Nacionales
Análisis jurídico sobre la formulación de cargos centró el programa “La Tertulia”
En una nueva emisión del programa “La Tertulia Jurídica”, espacio de análisis y reflexión dirigido a la comunidad jurídica y a estudiantes de Derecho, se desarrolló un conversatorio especializado con la participación de José Charry Dávalos, quien abordó el tema “La formulación de cargos en el proceso penal”, una figura clave dentro del sistema de justicia.
Durante su intervención, el jurista explicó que la formulación de cargos constituye una decisión adoptada por la Fiscalía General del Estado, mediante la cual se inicia formalmente un proceso penal contra una persona determinada. Según indicó, antes de este momento procesal suele existir una etapa previa de investigación, pero es con la formulación de cargos cuando se activa oficialmente la instrucción fiscal dentro del sistema penal.
El especialista señaló que esta decisión implica que la Fiscalía identifique con claridad tres elementos fundamentales: el hecho delictivo ocurrido, la persona presuntamente responsable y los elementos de convicción o evidencias que permitan sostener la hipótesis acusatoria. Asimismo, explicó que es indispensable establecer una calificación jurídica del delito, es decir, determinar el tipo penal aplicable al hecho investigado.
Charry enfatizó que, aunque el marco normativo no establece un momento exacto para formular cargos, sí exige requisitos de fondo que deben cumplirse previamente. En ese sentido, sostuvo que la Fiscalía debe contar con suficientes elementos que permitan justificar la existencia del delito y la participación del presunto responsable antes de iniciar formalmente el proceso penal.
Consecuencias jurídicas de la formulación de cargos
Durante el análisis, el abogado penalista explicó que la formulación de cargos genera varias consecuencias jurídicas relevantes dentro del proceso penal.
La primera es el inicio formal de la instrucción fiscal, etapa en la que se investiga el caso con mayor profundidad y en la que se notifica al procesado sobre la apertura del proceso penal en su contra.
La segunda consecuencia es la posibilidad de restricción de derechos del procesado, ya que en la audiencia respectiva la Fiscalía puede solicitar medidas cautelares que limiten su libertad o su patrimonio, como la prisión preventiva, la presentación periódica ante la autoridad judicial o la prohibición de salida del país.
Finalmente, el jurista destacó una tercera consecuencia que, a su criterio, suele ser poco comprendida dentro del sistema judicial: la formulación de cargos delimita los contornos del proceso penal, es decir, fija los hechos, las personas y los elementos sobre los cuales la Fiscalía podrá acusar posteriormente durante el desarrollo del caso.
Desarrollo de la audiencia de formulación de cargos
En el conversatorio también se explicó cómo se desarrolla una audiencia de formulación de cargos. De acuerdo con Charry, el procedimiento inicia con la intervención del fiscal, quien expone de manera oral los hechos investigados, identifica al presunto responsable, establece la calificación jurídica del delito y presenta los elementos de convicción que sustentan su acusación inicial.
Posteriormente, se fija el tiempo de duración de la instrucción fiscal, que puede variar dependiendo del tipo de delito, y se abre un periodo en el que tanto la Fiscalía como la defensa pueden incorporar evidencias, pericias, testimonios y documentos que permitan sustentar sus respectivas posiciones dentro del proceso.
En esta misma audiencia, la Fiscalía puede solicitar medidas cautelares contra el procesado, las cuales son debatidas por la defensa y finalmente resueltas por el juez competente, quien debe fundamentar su decisión bajo criterios de necesidad y proporcionalidad.
Rol del juez y de la defensa
José explicó que la formulación de cargos es una facultad exclusiva de la Fiscalía, por lo que el juez no puede negar su realización. Sin embargo, el magistrado sí tiene competencia para resolver sobre las medidas restrictivas de derechos solicitadas por el fiscal.
En este contexto, destacó que el papel de la defensa consiste en argumentar jurídicamente por qué las medidas solicitadas no son necesarias o proporcionales, evitando discutir el fondo del caso en una etapa procesal que no corresponde al juicio.
Finalmente, el especialista subrayó que el análisis de medidas cautelares, especialmente la prisión preventiva, exige una evaluación rigurosa de los elementos presentados por la Fiscalía, ya que la restricción de la libertad personal debe responder a criterios jurídicos sólidos y no únicamente a presunciones.
El programa concluyó con un espacio de diálogo abierto con los participantes, quienes pudieron plantear inquietudes y reflexiones sobre la aplicación práctica de esta figura procesal dentro del sistema penal ecuatoriano.
Nacionales
Inés Manzano sobre ATM y Progen: “Hemos hecho un pésimo negocio, que se hizo antes de que yo llegue”
La ministra de Energía Inés Manzano reconoció que el actual Gobierno Nacional hizo “un pésimo negocio” con las compañías Austral Technical Management (ATM) y Progen que fueron contratadas por el Estado para entregar generadores eléctricos para plantas termoeléctricas en el Salitral, Quevedo y Esmeraldas.
