Tras el aluvión del 4 de julio, la provincia enfrenta una doble incertidumbre: seis personas continúan desaparecidas y persisten interrogantes sobre la representación del Ejecutivo.

Crisis institucional tras la tragedia

Han pasado casi tres meses desde el aluvión que golpeó Santa Isabel, parroquia Guadalupe. Seis personas continúan desaparecidas, entre ellas la entonces gobernadora de Zamora Chinchipe. Mientras las familias esperan respuestas, surge otra interrogante de carácter constitucional y administrativo: ¿quién ejerce legalmente la representación del Gobierno Nacional en la provincia?

La tragedia que abrió una segunda crisis

El 4 de julio de 2026 quedó marcado en la memoria de Zamora Chinchipe. Un aluvión ocurrido en el sector de Santa Isabel, parroquia Guadalupe, provocó una emergencia que dejó personas fallecidas y desaparecidas.

De acuerdo con los datos abordados durante una entrevista jurídica, seis personas permanecen desaparecidas.

Entre ellas se encuentra la entonces gobernadora provincial, quien se encontraba en el sector durante la emergencia.

La tragedia, sin embargo, no terminó con el paso de los días.

Mientras las familias continúan esperando información sobre sus seres queridos, la provincia enfrenta una segunda interrogante: ¿Quién representa actualmente al Ejecutivo Nacional en Zamora Chinchipe y bajo qué instrumento jurídico ejerce esa función?

Una Gobernación en zona de incertidumbre

Durante la entrevista, el abogado constitucionalista consultado sostuvo que existe una situación de “inseguridad jurídica” alrededor de la Gobernación.

Su preocupación se centra en determinar si la persona que actualmente estaría ejerciendo funciones lo hace mediante una subrogación, un encargo u otra figura administrativa.

El jurista mencionó al intendente de Policía, Lenin Bravo, y cuestionó que no estaría claramente identificado el acto administrativo mediante el cual habría asumido la representación de la Gobernación.

La diferencia no sería solamente formal.

Desde el punto de vista del derecho administrativo, la competencia constituye uno de los elementos esenciales para que una autoridad pueda adoptar decisiones en nombre del Estado.

Por ello, el abogado plantea que el Ejecutivo debe determinar formalmente cuál es la situación administrativa de la Gobernación y quién está facultado para ejercer sus funciones.

“Primero hay que establecer qué es lo que está sucediendo en la Gobernación”, sostuvo el jurista durante la entrevista.

El problema no es solamente político

La controversia adquiere una dimensión jurídica porque las decisiones de una autoridad pública deben estar respaldadas por la Constitución, la ley y el correspondiente acto de designación o delegación.

Durante la entrevista se mencionó el artículo 105 del Código Orgánico Administrativo como parte del análisis sobre la competencia de las autoridades.

El abogado advirtió que, si una autoridad actúa fuera de las competencias que legalmente le corresponden, determinadas actuaciones podrían ser cuestionadas ante las instancias administrativas o judiciales.

Esto no significa que todos los actos emitidos durante este período sean automáticamente ilegales o nulos.

Su validez tendría que analizarse individualmente y por las autoridades competentes.

Pero la incertidumbre sobre la autoridad que ejerce la representación provincial sí plantea una interrogante que el Ejecutivo debe aclarar.

¿Subrogación, encargo o nuevo gobernador?

La entrevista plantea tres escenarios posibles, dependiendo de la situación jurídica que determine el Gobierno Nacional.

Si se considera que existe una ausencia temporal, deberá aplicarse el mecanismo de subrogación que corresponda conforme al régimen jurídico vigente.

Si se determina otra situación administrativa, podría corresponder un encargo.

Y si existe una ausencia definitiva respecto del ejercicio de la función, deberá analizarse la designación de una nueva autoridad.

El punto central, según el abogado entrevistado, es que la administración central debe determinar primero cuál es la situación jurídica de la Gobernación.

