Nacionales
¿Qué hay detrás del asesinato de Fredi Taish?

Luis Ángel Saavedra Mendoza*
¿Qué hay detrás del asesinato de Fredi Taish?, ¿es una ejecución extrajudicial?, ¿quién disparó?, ¿por qué se quiere vincular a Johnny Q.?, ¿qué realmente pasó en la isla Tutus el 7 de noviembre del 2013, a raíz de un operativo de control minero? Pronto se cumplirán 8 años de este hecho que, hasta ahora, no ha sido esclarecido, no se ha llegado a la justicia y a la verdad, y mucho menos se ha reparado a Susana Ankuash, viuda de Fredi Taish, y a sus hijos.
En agosto pasado, se reactivó el caso y se convocó a audiencia de formulación de cargos contra Johnny Q. para el 12 de octubre de 2021. Según la Fiscalía, Johnny Q. sería el principal sospechoso del supuesto delito de terrorismo con resultado de muerte que provocó el deceso de Fredi Taish. En este artículo se revisarán los hechos y posibles escenarios suscitados durante el operativo de requisa de dragas, escenarios y hechos que cuestionan la posición oficial (Fiscalía y Ejército), empecinados en endosar a Johnny Q. la responsabilidad del asesinato de Taish.
Conflicto en la isla Tutus
El 7 de noviembre del 2013, Fredi Taish, joven shuar de 28 años, falleció a causa de un impacto de bala en su cabeza durante un operativo militar realizado por el Ejército ecuatoriano junto a la Agencia de Regulación y Control de Minas (Arcom), en la isla Tutus, en la comunidad Shiram Entza, cantón Gualaquiza.
Este hecho se dio en medio de un contexto de conflictos mineros en Morona Santiago y Zamora Chinchipe que se agudizaron en 2013 a partir de la reforma a la Ley de Minería¹, con la cual la minería artesanal -característica de las comunidades shuar que habitan a las orillas del río Zamora- pasó a ser controlada y limitada, en tanto se otorgaban concesiones mineras a grandes transnacionales. Además, con la falta de políticas públicas claras sobre la autogestión de los recursos naturales, derecho garantizado por la Constitución e instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, se conflictuó aún más la relación entre el Estado y los pueblos y nacionalidades indígenas que habitan en zonas mineras y que, en muchos casos, son mineros artesanales.
Ese día, el personal militar y funcionarios de Arcom se trasladaron vía fluvial en dos lanchas: una de goma y la otra de metal. Iniciaron el operativo de control minero y decomiso de dragas en la comunidad de Shiram Entza, seguido de Campanak Entza y San José de Piunts, lugares donde según los militares se habría detectado la presencia de ‘minería ilegal’.
Johnny Q. se encontraba utilizando su draga a las orillas del río Zamora, a la altura de Campanak Entza cuando una funcionaria de Arcom, llamada Prissila Orellana, se acercó a pedirle sus permisos. Johnny Q. al no tenerlos otorgó su número de cédula y nombres completos. Johnny se encontraba en el lugar con su hermano menor y otra persona afrodescendiente de nombre Leyson o Cristian (no se conoce su nombre completo). Arcom levantó un acta y procedió con el trámite de decomiso de dragas en presencia de su propietario, Johnny Q. Tras este acto, Johnny y un acompañante con quien se encontraba laborando, deciden cruzar el río en dirección a Campanak Entza.
Para él, este decomiso significaba la pérdida de su único modo de subsistencia para su familia, ya que desde el 2011 estaba casado con una joven shuar de San José de Piunts y producto de este matrimonio mixto² nacieron dos hijos. Johnny Q. vivía en Yantzaza desde su niñez, aunque nació en Tobar Donoso, Esmeraldas, y tenía 20 años cuando se produjo el operativo de requisa.
