En el marco del Día Internacional de la Alimentación Escolar, que se conmemora el 12 de marzo, el Gobierno del presidente Daniel Noboa, en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (WFP), anunció la ampliación del nuevo modelo de alimentación escolar con el objetivo de beneficiar a más de 85.000 estudiantes del Sistema Nacional de Educación del Ecuador, fortaleciendo la nutrición de niñas, niños y adolescentes y promoviendo al mismo tiempo el desarrollo de las economías locales.

Esta iniciativa se desarrolla mediante la articulación entre el Programa Mundial de Alimentos y el Gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Educación del Ecuador y la Vicepresidencia de la República del Ecuador, instituciones que impulsan un modelo de comidas escolares orientado a vincular la producción local con la nutrición y el bienestar de las comunidades educativas.

El modelo implementado en Ecuador plantea un enfoque integral que trasciende la entrega tradicional de raciones alimenticias. Este sistema incorpora acciones en los ámbitos de nutrición, salud, agricultura y educación, con el propósito de fortalecer las capacidades de las comunidades educativas y fomentar hábitos alimenticios saludables desde las primeras etapas de la vida escolar.

Para la ampliación del programa se ha previsto una inversión estimada de 13,5 millones de dólares, lo que permitirá extender la cobertura a más de 85.000 niñas, niños y adolescentes, alcanzando al menos 20 provincias del país priorizadas en función de sus niveles de vulnerabilidad social y nutricional.

Actualmente, el modelo de comidas escolares ya beneficia a 37.800 estudiantes pertenecientes a los ciclos educativos de la Costa y la Sierra, mediante una inversión de 6,2 millones de dólares. Esta intervención ha contribuido a mejorar la nutrición, el rendimiento escolar y el bienestar integral de la población estudiantil participante.

El fortalecimiento de la alimentación escolar forma parte de las políticas públicas que impulsa el Estado ecuatoriano para consolidar la seguridad alimentaria y garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje, reconociendo que una alimentación saludable constituye un pilar fundamental para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

De esta manera, el programa busca no solo mejorar la calidad nutricional de los estudiantes, sino también dinamizar los sistemas productivos locales, promover la agricultura familiar y fortalecer los vínculos entre las comunidades educativas y los territorios donde se desarrollan.

En una nueva emisión del programa “La Tertulia Jurídica”, espacio de análisis y reflexión dirigido a la comunidad jurídica y a estudiantes de Derecho, se desarrolló un conversatorio especializado con la participación de José Charry Dávalos, quien abordó el tema “La formulación de cargos en el proceso penal”, una figura clave dentro del sistema de justicia.

Durante su intervención, el jurista explicó que la formulación de cargos constituye una decisión adoptada por la Fiscalía General del Estado, mediante la cual se inicia formalmente un proceso penal contra una persona determinada. Según indicó, antes de este momento procesal suele existir una etapa previa de investigación, pero es con la formulación de cargos cuando se activa oficialmente la instrucción fiscal dentro del sistema penal.

El especialista señaló que esta decisión implica que la Fiscalía identifique con claridad tres elementos fundamentales: el hecho delictivo ocurrido, la persona presuntamente responsable y los elementos de convicción o evidencias que permitan sostener la hipótesis acusatoria. Asimismo, explicó que es indispensable establecer una calificación jurídica del delito, es decir, determinar el tipo penal aplicable al hecho investigado.

Charry enfatizó que, aunque el marco normativo no establece un momento exacto para formular cargos, sí exige requisitos de fondo que deben cumplirse previamente. En ese sentido, sostuvo que la Fiscalía debe contar con suficientes elementos que permitan justificar la existencia del delito y la participación del presunto responsable antes de iniciar formalmente el proceso penal.

Consecuencias jurídicas de la formulación de cargos
Durante el análisis, el abogado penalista explicó que la formulación de cargos genera varias consecuencias jurídicas relevantes dentro del proceso penal.

La primera es el inicio formal de la instrucción fiscal, etapa en la que se investiga el caso con mayor profundidad y en la que se notifica al procesado sobre la apertura del proceso penal en su contra.

