Nacionales
Peces deformes, niños con ronchas y muertes, así cambió la vida en Capirona, por la minería ilegal en Napo
Quienes crecieron en este pedazo de la selva recuerdan haber crecido pescando hasta con las manos las «carachamitas», siempre fáciles de capturar porque el río Puní tenía unas aguas tan transparentes que bastaba con meter las manos.
La carachama, un pez amazónico, fue durante años parte de la dieta de las familias de Capirona. Sin embargo, desde hace tres años ya no se consume la que habita en el río Puní, debido a la contaminación del agua provocada por la minería aluvial para la extracción de oro que se realiza aguas arriba, según relatan los habitantes.
Y recién este lunes 2 de febrero de 2026, el Gobierno de Daniel Noboa reconoció que Napo enfrenta problemas de contaminación en sus ríos y dispuso la suspensión de la actividad minería por tiempo indefinido.
Para Capirona, sin embargo, la medida del Gobierno llega tarde. Líderes comunitarios reportan la muerte de dos personas y creen que los fallecimientos estarían relacionados con el consumo de agua del río Puní.
Por la contaminación con metales pesados, esta comunidad tampoco se baña en las aguas del río Puní, según el colectivo Napo Ama la Vida.
El río Puní ahora trae muerte a Capirona
Cuando el río Puní comenzó a llegar de color oscuro, más o menos en 2023, la comunidad pensó que era por la crecida, y todos esperaban que pronto vuelva a ser como antes, transparente, pero eso no ocurrió, recuerda Galo Villamil, miembro de la comunidad.
Luego comenzaron a aparecer casos de niños con ronchas tras bañarse en el río y también había personas con dolores abdominales con más frecuencia. Incluso se comenzaron a encontrar peces con deformidades.
Casi un año después de eso ocurrió la primera gran desgracia: Joana Ashanga, de 22 años y su sobrino Ville Ashanga, de dos años, murieron.
«La familia dice que comenzaron con unos dolores abdominales muy fuertes, como nunca antes. Cuando los llevaron a los doctores dijeron que la causa de muerte fue desconocida, pero nosotros sabíamos que era por el agua contaminada», añade Villamil.
A partir de esas muertes, en Capirona se dejó de pescar en el río, de usar el agua para cocinar o para bañarse. Ahora el Puní solo sirve para transportarse en canoas.
La comunidad se levantó con fuerza
En lugar de tener miedo, la comunidad se levantó con fuerza, tomaron sus lanzas y fueron hasta la alcaldía de Tena a exigir soluciones, recuerda Villamil.
La respuesta del Municipio fue donar 44 tanques de agua que no alcanzaban para las 59 familias. El resto de tanques los consiguió la comunidad de donaciones privadas.
Parece mentira que una comunidad de la Amazonía, en donde abundan los ríos y ven al agua como un espíritu que los acompaña desde que nacen, ahora tenga que recibir agua de un tanquero, dice Villamil en medio de lágrimas de indignación.
El río ya no alimenta a sus «hijos»
Para los padres es duro tratar de hacer entender a sus hijos —que siempre jugaron y nadaron en el río, que ya no pueden hacerlo— porque ahora es peligroso, por la contaminación que deja la minería, dice Linda Tapuy, líder de la comunidad.
Hasta la forma de conseguir alimento ha cambiado, dice. Al relatarlo a los visitantes, deja ver que todavía le resulta difícil creerlo.
«Acá ahora viene un pescadero, imagínese, nos traen pescados de la Costa. ¡Cuándo íbamos a pensar que aquí, que siempre comimos de nuestro río íbamos a tener que comprar pescado de otros lados!».
«El río para nosotros siempre fue como nuestra madre, la que nos da los alimentos» Linda Tapuy, líder de la comunidad de Capirona.
Cuando chica, Tapuy recuerda que alguna vez le advirtieron: «hay que cuidar el agua, porque algún día va a faltar». No creyó que viviría para ver convertirse esa advertencia en una realidad.
Otro problema es que en los alrededores de la comunidad ya todos saben que en Capirona el agua está contaminada y ahora resulta cada vez más difícil vender los productos que cultivan cerca del río, como la yuca y el plátano.
Quienes salen a vender «dejan casi regalando los productos, para sacar unas moneditas para el pasaje, para comprar pescado o huevitos», dice Tapuy.
Capirona se opuso a la minería, ahora paga por otros
La contaminación que vive Capirona ocurre pese a que las 59 familias de la comunidad no han permitido que ingresen mineros ilegales a la zona, tampoco empresas formales.