Según el testimonio de Johnny Q., él poseía una carabina con fulminante (pólvora) con la cual, al encontrarse en Campanak Entza, disparó al aire para advertir a las personas de la comunidad y tratar de asustar a los militares. “Con el estruendo de la pólvora quería que venga la gente y pedir ayuda, por eso disparé al aire con la escopeta sin munición, sólo con pólvora”, ha dicho Johnny Q. en diversas entrevistas realizadas por Inredh y por la Comisión de Investigación que se formó con las comunidades shuar.
En un video presentado por el Estado ecuatoriano³ se puede observar a Johnny Q. con una carabina, junto a una mujer y un hombre ubicados en Campanak Entza. En el video se escucha a la patrulla militar advertir sobre el arma y los disparos al aire que efectuó Johnny. A pesar de que en un inicio el discurso del Estado sostuvo que los militares no portaban armas letales, gracias a este mismo video se pudo observar a militares con pistolas de dotación y su avance río abajo en dos embarcaciones y con total tranquilidad. Es decir, el incidente en Campana Entza se había terminado sin que existiera ningún enfrentamiento de los militares con Johnny Q. o con otras personas de la comunidad.
A su vez, otros testimonios confirmaron que existió una tercera lancha, que también fue río abajo hasta la isla de Tutus, en donde se encontraba Fredi y su familia. En esta lancha posiblemente bajó Leyson.
Mientras tanto, Fredi Taish se encontraba pescando a orillas del río Zamora en la isla Tutus con su padrastro Hilario, su mamá Elvira Twiram, y sus dos hijos, uno de ellos recién nacido. Durante la pesca, según Hilario, tres personas desconocidas se acercaron a pedir ayuda para enfrentar a los militares que habían decomisado las dragas en Campanak Entza.
Hilario se negó y pidió a su hijo que se aleje del lugar. Cuando Hilario junto a su esposa y sus dos nietos intentaron salir del lugar, llegaron dos embarcaciones de militares disparando gases lacrimógenos. Las embarcaciones avanzaron por los dos brazos del río, bordeando la isla Tutus. Fredi Taish, luego de ayudar a evacuar a los niños y niñas que se encontraban en el lugar, se quedó en medio de los dos grupos e intentó escapar, pero en una esquina de la isla Tutus se encontró con un militar quien, agazapado, disparó directo al rostro de Fredi causándole la muerte.
Las versiones sobre si Fredi estaba armado son contradictorias, al respecto se proponen dos escenarios. En el primero, se teoriza que Taish aceptó la escopeta o carabina proporcionada por los desconocidos. Esta carabina estaba cargada con perdigones y fue disparada una vez, no obstante, Taish no estaba armado lo suficiente como para ejecutar una emboscada contra los militares, y el arma mencionada no constituye un peligro real, ni mortal para las patrullas. Por otro lado, se teoriza que el arma que estaba sobre el cuerpo de Fredi correspondía a militares quienes luego del enfrentamiento la colocan a un lado de su cuerpo, dando un mensaje de que él se encontraba armado.
Fredi murió por un disparo en su rostro realizado por una munición de calibre 9mm. De dotación militar. El proyectil ingresó por el pómulo izquierdo y salió por la parte posterior de su cabeza. Según la autopsia la trayectoria de la bala es inclinada de abajo hacia arriba y dejó un orificio de entrada de 10 mm y uno de salida de 20 mm.
Para Elvira Twiram -madre de Fredi quien se encontraba en el lugar de los hechos-, en una entrevista para Plan V, afirmó que un militar disparó a Fredi Taish y que los militares entraron a la isla Tutus disparando gases lacrimógenos. Susana, esposa de Fredi, que se encontraba en reposo después de un parto no pudo bajar a la playa a ver el cuerpo, pero sí escuchó los disparos y supo minutos después que Fredi Taish fue asesinado.
