En junio de 2025, las autoridades anunciaron la captura, en Emiratos Árabes Unidos, de Roberto Carlos Álvarez Vera, alias ‘Gerente’, considerado el cabecilla de Comandos de la Frontera en Ecuador. Seis meses después, será trasladado al país.

Este 29 de diciembre, el presidente Daniel Noboa anunció que ya «está en camino a Ecuador para responder ante la justicia por los asesinatos de los 11 militares en Alto Punino», a través de una publicación en su cuenta de X.

«Creía que era intocable porque gobiernos pasados lo protegían, se equivocó. La Cárcel del Encuentro lo espera» Daniel Noboa, presidente de Ecuador

Álvarez Vera salió de Ecuador en mayo de 2024 con destino inicial a Madrid (España) y fue capturado en Abu Dabi en junio de 2025. Pero, a finales de noviembre pasado, su abogado confirmó en una audiencia que estaba libre bajo fianza en Emiratos Árabes Unidos.

Por ello, el presidente Noboa, al anunciar su traslado a Ecuador, expresó:  «Se acabó su libertad ‘bajo fianza'».

El Gobierno ecuatoriano señala a alias ‘Gerente’ como el presunto responsable del asesinato de 11 militares en Alto Punino, hecho que ocurrió en mayo de 2025. Y lo considera el cabecilla (en Ecuador) de Comandos de la Frontera, una narcoguerrilla que trafica drogas desde Colombia por Putumayo.

Álvarez también estaría «vinculado a los delitos de narcotráfico y lavado de dinero», según el Gobierno ecuatoriano.

El ministro del Interior, John Reimber, también se pronunció por el traslado. «Huyó, se escondió, creyó que estaba a salvo. No lo estuvo», escribió en la red social X.

«Aquí todos los criminales van a pagar por el daño causado al Ecuador. Vamos por todos» John Reimberg, ministro del Interior. Fuente: Primicias

El reciente escándalo que involucra a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), por presuntas presiones a un juez Anticorrupción, ha desatado críticas institucionales y pedidos de destitución y renuncia, incluyendo al mismo presidente Daniel Noboa.

Sin embargo, durante 2024 y 2025, las mismas organizaciones políticas e instituciones que hoy cuestionan a Godoy se alinearon en varias ocasiones para designarlo presidente del CJ para el período 2019-2025 y, posteriormente, ratificarlo hasta 2031.

De Petroecuador a la Judicatura  
La trayectoria de Godoy en el Consejo de la Judicatura comenzó en diciembre de 2023, cuando el organismo enfrentaba una crisis tras el encarcelamiento y procesamiento de su entonces titular, Wilman Terán, por el caso Metástasis y sus vínculos con el crimen organizado.

El 20 de diciembre de 2023, el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) aceptó la renuncia de Terán. Debido a trámites burocráticos, el proceso para nombrar su reemplazo inició el 17 de mayo, tras la solicitud de una terna a la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Inicialmente, el Pleno de la Corte envió una lista conformada por Telmo Molina, Dunia Martínez y Hugo Landívar. La inclusión de Landívar generó alertas sobre una posible injerencia gubernamental, dado que era directivo de Acción Democrática Nacional (ADN), la organización política del presidente Daniel Noboa.

Tras incumplir los requisitos, Landívar fue reemplazado por Mario Godoy. Esta decisión fue tomada por José Suing, presidente de la Corte Nacional. Hasta esa fecha, Godoy se desempeñaba como procurador jurídico de Petroecuador en el gobierno de Noboa.

La ‘Liga Azul’ al rescate
El proceso avanzó tras descartarse dos impugnaciones contra Godoy en el CPCCS. El 8 de julio de 2025, la exvicepresidenta del organismo, Mishelle Calvache, mocionó a Dunia Martínez como titular de la Judicatura.

Calvache, el presidente Andrés Fantoni y el exvocal Gonzalo Albán votaron a favor. No obstante, Juan Esteban Guarderas, Yadira Saltos y Johanna Verdezoto se abstuvieron. El empate obligó a Fantoni a ejercer su voto dirimente, designando así a Martínez.

