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Presunto robo de oro en bodega de la Policía Judicial de Zamora

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Mediante declaraciones ofrecidas por los abogados Fernando Gaón y Fredy Castillo, se dio a conocer públicamente un presunto robo de material aurífero ocurrido en el Centro de Acopio de Evidencias de la Policía Judicial de Zamora, hecho que ha generado alarma en la ciudadanía y plantea serias interrogantes sobre los protocolos de custodia y seguridad dentro de la institución.

De acuerdo con la información proporcionada por el abogado Fredy Castillo, el material aurífero —presumiblemente oro— fue incautado el pasado 3 de mayo de 2025 en el sector La Pista, de la parroquia Cumbaratza, cantón Zamora, como parte de un operativo dirigido por la Fiscalía de Medio Ambiente de la ciudad de Quito. Posteriormente, y tras las debidas justificaciones legales sobre la legitimidad del mineral, la Fiscalía autorizó la devolución del material el día 19 de junio de 2025.

Fue precisamente en ese momento, cuando los abogados acudieron a realizar el retiro del material, que se percataron de la sustracción del contenido aurífero, estimado en 2.6 kilogramos, lo que representa un valor aproximado de 250.000 dólares según la cotización actual del oro.

Graves irregularidades en la custodia de evidencias

Según expuso el abogado Gaón, resulta sumamente preocupante que el supuesto robo ocurriera justo el mismo día y hora en que estaba prevista la devolución del oro incautado, sin que existiera un informe inmediato ni una alerta oportuna por parte de los responsables del centro de acopio. Esto plantea la posibilidad de participación interna en el hecho delictivo, dada la localización precisa del archivador violentado y la aparente selectividad del robo —pues otros objetos de valor, como celulares iPhone, no fueron sustraídos.

«Nos parece inadmisible que dentro de una institución encargada de brindar seguridad, como lo es la Policía Nacional, se pueda cometer un acto de esta magnitud sin una respuesta oportuna y sin que se active un protocolo de emergencia», expresó Gaón.

Exigen reformulación del tipo penal e intervención de altos niveles de control
Los representantes legales indicaron que el mineral pertenece al ingeniero Jackson Zambrano, quien posee un permiso legal de operación minera en el sector de Guayzimi, además de las guías de transporte, títulos mineros y licencia de comercialización debidamente justificadas ante la Fiscalía General del Estado.
Por esta razón, solicitarán la reformulación del tipo penal, actualmente tipificado como «hurto», y exigirán su clasificación como robo con agravantes, dadas las condiciones del delito y el lugar donde fue cometido. Asimismo, anunciaron que se oficiará a la Comandancia General de Policía, Asuntos Internos, el Ministerio de Gobierno y otros entes de control para que se inicien las investigaciones correspondientes y se identifique al personal que estaba en funciones el día del suceso.
“Este hecho no puede quedar en la impunidad. Si se quiere depurar la justicia y luchar contra la corrupción, debe comenzarse desde el interior de las propias instituciones del Estado”, señaló el abogado Gaón.

Sobre el transporte aéreo y la legalidad del material

En relación al medio de transporte utilizado, se informó que el oro iba a ser trasladado vía aérea hacia la ciudad de Guayaquil, como parte de su proceso de comercialización y eventual venta al Banco Central del Ecuador. La aeronave utilizada pertenece al propio concesionario y fue seleccionada como medida de seguridad, considerando el alto valor del mineral y los riesgos asociados al transporte terrestre.

La defensa aclaró que la retención inicial se debió a que el personal encargado del transporte no portaba en ese momento los documentos correspondientes, pero todos los permisos fueron posteriormente justificados en sede fiscal, por lo cual el material debía ser devuelto al legítimo propietario.

Este caso representa un grave precedente que compromete la credibilidad de los procesos judiciales y de custodia de evidencias en la provincia de Zamora Chinchipe. La ciudadanía y la defensa técnica del propietario exigen transparencia, celeridad en las investigaciones y que los responsables —internos o externos— sean identificados y sancionados conforme a la ley.
Se espera en los próximos días un pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional sobre los avances de esta investigación que involucra no solo un perjuicio económico considerable, sino también un cuestionamiento profundo a las instituciones encargadas de garantizar la justicia y la seguridad en el país.

