Nacionales
Nikolay Aguirre: “la UNL es la historia, el presente y el futuro de Loja”
Con miras hacia un 2025 que confirme la transformación de la Alma Máter lojana y su avance en docencia, investigación y vinculación con la sociedad, se presentan nuevos proyectos.
Con el objetivo de seguir en la línea que ha permitido elevar el nivel de educación en la región sur del país, a más de la implementación de las carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura Sostenible, la Universidad Nacional de Loja (UNL), entre sus proyectos 2025, propone a la ciudadanía -que siente apego por la institución- donar su impuesto a la renta para con esos recursos brindar oportunidades de becas y maestrías para más jóvenes.
Siguiendo el ejemplo de emblemáticos filántropos lojanos, como: Manuel Carrión Pinzano, Bernardo Valdivieso, Daniel Álvarez Burneo, Pío Jaramillo Alvarado, entre otros nombres que trascendieron en la historia por su visión de una Loja de desarrollo y futuro, el Rector de la UNL lidera la iniciativa e invita a que el dinero de los impuestos se aproveche y se quede en la provincia con el propósito de que sea de utilidad para el desarrollo de su comunidad.
Luego de seis años de gestión al frente de la UNL, su rector, Nikolay Aguirre, cierra este 2024 evaluando el trabajo con el cual se le devolvió la institucionalidad a la Alma Máter lojana, y cómo con una visión y la orientación hacia un modelo de universidad sostenible, se recuperó una institución al borde de desaparecer y que, ahora, transformada, vuelve a liderar la educación superior en Loja y en el país.
Antes de su llegada al Rectorado, hasta 2018, ante la carencia de una normativa básica, la falta de gobernabilidad e institucionalidad amenazaron la continuidad de la UNL; sin embargo, con la elección de un Rector que llegó con un proyecto académico orientado a transformar la universidad bajo el respeto irrestricto a las normas y priorizando el bienestar colectivo, se devolvió la gobernanza institucional respetando las verdaderas competencias de la universidad.
La UNL ahora es un actor clave para el trabajo conjunto con entidades públicas y privadas, generando -en la academia- proyectos desarrollados con base en una investigación orientada a solucionar las problemáticas del entorno. Además, junto a la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad Internacional del Ecuador sede Loja, la UNL promueve el proyecto ‘Loja Ciudad Universitaria’, iniciativa para dar un giro a la economía en la provincia.
Con pros y contras en los primeros años del proceso de transformación de la Alma Máter lojana, al poner la institución en orden a través de la eliminación de puestos innecesarios y estableciendo una equiparación laboral, se dejaron atrás limitaciones presupuestarias y administrativas, dando paso al fomento de una convivencia armónica y a tener un equipo institucional más eficiente para la consecución de los objetivos de la universidad.
DATO IMPORTANTE
UNL 2025
- 2 nuevas carreras.
- 3 programas de Ph.D.
- Mayor vinculación social.
Nacionales
Las claves del caso Magnicidio FV tras 90 días de investigación: testimonios, amenazas y ‘Pipo’
Los primeros 90 días de instrucción fiscal del caso Magnicidio FV, que investiga la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, terminan en medio del cambio de testimonio de un testigo clave y el presunto intento de comprar a otro. Algunos cooperantes también han sido víctimas de atentados. Mientras que, la versión de alias ‘Pipo’, máximo líder de Los Lobos, podría ser determinante.
El excandidato presidencial fue asesinado el 9 de agosto de 2023 tras salir de un mitin político en un coliseo del norte de Quito. Posteriormente, la Fiscalía inició una causa contra 13 personas como autores materiales. Se trataba de un grupo de ecuatorianos y colombianos, ligados a la banda criminal ‘Los Lobos’, quienes ejecutaron el crimen al estilo sicariato.
En paralelo, iniciaba una investigación reservada para dar con los autores intelectuales, que finalmente apuntó contra José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo.
La primera investigación, luego de casi un año del magnicidio, terminó con cinco sentenciados como autores materiales, entre ellos Carlos Angulo, alias ‘Invisible’, quien habría encabezado el operativo criminal junto a Laura Castillo, alias ‘La flaca’. También recibieron condena como cómplices: Érick Párraga, Alexandra Chimbo y Víctor Flores. Mientras que José M. murió en la cárcel El Inca de Quito y Óscar Andrés F. quedó sobreseído por falta de elementos.
Por inoperancia del Estado y falta de control en las cárceles, los seis gatilleros colombianos, que quedaron detenidos al poco tiempo del magnicidio, fueron asesinados en la Penitenciaría del Litoral.

