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18 años preso sin sentencia en la cárcel de Loja: Alberto recuperó su libertad

Publicado elamazonico elamazonico 7 min de lectura

La Defensoría Pública garantiza servicios de asesoría jurídica y patrocinio gratuito a ciudadanos que, por su situación económica, social o condición de indefensión, no cuentan con recursos para contratar un abogado particular. Así lo explicó Fernando Salazar, director provincial de la Defensoría Pública de Zamora Chinchipe, durante una entrevista.

Salazar explicó que la institución brinda asesoría jurídica en diferentes materias y patrocinio en determinadas líneas de atención. Entre ellas se encuentran familia, niñez y adolescencia, materia penal, garantías penitenciarias, adolescentes en conflicto con la ley, materia laboral, inquilinato, movilidad humana y acciones constitucionales.

En materia de familia, niñez y adolescencia, uno de los servicios más frecuentes corresponde a los procesos de pensiones alimenticias para niños, niñas y adolescentes. En materia penal, la institución brinda asistencia a personas que se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General del Estado o que enfrentan un proceso penal.

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También se atiende a personas privadas de libertad, mediante asesoría y trámites relacionados con garantías y beneficios penitenciarios, entre ellos el régimen semiabierto. De igual manera, la Defensoría Pública patrocina a adolescentes en conflicto con la ley penal, quienes están sujetos a procedimientos especiales.

En el ámbito laboral se brinda asistencia a personas trabajadoras; en materia de inquilinato, a personas arrendatarias; mientras que en movilidad humana se atienden casos relacionados con procesos de deportación y regulación migratoria de ciudadanos extranjeros.

La institución también interviene en acciones constitucionales, entre ellas acciones de protección, hábeas corpus, hábeas data y acceso a la información pública. Salazar señaló además que la Defensoría Pública cuenta con servicios de mediación en determinadas provincias y que en Zamora existe coordinación con el Centro de Mediación del Consejo de la Judicatura para estos procesos.

Diferencia entre la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo
Durante la entrevista también se aclaró una confusión frecuente entre ambas instituciones.

La Defensoría del Pueblo tiene como función principal promover y proteger los derechos humanos de la ciudadanía y los derechos de la naturaleza. Además, atiende reclamos relacionados con la calidad o prestación de servicios públicos y privados y asuntos vinculados con la defensa de los consumidores.

Por su parte, la Defensoría Pública proporciona servicios jurídicos gratuitos, asesoría legal y patrocinio en determinadas materias y procesos judiciales, especialmente para personas que no pueden acceder económicamente a una defensa particular.

Atención para los nueve cantones
Uno de los principales desafíos identificados por la institución es que no existen oficinas de la Defensoría Pública en todos los cantones de la provincia.

Sin embargo, Salazar señaló que la institución atiende a los nueve cantones de Zamora Chinchipe mediante sus puntos de atención ubicados actualmente en Zamora y Yantzaza.

La atención también puede realizarse mediante herramientas telemáticas. Como ejemplo, explicó que cuando una persona se encuentra detenida en cantones como Chinchipe o Palanda y debe participar en una audiencia de flagrancia, los defensores pueden conectarse de manera virtual, entrevistarse con el ciudadano y participar en la audiencia correspondiente.

Además, la institución mantiene coordinación con juntas de protección y otras entidades para facilitar asesoría y patrocinio en procesos, particularmente en materia de alimentos.

Nuevo punto de atención en Centinela del Cóndor
Como parte del proceso de ampliación de cobertura, la Defensoría Pública trabaja en coordinación con el cantón Centinela del Cóndor para implementar un nuevo punto de atención.

El objetivo es acercar los servicios jurídicos a ciudadanos de Centinela del Cóndor, Nangaritza y Paquisha, sectores que actualmente no cuentan con una oficina permanente de la institución.

3.800 casos atendidos durante 2025
En cuanto a la demanda de servicios, Fernando Salazar informó que durante 2025 la Defensoría Pública atendió aproximadamente 3.800 casos en la provincia de Zamora Chinchipe.

Las principales líneas de atención correspondieron a materia no penal, particularmente procesos y demandas de alimentos a favor de niños, niñas y adolescentes, y materia penal, relacionada con asesorías y patrocinios en investigaciones y procesos judiciales.

El director provincial señaló que precisamente en estas áreas existe una importante demanda debido a que muchas personas no cuentan con los recursos económicos necesarios para contratar un abogado particular.

“Ruta de los Derechos” llega a sectores sin oficinas
Otro de los proyectos destacados durante la entrevista fue la “Ruta de los Derechos”, iniciativa impulsada a escala nacional por la Defensoría Pública y orientada a llevar directamente los servicios jurídicos a lugares donde la institución no cuenta con oficinas permanentes.

Salazar explicó que anteriormente el ciudadano debía acudir a las oficinas institucionales, mientras que esta iniciativa busca que los abogados se desplacen hacia las comunidades y cantones alejados para brindar asesoría, informar sobre derechos y explicar los servicios disponibles.

En Zamora Chinchipe, la iniciativa llegó el 14 de septiembre, comenzando su recorrido en el cantón Zamora y posteriormente trasladándose a Centinela del Cóndor, Paquisha, Nangaritza, El Pangui y Yantzaza.

El objetivo es llegar a sectores donde no existen puntos permanentes de atención y permitir que la ciudadanía conozca sus derechos y las alternativas legales disponibles.

El caso de Alberto: 18 años privado de libertad
Durante la entrevista, Fernando Salazar expuso uno de los casos que, según señaló, refleja la importancia de la defensa jurídica para personas en situación de vulnerabilidad.

Se trata de Alberto, quien permaneció 18 años privado de libertad en una cárcel de la provincia de Loja. Según lo relatado por Salazar, cuando la Defensoría Pública conoció su situación, la persona se encontraba privada de libertad sin que existiera una sentencia de condena en su contra.

Ante esta situación, la Defensoría Pública intervino y presentó una acción de hábeas corpus. Como resultado de la acción emprendida, Alberto recuperó su libertad.

Salazar explicó que, debido al tiempo que permaneció privado de libertad sin una sentencia condenatoria, en la práctica la situación se asemejaba al cumplimiento de una condena perpetua.

El funcionario indicó además que Alberto padece una enfermedad mental y que, después de recuperar su libertad, la Defensoría Pública coordinó con instituciones públicas para que pudiera ser trasladado a un centro especializado y permanecer más cerca de su familia.

El caso fue presentado como uno de los ejemplos del trabajo que realiza la institución para proteger los derechos de ciudadanos que requieren defensa jurídica y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Llamado a la ciudadanía
Al finalizar la entrevista, Salazar invitó a las personas que atraviesan un problema legal y consideran que no pueden contratar un abogado a acercarse a la Defensoría Pública.

Actualmente, la institución cuenta con puntos de atención en Zamora y Yantzaza y trabaja en la implementación del nuevo punto de atención en Centinela del Cóndor, con cobertura proyectada para ciudadanos de ese cantón, Nangaritza y Paquisha.

El director provincial destacó que la institución cuenta con profesionales especializados y reiteró el llamado a la ciudadanía para utilizar los servicios jurídicos gratuitos disponibles.

La entrevista permitió conocer el alcance de la defensa pública en la provincia, sus principales líneas de atención y los mecanismos implementados para acercar el servicio jurídico a los sectores que enfrentan mayores dificultades de acceso. Según Salazar, detrás de cada expediente existe una persona y una historia que requiere atención y protección de sus derechos.

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