La segunda consecuencia es la posibilidad de restricción de derechos del procesado, ya que en la audiencia respectiva la Fiscalía puede solicitar medidas cautelares que limiten su libertad o su patrimonio, como la prisión preventiva, la presentación periódica ante la autoridad judicial o la prohibición de salida del país.

Finalmente, el jurista destacó una tercera consecuencia que, a su criterio, suele ser poco comprendida dentro del sistema judicial: la formulación de cargos delimita los contornos del proceso penal, es decir, fija los hechos, las personas y los elementos sobre los cuales la Fiscalía podrá acusar posteriormente durante el desarrollo del caso.

Desarrollo de la audiencia de formulación de cargos
En el conversatorio también se explicó cómo se desarrolla una audiencia de formulación de cargos. De acuerdo con Charry, el procedimiento inicia con la intervención del fiscal, quien expone de manera oral los hechos investigados, identifica al presunto responsable, establece la calificación jurídica del delito y presenta los elementos de convicción que sustentan su acusación inicial.

Posteriormente, se fija el tiempo de duración de la instrucción fiscal, que puede variar dependiendo del tipo de delito, y se abre un periodo en el que tanto la Fiscalía como la defensa pueden incorporar evidencias, pericias, testimonios y documentos que permitan sustentar sus respectivas posiciones dentro del proceso.

En esta misma audiencia, la Fiscalía puede solicitar medidas cautelares contra el procesado, las cuales son debatidas por la defensa y finalmente resueltas por el juez competente, quien debe fundamentar su decisión bajo criterios de necesidad y proporcionalidad.

Rol del juez y de la defensa
José explicó que la formulación de cargos es una facultad exclusiva de la Fiscalía, por lo que el juez no puede negar su realización. Sin embargo, el magistrado sí tiene competencia para resolver sobre las medidas restrictivas de derechos solicitadas por el fiscal.

En este contexto, destacó que el papel de la defensa consiste en argumentar jurídicamente por qué las medidas solicitadas no son necesarias o proporcionales, evitando discutir el fondo del caso en una etapa procesal que no corresponde al juicio.

Finalmente, el especialista subrayó que el análisis de medidas cautelares, especialmente la prisión preventiva, exige una evaluación rigurosa de los elementos presentados por la Fiscalía, ya que la restricción de la libertad personal debe responder a criterios jurídicos sólidos y no únicamente a presunciones.

El programa concluyó con un espacio de diálogo abierto con los participantes, quienes pudieron plantear inquietudes y reflexiones sobre la aplicación práctica de esta figura procesal dentro del sistema penal ecuatoriano.

Ecuador está más cerca de alcanzar la regla del Código de Planificación y Finanzas (Coplafip), que establece que la deuda pública consolidada del país no debe superar el 40% del Producto Interno Bruto (PIB).

Se trata de un techo estándar que recomiendan entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI) a las economías menos fuertes, para evitar que la deuda se vuelva insostenible.

De hecho, en el programa que Ecuador tiene con el Fondo se establecen también metas de reducción del indicador de deuda consolidada frente al PIB.

La norma ecuatoriana, reformada en 2020, estableció que el indicador de deuda consolidada/PIB debía reducirse hasta llegar a 40% en 2032. La meta dice que para 2025, el indicador debía ser de máximo 57%.

Y la meta se cumplió. De hecho, para 2025, la deuda consolidada de Ecuador llegó a USD 65.540 millones. Eso representa el 49% del PIB del país, según el Ministerio de Finanzas.

Además, se trata de una reducción frente a 2024, cuando el indicador representó el 50,58% del PIB.

Obligaciones con el IESS no se contabilizan en la deuda consolidada
El Coplafip establece que el cálculo de este indicador se haga con base en lo que se conoce como deuda consolidada.

«En el  cálculo esto equivale a no computar la deuda interna con entidades públicas locales, como por ejemplo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con empresas públicas o con la banca pública», explica el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz.

Ortiz aclara que simplemente no se computa en el cálculo del indicador, pero eso no signfica que no se vaya a pagar o que no se registre.

