El Proyecto de Ley para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, presentado el 28 de enero a la Asamblea Nacional, es visto como positivo por la Cámara de Minería del Ecuador, al considerar que las reformas mineras planteadas otorgarán mayor certeza jurídica para el desarrollo de la actividad minera en el país.

Santiago Yépez, director del gremio, asegura que la propuesta legal no promueve una reducción de los estándares ambientales, en referencia al cambio de nombre de la licencia ambiental por una ‘autorización ambiental’ en el artículo 26 y otros de la ley actual.

Sin embargo, considera que esta reforma debe ir acompañada de otros cambios, como la eliminación de la tasa minera, que pagan las empresas desde 2025 y que, a su juicio, ha restado atractivo al país para la inversión minera.

¿Cómo recibe la Cámara de Minería este proyecto de ley? 
Este proyecto de ley lo tomamos como positivo. Creemos que introduce reformas importantes en la actividad minera y que propende a dar certeza jurídica a los concesionarios. Es importante apoyar este tipo de iniciativas, dentro de otras que deben tomarse para que finalmente el sector minero pueda crecer de una manera adecuada.

¿En qué sentido consideran que esto les da más certeza jurídica con relación a la ley existente?
Vemos con buenos ojos la intención del Gobierno de generar una industria minera responsable con grandes proyectos y aprovechar el potencial mineral que tiene el país.

En segundo lugar, genera ciertos cambios importantes que clarifican ciertos criterios respecto a la actividad. Además, extienden la fase de exploración a 15 años. Esa extensión es mucho más real, teniendo en cuenta la realidad de los dos proyectos industriales que tiene Ecuador: Fruta del Norte y Mirador, que en la práctica pasaron más de 15 años en su fase exploratoria.

¿Qué criterios clarifica el proyecto de ley respecto a la minería?
Es importante destacar que este proyecto de ley orgánica no genera de ninguna manera una reducción de los estándares ambientales ni un desmedro al cuidado del medio ambiente. Simplemente es una reforma semántica en la que se utiliza el término de autorización ambiental.

La autorización ambiental es uno de los pasos necesarios para llevar a cabo actividades mineras y este término incluye tanto a los registros ambientales, los cuales se utilizan para actividades de bajo impacto, como a las licencias ambientales, que se utilizan en proyectos de mediano y gran impacto.

Lo que se está haciendo es generar un término general que incluya ambas autorizaciones ambientales. Yo no entiendo por qué ha existido tanta confusión y, sobre todo, manipulación de este término, para decir que los estándares ambientales se van a reducir.

El proyecto de ley no explica qué es una autorización ambiental ni tampoco deja claro si seguirá exigiéndose la licencia ambiental para ciertas etapas. 
Primero, es un proyecto de ley que debe ser perfectible. Para eso la Cámara de Minería del Ecuador es un ente técnico con la experiencia necesaria para apoyar y aportar en que este proyecto de ley sea finalmente lo que se requiere.

En segundo lugar, creo que hay una confusión. De acuerdo al Código Orgánico del Ambiente y al Reglamento Ambiental Minero, las actividades de bajo impacto requieren solamente de registro ambiental, que es un proceso mucho más rápido. Mientras que para actividades de mediano y alto impacto, el Código Orgánico del Ambiente indica que se requiere una licencia ambiental.

Por lo tanto, poner en el artículo 26 de la Ley de Minería, como está ahora, que para el inicio de cualquier actividad, incluso prospección o exploración inicial, se requiere una licencia ambiental es equivocado.

Adicionalmente, los concesionarios mineros requieren mayor agilidad en el tratamiento y aprobación de sus permisos o autorizaciones ambientales, bien sean registros o licencias, debido a que efectivamente los tiempos son extremadamente largos, pero no por eso es mejor el control ambiental.

Defensores ambientales han señalado que el hecho de sustituir la licencia ambiental por una autorización va a traer más conflictividad social. ¿Creen que esto podría afectar el avance de los proyectos? 
La actividad minera de una manera lamentable es utilizada como una bandera política. El término usado en el proyecto de ley es claro. Una autorización ambiental pueden ser licencias o registros, de acuerdo al tipo de actividad que estemos realizando.

Hay que desmitificar los términos y no utilizar este proyecto como una bandera política.

Más bien, hay propender a trabajar en las mesas técnicas previa a la aprobación de la ley, de tal manera que se clarifiquen los términos.

¿Cómo ve el gremio que con este proyecto se eleve a ley la exigencia de que las mineras tengan sus propias plantas eléctricas? 
El sector minero siempre ha manifestado su intención de colaborar y aportar de una manera razonable con las políticas de gobierno.

La situación actual es totalmente distinta a la que vivían los proyectos hace varios años. No nos olvidemos que Ecuador se vendía como un país en el que habría exceso de energía limpia y energía barata. Esa hipótesis ha cambiado y, por lo tanto, tenemos que adecuarnos a las nuevas realidades, dejando abierta la puerta para que en un futuro, cuando la situación eléctrica del país cambie, podamos recibir también energía de parte del Estado, la cual se debería pagar a un precio razonable.

Esto elevará los costos, pero dudo que las empresas mineras vayan a construir sus propias hidroeléctricas o plantas fotovoltaicas. Las mineras tendrán que comprar energía a los proveedores de energía privados.

Eso genera que las empresas deban dedicar una parte de su operación a una actividad que no les es natural, como la generación eléctrica. Y por otra parte, salir a buscar energía en un mercado que lamentablemente no se ha desarrollado como quisiéramos.