PRIMEROS INDICIOS DE LOS AUTORES INTELECTUALES
Tras casi dos años, en 2025, empezaron a filtrarse los primeros resultados de la investigación de quienes habrían contratado a los sicarios. Los chats del caso Metástasis fueron fundamentales para el expediente que la Fiscalía bautizó como caso Magnicidio FV.
En mensajes expuestos por el Ministerio Público entre el narco fallecido Leandro Norero y Xavier Jordán, hoy procesado como presunto autor intelectual, se hablaba de vigilancias y seguimientos contra el excandidato presidencial. “Ññ se metió con mis hijas, con mi mamá y con toda mi familia”, justificaba el usuario ‘B54REAXN-Po’, atribuido a Jordán en un mensaje a Norero.
Por otro lado, durante el juicio contra los autores materiales, en junio del 2024, la Fiscalía presentó el testimonio de un testigo protegido, identificado como José Patricio A., quien estuvo en reuniones previas con la banda que ejecutó el magnicidio, pero no participó en el hecho. El sujeto manifestó: “Esa cabeza (la de Fernando Villavicencio) valía 200.000 dólares y la mandó a hacer el Gobierno de Correa”.
Hasta ese momento, el caso de los autores intelectuales aún seguía bajo reserva, pero en mayo del 2025 salió a la luz una versión de Lenin Vimos, condenado en el caso Plaga, quien señaló a José Serrano, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo y Xavier Jordán como los mentalizadores. Incluso, nombró al exvicepresidente Jorge Glas.

DANIEL SALCEDO ROMPE EL SILENCIO
Un mes después, en junio del 2025, Daniel Salcedo sufrió un intento de asesinato en la cárcel de Riobamaba, del cual salió librado gracias a la protección de su hermano Noé, quien quedó herido. Después, los dos reos fueron trasladados a la cárcel 4 de Quito.
Por el hecho, la Fiscalía procesó a cuatro privados de la libertad. Uno de ellos, le habría dicho a Salcedo: “Pepe te manda saludos”. Salcedo dijo que Pepe es José Serrano.
El intento de asesinato motivó al sentenciado por corrupción hospitalaria a colaborar con la justicia y aseguró que contaría todo lo que sabía. Además, compareció en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde señaló a Xavier Jordán y Ronny Aleaga.
También, se conoce que la Fiscalía abrió una investigación por el presunto delito de intimidación a favor de Salcedo, quien habría entregado un CD con información.

TESTIMONIO CUESTIONADO
El 18 de agosto del 2025, el Ministerio Público señaló oficialmente a José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.
Tras una audiencia fallida, el tres de septiembre, la fiscal Ana Hidalgo formuló cargos contra los cuatro individuos. Según su teoría, Jordán financió el crimen, Serrano tuvo contacto con los autores materiales y un grupo de policías de avanzada, Alegada participó en reuniones de planificación y Salcedo ejecutó rastreos.
Actualmente, sobre los cuatro pesan órdenes de prisión preventiva. Sin embargo, solo Salcedo está retenido, Aleaga es prófugo de la justicia, Jordán sigue libre por Estados Unidos y Serrano permanece recluido en el Centro de Detención de Miami Krome por una cuestión migratoria.
Tanto Jordán como Serrano han desvirtuado las acusaciones y dicen que la investigación es una persecución política en su contra. Mientras Aleaga no ha emitido pronunciamiento alguno.
La Fiscalía ha argumentado su acusación con base en más de 14 elementos de convicción. Entre los principales consta el testimonio de Marcelo Lasso Saavedra, persona de confianza de Norero, quien señaló a Jordán “como el mentor y financista del atentado contra Villavicencio por un monto estimado de un millón de dólares, destinado a la contratación de integrantes de ‘Los Lobos’ y disidentes del ‘Frente Oliver Sinisterra’”.
Además, Lasso afirmó que Serrano habría manipulado la seguridad del excandidato e incluso mencionó a Rafael Correa y Jorge Glas como otros de los organizadores. Todos ellos, habrían pedido permiso a alias ‘Pipo’, máximo líder de Los Lobos, para llevar a cabo el magnicidio tras la muerte de Norero.
Sin embargo, este testigo ha sido cuestionado porque dio una versión completamente distinta en Estados Unidos. En una reunión virtual difundida en redes sociales, el sujeto señaló al expresidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera y a alias ‘Pipo’ como los supuestos responsables del crimen.