«Acá vinieron dos hombres, grandotes, a querer hablar conmigo, pero como yo sabía que era para que dejemos entrar la minería, dije que no, ni los recibí», recuerda Tapuy.
Pero río arriba hay minería ilegal desde hace tiempo.
Según un reporte publicado por la organización Eco Ciencia, entre enero de 2017 y diciembre de 2022, se identificaron cuatro hectáreas afectadas por actividades mineras ilegales en la zona Puní-Cotona-Arajuno. Pero para 2024 ya había 112 hectáreas con actividad minera ilegal. Fuente: Primicias
Por: José Benavidez. Estudiante de derecho
La expansión incontrolada de la minería no autorizada en la provincia de Zamora Chinchipe constituye uno de los dilemas socioambientales y dogmáticos más críticos para el Estado ecuatoriano. Ante la evidente insuficiencia del modelo punitivo tradicional del Código Orgánico Integral Penal (COIP) cuyo enfoque retributivo no logra revertir el colapso ecológico ni tutelar de forma efectiva los derechos del ecosistema, la dogmática penal contemporánea exige una reorientación hacia paradigmas complementarios orientados a la reparación integral y la sostenibilidad.
Contexto socio ambiental en Zamora Chinchipe
Zamora Chinchipe alberga importantes cuencas hidrográficas como los ríos Zamora, Bombuscaro, Nangaritza y Yacuambi, y ecosistemas de alta biodiversidad. Sin embargo, la proliferación de minería no regularizada en sectores como Yantzaza, El Pangui y la cuenca del Nangaritza ha derivado en:
1.- Degradación sistémica del suelo: Destrucción de la capa vegetal, deforestación masiva y alteración del cauce de los ríos por el uso de maquinaria pesada
2.- Contaminación por metales pesados: Vertimiento irrestricto de mercurio y cianuro, afectando la calidad del agua y la fauna acuática.
3.- Impacto comunitario y social: Desplazamiento de economías tradicionales, conflictividad social e intromisión en territorios de comunidades indígenas y locales.
El modelo punitivo actual y sus limitaciones
El ordenamiento jurídico ecuatoriano tipifica los delitos contra los recursos naturales y la minería ilegal en el COIP. No obstante, la vía penal ordinaria presenta serias limitaciones operativas frente a los daños ambientales de Zamora Chinchipe:
1.- Insuficiencia de la pena privativa de libertad: La prisión del infractor de último eslabón no logra la remediación del ecosistema ni la compensación a las comunidades afectadas.
2.- Incapacidad de remediación técnica: Las sentencias penales tradicionales priorizan la sanción retributiva, dejando en segundo plano los planes de manejo ambiental y la restauración ecológica a largo plazo.
3.- Saturación del sistema de justicia: La persecución penal individualizada no desarticula las redes financieras detrás del extractivismo ilegal ni ofrece respuestas oportunas a las zonas impactadas.
- Marco conceptual de la justicia restaurativa ambiental
A diferencia de la justicia retributiva centrada en el castigo estatal al infractor, la justicia restaurativa en materia ambiental redefine el concepto de «víctima», incluyendo tanto a las comunidades locales como a la propia naturaleza o Pachamama, reconocida como sujeto de derechos en el artículo 71 de la Constitución del Ecuador.
En lugar de contraponer la sanción a la reparación mediante un esquema tabular, la tutela penal ambiental contemporánea exige integrar ambos enfoques: mientras la justicia retributiva tradicional focaliza su mecanismo en el juicio penal adversarial para sancionar al infractor con la privación de libertad y tutelar el cumplimiento abstracto de la norma estatal, la justicia restaurativa ambiental desplaza el centro de gravedad procesal hacia la Naturaleza y las comunidades afectadas como sujetos protegidos, priorizando acuerdos reparatorios y planes de remediación técnica cuyos resultados concretos trascienden el mero cumplimiento de una condena, garantizando la reforestación, la descontaminación y la efectiva restauración de los ecosistemas impactados.
Viabilidad de aplicación en Zamora Chinchipe
Para que la justicia restaurativa sea aplicable en casos de minería ilegal en Zamora Chinchipe, la doctrina y la praxis penal exigen diferenciar la tipología de los actores involucrados:
Minera artesanal / de pequeña escala no regularizada: Mecanismo: Acuerdos de mediación penal ambiental u homologación de planes de reparación.
Acciones: Obligación técnica de reforestación de riberas, descontaminación de pasivos ambientales, sustitución gradual de tecnologías, eliminación del mercurio y trabajo comunitario de restauración.
