Nacionales
Estas son las cifras oficiales de desapariciones en Ecuador en 2024, según la Fiscalía
Las desapariciones -calificadas judicialmente como forzadas- de Josué, Ismael, Saúl y Steven no constan en las estadísticas de la Fiscalía, que señalan que de enero a noviembre de 2024 se han presentado nueve denuncias por este delito, castigado con prisión de hasta 26 años.
Tampoco consta ahí la denuncia que puso Lorena Roca Magallón el 12 de septiembre de 2024 y que también fue calificada como desaparición forzada, luego de que su hijo Dave Loor Roca y el amigo Juan Santillán Suárez, fueran vistos por última vez cuando dos camionetas de militares los interceptaron en el cantón Ventanas, Los Ríos.
Solo considerando los casos de los cuatro niños de Guayaquil y de los amigos Dave y Juan, las cifras de desaparición forzada llegan a 15 en Ecuador, una cantidad que supera las doce registradas en 2023, pero que a decir de los activistas no refleja la realidad de una problemática que creció en 2024.
«Hay miles de casos de desapariciones año tras año, no podemos aceptar que se vea como común, ni siquiera un caso, no podemos verlo como algo normal”. Lidia Rueda, coordinadora de Asfadec.
Según las cifras de la Fiscalía, desde 2014 hasta noviembre de 2024 se han registrado 146 denuncias por desaparición forzada, de las cuales la mayoría se ha presentado en las provincias de El Oro (39), Guayas (29), Pichincha (16) y Manabí (15).
Casi la mitad de estas 146 denuncias, es decir 67, se encuentran en etapa de indagación previa, fase en la cual la Fiscalía investiga los casos.
Sin embargo, la mayoría, esto es 78, ha sido archivada. En las estadísticas proporcionadas a PRIMICIAS no consta un solo caso que tenga una sentencia en firme o ejecutoriada, solo hay uno con apelación de sentencia.
Los casos en Ecuador
La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) recoge las denuncias que se presentan en todo el país, la mayoría considerada como desapariciones involuntarias, un delito que se castiga con prisión de hasta 10 años, pero que puede esconder casos también de desaparición forzada, consideran activistas de derechos humanos.
Billy Navarrete, por ejemplo, muestra una lista de al menos cinco casos reportados por los familiares como desaparición forzada, pero que la Fiscalía ha registrado como involuntaria. Solo en uno de ellos el delito se cambió tras un recurso de hábeas corpus admitido por los jueces.
“Desaparición involuntaria es otro delito en que no se identifica el perpetrador, esa lista es enorme en Ecuador, son miles. Tengo una lista de casos en el litoral, especialmente en Guayas y Los Ríos, que no se han resuelto, han ocurrido en Fiscalía estos meses”, reveló Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos (CDH) en Guayaquil.
Las estadísticas de la Fiscalía confirman que, efectivamente, las desapariciones involuntarias se cuentan por miles. De enero a noviembre de 2024 han recibido 6.407 denuncias, mientras que en todo 2023 la cifra llegó a 7.550 y en 2022 fueron 8.047 casos. En estos tres últimos años, en total, se ha denunciado 22.004 casos de desaparición involuntaria.
Y en esta cantidad tampoco constan sentencias. La gran mayoría de denuncias, 14.528, fue archivada. Hay 7.439 en indagación previa, cuatro llamados a juicio, ocho dictámenes acusatorios.
Las provincias con mayores casos de desapariciones involuntarias son Pichincha (5.467), Guayas (4.738), Manabí (1.082) seguidas de Chimborazo (989), Azuay (963), Los Ríos (908).
En las cifras de este delito consta la denuncia que presentó Dennis Álava Murillo el 27 de noviembre en Babahoyo. En los archivos de la Fiscalía figura como desaparición involuntaria, pero ella asegura -por testimonios de vecinos- que a su hijo Justin Valverde, de 20 años, y su amigo Michael Castañeda, de 17 años, se los llevaron militares en una camioneta blanca doble cabina.
Los fiscales solo le han dicho que están investigando, que tiene que esperar, pero ella insiste cada semana para que el caso de su hijo no quede en la impunidad. En vísperas de Navidad, incluso, viajó a Guayaquil para sumarse a la protesta que organizaron familiares de los cuatro niños de Las Malvinas, cuya muerte se confirmó la tarde del 31 de diciembre de 2024.
Así mismo, el CDH enlista otros casos de desapariciones que constan como involuntarias, pero que consideran como forzadas porque han recopilado versiones y las circunstancias en que sucedieron.