Esta teoría curiosamente fue amplificada en redes sociales justamente por los procesados Jordán y Serrano e incluso Rafael Correa compartió la información.
Por su parte, el expresidente Guillermo Lasso rechazó la declaración y recordó que él solicitó la colaboración del FBI. “Que un delincuente, convicto y confeso, asistente personal del narcotraficante Leandro Norero, quien además afirma que se dedica a hacer declaraciones falsas por miedo o rebajas carcelarias, aparezca ahora con una amañada declaración es solo un burdo intento de desviar la atención”, escribió en redes sociales.
La Fiscalía también ha iniciado una investigación previa por presunta asociación ilícita con fines de fraude procesal contra sospechosos y procesados en el caso Magnicidio FV tras la difusión de la supuesta nueva versión de Lasso Saavedra.

¿COMPRA DE TESTIGOS?
Otro testimonio clave proviene de Ronal H., alias ‘Jonathan’, un exoficial de la Policía, quien confesó que Serrano le solicitó seguimientos contra Villavicencio. Los datos fueron enviados con material fotográfico a través de la plataforma Threema.
El sujeto ha advertido a las autoridades sobre varios intentos de asesinarlo. En su primera versión, comentó que el 15 de enero del 2025, seis privados de la libertad ingresaron a su celda en la cárcel de Turi y lo intentaron ahorcar. Luego, lo cambiaron de pabellón, pero volvieron a atentar contra su vida. Esta vez le dieron comida con vidrio molido en una sopa.
De hecho, responsabilizó por su vida a una funcionaria que actualmente trabajaría en ese centro penitenciario de Cuenca. “Esta abogada un día llegó hasta el pabellón de máxima A y me manifestó que por mi cabeza había USD 20 mil, que es mejor me quite la vida antes que les pase algo a mis familiares o que me mantenga callado”.
Aquella funcionaria también le habría comentado al exagente que un abogado lo estaba buscando porque quería entregarle “un dinero para que permanezca callado”.
Posteriormente, alias ‘Jonathan’ fue trasladado a la cárcel de Latacunga, donde volvió a sufrir un intento de asesinato. El tres de julio del 2025, advirtió que lo intentaron apuñalar en el patio del reclusorio y en agosto algunos compañeros lo amenazaron con quitarle la vida.
Y las ofertas para que se quede callado han continuado. En su testimonio anticipado, ‘Jonathan’ aseguró que Xavier Jordán habría tratado de comprarlo con USD 300.000 para que cambie su versión. Además, manifestó que Marcel Lasso recibió USD 200.000 para emitir declaraciones en Estados Unidos.
El expolicía indicó que fue contactado por Lasso, a través de mensajes escritos, en nombre de Jordán y Serrano, para que declare que la exfiscal general Diana Salazar manipuló los casos Metástasis y Villavicencio.
Agregó que en las conversaciones con Jordán por Instagram y con Lasso Saavedra por WhatsApp se nombró a ‘Paco Alcocer’ como la persona que entregó el dinero a Saavedra. Aquel sujeto junto a María Paula Christiansen, expareja de Serrano, y otras cuatro personas más también fueron llamados a rendir versión el pasado lunes primero de diciembre.

ALIAS ‘PIPO’: ¿LA VERSIÓN CLAVE?
La fiscal Ana Hidalgo indicó que cuenta con nuevos elementos que le hacen presumir que Wilmer Chavarría (alias ‘Pipo’), Ángel Aguilar (alias ‘Lobo Menor’) y Luis Arboleda (alias ‘Gordo Luis’) participaron en la planificación del magnicidio.
Por ello, el lunes primero de diciembre, pidió que se instale la audiencia de vinculación contra los tres sujetos. Con esta diligencia, la investigación se extendería por 30 días más.
Asimismo, había solicitado a las autoridades judiciales de España que colaboren en la toma de versión de ‘Pipo’, quien se encuentra detenido en una cárcel de Málaga.
Por su parte, ‘Godo Luis’ permanece en la Cárcel del Encuentro en Santa Elena y ‘Lobo Menor’ estaría libre.
‘Pipo’, quien supuestamente estaba muerto, habría sido quien dio luz verde para el asesinato del excandidato presidencial. De acuerdo al testimonio de Lasso Saavedra, este cabecilla mantuvo contacto con Serrano al pasarle información sobre los seguimientos de la víctima. Fuente: Vistazo
Nacionales
Rafael Correa rompe con Marcela Aguiñaga tras nuevas declaraciones: ‘anda nomás a dialogar con Noboa’
El expresidente Rafael Correa envió un mensaje directo a Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, luego de que ella declarara que ‘el Ecuador de hoy no es el Ecuador de Correa’ y anunciara su posible salida del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC).