Pero ¿Quién era en realidad Fredi Taish? Contrariamente al discurso estatal del 2013, en el cual se dice que Fredi Taish era un terrorista vinculado a la minería ilegal, se conoce que, en realidad, Fredi era un joven de 28 años de nacionalidad Shuar que vivía en el Centro Shuar San José de Piunts, ubicado en la orilla derecha del río Zamora, a tres kilómetros del Centro Shuar Campanak Entza.
Fredi era una persona amigable, dedicado al trabajo de la tierra, la pesca y la minería artesanal, se casó con Susana Ankuash, oriunda de Kupiamais, un centro shuar que se caracteriza por su resistencia contra las concesiones mineras a empresas internacionales. Fredi y Susana son padres de dos hijos Fredi y Kelly, quienes, para el día del conflicto, tenían un año y 15 días de nacida, respectivamente.
También formaba parte de la Asociación Shuar Bomboiza que, a su vez, es parte de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), una de las tres federaciones de la Nacionalidad Shuar que, según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) son “articuladas por medio de una coordinadora interfederacional, organización que tiene como objetivo principal coordinar acciones en defensa de los derechos de las nacionalidades ante la presión de las compañías”. Es así que, al ser parte de estas organizaciones fue considerado como un defensor de los derechos humanos y de la naturaleza.
Por su parte, el suegro de Fredi Taish, Domingo Ankuash, es un líder histórico de los indígenas shuar y de la CONAIE. Gracias a su trayectoria como dirigente y a la organización de su familia fue posible la convocatoria a asambleas y la conformación inmediata de la Comisión de Investigación sobre la muerte de Fredi Taish.
Susana Ankuash, su esposa, lo recuerda como una persona solidaria con sus vecinos: “si había trabajo, él los acompañaba”. Fredi había acabado la primaria antes de dedicarse de lleno a su vida como agricultor. Luego de la muerte de su esposo, Susana empeoró su condición por una enfermedad congénita que, adicionada al estrés postraumático, le desarrolló una discapacidad visual del 70%. Susana ahora solo cuenta con el apoyo de su familia paterna para criar a sus dos hijos.
Investigación en Fiscalía
La Fiscalía General del Estado (FGE) investigó de oficio lo suscitado el 7 de noviembre de 2013 bajo el tipo penal de “terrorismo que produjere la muerte de una o más personas”. Johnny Q. fue vinculado desde el inicio de las investigaciones, ya que al momento del decomiso de las dragas con las que se estaba realizando minería artesanal -evento ajeno al enfrentamiento posterior en isla Tutus-, Johnny proporcionó sus datos completos como el propietario de las dragas y estos datos fueron usados por el gobierno para presentarlo ante la opinión pública como un terrorista y, a pesar de tener en su poder la identificación de Johnny que daba cuenta de su nacionalidad ecuatoriana, el gobierno lo presentó como extranjero y vinculado a mafias que operan en el río Zamora.
Luisa María Villacís, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), explica que este hecho fue aprovechado por los militares. Por eso, desde la toma de las primeras versiones ya consta su nombre.
Tarquino Cajamarca, también abogado del caso, explica que, durante la fase de investigación previa dentro de la Fiscalía, también se presentó una denuncia en la Fiscalía de Gualaquiza en contra del Estado ecuatoriano por el delito de ejecución extrajudicial, en manos de las Fuerzas Armadas; esto, gracias a las declaraciones de Johnny Q.
Es así que Fiscalía acumuló las denuncias en un solo proceso, el cual presentó varias dilaciones e incidentes; por ejemplo, la solicitud de documentos al Ministerio del Interior, como la lista de participantes del operativo y de armas de dotación utilizadas, fue respondida de manera incompleta -luego de constantes requerimientos- después de tres años. Lo mismo sucedió con peritajes estratégicos como la prueba de balística e incluso informaron que ninguno de los militares que participaron en el operativo poseía armas, cuando el video presentado por el mismo gobierno mostraba lo contrario.