Los equipos fueron recibidos por el Estado durante la emergencia energética de 2024 pero nunca funcionaron, ya que los equipos presentaban fallas técnicas, eran viejos y usados o eran incompatibles con el sistema eléctrico nacional.
¿Cuáles fueron los contratos?
El contrato con ATM se firmó en agosto de 2024 para instalar generación en Esmeraldas III. Los generadores debían comenzar a operar entre finales de 2024 e inicios de 2025, según el plan del proyecto, sin embargo, su puesta en marcha se retrasó y solo en este 2026 se prevé su operación completa o parcial bajo pruebas técnicas del Estado. A esta compañía el Estado le entregó $71 millones, por avance de hitos del proyecto.
A Progen por otro lado, Ecuador también lo contrató en esa misma fecha, para la instalación de generación térmica en las centrales de El Salitral (Guayas) y Quevedo (Los Ríos). A esa compañía el Estado le habría entregado el 70 % de los $ 149,1 millones que establecía el contrato.
Durante la entrevista, la ministra aseguró que la relación comercial con ambas empresas “fue fraudulenta”. “Hemos hecho un pésimo negocio, que se hizo antes de que yo llegue, pero somos el mismo Gobierno y tenemos que solucionar”, indicó.
No obstante, la titular de Energía defendió que en la actualidad el Gobierno de Daniel Noboa sigue adelante con un arbitraje internacional con dichas compañías que se encuentra todavía en proceso activo y sin resolución definitiva.
En el caso de Progen, el Estado ecuatoriano ya dio por terminado el contrato y ha impulsado una demanda internacional. En cuanto a ATM, ha presentado denuncias por posibles irregularidades y ha logrado recuperar parcialmente capacidad operativa de algunos generadores. No obstante, las pérdidas económicas para el país han sido millonarias.
¿Habrá apagones después de abril?
El presidente Daniel Noboa, en una entrevista radial en Manabí, había asegurado que no habrá apagones en este mes de abril. La ministra Manzano lo ratificó e insistió en que para los próximos meses tampoco existe riesgo de racionamiento ya que, pese a que el país no le está comprando energía a Colombia, Ecuador “está bien” y que “no va a haber apagones”.
Colombia elevará del 30 % al 100 % los aranceles a las importaciones de Ecuador en respuesta a la decisión del país vecino de subir del 50 % al 100 % la «tasa de seguridad» impuesta por el gobierno de Daniel Noboa, en una nueva escalada de la guerra comercial que los enfrenta.
La ministra de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) de Colombia, Diana Marcela Morales, aseguró que se tomó esa decisión porque el Ejecutivo ha «agotado todos los esfuerzos diplomáticos y mantenido abiertos los canales del diálogo con el Gobierno de Ecuador buscando una salida que beneficie a los dos países, a los empresarios, pero sobre todo a las comunidades de ambos lados de la frontera».
«Sin embargo, no hemos logrado respuesta positiva y por el contrario la administración del presidente Noboa anuncia un endurecimiento en el frente comercial», añadió Morales.
En la víspera, el gobierno de Daniel Noboa anunció que, desde el 1 de mayo, cobrará 100 % de aranceles a las importaciones colombianas argumentando que no hay voluntad del vecino país para cuidar la frontera de los grupos narcotraficantes.
“No se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo”, expresó Daniel Noboa.
La Policía Nacional del Ecuador inició una nueva convocatoria nacional para incorporar a 728 profesionales a sus filas, como parte de su proceso de fortalecimiento institucional en 2026.
Del total de vacantes, 220 están destinadas a aspirantes a oficiales, quienes se graduarán con el grado de subtenientes, mientras que 508 corresponden a personal de tropa que se formará como técnicos operativos. Así lo informó Jorge Cevallos, quien detalló que el periodo de formación será de seis meses.
Las inscripciones comenzarán el lunes 13 de abril y se realizarán de forma virtual a través del portal oficial de la institución, siguiendo un cronograma organizado por el último dígito de la cédula. El registro se distribuirá durante la semana y se habilitará para todos los números los fines de semana.
Perfil y requisitos
La convocatoria está dirigida a ciudadanos ecuatorianos con título de tercer o cuarto nivel —como licenciaturas, ingenierías, tecnologías o posgrados— y al menos dos años de experiencia profesional.
Entre los requisitos se incluyen no tener antecedentes penales, no pertenecer a organizaciones políticas, no portar tatuajes y cumplir con una estatura mínima de 1,60 metros para hombres y 1,55 metros para mujeres.
El límite de edad es de hasta 34 años, 11 meses y 30 días, con una excepción para el área de salud, donde se permite hasta 36 años.
Etapas del proceso
Los aspirantes deberán superar varias fases de evaluación, que incluyen pruebas académicas, físicas, médicas, psicológicas, entrevistas personales y exámenes de confianza.
Una vez aprobado el proceso, los seleccionados ingresarán a las escuelas de formación en septiembre de 2026, y su graduación está prevista para marzo de 2027.
Áreas de especialización
La institución busca incorporar talento en áreas clave como:
- Jurídica
- Técnica
- Salud
- Administrativa
Los aspirantes serán asignados según su formación académica y experiencia profesional.
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