No sería necesario, según su interpretación, esperar una eventual declaración de muerte presunta de la gobernadora desaparecida para resolver la continuidad administrativa de la institución.

La situación personal de una persona desaparecida y la continuidad de una institución pública son asuntos jurídicamente diferentes.

Seis familias siguen esperando

El debate institucional no puede separar la mirada de la tragedia humana.

Seis personas continúan desaparecidas desde el aluvión.

Sus familiares enfrentan una incertidumbre que puede prolongarse más allá de la búsqueda física.

Durante la entrevista se plantearon posibles dificultades relacionadas con herencias, seguros, obligaciones laborales, seguridad social y otros derechos.

En estos casos, existen procedimientos jurídicos específicos.

El abogado explicó que la eventual declaración de muerte presunta corresponde a un procedimiento individual relacionado con la situación civil de la persona desaparecida.

Pero insistió en que la administración pública debe resolver por separado quién ejerce la representación del Ejecutivo.

La provincia, en otras palabras, no debería permanecer institucionalmente indefinida mientras las familias atraviesan sus propios procesos jurídicos.

La pregunta que también es política

La discusión inevitablemente alcanza al Gobierno Nacional.

¿Por qué, después de varias semanas, no existe una explicación pública suficientemente clara sobre la situación administrativa de la Gobernación?

La pregunta adquiere mayor fuerza porque Zamora Chinchipe continúa enfrentando las consecuencias de una emergencia que dejó desaparecidos y familias esperando respuestas.

Durante la entrevista, el abogado cuestionó políticamente la respuesta del Ejecutivo y planteó que la provincia podría estar recibiendo menor atención por su condición territorial y demográfica.

Estas expresiones corresponden a la valoración política del jurista entrevistado y no constituyen, por sí mismas, una conclusión independiente sobre las motivaciones del Gobierno.

Sin embargo, colocan sobre la mesa un debate de fondo:

¿La presencia del Estado debe tener la misma fuerza en todas las provincias, independientemente de su población o peso político?

Debería estar relacionada con la igualdad de protección de los derechos y con la presencia efectiva de las instituciones públicas en todo el territorio nacional.

¿Dónde está el estado?

La pregunta que deja esta historia es más amplia que la situación de una autoridad.

Es una pregunta sobre la capacidad institucional del Estado.

¿Quién coordina?

¿Quién decide?

¿Quién recibe los reclamos?

¿Quién responde ante las familias?

¿Quién representa al Ejecutivo?

¿Quién tiene competencia para emitir determinados actos administrativos?

Cuando una emergencia golpea a una provincia, la ciudadanía necesita respuestas claras.

La ausencia física de una autoridad no debería convertirse en ausencia institucional.

El riesgo de futuras demandas

Otro de los aspectos analizados durante la entrevista es el eventual impacto judicial de las actuaciones administrativas.

El abogado sostuvo que, si se determina posteriormente que determinados funcionarios actuaron sin competencia o vulneraron derechos, podrían generarse procesos administrativos, constitucionales o contencioso-administrativos.

También advirtió sobre eventuales consecuencias económicas para el Estado si los órganos jurisdiccionales determinan responsabilidades y ordenan reparaciones o indemnizaciones.

Sin embargo, cualquier responsabilidad individual deberá establecerse mediante el procedimiento correspondiente y respetando el debido proceso.

La discusión plantea así un escenario preventivo: la falta de claridad institucional de hoy podría convertirse en un conflicto jurídico mañana.

Una provincia que necesita certezas

La situación de Zamora Chinchipe requiere, según el análisis realizado durante la entrevista, una respuesta formal del Ejecutivo.

El abogado planteó una ruta:

1- Determinar oficialmente la situación administrativa de la Gobernación.

2- Establecer si existe ausencia temporal o definitiva de la autoridad titular.

3- Determinar quién debe ejercer legalmente la representación provincial.