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Cámara de Minería de Zamora Chinchipe anuncia demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Minera reformada

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El día lunes 2 de marzo de 2026 se desarrolló una rueda de prensa convocada por la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, en la cual se anunció de manera oficial la presentación de una demanda de inconstitucionalidad en contra de la reciente reforma a la Ley de Minería, aprobada por la Asamblea Nacional y remitida con carácter urgente al Registro Oficial para su inmediata vigencia.

Durante su intervención, el presidente de la Cámara, Paúl Pineda, señaló que la normativa aprobada representa un retroceso en derechos y garantías constitucionales, especialmente para los mineros artesanales, pequeños y operadores mineros que históricamente han desarrollado su actividad en la provincia de Zamora Chinchipe y en otras zonas del país. Según explicó, se trata de una ley que no fue debidamente socializada ni construida de manera equitativa con los sectores directamente involucrados en la actividad minera.

Uno de los principales puntos de preocupación expuestos fue la eliminación de la posibilidad de celebrar contratos de operación entre concesionarios privados y operadores mineros. La reforma establece que dicha facultad recaiga exclusivamente en la Empresa Nacional Minera (ENAMI), la cual únicamente puede otorgar contratos dentro de sus propias áreas concesionadas, mas no en concesiones de terceros.

Esta disposición, de acuerdo con la Cámara, constituye una regresión de derechos, ya que históricamente el contrato de operación ha sido un mecanismo legítimo que permitía a concesionarios que no podían operar directamente, articularse con operadores mineros, dinamizando la economía local y formalizando la actividad.

El presidente Paul Pineda advirtió que esta reforma deja en estado de incertidumbre y suspensión a numerosos operadores mineros que se encontraban en procesos de regularización, dependiendo del régimen y tipo de minería, afectando directamente el derecho al trabajo y a la seguridad jurídica. Asimismo, enfatizó que la entrada en vigencia inmediata de la ley agrava el impacto, al no permitir periodos de transición razonables.

En el ámbito ambiental, la Cámara expresó una profunda preocupación por la eliminación de la licencia ambiental como requisito previo, reemplazándola por un simple certificado ambiental. Según se explicó, la licencia ambiental ha sido históricamente el principal instrumento que garantiza la participación ciudadana, la consulta previa, libre e informada y el derecho de las comunidades a pronunciarse sobre proyectos extractivos en sus territorios. La reforma, señalaron, abre la puerta a procesos extractivos sin el debido control social y ambiental.

En este contexto, se cuestionó también la participación de Condormining en la comisión legislativa que trató la reforma, considerando que esta empresa mantiene conflictos sociales históricos con mineros artesanales y comunidades del sector de Chinapintza. Para la Cámara, este hecho evidencia intereses claramente definidos en la configuración de la normativa.

La Cámara de Minería de Zamora Chinchipe informó que ha mantenido acercamientos y diálogos con el asambleísta Héctor Valladarez, con quien se ha acordado, de manera conjunta y unánime, impulsar la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador.

La acción se enfocará específicamente en los artículos relacionados con el régimen minero y ambiental, y adicionalmente se solicitará la suspensión de los efectos de la norma, mientras la Corte resuelve el fondo del caso, con el fin de evitar afectaciones irreversibles.

Por su parte, el asambleísta Héctor Valladares manifestó que la demanda se sustenta en varios ejes de inconstitucionalidad: la asignación de funciones a las Fuerzas Armadas como custodios de empresas mineras, en contravención de su misión constitucional; la eliminación de la licencia ambiental y, con ello, de los mecanismos de consulta y participación ciudadana; y la exclusión progresiva de los mineros artesanales y pequeños de los yacimientos, mediante reformas al artículo 134 de la Ley Minera y disposiciones que restringen de forma definitiva los permisos excepcionales y los contratos de operación.

Valladarez enfatizó que estas reformas afectan directamente a más de 20.000 mineros artesanales y pequeños de la provincia de Zamora Chinchipe, poniendo en riesgo su fuente de trabajo y su derecho histórico a explotar los yacimientos que ellos mismos descubrieron. Reiteró que la seguridad, la democracia y el desarrollo no se construyen con militarización ni exclusión, sino con derechos, diálogo, equidad y justicia social.