Las declaraciones de Aguiñaga fueron emitidas durante una entrevista en Teleamazonas, la noche del 1 de diciembre, en medio de la fractura interna dentro del correísmo.
Aguiñaga reconoció que no mantiene comunicación con Correa desde hace varios meses.
Añadió que, si tuvieran la oportunidad de hablar, ella siempre reconocerá el cariño y la gratitud hacia el exmandatario, así como lo aprendido durante su gobierno.
»Siempre voy a reconocer mi cariño y mi gratitud, si algo me enseñó su gobierno es la impronta de la gestión pública, el trabajar rápido y urgente con eficacia, el detestar la mediocridad dentro de la burocracia, y que hay cosas que le corresponde hacer a lo público y muchas le corresponden hacer a lo privado, que ninguna de las dos está en competencia», manifestó la prefecta.
«El Ecuador de hoy no es el Ecuador de Correa»
No obstante, Aguiñaga enfatizó que »el Ecuador de hoy no es el Ecuador de Correa y el Ecuador de hoy necesita diálogo y una agenda en común”.
Por último, Aguiñaga dijo que con Correa se puede dialogar “en ocasiones sí y en otras no, depende”.
Las declaraciones de la prefecta generaron una respuesta inmediata. A través de su cuenta en X, Correa publicó un mensaje con tono sarcástico: »Marcela querida: eres demasiado importante y sabia para la actual RC5. Anda nomás a dialogar con Noboa, nosotros no lo haremos. No te preocupes. Lourdes Tibán ofreció auspiciarte para la reelección. Un abrazo. ¡Hasta la victoria siempre!».
El conflicto entre Aguiñaga y Luisa González, presidenta del movimiento, como el exmandatario Rafael Correa, se agravó luego de un encuentro entre la prefecta y Lourdes Tibán, su homóloga de Cotopaxi, en el Municipio de Guayaquil.
“Después de salir con Lourdes Tibán bajo el argumento de que no hay «banderas políticas» para trabajar -que sí las hay, como también debe haber dignidad- seré el primero en oponerme a la reelección de Marcela Aguiñaga”, manifestó Correa.
Días antes, González también había rechazado que la Revolución Ciudadana volviera a auspiciar a Aguiñaga en los próximos comicios seccionales. Fuente: Vistazo
Nacionales
El oficialismo segmenta la fallida Ley de Integridad y reparte artículos en cuerpos legales que debate la Asamblea
Imposibilitado de modificar la Constitución por el triunfo del ‘No’ en la consulta popular y con dos leyes declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional, el oficialismo optó por tomar ‘retazos’ de una de ellas para mantener viva su propuesta de reformas legales.
La fallida Ley de Integridad Pública se ha convertido en una suerte de comodín de Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea y parte de sus artículos están siendo distribuidos en otras normas, a través de reformas legales, dos de ella ya vigentes.
Este proceso de fusión normativa inició en octubre, una semana después de que la Corte Constitucional (CC) declaró inconstitucional esa ley que había sido enviada por el presidente de la República, Daniel Noboa, como urgente en materia económica.
Y, según adelantan los integrantes de la propia bancada oficialista, esta práctica continuará hasta incluir en otras leyes que ya están vigentes casi todos —o todos— los artículos que contenía la Ley de Integridad Pública.
Cambios en contratación pública
En esencia, lo que hoy se conoce como Ley de Integridad Pública llegó a la Asamblea con el nombre de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública.
El objetivo de la propuesta del presidente Daniel Noboa era plantear una serie de reformas, ajustes y mecanismos de modernización del sistema de contratación pública que data de 2008.
Pero, en el camino, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea empezó modificando el nombre y luego terminó incorporando una serie de cambios en materia penal, migratoria, laboral, entre otras, que rompieron la unidad de materia, tal como determinó la Corte al declarar inconstitucional la norma.
Para no perder la idea original, la Comisión de Régimen Económico, dominada por ADN, tomó artículos y los incluyó en la reformas a la Ley de Contratación Pública. El cambio fue aprobado con 80 votos, el 7 de octubre.
Entre los artículos que quedaron insubsistentes, pero que volvieron a la vida con la reforma están:
Reducción del número de modalidades de contratación.
Fortalecimiento y nuevo Registro Único de Proveedores.
Modernización tecnológica del Portal de Compras Públicas.
Uso de Inteligencia Artificial en contratación pública.