4- Emitir el correspondiente acto administrativo.

5- Garantizar simultáneamente la protección de los derechos de las familias de las personas desaparecidas.

El objetivo, desde esta perspectiva, no sería únicamente designar un nombre.

Se trata de garantizar una estructura institucional clara.

La respuesta que espera Zamora Chinchipe

El aluvión ocurrió el 4 de julio.

Casi tres meses después, seis familias continúan esperando respuestas sobre sus seres queridos.

Y la provincia continúa esperando claridad sobre la representación del Ejecutivo.

La tragedia puso a prueba la capacidad de respuesta ante una emergencia.

Ahora también pone a prueba la institucionalidad.

Porque una administración pública necesita algo más que funcionarios.

Necesita competencia, legalidad, transparencia y responsabilidad.

La ciudadanía tiene derecho a saber quién toma las decisiones en su territorio y bajo qué fundamento jurídico.

Las familias tienen derecho a conocer qué mecanismos puede activar el Estado frente a la desaparición de sus seres queridos.

Y las instituciones tienen la obligación de actuar dentro del marco constitucional y legal.

Zamora no pide privilegios. Pide respuestas.

La provincia no puede quedar atrapada entre una tragedia sin resolver y una institucionalidad sin explicaciones suficientes.

La búsqueda de los desaparecidos debe continuar.

Los derechos de sus familiares deben ser protegidos.

Y la representación del Ejecutivo debe quedar jurídicamente definida.

No se trata solamente de quién ocupa una oficina.

Se trata de quién tiene la autoridad para decidir en nombre del Estado.

¿A quién responde ante la ciudadanía?

¿Quién asume las consecuencias de sus actos?

Y, sobre todo, de si las instituciones públicas están preparadas para responder cuando una emergencia golpea a una provincia amazónica y fronteriza.

Zamora Chinchipe necesita certezas.

Certezas para las familias.

Certezas para las instituciones.

Certezas para los ciudadanos.

Y una respuesta clara del Gobierno Nacional sobre una pregunta que, después de casi tres meses, continúa sobre la mesa:

¿QUIÉN GOBIERNA ZAMORA CHINCHIPE?

Con el propósito de promover el bienestar emocional, fomentar el diálogo abierto y cuidar la salud mental de la ciudadanía, hoy se llevó a cabo la Casa Abierta por la Prevención del Suicidio en los exteriores del edificio del GAD Municipal de El Pangui. Este espacio de sensibilización y concientización reunió a autoridades, instituciones aliadas y a la comunidad en general.

La jornada ofreció una amplia programación artística y cultural, destacando la participación de artistas locales como Wilson Recalde, presentaciones teatrales con un llamativo show de mimos, conferencias de reflexión, así como demostraciones de danza a cargo del GAD Municipal, la U.E. Arutam y la U.E. Fiscomisional Ecuador Amazónico. Asimismo, los asistentes disfrutaron de dinámicas, juegos y concursos organizados en más de 10 stands informativos.

Durante su intervención, la vicealcaldesa Mayra Quezada, en representación del ayuntamiento (institución organizadora), enfatizó la relevancia de abordar esta problemática de manera oportuna: «la prevención es fundamental para salvar vidas. Como administración municipal, estamos convencidos de que estos espacios permiten generar un alto grado de conciencia ciudadana y unir fuerzas interinstitucionales para brindar un soporte real a nuestros jóvenes y a toda la sociedad» resaltó.

El éxito de esta convocatoria fue posible gracias al trabajo articulado y la participación activa de diversas organizaciones del cantón, entre ellas:

• Empresa Lundin Gold
• Subcentro de Salud de El Pangui
• Unidad Educativa Fiscomisional «Ecuador Amazónico»
• Unidad Educativa Arutam
• Consejo y Junta Cantonal de Protección de Derechos
• CETAD Nueva Vida
• Centro de Especialidades Médicas «Divino Niño»
• Consultoría Especializada Robert Villacrés

Con el desarrollo de esta iniciativa, el GAD Municipal de El Pangui ratifica su compromiso de continuar con el impulso de políticas y espacios orientados al bienestar integral de la ciudadanía, promoviendo una cultura de escucha y apoyo mutuo.

