Los estados de excepción y el llamado conflicto armado interno siguen siendo insuficientes en el complejo escenario en materia de seguridad pública que se vive en Ecuador. Entre enero y julio de 2026, el país acumuló un total de 4.882 homicidios intencionales, lo que marca una reducción frente a los 5.295 casos reportados en el mismo lapso de 2025.

Sin embargo, esta aparente mejora nacional esconde un repunte reciente de violencia criminal. Durante los meses de junio y julio de 2026, las muertes violentas superaron a las del mismo periodo de 2025, rompiendo la tendencia a la baja observada al inicio del año y superando al que hasta ahora es el peor año de la historia.

No obstante, al analizar la serie histórica, se evidencia otro dato. Las cifras de junio con 693 muertes y julio con 704 casos en 2026 se mantuvieron por debajo de las de 2023, que se posicionaba como el segundo año más violento de la historia.

Nueve provincias registran un repunte de muertes violentas
Los datos del Ministerio del Interior muestran que la reducción de homicidios en 2026 no se siente por igual en todo el territorio. De hecho, nueve provincias experimentaron un incremento en la cantidad de muertes violentas registradas entre enero y julio de este año.

El Oro lidera este preocupante repunte, con una cifra que escaló de 358 casos en 2025 a 634 en 2026. Por su parte, la provincia de Cañar reportó un incremento al pasar de 40 a 63 homicidios intencionales en el mismo lapso analizado.

En la Amazonía y la Costa la violencia también escaló. Sucumbíos registró 86 casos frente a los 72 de 2025, mientras que Santa Elena contabilizó 141 muertes. Azuay y Napo reportaron aumentos de 11 y nueve muertes respectivamente.

Finalmente, el incremento de violencia afectó de forma moderada a tres provincias más. Pastaza subió a 11 casos, Carchi registró nueve muertes, y Morona Santiago cerró el periodo con 13 casos, completando la lista de las zonas críticas.

79 cantones con más violencia
El repunte de homicidios a escala cantonal muestra realidades críticas. En un total de 79 cantones ecuatorianos, las muertes violentas aumentaron en 2026, lo que evidencia que la inseguridad se concentra en zonas específicas.

Machala es el caso más alarmante de todo el país. El cantón orense registró un aumento de 121 casos, al pasar de 159 homicidios entre enero y julio de 2025 a un total de 280 muertes en el mismo periodo de 2026.

En la lista de mayores incrementos constan otros cuatro cantones. Pasaje pasó de 36 a 77 casos; Lago Agrio subió de 28 a 65; Montecristi escaló de 55 a 89 muertes violentas; y Santa Rosa registró un alza de 42 a 75 casos.

Made with Flourish • Create a chart
Por otro lado, en 85 cantones las cifras de homicidios disminuyeron entre enero y julio de 2026, respecto a 2025.

Las reducciones más marcadas se dieron en grandes urbes. Guayaquil, por ejemplo, pasó de 1.617 a 1.274 casos, mientras que Durán redujo 163 homicidios. Además, 27 cantones pasaron a registrar cero muertes violentas.

Por último, la excepción de la violencia criminal en el mapa ecuatoriano se refleja en 50 cantones que no reportaron un solo homicidio en ninguno de los dos años. Espejo en Carchi, Quijos en Napo y Sevilla de Oro en Azuay son tres ejemplos de este panorama.

La compra corporativa de medicamentos ha logrado ponerse en marcha nuevamente. Después del fracaso de las compras masivas por emergencia en el Ministerio de Salud y el IESS a finales de 2025, el Gobierno decidió regresar a las cuestionadas compras corporativas y, finalmente, consiguió firmar 114 convenios para el abastecimiento de medicamentos a la red pública de salud de Ecuador.

El problema es que la mayoría de esos convenios no se ha logrado ejecutar. Una revisión realizada por PRIMICIAS al Portal de Compras Públicas evidencia que apenas 43 de 114 registran órdenes de compra hasta el 14 de agosto de 2026, es decir, que en esos casos ya hay pedidos de medicamentos. Pero esas órdenes corresponden solo a seis instituciones públicas.