“Pese a que no hubo una negación expresa por parte de esta institución estatal, se entiende que su demora en la respuesta es producto de una estrategia de dilación del caso. No fue hasta que hubo presión desde las organizaciones de derechos humanos, como Inredh y la Secretaría de Derechos Humanos, que se procedió a compartir la documentación”, sostiene el jurista. Tampoco los militares han accedido a realizar una reconstrucción de los hechos.
Para la defensa técnica tanto de Johnny Q. como de Fredi Taish, el joven acusado (Johnny) es más bien un testigo clave ya que podría evidenciar que la responsabilidad de la muerte de Taish -que ocurre durante un operativo minero a cargo de la Arcom- corresponde a las Fuerzas Armadas y, por ende, al Estado ecuatoriano.
Durante el acontecimiento, Johnny Q. observó como Taish pretendía huir de la isla Tutus hasta que fue acorralado por los militares. En sus declaraciones, ha mostrado su intención de cooperar para que se esclarezca el caso; no obstante, fue catalogado por las autoridades gubernamentales como un terrorista extranjero, involucrado en minería ilegal.
Esto hace pensar que Johnny Q. formó parte del discurso que implantó el Estado en 2013, acusándolo de terrorista extranjero que ejercía la minería ilegal para desconocer que era un miembro de una comunidad shuar y que realizaba minería artesanal como actividad propia para su subsistencia, como ha sido una costumbre ancestral de la nacionalidad shuar.
Para Cajamarca estos incidentes corresponden a una gestión del Estado con influencia de las Fuerzas Armadas para que el aparato de justicia sea un instrumento que satisfaga al poder político-económico y proteja a los altos rangos que participaron en el operativo. “Por eso acusan a Johnny Q. como responsable de lo sucedido el 7 de noviembre de 2013, lo criminalizan y lo tratan como un chivo expiatorio”.
Para organizaciones de derechos humanos, como la Fundación Inredh, resulta preocupante que el llamado a audiencia de formulación de cargos por terrorismo con resultado de muerte de Fredi Taish sea en contra de Johnny Q. y que se active después de ocho años, cuando en los años anteriores no se realizó una investigación rigurosa del caso y la presión militar estaba conduciendo la muerte de Taish hacia el olvido.
Luisa María Villacís, agrega, además, que parte de esta activación es resultado de la comunicación individual presentada al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la publicación, el 15 de junio 2021, del “Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador”, realizado por la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, de la cual forma parte Fundación Inredh, en donde se incluye el caso de asesinato de Fredi Taish, recogiendo las irregularidades del proceso.
Siete años después de la muerte de Fredi Taish y de la nula acción estatal para esclarecer los hechos, la familia de Taish, acompañadas por Inredh, presentaron una comunicación individual al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de solicitar al Comité que emita recomendaciones al Estado ecuatoriano para la resolución del caso, tomando como prioridad el derecho a la verdad, justicia y reparación integral a la familia de Fredi Taish.
Esta petición se realiza debido a que este organismo vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados suscritos al mismo y porque el caso de Taish no ha recibido impulso alguno, ni se ha investigado rigurosamente por parte de la Fiscalía de Gualaquiza, dejándolo en la impunidad.
La comunicación individual, presentada en contra del Estado ecuatoriano por la violación de los derechos a la vida y a la debida diligencia, se encuentra en la fase de “admisión a trámite” que se refiere a los requisitos formales que debe cumplir la denuncia antes de que el Comité entre a considerar su contenido.
“Se espera que el Comité de Derechos Humanos declare la responsabilidad internacional del Ecuador por una violación del Pacto por parte del Estado ecuatoriano y que haga sus recomendaciones para que en el caso de Fredi Taish haya verdad, justicia y reparación”, explica Villacís.
Tras siete años todavía se espera justicia y verdad por la ejecución extrajudicial de Fredi Taish y la Fundación Inredh, considera que se está impulsando un proceso penal distorsionado que para no encarar la verdad de los hechos se busca culpar a una persona inocente.