La denominada ‘Liga Azul’, afín al correísmo, se opuso al nombramiento. La vocal Nicole Bonifaz argumentó problemas de conexión para votar. 48 horas después, el 10 de julio, el correísmo logró anular la designación. Augusto Verduga suspendió su licencia por paternidad para retomar su vocalía y apelar la presidencia de Fantoni.

Mario Godoy en un evento del Consejo de la Judicatura sobre «Justicia abierta» el 9 de diciembre de 2025.Consejo de la Judicatura.
Con una mayoría de cuatro votos (Bonifaz, Saltos, Verdezoto y Verduga), la conducción de la sesión pasó a la vicepresidenta Calvache. Esto permitió reconsiderar la designación de Martínez, moción impulsada por Yadira Saltos y respaldada por una nueva mayoría de cinco votos (se sumó Guarderas).

Esa misma noche, tras reinstalarse la sesión a las 20:56, el pleno volvió a votar la moción original a favor de Martínez, la cual fue rechazada por Bonifaz, Saltos, Verdezoto y Verduga. De inmediato, Yadira Saltos mocionó a Mario Godoy.

La votación reconfiguró las alianzas: con los votos de Bonifaz, Saltos, Verdezoto y Verduga, Mario Godoy Naranjo fue nombrado vocal principal y presidente del Consejo de la Judicatura. La facción de Fantoni y Calvache votó en contra, mientras Guarderas mantuvo su abstención.

 ¿Alianza entre ADN y el correísmo?  
Tras la designación en el CPCCS con apoyo del correísmo, la atención se centró en la Asamblea Nacional. El proceso de posesión de Godoy estuvo marcado por denuncias de presiones desde ADN.

El 15 de julio de 2024, Alejandro Muñoz, entonces secretario general del Legislativo, denunció haber recibido llamadas y mensajes para acelerar la posesión. Muñoz afirmó que las presiones, bajo advertencia de destitución, provenían del Ejecutivo mediante un emisario que citó órdenes de Esteban Torres, entonces viceministro de Gobernabilidad y actual asambleísta por ADN.

De manera paralela surgieron versiones sobre los vínculos que facilitaron el ascenso de Godoy: una conexión académica con Esteban Torres en la Universidad Indoamérica —donde el padre del ex viceministro era decano— y la relación con Fausto Jarrín, exasambleísta del correísmo, asesor externo del presidente Noboa y amigo personal de Godoy y su esposa, Dolores Vintimilla.

Finalmente, el 16 de julio de 2024, la Asamblea Nacional posesionó a Mario Godoy. Los detalles de las tensiones previas se confirmaron en diciembre de 2025, cuando el legislador de ADN, Andrés Castillo, admitió haber llamado a Muñoz siendo asesor de la bancada oficialista.

Castillo explicó que la urgencia respondía al vencimiento de los plazos y la indisponibilidad de las autoridades legislativas, Henry Kronfle y Viviana Veloz, lo que dejaba la responsabilidad en el segundo vicepresidente, Eckenner Recalde. Castillo negó haber ejercido presión, calificando la comunicación como un pedido de cortesía ante la falta de respuesta de Muñoz a las llamadas de Recalde.

 La ratificación en el cargo  
Durante su primera gestión (iniciada en julio de 2024), Godoy enfrentó cuestionamientos. Nubia Vera, jueza que falló a favor de la exvicepresidenta Verónica Abad en un litigio laboral, denunció presiones de Godoy y sus asesores, Henry Gaibor y Jorge Carrillo, para favorecer al Ministerio del Trabajo.

La renovación de la Judicatura debía concretarse antes del 29 de enero de 2025, pero la falta de reemplazos por parte del CPCCS generó una prórroga. En marzo de 2025, el organismo operaba con el mínimo legal de tres miembros. La estabilidad del Consejo se puso en riesgo el 23 de junio de 2025 por un juicio político contra Solanda Goyes, vocal del Ejecutivo, el cual no prosperó.

