Noticias Zamora
Presunto robo de oro en bodega de la Policía Judicial de Zamora
Mediante declaraciones ofrecidas por los abogados Fernando Gaón y Fredy Castillo, se dio a conocer públicamente un presunto robo de material aurífero ocurrido en el Centro de Acopio de Evidencias de la Policía Judicial de Zamora, hecho que ha generado alarma en la ciudadanía y plantea serias interrogantes sobre los protocolos de custodia y seguridad dentro de la institución.
De acuerdo con la información proporcionada por el abogado Fredy Castillo, el material aurífero —presumiblemente oro— fue incautado el pasado 3 de mayo de 2025 en el sector La Pista, de la parroquia Cumbaratza, cantón Zamora, como parte de un operativo dirigido por la Fiscalía de Medio Ambiente de la ciudad de Quito. Posteriormente, y tras las debidas justificaciones legales sobre la legitimidad del mineral, la Fiscalía autorizó la devolución del material el día 19 de junio de 2025.
Fue precisamente en ese momento, cuando los abogados acudieron a realizar el retiro del material, que se percataron de la sustracción del contenido aurífero, estimado en 2.6 kilogramos, lo que representa un valor aproximado de 250.000 dólares según la cotización actual del oro.
Graves irregularidades en la custodia de evidencias
Según expuso el abogado Gaón, resulta sumamente preocupante que el supuesto robo ocurriera justo el mismo día y hora en que estaba prevista la devolución del oro incautado, sin que existiera un informe inmediato ni una alerta oportuna por parte de los responsables del centro de acopio. Esto plantea la posibilidad de participación interna en el hecho delictivo, dada la localización precisa del archivador violentado y la aparente selectividad del robo —pues otros objetos de valor, como celulares iPhone, no fueron sustraídos.
«Nos parece inadmisible que dentro de una institución encargada de brindar seguridad, como lo es la Policía Nacional, se pueda cometer un acto de esta magnitud sin una respuesta oportuna y sin que se active un protocolo de emergencia», expresó Gaón.
Exigen reformulación del tipo penal e intervención de altos niveles de control
Los representantes legales indicaron que el mineral pertenece al ingeniero Jackson Zambrano, quien posee un permiso legal de operación minera en el sector de Guayzimi, además de las guías de transporte, títulos mineros y licencia de comercialización debidamente justificadas ante la Fiscalía General del Estado.
Por esta razón, solicitarán la reformulación del tipo penal, actualmente tipificado como «hurto», y exigirán su clasificación como robo con agravantes, dadas las condiciones del delito y el lugar donde fue cometido. Asimismo, anunciaron que se oficiará a la Comandancia General de Policía, Asuntos Internos, el Ministerio de Gobierno y otros entes de control para que se inicien las investigaciones correspondientes y se identifique al personal que estaba en funciones el día del suceso.
“Este hecho no puede quedar en la impunidad. Si se quiere depurar la justicia y luchar contra la corrupción, debe comenzarse desde el interior de las propias instituciones del Estado”, señaló el abogado Gaón.
Sobre el transporte aéreo y la legalidad del material
En relación al medio de transporte utilizado, se informó que el oro iba a ser trasladado vía aérea hacia la ciudad de Guayaquil, como parte de su proceso de comercialización y eventual venta al Banco Central del Ecuador. La aeronave utilizada pertenece al propio concesionario y fue seleccionada como medida de seguridad, considerando el alto valor del mineral y los riesgos asociados al transporte terrestre.
La defensa aclaró que la retención inicial se debió a que el personal encargado del transporte no portaba en ese momento los documentos correspondientes, pero todos los permisos fueron posteriormente justificados en sede fiscal, por lo cual el material debía ser devuelto al legítimo propietario.
Este caso representa un grave precedente que compromete la credibilidad de los procesos judiciales y de custodia de evidencias en la provincia de Zamora Chinchipe. La ciudadanía y la defensa técnica del propietario exigen transparencia, celeridad en las investigaciones y que los responsables —internos o externos— sean identificados y sancionados conforme a la ley.