Notas al pie
¹Ley de Minería, Registro Oficial Suplemento 517 del 29 de enero de 2009, última reforma 16 de julio de 2013, Art. 13
²Matrimonio mixto. En la comunidad de San José de Piunts muchas jóvenes mujeres shuar salen de la comunidad en busca de empleo. Es común que muchas de ellas regresen con pareja. Es así que una parte de las familias de la comunidad han sido denominadas como matrimonios mixtos, por las autoridades de la comunidad. Fuente: inredh.org
³Medios Públicos EP. (21 de noviembre del 2013) Mineros ilegales estaban armados y atacaron a militares en Ecuador. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=BNnKQ_-xHzE
Referencias
Inredh. (25 de noviembre de 2013). Informe de la visita in situ para analizar los acontecimientos del 7 de noviembre de 2013 en relación al operativo militar en el río Zamora, en la parroquia Bomboiza, cantón Gualaquiza, provincia de Zamora. Recuperado de: https://bit.ly/3CJ5Xbw
Plan V. (2019) Especial sobrevivientes. Freddy Taish. Recuperado de: https://sobrevivientes.planv.com.ec/freddy-taish/
Medios Públicos. (21 de noviembre del 2013). Mineros ilegales estaban armados y atacaron a militares en Ecuador. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=BNnKQ_-xHzE&ab_channel=MediosP%C3%BAblicosEP
Inredh. (6 de noviembre del 2009) Petición del caso Freddy Taish fue presentada a la Organización de Naciones Unidas. recuperado de: https://inredh.org/peticion-del-caso-freddy-taish-fue-presentada-a-la-organizacion-de-naciones-unidas/
Alianza por los Derechos Humanos. (Junio 2021). Situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador: Retos y desafíos en la construcción de sistemas integrales y diferenciados para su protección. Recuperado de: https://inredh.org/archivos/pdf/informe_situacion_defensores_2021.pdf
Nacionales
Donald Trump sube a 15% los aranceles a productos de Ecuador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto este jueves por la noche que impone aranceles más altos a decenas de países con los que la nación norteamericana estima tener un déficit comercial.
Las nuevas tarifas aduaneras oscilan entre el 10% y el 41%, siendo la más alta para Siria, mientras que la Unión Europea (UE), Japón y Corea del Sur estarán sujetos al 15%.
Washington aumentó un 5%, hasta el 15%, los recargos para Costa Rica, Bolivia y Ecuador y mantiene intactos los previstos en abril para Venezuela (15%) y Nicaragua (18%).
Los nuevos recargos comenzarán a cobrarse el 7 de agosto, siete días después de la fecha anunciada inicialmente.
Trump no subirá tarifas aduaneras a México durante 90 días para dar margen a las negociaciones pero se ha mantenido firme con otros países como Brasil, la economía más grande de América Latina.
Castigo para Brasil
Las medidas de Trump contra Brasil son abiertamente políticas. Anunció aranceles del 50% sobre los productos brasileños en parte por el juicio contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado.
El mandatario republicano lo considera una «caza de brujas» contra quien fue su aliado durante su primer mandato en la Casa Blanca de 2017 a 2021.
Washington retrasó su imposición del 1 al 6 de agosto y eximió a productos esenciales como el jugo de naranja, la energía, las aeronaves civiles y sus componentes, los fertilizantes, los metales preciosos, la pasta de celulosa o el arrabio, entre otros.
El gobierno de Trump también sancionó al juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, uno de los magistrados a cargo del proceso contra Bolsonaro. Fuente: Vistazo
Nacionales
¿Cuál será la postura de la Corte Constitucional frente a las leyes de Daniel Noboa? Crece el debate en redes sociales

En redes sociales ha empezado un intenso debate alrededor de la Corte Constitucional, luego de que surgiera el rumor de que la institución va a suspender tres leyes económicas urgentes del presidente Daniel Noboa. Por un lado, hay quienes la acusan de estar en contra del país e incluso plantean su eliminación. Mientras que diversos abogados recalcan que el rol de la entidad es frenar los excesos de poder.