El retraso en la selección de autoridades respondió a disputas políticas: el CPCCS estaba incompleto por la pugna de una vocalía tras la destitución de la ‘Liga Azul’ por el Tribunal Contencioso Electoral, y la Comisión de Selección debió reconformarse tras la salida de vocales en enero de 2025. Además, el presidente Noboa no envió su terna de postulantes.

El proceso se reactivó en marzo de 2025. El 28 de marzo, el CPCCS contrató a Christian Eduardo Troya Macías como asesor de la consejera Johanna Verdezoto. Posteriormente, Troya representó a Verdezoto en la Comisión Técnica de selección. Troya había sido asesor legislativo de Fausto Jarrín y Godoy intentó contratarlo en la Judicatura un año antes.

El 9 de julio de 2025, la Corte Nacional incluyó nuevamente a Mario Godoy en su terna tras la descalificación de los postulantes Landívar y Edison Toro. Finalmente, el 19 de septiembre de 2025, el CPCCS designó a los nuevos integrantes. Mario Godoy fue ratificado con los votos de Jazmín Enríquez, David Rosero, Johanna Verdezoto y Andrés Fantoni.

 Fiscalización desde los antiguos aliados  
Pese al respaldo previo del correísmo, el oficialismo, la Corte Nacional y el CPCCS, varios de estos sectores impulsan ahora la remoción de Godoy tras nuevas revelaciones.

El 17 de diciembre de 2025, una publicación de PRIMICIAS expuso presiones y amenazas contra Carlos Serrano Lucero, juez de la Unidad Anticorrupción, relacionadas con el caso de Jezdimir Srdan, narcotraficante serbio vinculado a la mafia albanesa y sentenciado a 10 años por lavado de activos.

Serrano grabó una reunión con Henry Gaibor, quien le solicitó prestar atención a la defensa de Srdan, argumentando que el procesado podría delatar a quienes «contaminaron». Archivos judiciales revelaron que los abogados del narcotraficante fueron Dolores Vintimilla y Christian Rosero, esposa y antiguo socio de Mario Godoy en la firma Invictus Law, respectivamente.

En la Asamblea Nacional, el oficialismo ha cambiado su postura. El asambleísta Andrés Castillo lidera un proceso de fiscalización que podría derivar en juicio político. Godoy ha sido convocado para el 5 de enero de 2026 para explicar sus vínculos con el caso Srdan. El presidente Daniel Noboa declaró que Godoy debería renunciar tras dicha comparecencia.

Paralelamente, la asambleísta Viviana Veloz confirmó que la bancada del correísmo recolecta firmas para iniciar un juicio político independiente contra Godoy. Fuente: Primicias

El Gobierno Nacional desplegó a un batallón de soldados de las Fuerzas Armadas del Ecuador en las calles de San Lorenzo, norte de Esmeraldas, para fortalecer las operaciones de seguridad contra organizaciones criminales y presuntas agrupaciones subversivas que operarían en la zona.

El fin de semana anterior se hicieron virales a través de redes sociales videos en los que hombres con uniformes militares que estarían presuntamente ligadas a grupos paramilitares colombianos caminaban con armas de asalto en las calles de la urbe.

Según aseguraron las Fuerzas Armadas en un comunicado el fin de semana, el video no correspondería a un suceso ocurrido en las últimas horas. Además señalaron que se tratarían de personas vinculadas a bandas delincuenciales y no grupos guerrilleros.

«El hecho se dio en el marco de una disputa puntual de territorio, sin registrarse personas fallecidas», indicaron los militares.

Como parte de las operaciones, el Ministerio de Defensa anunció la operación «Control Total», por medio de la cual se destinaron efectivos a las calles de la localidad esmeraldeña, con el objetivo de «prevenir, controlar y neutralizar al crimen organizado».

Al lugar fueron destinados soldados de la Armada del Ecuador, que estarán a cargo de ejecutar controles en aspectos como narcotráfico y minería ilegal.

Además, la cartera de Estado señaló que la presencia del Bloque de Seguridad es permanente en la localidad y otros sitios de Esmeraldas, con labores de vigilancia, patrullaje y control.