Se espera en los próximos días un pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional sobre los avances de esta investigación que involucra no solo un perjuicio económico considerable, sino también un cuestionamiento profundo a las instituciones encargadas de garantizar la justicia y la seguridad en el país.
Noticias Zamora
Alonso Cueva analiza las consecuencias en caso de ganar el Sí en la consulta popular y advierte riesgos
En una entrevista concedida a Diario El Amazónico, el exprefecto y excandidato a la Asamblea Nacional Alonso Cueva, realizó un exhaustivo análisis sobre la propuesta de la consulta popular y Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Daniel Noboa, destacando sus posibles consecuencias políticas, sociales y económicas para el país.
Cueva inició su intervención diciendo que la Constitución vigente de 2008 recoge de manera integral los derechos y aspiraciones de diversos sectores sociales, en especial de la juventud, al garantizar la gratuidad de la educación en todos los niveles, incluida la educación superior.
Sin embargo, expresó su preocupación ante los intentos de sectores afines al Gobierno por limitar este derecho, planteando la posibilidad de que la educación universitaria deje de ser gratuita. “Se pretende retroceder en conquistas sociales que costaron años de lucha”, afirmó.
Alonzo cuestionó además que el Ejecutivo no haya presentado de forma clara y pública los artículos que busca reformar, señalando que el Presidente pide un “cheque en blanco” a la ciudadanía. Indicó que el argumento de que la Constitución actual no permite combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, pues el Estado dispone de recursos y herramientas legales suficientes. “En el 2024 se asignaron más de 3.000 millones de dólares para seguridad, pero ni siquiera se ha ejecutado el 50% de ese presupuesto”, enfatizó.
Cueva citó cifras alarmantes sobre violencia: más de 3.600 asesinatos en el país hasta junio de 2025, y más de 1.000 muertes violentas solo en Manabí, evidenciando una crisis de seguridad “sin precedentes en la historia nacional”.
A su criterio, los problemas del país radican en la ineficiencia administrativa y no en el marco constitucional.
Respecto a las reformas políticas, advirtió que la propuesta de reducir el número de asambleístas afectaría gravemente la representación de provincias pequeñas y amazónicas, al dejar a once provincias con apenas un legislador, mientras Guayas concentraría once curules.
“Esta medida centraliza el poder político y debilita la voz de las regiones amazónicas y rurales”, puntualizó.
Asimismo, expresó preocupación por la posibilidad de que la nueva Constitución elimine o modifique los beneficios de la Ley Amazónica, que sustituyó a la antigua Ley 010. Según Cueva, existe el riesgo de que los fondos para el desarrollo sostenible de la Amazonía desaparezcan en un nuevo marco constitucional. “No podemos permitir que se pierdan derechos y recursos que tanto nos costó conseguir”, recalcó.
En materia económica, criticó el incremento del IVA del 12 al 15% y la eliminación de subsidios, señalando que tales medidas han elevado los costos del transporte, la producción agrícola y los precios al consumidor.
“Se ha dicho que la eliminación del subsidio combate la economía criminal, pero los únicos perjudicados son los sectores populares”, sostuvo.
Cueva también alertó sobre la intención gubernamental de permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional, comparando la situación con el Plan Colombia, que derivó en graves violaciones a los derechos humanos. “No queremos que Ecuador se someta nuevamente a intereses geopolíticos foráneos ni a tribunales de arbitraje internacional que vulneren nuestra soberanía”, subrayó.
En su análisis final, señaló que la consulta popular del 16 de noviembre no resolverá la crisis social, jurídica ni moral del país, y que su verdadero propósito sería acumular poder y debilitar los derechos constitucionales.