PRIMICIAS envió, el mismo 14 de agosto, pedidos de información al Ministerio de Salud y al IESS para conocer por qué sus hospitales no están ejecutando compras a través de esta modalidad. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hay una respuesta.

Así avanza la compra de medicinas desde la India, según detalla el vocero del Gobierno José Julio Neira
Según aseguró el secretario de la Administración Pública y vocero de Carondelet, José Julio Neira, en una entrevista el pasado 12 de agosto, el Gobierno prevé alcanzar un 68% de abastecimiento de medicamentos en los hospitales hasta finales de agosto. Sin embargo, no explicó cómo se llegaría a esa meta.

114 convenios para medicamentos
La llamada Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos Fallida SICMF-Grupo A se lanzó en febrero de 2026 y buscaba asegurar el abastecimiento de 193 medicamentos. De acuerdo con información remitida por el Sercop a PRIMICIAS, entre el 20 de mayo y el 11 de junio se firmaron convenios de este proceso para 114 fármacos.

Entre los medicamentos que lograron convenios de compra corporativa están algunos que tenían grandes necesidades, según las proyecciones que se hicieron antes del proceso de contratación.

Ecuador aprueba su nuevo Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos con 512 principios activos para 2026
Entre los principales proveedores aparecen farmacéuticas internacionales y empresas nacionales.

Pero para que el fármaco llegue a manos del paciente, el convenio no es suficiente. Cada unidad ejecutora (hospital público o dirección distrital) con presupuesto asignado debe emitir la orden de compra. Sin ese documento individual, el proveedor no puede despachar, y eso es justamente lo que está pasando en la mayoría de casos.

Con necesidades, pero sin órdenes de compra
Hasta este 14 de agosto de 2026, 71 convenios firmados bajo este proceso no tienen ni una orden de compra, aunque se firmaron entre mayo y junio, lo que deriva en que estos medicamentos todavía sigan en desabastecimiento.

Entre ellos están algunos fármacos que tenían altas necesidades, como las sales de hierro + ácido fólico, que es el fármaco con mayor requerimiento, según las proyecciones de la red pública de salud. Se había proyectado una demanda de 53 millones de cajas de este medicamento, la mayoría para el Ministerio de Salud.

No se han hecho tampoco pedidos de otros suplementos con hierro, que también tenían proyecciones con alta necesidad.

Las instituciones no han emitido tampoco ninguna orden de compra de metronidazol (antibiótico y antiparasitario), del que se proyectó una necesidad de 12 millones de cajas, ni de dicloxacilina (antibiótico), del que se proyectó una necesidad de 9 millones de cajas para toda la red pública de salud en un año. Ni de alopurinol, usado para el tratamiento de la gota, del que se necesita 7 millones de cajas para un año.

En el listado de los medicamentos con convenio pero que no tienen órdenes de compra aparecen también fármacos para el tratamiento del cáncer (citarabina y leuprorelina) y antirretrovirales para el tratamiento del VIH (dolutegravir, lamivudina + abacavir, raltegravir).

Y también otros fármacos para tratar emergencias obstétricas, como el sulfato de magnesio (preeclampsia/eclampsia) y la hidralazina y labetalol (crisis hipertensiva en los embarazos).

Lo que se está despachando, pero lentamente
En contraste están los 43 medicamentos que consiguieron convenios y que sí tienen órdenes de compra. Sin embargo, al revisar estos datos, se evidencia que estas órdenes corresponden a apenas seis instituciones públicas.

Hospitales que registran altos niveles de desabastecimiento, como el Teodoro Maldonado Carbo del IESS en Guayaquil y el Monte Sinaí del MSP en Guayaquil no han emitido ni una orden de compra dentro de estos convenios. Estos son los dos hospitales más grandes de la Costa, y que tratan los diagnósticos más complejos.