“Me permito mencionar los nombres de otros casos de desaparición forzada, también jóvenes de la provincia de Los Ríos: Oswaldo Mauricio Morales Santana, tiene 23 años, la investigación continúa siendo investigada como desaparición involuntaria”, dijo Fernando Bastias, abogado del CDH.
El jurista agregó más casos. “Justin Álvarez Chávez tiene 17 años, también sigue investigándose por desaparición involuntaria”. Y mencionó ahí la denuncia de Lorena Roca, la única que se cambió a desaparición forzada por decisión judicial.
«Gracias a las acciones judiciales se logró rectificar por desaparición forzada, es el primer caso reconocido por una jueza constitucional, las Fuerzas Armadas vergonzosamente apelaron la decisión, pero se ratificó y ahora está siendo investigado por desaparición forzada”. Fernando Bastias, abogado CDH
¿Qué es la desaparición forzada?
El delito de desaparición forzada se configura cuando la persona pierde su rastro en manos de agentes del Estado y es considerado “tortura a su nivel más alto”, señalan activistas de derechos humanos que piden a la Fiscalía que revise sus procedimientos para que no haya subregistro de denuncias.
“Hacemos un llamado a Fiscalía a corregir ese tipo de prácticas que lo que causan es zozobra, si esto (el caso de los cuatro de Guayaquil) se hubiera investigado como lo que es, desaparición forzada, estuviéramos en otro escenario”, lamentó indignado el abogado de la CDH.
La Fiscalía, entidad a la que PRIMICIAS solicitó una entrevista sobre este tema, no dio una respuesta hasta el cierre de esta publicación. Fuente: Primicias
Nacionales
CIDH pide investigar a Ecuador si la muerte de Monika Silva está vinculada a sus denuncias de corrupción
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre la muerte de Monika Silva Koniuszek, la activista anticorrupción hallada sin vida el pasado 8 de junio en Montañita, provincia de Santa Elena, y pidió al Estado ecuatoriano una investigación pronta, exhaustiva e imparcial que permita esclarecer lo ocurrido.
A través de un comunicado difundido este viernes 12 de junio en sus redes sociales, la CIDH lamentó el fallecimiento de Silva y expresó su solidaridad con sus familiares y personas allegadas.
«La CIDH lamenta la muerte de Monika Silva Koniuszek, activista anticorrupción en Santa Elena, quien fue encontrada sin vida en su domicilio el 8 de junio, y expresa su solidaridad con sus familiares y personas allegadas», señaló el organismo.
La Comisión instó a las autoridades ecuatorianas a profundizar las investigaciones para determinar las circunstancias de la muerte de la activista y considerar todas las hipótesis posibles.
En particular, la CIDH pidió que dentro de las líneas de investigación se incluya una posible relación entre su fallecimiento y la labor que desarrollaba como defensora de derechos humanos y denunciante de presuntos actos de corrupción.
El pronunciamiento se suma a los pedidos realizados por el Gobierno de Polonia, país de origen de Silva, que solicitó una investigación independiente y transparente.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado informó que ha requerido cooperación internacional para incorporar peritos extranjeros especializados a las diligencias que se desarrollan dentro de la investigación previa.
La muerte de Monika Silva ha generado atención nacional e internacional debido a su trabajo como activista anticorrupción en Santa Elena y a las circunstancias que rodean su fallecimiento, ocurrido en el inmueble donde residía junto a sus hijas menores de edad. Fuente: Vistazo
Como parte de la investigación sobre los contratos suscritos con Progen durante la emergencia eléctrica, Celso Sánchez, uno de los técnicos que integró la comisión de Celec que viajó a Estados Unidos para inspeccionar los generadores chatarra comprados durante la emergencia eléctrica, amplió su versión ante la Fiscalía General del Estado.
Sánchez, quien también figura entre los procesados en el denominado caso Apagón, relató presuntas presiones para emitir informes favorables a la compañía estadounidense, pese a las observaciones técnicas realizadas a los equipos. Además, mencionó la existencia de un documento que haría referencia al entonces ministro de Energía, Roberto Luque.
«Vimos unas cosas totalmente viejas y la verdad que esto nos estaba causando un poco de temor», señaló Sánchez en una grabación realizada tras la visita técnica, al referirse a los generadores que, según indicó, eran equipos usados.
Una grabación de casi dos horas
Sánchez informó a la Fiscalía que entregó una grabación de una hora y 45 minutos correspondiente a una reunión mantenida con varios funcionarios de Celec tras el viaje a Estados Unidos.