Minería a gran escala no autorizada:
Mecanismo: Vía penal estrictamente retributiva, con decomiso de bienes y activos para financiar fondos públicos de reparación ambiental en la provincia. Consideraciones finales y propuestas de reforma La aplicación rigurosa de la justicia restaurativa en Zamora Chinchipe no implica impunidad ante la minería ilegal ni una concesión de lenidad hacia el infractor; por el contrario, representa una reorientación estratégica y pragmática de la tutela judicial efectiva. El castigo punitivo tradicional y el encarcelamiento no sanan las cuencas hidrográficas contaminadas ni devuelven la cobertura vegetal destruida; por ello, el sistema procesal debe trascender la fijación dogmática con la pena y enfocarse en una retribución directa, tangible y obligatoria hacia la sociedad y la Naturaleza.
Para materializar este cambio de paradigma, se requiere una articulación técnica e interdisciplinaria entre el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), la fiscalía general del Estado, la judicatura y las comunidades locales afectadas. Convertir la remediación ecológica, el trabajo comunitario especializado y la restitución del tejido social en la máxima prioridad del proceso penal es el único camino jurídicamente viable para frenar el colapso ambiental en la Amazonía sur.
Nacionales
Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo son sentenciados a 9 años y 4 meses de prisión por caso Pruebas COVID-19
El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley fueron sentenciados este miércoles 9 de septiembre a 9 años y 4 meses de prisión como colaboradores del delito de delincuencia organizada, dentro del caso Pruebas COVID-19 Agentes AMT.
El proceso investiga una estructura que habría operado durante la emergencia sanitaria de 2020 para lucrar de manera irregular con la comercialización de más de 21.000 pruebas rápidas de diagnóstico y otros insumos médicos, en momentos en que Ecuador atravesaba uno de los periodos más críticos de la pandemia de COVID-19.
Según la acusación, Bucaram habría mantenido almacenadas en su vivienda de Guayaquil miles de pruebas rápidas, mascarillas y lancetas relacionadas con la operación investigada.
Un proceso marcado por audiencias fallidas
El caso se ha extendido durante varios años y su avance estuvo marcado por reiteradas audiencias que no pudieron concretarse, entre ellas diligencias suspendidas por la ausencia del expresidente.
Una de las últimas audiencias fallidas ocurrió el 31 de agosto de 2026, Posteriormente, el Tribunal dispuso nuevas acciones para conseguir la comparecencia de Bucaram, quien permanecía hospitalizado, asegurando que sufría de afectaciones cardiacas.
Este miércoles, horas antes de su sentencia, Bucarám publicó una carta en la que dio a conocer que pidió el alta médica “a pesar de estar en peligro de muerte súbita”. Además, anticipó que sería sentenciado por el delito de delincuencia organizada.
A través de sus redes sociales, el exmandatario explicó que tomó esa decisión pese a tener “13K arritmias ventriculares». «Debemos entender que una sola puede originar mi muerte”, afirmó.
Nacionales
Noboa dice que Dedalus trae a Ecuador el sistema de operación hospitalaria más avanzado del mundo
El presidente Daniel Noboa anunció este miércoles 9 de septiembre que Ecuador incorporará el sistema de gestión hospitalaria Dedalus, una plataforma tecnológica con la que el Gobierno prevé interconectar 1.742 centros de salud y centralizar información sobre pacientes, citas, medicamentos, insumos y equipos médicos.
Según el presidente, uno de los principales cambios será contar con un único historial clínico para los ecuatorianos, de manera que la información de un paciente pueda estar disponible dentro de la red de establecimientos conectados.
La plataforma también apunta a agilizar el agendamiento de citas médicas, mediante herramientas que automaticen la asignación de turnos y reduzcan la dependencia de intermediarios para acceder a una consulta.
Otro componente estará dirigido al inventario y control de medicamentos, insumos y equipos médicos disponibles en los establecimientos de salud.
Contrato de USD 240 millones
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), anunció la incorporación de la plataforma, utilizada en países como Irlanda, Alemania, Francia y Reino Unido
Según consta en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la cartera de Estado resolvió adjudicar este martes el contrato a CNT por USD 240 millones, mediante un procedimiento de régimen especial.
En ese contexto, el MSP inició un proceso de contratación por régimen especial con CNT, que funciona como ejecutor tecnológico del Estado y presentó una propuesta que comprende tres componentes: conectividad, infraestructura y una plataforma integrada de información en salud.
De su lado, el gerente de CNT, Ronald Spina, resaltó que se trabaja en una transformación tecnológica del sistema público de salud.
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