Nacionales
Estas son las cifras oficiales de desapariciones en Ecuador en 2024, según la Fiscalía
Las desapariciones -calificadas judicialmente como forzadas- de Josué, Ismael, Saúl y Steven no constan en las estadísticas de la Fiscalía, que señalan que de enero a noviembre de 2024 se han presentado nueve denuncias por este delito, castigado con prisión de hasta 26 años.
Tampoco consta ahí la denuncia que puso Lorena Roca Magallón el 12 de septiembre de 2024 y que también fue calificada como desaparición forzada, luego de que su hijo Dave Loor Roca y el amigo Juan Santillán Suárez, fueran vistos por última vez cuando dos camionetas de militares los interceptaron en el cantón Ventanas, Los Ríos.
Solo considerando los casos de los cuatro niños de Guayaquil y de los amigos Dave y Juan, las cifras de desaparición forzada llegan a 15 en Ecuador, una cantidad que supera las doce registradas en 2023, pero que a decir de los activistas no refleja la realidad de una problemática que creció en 2024.
«Hay miles de casos de desapariciones año tras año, no podemos aceptar que se vea como común, ni siquiera un caso, no podemos verlo como algo normal”. Lidia Rueda, coordinadora de Asfadec.
Según las cifras de la Fiscalía, desde 2014 hasta noviembre de 2024 se han registrado 146 denuncias por desaparición forzada, de las cuales la mayoría se ha presentado en las provincias de El Oro (39), Guayas (29), Pichincha (16) y Manabí (15).
Casi la mitad de estas 146 denuncias, es decir 67, se encuentran en etapa de indagación previa, fase en la cual la Fiscalía investiga los casos.
Sin embargo, la mayoría, esto es 78, ha sido archivada. En las estadísticas proporcionadas a PRIMICIAS no consta un solo caso que tenga una sentencia en firme o ejecutoriada, solo hay uno con apelación de sentencia.
Los casos en Ecuador
La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) recoge las denuncias que se presentan en todo el país, la mayoría considerada como desapariciones involuntarias, un delito que se castiga con prisión de hasta 10 años, pero que puede esconder casos también de desaparición forzada, consideran activistas de derechos humanos.
Billy Navarrete, por ejemplo, muestra una lista de al menos cinco casos reportados por los familiares como desaparición forzada, pero que la Fiscalía ha registrado como involuntaria. Solo en uno de ellos el delito se cambió tras un recurso de hábeas corpus admitido por los jueces.
“Desaparición involuntaria es otro delito en que no se identifica el perpetrador, esa lista es enorme en Ecuador, son miles. Tengo una lista de casos en el litoral, especialmente en Guayas y Los Ríos, que no se han resuelto, han ocurrido en Fiscalía estos meses”, reveló Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos (CDH) en Guayaquil.
Las estadísticas de la Fiscalía confirman que, efectivamente, las desapariciones involuntarias se cuentan por miles. De enero a noviembre de 2024 han recibido 6.407 denuncias, mientras que en todo 2023 la cifra llegó a 7.550 y en 2022 fueron 8.047 casos. En estos tres últimos años, en total, se ha denunciado 22.004 casos de desaparición involuntaria.
Y en esta cantidad tampoco constan sentencias. La gran mayoría de denuncias, 14.528, fue archivada. Hay 7.439 en indagación previa, cuatro llamados a juicio, ocho dictámenes acusatorios.
Las provincias con mayores casos de desapariciones involuntarias son Pichincha (5.467), Guayas (4.738), Manabí (1.082) seguidas de Chimborazo (989), Azuay (963), Los Ríos (908).
En las cifras de este delito consta la denuncia que presentó Dennis Álava Murillo el 27 de noviembre en Babahoyo. En los archivos de la Fiscalía figura como desaparición involuntaria, pero ella asegura -por testimonios de vecinos- que a su hijo Justin Valverde, de 20 años, y su amigo Michael Castañeda, de 17 años, se los llevaron militares en una camioneta blanca doble cabina.
Los fiscales solo le han dicho que están investigando, que tiene que esperar, pero ella insiste cada semana para que el caso de su hijo no quede en la impunidad. En vísperas de Navidad, incluso, viajó a Guayaquil para sumarse a la protesta que organizaron familiares de los cuatro niños de Las Malvinas, cuya muerte se confirmó la tarde del 31 de diciembre de 2024.
Así mismo, el CDH enlista otros casos de desapariciones que constan como involuntarias, pero que consideran como forzadas porque han recopilado versiones y las circunstancias en que sucedieron.
“Me permito mencionar los nombres de otros casos de desaparición forzada, también jóvenes de la provincia de Los Ríos: Oswaldo Mauricio Morales Santana, tiene 23 años, la investigación continúa siendo investigada como desaparición involuntaria”, dijo Fernando Bastias, abogado del CDH.