Contrataciones de emergencia a través de una plataforma de datos abiertos.
Deportaciones y antecedentes penales

Uno de los puntos más polémicos de la Ley de Integridad Pública era un articulado que fue incluido en torno a migración y movilidad humana, que tenía relación con temas como el visado para entrar al país y los trámites de deportación.
A inicios de octubre, la Comisión de Relaciones Internacionales, dominada por ADN, retomó el segundo debate de un paquete de reformas a la Ley de Movilidad Humana.
Una de las críticas del gobierno fue al principio de «ciudadanía universal» que aplica el país a partir de la Constitución de Montecristi y el que, según el ministro del Interior, John Reimberg, se había convertido en una «camisa de fuerzas»
Por eso, se rescataron artículos que tienen que ver con la presentación de antecedentes penales como requisito para solicitar una visa de ingreso a Ecuador, para los países que sean requeridos.
Además, se retomó la propuesta de procedimientos simplificados para deportar o expulsar extranjeros que han cometido delitos en el país o se consideran una amenaza para la seguridad nacional.
Evaluación a funcionarios públicos
El Pleno de la Asamblea Nacional tiene pendiente el segundo debate y votación de las reformas para el «Fortalecimiento del Trabajo en el Sector Público y Privado y de sus Organizaciones Sindicales».
En este se incluyen, casi sin variación, todos los artículos referentes a evaluaciones, estabilidad laboral, supresión de puestos y desvinculaciones de funcionarios del sector público que constaban en la Ley de Integridad Pública
La reforma debía ser votada el miércoles 26 de noviembre, pero sin mayor explicación el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, suspendió ese punto. Se espera que sea retomado esta semana, antes del receso legislativo.
«Someterse a las pruebas de confianza y evaluaciones periódicas, durante el ejercicio de sus funciones, de conformidad a la normativa emita por la entidad rectora en integridad pública en coordinación con el ente rector del trabajo; que en ningún caso incluirá preguntas incriminatorias», dice uno de los cambios.
«La estabilidad (en el sector público) estará condicionada a resultados mediante procesos de evaluación y con incentivos económicos regulados en el Reglamento…», agrega la propuesta.

Ciberseguridad, con toques de la Ley de Integridad
En tanto que, la Comisión de Seguridad, también dominada por el oficialismo, trabaja en una reforma a Ley de Transformación Digital y Audiovisual que incluye un capítulo sobre Ciberseguridad.
En el proyecto, sin embargo, se incluyeron dos temas que poco tendrían que ver con Seguridad Informática, y que era parte de la cuestionada Ley de Integridad Pública:
Una de las reformas propone hacer dos cambios a la Ley de Tránsito. El primero se refiere a los radares: se insiste en poner un plazo de 180 días para que el ente de control realice el análisis y verificación de acreditaciones a las empresas encargadas de la calibración de los medios tecnológicos de detección, registro y sanción automática de infracciones.
El segundo hace referencia a que «si el país se encuentra en grave conmoción interna por seguridad, el Presidente de la República podrá reglamentar que será obligatorio el uso del medio tecnológico automático para el servicio de peajes para todos los vehículos a nivel nacional».
Menores infractores en la mira
Otro de los puntos polémicos de la Ley de Integridad fue la inclusión, a última hora, de reformas al Código de la Niñez y al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para sancionar con mayor severidad a adolescentes infractores.
El lunes 1 de diciembre, la legisladora de ADN, Nathaly Farinango, reveló que la Comisión de Justicia se prepara un paquete de reformas al Coip que incluya artículos que no entraron en vigencia por la declaratoria de inconstitucionalidad.
«Es algo que se tendrá que analizar dentro de la comisión, si bien en el contexto de una ley económica urgente ya hubo un análisis, creo que se necesitaba profundizar para que no haya una narrativa falsa al respecto» Nathaly Farinango, asambleísta de ADN
La Revolución Ciudadana (RC) cuestiona que el gobierno insista en incluir en otras reformas legales artículos que eran parte de las leyes económicas urgentes que fueron cuestionadas por la Corte Constitucional.
La legisladora correísta, Liliana Durán, calificó como una «argucia» del gobierno el uso de artículos que quedaron sin vigencia en la Ley de Integridad Pública.
Farinango calificó a la tesis del correísmo, en el sentido de que esos artículos no podían volver a ser usados en otras leyes, como una «narrativa falsa».
ADN sostiene que los jueces constitucionales se pronunciaron sobre la forma como se construyeron las leyes urgentes, más no sobre el fondo del contenido de los artículos. Fuente: Primicias
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