Finalmente, la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe reafirmó su autonomía organizativa y jurídica, aclarando que no pertenece ni responde a la Cámara de Minería del Ecuador, y que cuenta con personería jurídica y legitimidad para accionar ante la Corte Constitucional.

La institución hizo un llamado a la ciudadanía, a los mineros artesanales y pequeños, y a los sectores productivos de la provincia, a mantenerse unidos y vigilantes frente a una normativa que, a su criterio, favorece de manera desproporcionada a la gran minería y vulnera derechos constitucionales fundamentales.

La Cámara reiteró su compromiso de continuar defendiendo una minería responsable, inclusiva y socialmente justa, que permita el desarrollo económico de la provincia sin sacrificar los derechos laborales, ambientales y ciudadanos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador.

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Juntos modernizan infraestructura para el Seguro Social Campesino en Pachicutza

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El Seguro Social Campesino cumple un rol fundamental en la atención primaria de salud en las comunidades rurales, beneficiando principalmente a agricultores, ganaderos y sus familias. Bajo esta premisa y en un ambiente cargado de alegría, unidad y compromiso con la comunidad, Jairo Herrera, alcalde del cantón El Pangui, realizó el viernes último, el acto oficial de entrega del mejoramiento y adecuación de la infraestructura de la casa de salud del Seguro Social Campesino en la comunidad de Pachicutza, una obra que fortalece de manera significativa los servicios en el sector rural.

Este importante proyecto, se ejecutó mediante un convenio tripartito entre el GAD Municipal de El Pangui, el GAD Parroquial de Pachicutza y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con una inversión total de USD 34,995.32, demostrando que el trabajo interinstitucional permite alcanzar resultados concretos en beneficio de la ciudadanía.

La intervención contempló la construcción de una cubierta, adecuación de gradas y mantenimiento general de la infraestructura, mejorando de manera integral los espacios físicos del establecimiento. Estas acciones optimizan las condiciones para la atención médica y garantizan mayor comodidad, seguridad y funcionalidad tanto para el personal de salud como para los afiliados.

Durante el acto de entrega, las autoridades resaltaron la importancia de continuar impulsando proyectos que prioricen el acceso equitativo a servicios básicos, con mayor relevancia en zonas rurales. Asimismo, destacaron que este tipo de alianzas estratégicas, permiten optimizar recursos y trabajar de manera articulada para lograr un desarrollo sostenible y solidario.

“Cuando trabajamos de manera conjunta es posible ejecutar este tipo de obras que mejoran la calidad de vida de la gente. Lo hacemos con compromiso y cariño porque nacimos para servir nacimos para construir” aseveró el burgomaestre a la vez que indicó para este año tiene previsto entregar más de 100 obra en todo el cantón.

Con acciones como esta, la Alcaldía de El Pangui, reafirma su compromiso de gestionar y ejecutar obras que fortalecen los derechos de cada ciudadano, mirando hacia un futuro con mejores condiciones de vida para sus habitantes.

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Zamora Chinchipe destaca en la elección nacional de la Reina del Cacao Ecuador

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El pasado 28 de febrero se llevó a efecto la elección nacional de la Reina del Cacao Ecuador, certamen que reunió a representantes de ocho provincias del país, en un espacio orientado a resaltar la importancia productiva, económica y cultural del cacao como uno de los principales productos agrícolas del Ecuador.

En representación de la provincia de Zamora Chinchipe participó Paola Susana Quiroga Unup, de 21 años de edad, actual Reina del Cacao de la provincia. La joven es auxiliar de enfermería y estudiante de la Academia de Formación Militar ACADEMIL, en la ciudad de Cuenca, formación que refleja disciplina, vocación de servicio y compromiso con su desarrollo profesional.

Tras una destacada participación, Paola Quiroga obtuvo el título de Primera Finalista – Virreina del Cacao Ecuador, reconocimiento que posiciona a Zamora Chinchipe dentro de los primeros lugares del certamen nacional y fortalece la proyección de la provincia en este tipo de espacios de integración y promoción productiva.

Durante el evento, el mensaje central estuvo enfocado en generar conciencia sobre el valor que se otorga al cacao como producto y materia prima estratégica para el desarrollo del sector agrícola. Se destacó la necesidad de reconocer el esfuerzo de los productores, impulsar la calidad del cultivo y promover una mayor valoración social y económica de este recurso emblemático.

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