La Defensoría Pública garantiza servicios de asesoría jurídica y patrocinio gratuito a ciudadanos que, por su situación económica, social o condición de indefensión, no cuentan con recursos para contratar un abogado particular. Así lo explicó Fernando Salazar, director provincial de la Defensoría Pública de Zamora Chinchipe, durante una entrevista.

Salazar explicó que la institución brinda asesoría jurídica en diferentes materias y patrocinio en determinadas líneas de atención. Entre ellas se encuentran familia, niñez y adolescencia, materia penal, garantías penitenciarias, adolescentes en conflicto con la ley, materia laboral, inquilinato, movilidad humana y acciones constitucionales.

En materia de familia, niñez y adolescencia, uno de los servicios más frecuentes corresponde a los procesos de pensiones alimenticias para niños, niñas y adolescentes. En materia penal, la institución brinda asistencia a personas que se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General del Estado o que enfrentan un proceso penal.

También se atiende a personas privadas de libertad, mediante asesoría y trámites relacionados con garantías y beneficios penitenciarios, entre ellos el régimen semiabierto. De igual manera, la Defensoría Pública patrocina a adolescentes en conflicto con la ley penal, quienes están sujetos a procedimientos especiales.

En el ámbito laboral se brinda asistencia a personas trabajadoras; en materia de inquilinato, a personas arrendatarias; mientras que en movilidad humana se atienden casos relacionados con procesos de deportación y regulación migratoria de ciudadanos extranjeros.

La institución también interviene en acciones constitucionales, entre ellas acciones de protección, hábeas corpus, hábeas data y acceso a la información pública. Salazar señaló además que la Defensoría Pública cuenta con servicios de mediación en determinadas provincias y que en Zamora existe coordinación con el Centro de Mediación del Consejo de la Judicatura para estos procesos.

Diferencia entre la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo
Durante la entrevista también se aclaró una confusión frecuente entre ambas instituciones.

La Defensoría del Pueblo tiene como función principal promover y proteger los derechos humanos de la ciudadanía y los derechos de la naturaleza. Además, atiende reclamos relacionados con la calidad o prestación de servicios públicos y privados y asuntos vinculados con la defensa de los consumidores.

Por su parte, la Defensoría Pública proporciona servicios jurídicos gratuitos, asesoría legal y patrocinio en determinadas materias y procesos judiciales, especialmente para personas que no pueden acceder económicamente a una defensa particular.

Atención para los nueve cantones
Uno de los principales desafíos identificados por la institución es que no existen oficinas de la Defensoría Pública en todos los cantones de la provincia.

Sin embargo, Salazar señaló que la institución atiende a los nueve cantones de Zamora Chinchipe mediante sus puntos de atención ubicados actualmente en Zamora y Yantzaza.

La atención también puede realizarse mediante herramientas telemáticas. Como ejemplo, explicó que cuando una persona se encuentra detenida en cantones como Chinchipe o Palanda y debe participar en una audiencia de flagrancia, los defensores pueden conectarse de manera virtual, entrevistarse con el ciudadano y participar en la audiencia correspondiente.

Además, la institución mantiene coordinación con juntas de protección y otras entidades para facilitar asesoría y patrocinio en procesos, particularmente en materia de alimentos.

Nuevo punto de atención en Centinela del Cóndor
Como parte del proceso de ampliación de cobertura, la Defensoría Pública trabaja en coordinación con el cantón Centinela del Cóndor para implementar un nuevo punto de atención.

