierte que sin ellas no se puede garantizar la participación de las comunidades en decisiones que afectan sus territorios. En su lectura, sin esos instrumentos legales, la apertura del catastro vulnera derechos constitucionales y colectivos.

Además, critica el argumento del gobierno de que la nueva tasa minera servirá para financiar la lucha contra la minería ilegal. “Esa justificación no tiene sustento legal ni operativo. No hay certeza de que ese dinero se use para lo que se promete y, además, es parte de un entendimiento erróneo del problema”, señala.

Desde su visión, en Ecuador no existe minería plenamente legal, ya que la mayoría de los proyectos no cumple con todos los requisitos constitucionales, particularmente los relacionados con la consulta y los derechos de la naturaleza. Para Fajardo, lo que el Estado y el sector privado llaman “minería ilegal” incluye tanto actividades informales como operaciones criminales, pero también aquellas que no respetan los procesos de legalización en sentido estricto.

Finalmente, anticipa que la medida generará resistencia.

“Los sectores que defienden el agua, los territorios y los derechos de la naturaleza van a rechazar esta decisión. Usarán recursos judiciales, y si es necesario, ejercerán su derecho a la resistencia”. Fuente: Vistazo
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Presidente Noboa presentó su tercer proyecto económico urgente: Ley para la Recuperación de Áreas Protegidas y Desarrollo Local

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El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, envió a la Asamblea Nacional su tercer proyecto de ley calificado como urgente en materia económica, con el objetivo de establecer un nuevo modelo de gestión para las áreas naturales protegidas del país y fomentar el desarrollo económico local de manera sostenible.

El proyecto, denominado Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, propone ordenar, proteger y reactivar económicamente territorios que han sido afectados por economías ilegales, actividades criminales y abandono institucional, pese a estar legalmente reconocidos como zonas protegidas.

La propuesta incluye mecanismos contractuales que permitirían la participación del sector privado, nacional e internacional, en la administración, operación y protección de estas áreas bajo estrictos lineamientos ambientales. Además, promueve actividades sostenibles como el turismo ecológico, la investigación científica, la prestación de servicios ambientales y la generación de empleo digno, en especial para comunidades locales.

Entre las medidas destacadas también se incluye la remisión del 100% de deudas vencidas por uso de infraestructura pesquera artesanal, como parte de un paquete de acciones para apoyar a sectores históricamente excluidos y fomentar la economía popular y solidaria.

El Gobierno justifica la urgencia del proyecto debido al deterioro de las condiciones de seguridad y conservación en los ecosistemas estratégicos del país, agravado por la minería ilegal, la tala indiscriminada, el narcotráfico y el conflicto armado interno. Según el proyecto, estas amenazas han convertido a las áreas protegidas en blancos de grupos criminales, afectando también al sector turístico y a las comunidades que dependen de él.

Con este tercer proyecto de ley urgente, el presidente Noboa continúa impulsando una agenda legislativa enfocada en dinamizar la economía, garantizar la seguridad y atraer inversión responsable. La Asamblea Nacional deberá tramitar y pronunciarse sobre esta propuesta en un plazo máximo de 30 días. Fuente: El Telégrafo

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