Opinión
¿Qué hacer para designar jueces independientes?

Santiago Basabe / Politólogo, investigador de FLACSO Ecuador, analista político y Director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política (Aecip).
No hay respuestas únicas. Desde algunos sectores, casi de forma dogmática, se señala que la intervención de las legislaturas afecta negativamente a la designación de jueces autónomos y que allí está el germen del problema.
Sin embargo, la evidencia empírica demuestra que dicha aseveración es solo parcialmente cierta. Uruguay, por ejemplo, recurre a la Asamblea General para conformar su corte suprema y la independencia judicial de ese país suele ser de las más altas del mundo. Algo similar ocurre en Costa Rica. La Asamblea Legislativa tiene un papel clave en la designación de la máxima instancia de justicia y, a la par, la evaluación de la autonomía judicial del país de la “pura vida” sigue presentando resultados favorables.
Si bien se podría argumentar que se trata de dos casos excepcionales, el solo hecho que estén presentes permite matizar la influencia de los procedimientos normativos señalando que las reglas importan, pero no se puede depender solamente de ellas para mejorar los rendimientos de las instituciones democráticas.
Otro elemento fundamental para tomar en cuenta cuando se trata de seleccionar jueces que no vayan al vaivén de la correlación de fuerzas políticas tiene que ver con su formación profesional.
Aunque no hay suficiente evidencia empírica disponible, existen fuertes indicios que correlacionan a jueces con mayores conocimientos y menores niveles de dependencia. Dicho en otras palabras, cuando los jueces designados presentan un mayor bagaje de destrezas para el ejercicio de la judicatura, las probabilidades de que sean sumisos y dóciles ante influencias externas, tenderían a decrecer. En sentido contrario, si los jueces carecen de una capacitación suficiente para los cargos, las probabilidades de que sean manipulados, en general por quiénes los promueven, serían mayores.
Quién llega a ser juez sin tener los méritos, sabe bien su situación. En público podrá decir cualquier cosa, pero internamente conoce que, si de su propia formación profesional dependería, jamás habría llegado a tal cargo.
Cuando se trata de jueces de las más altas cortes, este razonamiento se vuelve más notorio. Como es natural, en este escenario el juez tiene que “pagar el favor” a quien lo apoyó para la designación. Esa retribución no es necesariamente económica, sino que puede ser también en términos de fidelidad. Dicha fidelidad consiste en tomar las decisiones judiciales que al actor político le interesen. Una orden de prisión preventiva, una sentencia en determinada dirección, una acción de protección. Para retribuir el cargo entregado, el juez siempre estará dispuesto.
De su lado, los políticos intentan afianzar la fidelidad del juez incapaz ofreciéndole, más allá de la judicatura, la suficiente impunidad en casos de corrupción judicial que se pudieran generar en aquellos procesos judiciales en los que no tienen intereses específicos. Bajo esa lógica de intercambios funcionó, por ejemplo, la Corte Constitucional que estuvo en funciones hasta 2018. En lo que el poder político le interesaba, ahí estaban para cumplir. En lo que al poder político le era indiferente, jueces y asesores estaban en la libertad de poner tarifas. Muchas fortunas se hicieron de esa forma y ninguna de ellas ha sido perseguida judicialmente.
Todo lo señalado no quiere decir que cuando un juez es designado en base a su formación profesional, se eliminan las posibilidades de que se torne recadero del poder político. Evidentemente que no. Simplemente se señala que en esos casos el juez, conocedor de sus capacidades, teme menos dejar el cargo ante presiones de orden político pues tiene las destrezas para ubicarse en otros espacios laborales. La seguridad que da el sentirse competente es lo que marcaría prioritariamente este tipo de comportamiento.
Lo problemático de este rompecabezas es que los candidatos a jueces con buena formación profesional son escasos. Esto no sucede porque no existan abogados con dichas características sino porque, en general, se encuentran en el libre ejercicio profesional y no tienen mayores incentivos para orientarse hacia la función pública. Conseguir personas que dejen de lado ingresos económicos mayores a un sueldo fijo mensual y que además acepten asumir una carga de trabajo muy superior a la que tienen en sus despachos privados, no es sencillo. Simple y llanamente, es un problema de mercado laboral.
Esta dificultad ahonda la idea de que, si bien es importante establecer reglas claras para la selección y designación de jueces, no es suficiente.
Noticias Zamora
Oro entre la esperanza y la exclusión: el grito silenciado de Zamora Chinchipe