El Gobierno ha enviado a la Asamblea Nacional cuatro leyes calificadas como económicas urgentes desde que inició su nuevo mandato 2025-2029, lo que obligaba a los legisladores a tratar las propuestas en menos de 30 días.
Es así que en lo que va del año, la Legislatura le ha dado el visto bueno a tres de esos proyectos: las leyes de Solidaridad, Integridad y Áreas Protegidas. Además, ya se está procesando el cuarto proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, más conocido como Ley de Fundaciones.
Con estos reclamos la Corte Constitucional podría echar abajo la validez de las leyes, en caso de que las declare inconstitucionales por razones de fondo o forma.

¿QUÉ DECIDIRÁ LA CORTE CONSTITUCIONAL?
Por el momento, aún no hay un pronunciamiento de la institución. De hecho, suelen manejar tiempos bastante largos por la cantidad de demandas.
En todo caso, hay quienes ya se han adelantado a la resolución. Desde el pasado miércoles en la red social X, han empezado a surgir mensajes de ciertos políticos e influencers que aseguran que la entidad va a suspender tres leyes promovidas por el Gobierno de Daniel Noboa.
“¿De verdad la Corte Constitucional va a declarar inconstitucionales las tres leyes urgentes que le dieron al país un poco de respiro?”, preguntó Jimmy Jairala, quien además recalcó que las normas “no fueron caprichos, sino decisiones duras y necesarias”.
Incluso, hay comunicadores que sugieren al presidente Daniel Noboa incluir una pregunta en la próxima Consulta Popular, anunciada para finales de año, sobre la eliminación de la Corte Constitucional.
Mientras tanto, abogados como Dolores Miño alertan sobre una campaña de desprestigio: “Hay una intención clara de ponerle trampas a la Corte Constitucional, forzar un rechazo ciudadano, y hacer que los propios ecuatorianos se disparen en el pie, votando a favor de su desaparición”, escribió en la red social X.
El politólogo e internacionalista, Bernardo Gortaire, manifestó en la misma plataforma que “la Corte Constitucional no está para aplaudir leyes mal hechas ni para quedarse callada cuando el Ejecutivo legisla por control remoto usando a una Asamblea que ni lee ni debate. Su trabajo no es decir ‘pegue patrón’, sino frenar los excesos cuando el poder se olvida de que la Constitución va primero”.

¿CUÁLES SON LAS DEMANDAS?
Los demandantes son organizaciones sociales, sindicatos, académicos, defensores de derechos humanos, entre otros.
Por ejemplo, en algunos reclamos constan la Unión Nacional de Educadores (UNE), Unión Popular, Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Colegio de Abogados de Pichincha, etc.
Los reclamos están dirigidos al fondo y forma de ciertos artículos, pero también hay cuestionamientos a todo el contenido de una ley.
Sobre la Ley de Solidaridad el gobierno la planteó como una de las herramientas para combatir a la delincuencia, ya que, entre otras cosas, establece los allanamientos sin orden judicial entre otras reglas que ya no requieren establecer un estado de excepción.
Pero Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, aseguró que se busca implementar un régimen autoritario. “Pretenden concentrar el poder en el presidente de la República para establecer un régimen que viola los derechos y libertades de la población”, aseguró el día en que su organización interpuso la demanda.
En cambio, la Ley de Integridad, según el Gobierno, estructura cuatro ejes: la contratación pública, el fortalecimiento institucional del sector público, la gestión pública en su conjunto y la erradicación de redes delictivas que amenazan a la niñez del país.
Por su parte, Andrés Quishpe, presidente de la UNE, ha dicho que la norma afecta a la estabilidad laboral, abre paso a la violencia en espacios de trabajo y pone como excusa la evaluación para despedir funcionarios.