La entidad que más pedidos ha realizado es el Hospital Carlos Andrade Marín, pero es el único hospital del IESS que aparece en el listado. Mientras que en el Ministerio de Salud, la matriz es la que ha hecho pedidos, pero solo hay una orden de un hospital que pertenece al Ministerio.

El cumplimiento de la meta oficial de alcanzar el 68% de abastecimiento a finales de agosto quedó en manos de la burocracia hospitalaria. Con los convenios firmados y los proveedores listos para despachar, el abastecimiento real solo se concretará en la medida en que los grandes hospitales de la red pública dejen de registrar cero pedidos. Fuente: Primicias

Por: Alonzo Cueva Rojas

Zamora Chinchipe se desangra en una guerra sin cuartel contra la minería, pero el enemigo no solo viste de camuflaje en la selva; también opera desde las oficinas del Estado. La ola de operativos del gobierno de Daniel Noboa, que destruye de forma sistemática la maquinaria pesada en cantones como Palanda, Yacuambi, El Pangui, Centinela del Cóndor y Nangaritza, no frena la ilegalidad. Al contrario, al aplicarse la misma estrategia destructiva de manera generalizada, la falta de alternativas y de consensos mínimos empuja a toda la provincia hacia una peligrosa escala de violencia con un pronóstico social totalmente impredecible.

La muestra más fehaciente y alarmante de este peligro generalizado ocurrió ayer en Nangaritza. Un violento operativo en Guayzimi desató el caos absoluto: pobladores y mineros, cansados de ver quemadas las herramientas que sustentan la economía de la zona, se enfrentaron directamente al Ejército. Hubo retención de uniformados, ataques a blindados y gases lacrimógenos en medio del pueblo. Esta respuesta netamente punitiva y desprovista de diálogo rompió la paz social, arrastrando a los ciudadanos a una rebelión desesperada que amenaza con replicarse en los cantones vecinos donde la situación es idéntica.

Este escenario caótico golpea la tranquilidad de las comunidades ribereñas, vulnerables ante recurrentes inundaciones. Si existiera una regularización real para transicionar de la informalidad a la formalidad, la realidad sería otra. Al legalizarse, los operadores locales pagarían tributos reinvertibles en sus zonas y serían sujetos de control para una adecuada remediación ambiental. Además, se protegería el rostro más vulnerable de la actividad: la clase trabajadora. Hoy, miles de obreros laboran sin seguridad social ni medidas de protección; muchos, de hecho, han muerto en el olvido absoluto por el simple hecho de ser catalogados como «ilegales». Al preferir la vía del desorden y el fuego, el Estado arriesga a la provincia a una preocupante anarquía total.

En medio de esto, salta a la vista una paradoja indignante: el Estado otorga un trato privilegiado y «garantista» al gran capital transnacional con contratos blindados y resguardo militar. En contraste, para el minero nativo la única respuesta es la criminalización. Esta flagrante asimetría moral destruye el tejido social y demuestra que las leyes se usan para desplazar al productor local en favor de intereses extranjeros.

¿Con qué legitimidad se quema la herramienta local cuando las agencias de control actúan como extorsionadores? Al audio filtrado del exdirector de ARCOM exigiendo coimas semanales, se suman hechos vergonzosos en el territorio: policías con miles de dólares injustificados en Chinapintza, denuncias de uniformados que liquidan el oro antes de quemar los campamentos, y el insólito robo de 2.5 kilos de oro que, tras ser interceptado en la pista de Cumbaratza, desapareció misteriosamente de las bodegas de la Policía Judicial en Zamora. Cuando las instituciones del orden extorsionan y roban, el Estado pierde toda validez.

Una salida pacífica será imposible si el Gobierno insiste en mirar este conflicto solo a través de la mira de un fusil. La solución no es el fuego, sino la limpieza profunda de la corrupción en ARCOM, la Policía y el Ejército. Zamora Chinchipe exige una tregua, diálogo inmediato y una regularización honesta. De lo contrario, los hechos de Guayzimi serán apenas el inicio de una lamentable rebelión civil que nadie sabrá cómo detener.