“Esta no es una salida democrática, sino un retroceso en las conquistas alcanzadas por el pueblo ecuatoriano. Debemos ir a las urnas con reflexión, no con emoción”, concluyó.
Noticias Zamora
Zamora Chinchipe conforma el Parlamento Intercultural de los Pueblos y se pronuncia frente a la consulta popular
En un acto de articulación social y política, diversas organizaciones de la provincia de Zamora Chinchipe conformaron oficialmente el Parlamento Intercultural de los Pueblos, con el objetivo de analizar de manera crítica la próxima consulta popular y sus implicaciones en los derechos colectivos, sociales y ambientales del país.
El encuentro se desarrolló en el local de la Unión Nacional de Educadores (UNE), en el cantón Yantzaza el día domingo 26 de octubre, y contó con la participación de representantes de múltiples organizaciones, entre ellas el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la UNE, el Seguro Social Campesino, la Federación Provincial de Kichwas Saraguros (ZAMASKIJAT), el Frente Popular, y el Frente de Defensa de las Riberas del Río Zamora.
Durante el evento, Jimmy Tene, presidente de la Federación ZAMASKIJAT de Zamora Chinchipe, manifestó que las organizaciones sociales de la provincia se han autoconvocado para constituir el Parlamento Intercultural de los Pueblos, con la finalidad de emprender un proceso de reflexión y acción frente al escenario político actual.
“Las organizaciones sociales de Zamora Chinchipe nos hemos autoconvocado para conformar el gran Parlamento de los Pueblos, donde realizaremos un análisis profundo sobre el nuevo proceso electoral y el referéndum que se avecina. Esta consulta tiene como objetivo —dijo Tene— privatizar la educación, la salud, y vulnerar los derechos colectivos. Pretenden borrar el derecho a la resistencia y el derecho a la naturaleza. Por ello, las organizaciones se organiza para recorrer cada territorio y hacer un llamado a votar por el NO”, expresó.
A su vez, Jeynnson Juan, dirigente del Frente Popular de Zamora Chinchipe, recordó los ofrecimientos incumplidos por parte del Gobierno Nacional, enfatizando el descontento ciudadano ante la falta de resultados.
“Aquí nos ofrecieron un hospital, una universidad, la legalización minera y el cuarto eje vial, pero no nos han cumplido. Por eso, le decimos NO en esta consulta popular”, afirmó.
Por su parte, Alexandra Salinas, representante del Frente de Defensa de las Riberas del Río Zamora de Centinela del Cóndor – Zumbi, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada y vigilante ante las propuestas del referéndum.
“Hoy llamamos a la ciudadanía a concentrarse e informarse sobre la consulta popular, porque tenemos que cuidar nuestros derechos. ¡Abajo la consulta de Noboa! ¡Viva Zamora Chinchipe!”, expresó con firmeza.
Noticias Zamora
Cruz Roja y Sindicato de Choferes Profesionales fortalecen la cooperación humanitaria en Zamora Chinchipe
La Cruz Roja Ecuatoriana y el Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe suscribieron un convenio de cooperación institucional, con el propósito de promover acciones conjuntas en beneficio de los miembros del gremio y de la comunidad en general.
El acto de firma contó con la participación del Dr. Gustavo Apolo, presidente de la Cruz Roja Ecuatoriana, y del Tlgo. Mauricio Rivera, secretario general del Sindicato de Choferes Profesionales, destacó la importancia de la articulación interinstitucional como una vía para fortalecer la cultura de solidaridad, salud y bienestar en la provincia.
El acuerdo contempla diversos beneficios para los afiliados al sindicato, entre ellos la entrega de dos carnets de tipificación sanguínea por cada donante, así como el acceso a otros servicios y programas impulsados por los socios solidarios de la Cruz Roja.
Esta alianza reafirma el compromiso de ambas instituciones con el servicio humanitario y la responsabilidad social, pilares fundamentales para la construcción de comunidades más seguras, saludables y solidarias en Zamora Chinchipe.
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