Por: Alcíbar Lupercio – Periodista comunitario.
En este pedazo de la Amazonía ecuatoriana, donde el verde espeso de la selva se funde con el sudor del trabajo honrado, la tierra guarda un tesoro tan brillante como polémico: el oro. Desde su redescubrimiento en la década de los 80, cuando las minas de Nambija abrieron sus entrañas a la esperanza, la provincia de Zamora Chinchipe no volvió a ser la misma. Pero el oro, que debía traer desarrollo, ha terminado sembrando conflicto, división y desconfianza.
No fue la riqueza la que trajo primero a los habitantes, sino la necesidad. En los años 60, cuando la sequía azotaba a Loja, muchos migraron hacia esta provincia. Vinieron con la firme decisión de hacer patria, de habitar estas tierras que también eran codiciadas por intereses extranjeros. Aquí alzaron la bandera del Ecuador, hombro a hombro con los pueblos originarios, como el shuar, defendiendo con valor un territorio que otros intentaban arrebatar. Hoy, medio siglo después, la amenaza no viene del vecino país, sino de los tentáculos de poder económico –nacional e internacional– que han descubierto en Zamora no solo un suelo fértil, sino un botín dorado que se pretende arrancar sin importar el costo social o ambiental.
La minería, legal o no, ha sido durante décadas el motor económico de esta provincia. Miles de familias han vivido de ella, han puesto pan en sus mesas, han pagado estudios y han generado empleo donde el Estado ha estado ausente. Y sin embargo, son precisamente esos pequeños mineros los que hoy son estigmatizados, perseguidos y silenciados. El discurso de la defensa del medio ambiente se ha vuelto el nuevo dogma de los poderosos para legitimar el despojo y marginar a los verdaderos actores del territorio.
La criminalización de la pequeña minería, en contraste con la permisividad hacia las transnacionales, es una paradoja que hiere. Se persigue al campesino que extrae oro con sus propias manos, mientras se abren las puertas a quienes vienen con maquinaria pesada, contratos blindados y respaldo político. Se ignora que el problema no es la minería, sino la falta de regulación justa, de acompañamiento técnico, de créditos, de capacitación, de visión de Estado.
Hoy no hay dinero en las calles de Zamora. La paralización minera no solo afecta a los mineros, sino a los comerciantes, transportistas, productores, emprendedores. Se detuvo el flujo económico y con él, el aliento de una provincia que ha aprendido a sostenerse casi sola. La pobreza golpea con fuerza, mientras las autoridades locales miran de lejos, sin proponer soluciones ni liderar un verdadero diálogo.
No se puede andar sobre oro y vivir en la miseria. No se puede exigir cuidado ambiental sin ofrecer alternativas reales. Y no se puede llamar ilegal a quien ha trabajado la tierra por generaciones, mientras se legaliza, con leyes a la medida, a los grandes capitales.
La solución no está en la represión, ni en el silencio cómplice. Está en la regularización, en el acompañamiento, en la justicia social y en el respeto por quienes han sostenido esta provincia sin ayuda estatal. Está en mirar con seriedad a la pequeña minería y reconocer su aporte al tejido económico local. Está en sembrar paz, diálogo, desarrollo y dignidad.
Zamora Chinchipe no es solo un mapa minero. Es un territorio de historia, de lucha, de cultura y de gente que merece vivir con derechos, no con dádivas. El Estado tiene una deuda histórica con esta provincia, y es momento de saldarla con políticas públicas reales, no con persecuciones disfrazadas de legalidad.
Los mineros no son delincuentes. Son emprendedores, padres y madres de familia, ciudadanos que exigen ser reconocidos. Y su grito, aunque intenten callarlo, retumba en las montañas que alguna vez defendieron héroes anónimos. Porque esta tierra, rica en recursos, no puede seguir empobrecida por decisiones centralistas ni por intereses ocultos.
Legalizar la pequeña minería, apoyar al productor, invertir en infraestructura social, y erradicar la corrupción que se esconde en las instituciones del Estado no es una opción: es una urgencia ética. De lo contrario, nos estaremos auto eliminando como sociedad y como país.
Es tiempo de unidad. Es tiempo de verdad. Es tiempo de justicia.
Noticias Zamora
Un buen padre deja huellas, no cicatrices

Noticias Zamora
La nueva regulación del consumo de drogas y su impacto en la sociedad ecuatoriana

El 7 de junio de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una reforma integral que busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Esta ley introduce cambios significativos en la regulación del consumo de drogas, reemplazando la anterior «Tabla de Drogas» por un sistema más técnico y contextualizado.
La Tabla de Umbrales de Consumo, también conocida como «Tabla de Drogas» establecida en 2013 por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), fijaba cantidades máximas de diversas sustancias que una persona podía portar para que se considerara consumo personal y no tráfico ilícito. Sin embargo, en noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa derogó esta tabla mediante el Decreto Ejecutivo N.º 28, argumentando que facilitaba el microtráfico al permitir que se encubriera como consumo personal el tráfico de pequeñas cantidades. Esta eliminación dejó un vacío legal que fue parcialmente cubierto por una resolución de la Corte Nacional de Justicia número 14-2023, instruyendo a jueces y fiscales a evaluar caso por caso, basándose en análisis meticuloso del caso en concreto.
La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, aprobada el 7 de junio del 2025, reforma el artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para establecer que los parámetros para determinar el consumo personal de drogas serán fijados y actualizados mediante una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Lo que busca evitar la criminalización de los consumidores y garantizar que no se confundan con traficantes por la sola posesión de una cantidad determinada.
La nueva normativa establece que no se presumirá el consumo de drogas en ningún caso. Por lo tanto, será requisito obligatorio la realización de pericias toxicológicas o psicológicas antes de emitir cualquier decisión o informe legal correspondiente. Lo cual permite una evaluación más justa y precisa de cada situación, diferenciando claramente entre consumo personal y microtráfico.
Aunque la reforma ha sido vista como un avance hacia un trato más justo para los consumidores, algunos expertos en derecho penal han cuestionado la participación de entidades judiciales en la definición de parámetros técnicos sobre adicciones, argumentando que se trata de un tema de salud pública que requiere la intervención de especialistas. Además, la implementación efectiva de estos nuevos criterios dependerá de la capacitación y coordinación entre las instituciones involucradas.
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