Se trata de un ejercicio en el que el Estado filtra estos compromisos porque, técnicamente, el dinero no sale de la «gran familia» estatal; solo cambia de bolsillo.

Y si se toma en cuenta eso, la deuda total del sector público en 2025, incluyendo compromisos por ejemplo, con el IESS, el monto sube a USD 87.478,1 millones, según información que publica el Ministerio de Finanzas sobre el total de sus obligaciones con los acreedores. Es decir, si se toma en cuenta todas las deudas, incluidas las del IESS, estas equivalen al 65% del PIB, según la página web del Ministerio.

A ese monto total el Ministerio de Finanzas le llama, en sus reportes, deuda pública agregada.

Aunque es de carácter informativo, la deuda agregada muestra la magnitud de las obligaciones que debe cubrir el Estado cuando los ingresos no alcanzan para cubrir el gasto público. Y es que cuando esto ocurre se crea lo que se conoce como déficit fiscal y debe cubrirse con deuda.

Ortiz, explica que el indicador que manda el Coplafip se mantuvo bajo el 50%  en 2025 debido a que el Gobierno echó mano de más deuda interna con el IESS. Esto, a través de bonos del Estado o atrasos con la entidad.

Por ejemplo, según el Ministerio de Finanzas, en diciembre 2024, el saldo de la deuda interna con entidades del sector público, en donde están los bonos del Estado que suele comprar el Biess, fue de USD 14.604 millones. Y para diciembre de 2025, creció a USD 17.892 millones.

Si cada ecuatoriano tuviera que poner de su bolsillo para pagar la deuda total del país (USD 87.478,1 millones), le correspondería aportar con USD 4.942. Eso es casi 10 veces el Salario Básico Unificado de 2026.

Ana Cristina Avilés, exviceministra de Economía, explica que la fórmula de calcular la deuda incluye tecnicismos que pueden variar según la entidad que esté haciendo la medición, pero que siempre será una buena noticia que el indicador que establece la ley haya bajado.

Sin embargo, Avilés destaca que el monto global de obligaciones con acreedores, incluido el IESS, sigue estando en una trayectoria riesgosa. «El endeudamiento está creciendo a un ritmo más rápido que la economía del país», explica.

De ahí que la economista considera que es importante que los gobiernos mantengan un orden fiscal que evite que el déficit y, por tanto, la deuda siga creciendo hasta ser insostenible.

La deuda externa tiene mejores condiciones
Avilés explica que, por otro lado, el crecimiento de la deuda pública ha ocurrido también porque Ecuador ha tenido más desembolsos internacionales, sobre todo, con multilaterales.

En 2025 la deuda externa de Ecuador sumó USD 51.858,3 millones y representa el 59% de la deuda agregada o total.

Esto significa que de cada USD 100 que le prestaron al país en 2025, USD 59 provino de prestamistas internacionales.

Frente a la deuda externa de 2024, el monto creció, pues en ese año los compromisos internacionales de Ecuador sumaron USD 49.313,7 millones.

Un mayor pago de deuda externa implica que Ecuador, un país que no tiene moneda propia, tenga que sacar más dólares del país. Sin embargo, también hay elementos positivos.

Y es que la deuda externa de Ecuador tiene una tasa de interés promedio más baja que la deuda interna y los plazos también son más largos.

«La deuda interna está muy focalizada en el IESS, además, nuestro mercado interno está muy inmaduro. Por eso el costo de la deuda interna es mayor, porque no hay mucha disponibilidad», dice Avilés.

Por ejemplo, en diciembre de 2025, la tasa de interés promedio de la deuda externa fue de 4,27% anual y el plazo promedio, de 16 años. En cambio, la tasa promedio de la deuda interna fue de 7,16% anual y el plazo promedio fue de siete años.

Los mayores acreedores de Ecuador en 2025 fueron los multilaterales, que suelen prestar dinero a tasas más bajas y plazos más largos, porque el país se compromete a cumplir condiciones, como en el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI). O, porque el dinero se presta para programas específicos de inversión y obra pública, como en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Fuente: Primicias