El objetivo es acercar los servicios jurídicos a ciudadanos de Centinela del Cóndor, Nangaritza y Paquisha, sectores que actualmente no cuentan con una oficina permanente de la institución.

3.800 casos atendidos durante 2025
En cuanto a la demanda de servicios, Fernando Salazar informó que durante 2025 la Defensoría Pública atendió aproximadamente 3.800 casos en la provincia de Zamora Chinchipe.

Las principales líneas de atención correspondieron a materia no penal, particularmente procesos y demandas de alimentos a favor de niños, niñas y adolescentes, y materia penal, relacionada con asesorías y patrocinios en investigaciones y procesos judiciales.

El director provincial señaló que precisamente en estas áreas existe una importante demanda debido a que muchas personas no cuentan con los recursos económicos necesarios para contratar un abogado particular.

“Ruta de los Derechos” llega a sectores sin oficinas
Otro de los proyectos destacados durante la entrevista fue la “Ruta de los Derechos”, iniciativa impulsada a escala nacional por la Defensoría Pública y orientada a llevar directamente los servicios jurídicos a lugares donde la institución no cuenta con oficinas permanentes.

Salazar explicó que anteriormente el ciudadano debía acudir a las oficinas institucionales, mientras que esta iniciativa busca que los abogados se desplacen hacia las comunidades y cantones alejados para brindar asesoría, informar sobre derechos y explicar los servicios disponibles.

En Zamora Chinchipe, la iniciativa llegó el 14 de septiembre, comenzando su recorrido en el cantón Zamora y posteriormente trasladándose a Centinela del Cóndor, Paquisha, Nangaritza, El Pangui y Yantzaza.

El objetivo es llegar a sectores donde no existen puntos permanentes de atención y permitir que la ciudadanía conozca sus derechos y las alternativas legales disponibles.

El caso de Alberto: 18 años privado de libertad
Durante la entrevista, Fernando Salazar expuso uno de los casos que, según señaló, refleja la importancia de la defensa jurídica para personas en situación de vulnerabilidad.

Se trata de Alberto, quien permaneció 18 años privado de libertad en una cárcel de la provincia de Loja. Según lo relatado por Salazar, cuando la Defensoría Pública conoció su situación, la persona se encontraba privada de libertad sin que existiera una sentencia de condena en su contra.

Ante esta situación, la Defensoría Pública intervino y presentó una acción de hábeas corpus. Como resultado de la acción emprendida, Alberto recuperó su libertad.

Salazar explicó que, debido al tiempo que permaneció privado de libertad sin una sentencia condenatoria, en la práctica la situación se asemejaba al cumplimiento de una condena perpetua.

El funcionario indicó además que Alberto padece una enfermedad mental y que, después de recuperar su libertad, la Defensoría Pública coordinó con instituciones públicas para que pudiera ser trasladado a un centro especializado y permanecer más cerca de su familia.

El caso fue presentado como uno de los ejemplos del trabajo que realiza la institución para proteger los derechos de ciudadanos que requieren defensa jurídica y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Llamado a la ciudadanía
Al finalizar la entrevista, Salazar invitó a las personas que atraviesan un problema legal y consideran que no pueden contratar un abogado a acercarse a la Defensoría Pública.

Actualmente, la institución cuenta con puntos de atención en Zamora y Yantzaza y trabaja en la implementación del nuevo punto de atención en Centinela del Cóndor, con cobertura proyectada para ciudadanos de ese cantón, Nangaritza y Paquisha.

El director provincial destacó que la institución cuenta con profesionales especializados y reiteró el llamado a la ciudadanía para utilizar los servicios jurídicos gratuitos disponibles.

La entrevista permitió conocer el alcance de la defensa pública en la provincia, sus principales líneas de atención y los mecanismos implementados para acercar el servicio jurídico a los sectores que enfrentan mayores dificultades de acceso. Según Salazar, detrás de cada expediente existe una persona y una historia que requiere atención y protección de sus derechos.