«Se escucha claramente cómo se pretendía obtener, a toda costa, un informe favorable para viabilizar el pago a favor de Progen, pese a la oposición expresa de mi persona», manifestó en su ampliación de versión.
El técnico aseguró que durante esa reunión se planteó incluso la posibilidad de realizar modificaciones a los equipos observados.
«En el referido audio se escucha al ingeniero Byron Orozco manifestar que podía coordinar con Progen, en los Estados Unidos, el cambio de las placas de los generadores», sostuvo.
Sánchez también afirmó que recibió instrucciones para no seguir enviando correos electrónicos relacionados con las observaciones técnicas realizadas a los equipos.
«Se escucha que, de no emitirse ese mismo día el informe de verificación favorable a Progen, yo quedaría fuera del cargo», declaró.
Según su relato, Byron Orozco, entonces gerente de Termopichincha y firmante de los contratos con Progen, insistía en que el proceso debía avanzar con rapidez debido a la emergencia energética que atravesaba el país.
«Orozco me dijo: ‘Esto es un proceso de emergencia de adquisición de generadores y tiene que caminar de manera rápida'», señaló Sánchez.
Documento menciona a Roberto Luque
Durante su comparecencia, Sánchez reveló además la existencia de un documento que, según dijo, hacía referencia al entonces ministro de Energía, Roberto Luque.
Sánchez relató que en julio de 2025 entregó su teléfono celular y su computadora a la Fiscalía como parte de las investigaciones.
Añadió que la fiscal Luzmila Lluglla le hizo firmar un acta para incorporarlo al Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal.
«Al revisar dicho documento pude constatar que en su contenido se hacía referencia e involucraba al entonces ministro de Energía, Roberto Luque, circunstancia que puede ser plenamente corroborada con el propio documento», afirmó.
Según Sánchez, la Fiscalía tenía interés en vincular a Luque dentro de la investigación.
Hasta el momento no está claro si Roberto Luque continúa siendo investigado dentro del denominado caso Progen. Fuente: Vistazo
Nacionales
¿Qué hace Daniel Noboa en Estados Unidos? Gobierno explica su agenda oficial tras el viaje
El presidente de la República, Daniel Noboa, se encuentra en Estados Unidos desde el jueves 11 de junio, en el marco de su tercer viaje oficial a ese país en lo que va de 2026. No obstante, fue recién este viernes cuando la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia difundió los detalles de la agenda de trabajo que cumplirá el mandatario durante su visita al país norteamericano.
Según informó el Gobierno, Noboa fue acompañado de una comitiva oficial para cumplir una «agenda de alto nivel», con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, la lucha contrael crimen organizado transnacional y el posicionamiento internacional del Ecuador.
Agenda de Daniel Noboa en EE.UU.
En la Casa Blanca, el presidente Noboa será recibido por Stephen Miller, Jefe Adjunto de Gabinete para Políticas y Asesor de Seguridad Nacional.
Durante este encuentro, ambas autoridades revisarán los resultados de las acciones conjuntas que Ecuador y Estados Unidos ejecutan para combatir al crimen organizado transnacional, el narcotráfico y las estructuras criminales transnacionales que afectan a la región.
Asimismo, dialogarán sobre futuros mecanismos y estrategias orientadas a fortalecer la seguridad.
La Presidencia destacó que Estados Unidos es uno de los principales socios estratégicos del Ecuador en ámbitos como seguridad, comercio, inversión y relaciones diplomáticas, por lo que «este encuentro busca profundizar una agenda común basada en la cooperación, la confianza mutua y la defensa de los valores democráticos».
Dentro de las actividades programadas también consta una entrevista con TV Azteca, donde Noboa expondrá las acciones impulsadas por su Gobierno para combatir el narcotráfico, el narcoterrorismo y la violencia criminal. Además, presentará los resultados obtenidos en materia de seguridad y la importancia de fortalecer alianzas internacionales para enfrentar amenazas que trascienden las fronteras nacionales.
El viaje presidencial coincide con la inauguración de la Copa Mundial en Estados Unidos y con el partido que disputará la selección ecuatoriana frente a Costa de Marfil este domingo en Filadelfia. No obstante, hasta el momento el Gobierno no ha informado si Noboa asistirá a alguno de estos eventos.
Desde su llegada al poder en noviembre de 2023, el mandatario también ha sido cuestionado debido al número de viajes internacionales realizados durante su administración. Fuente: Vistazo
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