Mientras que la Ley de Áreas Protegidas, según el Ejecutivo, busca ordenar, proteger y reactivar económicamente territorios que, pese a su condición de áreas protegidas, han sido tomados por economías ilegales, grupos armados y actividades criminales.
Organizaciones ambientales e indígenas como Pachakutik, en cambio, advierten que la norma impulsa “la privatización de las zonas protegidas” y que afectaría a las comunidades nativas.
Finalmente, la Ley de Inteligencia fue aprobada por la Asamblea con el objetivo de potenciar y uniformar los sistemas de inteligencia de la Policía, Fuerzas Armadas, entre otras entidades.
Sin embargo, también obliga a las operadoras telefónicas a entregar datos históricos y en tiempo real sobre una persona, lo cual ha encendido las alarmas sobre los riesgos de una vigilancia política.
De las cuatro normas cuestionadas, tres ya tienen su propio reglamento, solo falta el estatuto para la Ley de Áreas Protegidas. Por lo que ya están en completa vigencia, así que habrá que ver las consecuencias que puede provocar la decisión de la Corte Constitucional. Fuente: Vistazo
Nacionales
Alfredo Serrano responde a José de la Gasca: ‘Me preocupa que un charlatán y mentiroso pretenda ser Fiscal de la Nación’

El legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, arremetió este jueves 31 de julio en contra del exministro de Gobierno, José de la Gasca, luego de que este último asegurara que el socialcristiano habría solicitado “puestos” y otras “necesidades” a cambio del respaldo de su bancada al oficialismo en la Asamblea Nacional.
Un día antes, De la Gasca aseguró que Serrano le pidió favores políticos a cambio de apoyar a la bancada oficialista ADN, pero que lo “mandó por la sombrita” y que «nunca pactaron con ellos (PSC)».
Serrano rechazó esas declaraciones en una entrevista, donde afirmó que fue el oficialismo el que intentó captar su apoyo con ofertas concretas.
“Quiero recordarle a él (De la Gasca) que, cuando no tenían los votos, me ofrecieron —a través de la subsecretaria del Gobierno en la Asamblea— que sea vocal del CAL (Consejo de Administración Legislativa)”, relató el legislador.
Añadió que si lo habían “mandado por la sombrita”, «¿cómo es que luego en el transcurso de la sesión me mandan a ofrecer el CAL?».
Según Serrano, él no aceptó «por principios, coherencia y lealtad», porque en su bancada ya se había designado a otro legislador para ese puesto.
Sin embargo, señaló que luego el oficialismo logró completar los 77 votos necesarios para elegir al resto de dignidades, gracias al apoyo de un legislador que había salido del PSC.
El asambleísta también aseguró que luego buscaron convencerlo para apoyar la designación de la presidencia de la Comisión de Educación, ofreciéndole a cambio la vicepresidencia y un puesto de asesor. Su respuesta, según dijo, fue contundente: “Váyanse al diablo, yo no estoy en venta”.
“Torpe no soy para estar pidiendo favores”, agregó, al señalar que aceptar esas propuestas habría significado comprometer su autonomía como legislador.
Por último, Serrano resaltó que ha lidiado con nueve presidentes, incluido el actual, Daniel Noboa. «A lo largo de mi vida política he visto pasar muchos charlatanes como este, que quieren protagonismo a costa de la mentira y el engaño”, afirmó.
Finalmente, lanzó una advertencia: “Lo que sí me preocupa y me parece terrible es que un charlatán y mentiroso pretenda ser Fiscal de la Nación”, concluyó.
Tras su renuncia al Ministerio de Gobierno, José de la Gasca dejó abierta la posibilidad de postularse en el próximo concurso para Fiscal General del Estado.
El exministro aseguró que «hay otras instituciones o instancias donde creo que puedo servir, ciertamente, la Fiscalía es una de esas». Fuente: Vistazo
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