El exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, comparecerá este lunes 25 de agosto de 2025 ante las autoridades migratorias de Estados Unidos, luego de permanecer 17 días bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Serrano se encuentra retenido en el centro de procesamiento Krome, en Miami, a la espera de que se determine si será deportado o sometido a procesos judiciales en ese país.

Aunque las causas de su detención no han sido reveladas, su situación se complica tras la denuncia presentada el pasado 22 de agosto por Diego Vallejo, exasesor de Serrano, reseña Ecuavisa. Vallejo ingresó un escrito de 14 páginas en la Fiscalía Distrital de Florida, donde solicita investigar al exministro por presuntos actos de corrupción y posibles actividades ilícitas con nexos en Estados Unidos.

Vallejo también entregó el documento a la Secretaría del Departamento de Seguridad Nacional, en el que detalla supuestos casos de corrupción vinculados a Serrano durante el correísmo. Su petición es que Serrano no sea deportado al Ecuador, sino que responda ante la justicia norteamericana.

Paralelamente, el exfuncionario deberá enfrentar una segunda audiencia este 26 de agosto en Ecuador, donde la Fiscalía pedirá su vinculación al asesinato de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial. En ese proceso también están señalados el exasambleísta correísta Ronny Aleaga, el prófugo Xavier Jordán y Daniel Salcedo.

Serrano viajó a Estados Unidos en 2022, después de haber ocupado varios ministerios durante el gobierno de Rafael Correa y de haber presidido la Asamblea Nacional. Intentó ser candidato presidencial en las elecciones pasadas, pero desistió porque debía inscribirse de manera presencial en Ecuador, algo que rechazó por motivos de seguridad.

Ahora, el futuro político y legal de Serrano queda en manos de dos escenarios judiciales paralelos: uno en Estados Unidos, que definirá su permanencia o deportación, y otro en Ecuador, donde se decidirá si enfrentará cargos en el caso Villavicencio.

El espacio académico “Tertulia Jurídica”, conducido por los abogados Franco Tamay Vega y Jamil Ávila, desarrolló en su más reciente edición un análisis profundo sobre la figura de la cooperación eficaz en los procesos penales. Para este diálogo se contó con la participación del Dr. Richard Ítalo Villagómez Cabezas, jurista de reconocida trayectoria y doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador.

La cooperación eficaz: doble naturaleza y fundamento internacional
Villagómez explicó que la cooperación eficaz constituye una institución jurídica de doble naturaleza: por un lado, un componente sustantivo vinculado a la teoría del delito y, por otro, un aspecto procesal o adjetivo que permite su aplicación en sede judicial.

Recordó que esta figura se incorpora al marco normativo ecuatoriano como consecuencia de la Convención de Palermo —instrumento internacional orientado a combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional— y que, desde el 2014, se encuentra regulada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Alcances y riesgos de la figura
El expositor detalló que el cooperador eficaz es aquel procesado que, a cambio de una reducción significativa de su pena, aporta información relevante y pruebas para desarticular estructuras criminales. No obstante, advirtió que su sola declaración no basta para condenar, ya que debe estar respaldada por pruebas de corroboración de calidad y sustancia.

De lo contrario —señaló— podrían generarse “falsos positivos” o desvíos en las investigaciones, como ha ocurrido en otras realidades latinoamericanas. Por ello, subrayó que el rol del fiscal y el control judicial resultan decisivos para garantizar la eficacia y legitimidad de este mecanismo.

Beneficios y aplicación procesal
Villagómez puntualizó que el artículo 493 del COIP establece dos escenarios de reducción de pena:
• Hasta el 20% del mínimo previsto en el tipo penal, aplicable de forma general.
• Hasta el 10% del mínimo legal, en casos de alta relevancia social.

Estos acuerdos, indicó, deben celebrarse entre el fiscal y el procesado en la etapa investigativa, para luego ser sometidos a control judicial en audiencia preliminar y consolidarse definitivamente en la sentencia del tribunal de juicio.
Reflexión final

La tertulia concluyó resaltando que la cooperación eficaz es un instrumento útil y positivo en la lucha contra la delincuencia organizada, siempre que se maneje con rigor técnico y jurídico. Los organizadores reiteraron su compromiso de seguir generando espacios de análisis crítico y formación ciudadana sobre temas de actualidad jurídica en el Ecuador.