Por lo tanto, la compra de energía al momento es una necesidad, hay que afrontarla, esperando que el país en el mediano plazo pueda tener mayor cantidad de provisión de energía y se abra la posibilidad de que las empresas mineras la puedan adquirir.

¿Qué otras reformas consideran que son necesarias en materia minera? 
La tasa de la Agencia de Regulación y Control Minero es una medida que ha venido afectando a la caja de los proyectos mineros, ha sido una medida inesperada que, lamentablemente, no ha generado la recaudación que se esperaba y ha generado que el Ecuador deje de ser una jurisdicción atractiva.

Por lo tanto, todas aquellas disposiciones o medidas que tome el gobierno para dar claridad y certeza en el tiempo serán importantes y y bien recibidas por el sector privado.

La eliminación de la tasa es sin duda un requerimiento razonable del sector para volver nuevamente a Ecuador un país atractivo.

Con esta tasa, Ecuador se tornó una jurisdicción altamente costosa, lo cual nos hace notar que no solamente el tener recursos naturales en abundancia hace de una jurisdicción atractiva para grandes inversiones.

Podemos buscar otras formas de apoyar a la necesidad de fondos del Estado, sin que con eso implique que la industria se vea afectada de manera inmediata y en el largo plazo.

¿Cómo ven la exigencia de un plan de inversiones a los GAD para la ejecución de los recursos que les correspondan por el desarrollo de la minería?
En la Ley de Minería actual ya existe la disposición de que el 60% de las regalías deba ir a los a los GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados) y a los gobiernos locales. Pero, lamentablemente, eso hasta el momento no se ha dado, porque probablemente, el procedimiento para acceder a esos fondos ha sido bastante complejo.

Es importante que los GAD, donde se encuentren proyectos mineros o donde vaya a haber proyectos mineros en explotación en el corto plazo, tengan claridad para acceder a esos fondos, pero sobre todo que esos fondos sean utilizados de una manera adecuada.

Las empresas mineras pagamos los impuestos que nos corresponden, pero es el Estado el que debe distribuir esos fondos de acuerdo con la ley.

La regalía es un impuesto que se paga a la explotación de minerales. De hecho, ha sido usual que en los contratos de explotación se negocien regalías anticipadas para el Estado.

En el caso de Mirador pagaron alrededor de USD 100 millones de regalías anticipadas en la suscripción del contrato. Y en Fruta del Norte fueron unos USD 65 millones.

Entonces, ¿las regalías anticipadas de las minas Mirador y Fruta del Norte no se han repartido a los GAD?
Esas regalías pagadas no han sido revertidas a los GAD porque el proceso para acceder a esos fondos lamentablemente no ha sido claro.

Yo creo que con esta reforma habrá más certeza y hay un camino claro definido de cómo deben hacer los GAD para acceder a esos fondos.

Otros gremios mineros ha manifestado su preocupación sobre la posibilidad de que se otorguen incentivos para el acceso a explosivos dentro de los clústeres mineros. ¿A ustedes también les preocupa esto?
La trazabilidad en el uso de explosivos es un tema de control. No es un tema de que va a mejorar o va a empeorar si es que se encuentra dentro de un clúster.

Es importante y prudente determinar que un clúster sea una zona especial en la que incluso pueda haber, como en las zonas francas, ciertos incentivos de apoyo al desarrollo de los proyectos mineros.

No nos olvidemos que los proyectos mineros van a invertir aproximadamente USD 10.000 millones en los próximos cuatro o cinco años. Y son proyectos a gran escala, que requieren de gran cantidad de servicios.

Por lo tanto, en estas zonas llamadas clústeres mineros incluso debería haber una desaduanización paulatina de ciertos insumos, un parque eléctrico o un polvorín para explosivos. Debe haber ciertas  condiciones especiales de fomento a actividades industriales y provisión de bienes y servicios para los proyectos mineros.

Eventualmente, podríamos sugerir en las mesas técnicas que a estas zonas se les dé un tratamiento de zonas francas o zonas especiales de desarrollo.

Los explosivos se utilizan para la etapa de construcción de la mina, para ir sacando el material de una manera mucho más ágil. Creo que la demanda de explosivos en Ecuador, a través de los proyectos mineros, va a crecer exponencialmente. Y el Estado debe otorgar las garantías necesarias para que esta industria crezca, con apoyo del sector privado.  Pero, al mismo tiempo, debe haber un control importante, al ser un insumo muy utilizado en la minería ilegal.

El Gobierno suspendió desde el 2 de febrero la minería en Napo. ¿Cuentan con información sobre las concesiones mineras que hay en esta provincia?
Sí existen varias concesiones de pequeña minería, pero no están afiliadas a la Cámara. Como ha venido diciendo el Gobierno, en muchas ocasiones, estas concesiones legales sirven para disfrazar actividades mineras ilícitas. Y lamentablemente la depredación ambiental que ha venido generando la minería ilegal en Napo es un tema urgente que debe ser controlado.

El tema en Napo es complejo, no nos olvidemos que hay una demanda internacional por la contaminación del río Arenillas por minería ilegal, que finalmente lo pagaremos todos. Esa depredación ambiental genera delitos transnacionales.

La medida emitida el 2 de febrero obedece a un desmesurado crecimiento de minería ilegal. Esto no será permanente, la Agencia de Regulación y Control Minero, así como el Ministerio de Energía, deberán realizar las actividades necesarias para determinar quiénes son legales y reinstalar sus actividades, y a su vez, castigar a los ilegales. Fuente: Primicias