El jurista agregó más casos. “Justin Álvarez Chávez tiene 17 años, también sigue investigándose por desaparición involuntaria”. Y mencionó ahí la denuncia de Lorena Roca, la única que se cambió a desaparición forzada por decisión judicial.
«Gracias a las acciones judiciales se logró rectificar por desaparición forzada, es el primer caso reconocido por una jueza constitucional, las Fuerzas Armadas vergonzosamente apelaron la decisión, pero se ratificó y ahora está siendo investigado por desaparición forzada”. Fernando Bastias, abogado CDH
¿Qué es la desaparición forzada?
El delito de desaparición forzada se configura cuando la persona pierde su rastro en manos de agentes del Estado y es considerado “tortura a su nivel más alto”, señalan activistas de derechos humanos que piden a la Fiscalía que revise sus procedimientos para que no haya subregistro de denuncias.
“Hacemos un llamado a Fiscalía a corregir ese tipo de prácticas que lo que causan es zozobra, si esto (el caso de los cuatro de Guayaquil) se hubiera investigado como lo que es, desaparición forzada, estuviéramos en otro escenario”, lamentó indignado el abogado de la CDH.
La Fiscalía, entidad a la que PRIMICIAS solicitó una entrevista sobre este tema, no dio una respuesta hasta el cierre de esta publicación. Fuente: Primicias
Nacionales
Exigen cambios urgentes en la administración de hospitales en Taisha
Falta de insumos, limitada presencia médica y dificultades de acceso agravan la situación en comunidades amazónicas, donde la población demanda una intervención inmediata del Estado.
La crisis en el sistema de salud de la Amazonía ecuatoriana, especialmente en el cantón Taisha, vuelve a generar preocupación y reclamos ciudadanos. Habitantes de comunidades rurales denuncian la falta de atención médica oportuna, escasez de medicamentos y deficiencias en la gestión hospitalaria.
En varios sectores, los centros de salud operan con recursos limitados, sin personal suficiente y con horarios restringidos, lo que obliga a pacientes —incluidos niños y adultos mayores— a recorrer largas distancias para recibir atención básica. Esta situación se complica aún más por las condiciones geográficas de la región, donde el acceso depende, en muchos casos, de transporte fluvial o aéreo.
A esta problemática se suma el incremento de enfermedades infecciosas y cuadros de desnutrición, que afectan principalmente a la población infantil. Líderes comunitarios y ciudadanos han manifestado su preocupación ante lo que califican como un abandono histórico del sistema de salud en territorios amazónicos.
Frente a este panorama, diversos sectores coinciden en que no solo se requieren mejoras en infraestructura, sino también cambios profundos en la administración de los hospitales y centros de salud. Señalan que es indispensable garantizar una gestión eficiente, con presencia permanente de profesionales, abastecimiento continuo de insumos y respuestas oportunas ante emergencias.
Mientras tanto, las comunidades continúan enfrentando una realidad crítica, en la que acceder a servicios de salud dignos sigue siendo un desafío diario. La exigencia es clara: acciones inmediatas que permitan garantizar el derecho a la salud en la Amazonía ecuatoriana.
Nacionales
Petro demandará a Noboa por calumnias, por vincularlo a Fito
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, demandará por calumnia a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, luego de que este asegurara que durante una visita a la ciudad Manta en 2025, el mandatario colombiano se reunió con un grupo de personas que supuestamente tienen vínculos con el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.
El señalamiento de Noboa, hecho en una entrevista con la revista colombiana Semana en la que no confirmó un encuentro directo de Petro con Fito, fue rechazado por el mandatario colombiano, quien negó cualquier relación y aseguró que su presencia en Ecuador en aquella ocasión obedeció únicamente a actividades oficiales.
En esa entrevista, Noboa afirmó que Petro «se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con alias Fito», en referencia al movimiento político ecuatoriano vinculado al expresidente Rafael Correa, actualmente en la oposición, pese a que tras la primera elección de Noboa llegaron a acuerdo político para dominar la Asamblea Nacional.
Correa está prófugo de la justicia, tras ser condenado por corrupción en tres instancias.
Petro dice que Noboa sabía lo que hacía en Manta
Petro respondió a esas declaraciones defendiendo su visita a Manta, a donde según explicó, viajó en mayo de 2025 luego de asistir en Quito a la segunda posesión presidencial de Noboa, y aseguró que durante toda su estancia contó con la protección permanente del Ejército ecuatoriano, así como con su esquema de seguridad colombiano.
«El mismo Noboa dio la orden, como debe ser, para que el Ejército ecuatoriano en todo momento día y noche, me cuidaran en Manta, a donde fui el día de su posesión a la que asistí y me trató con displicencia solo porque pedí la libertad del preso político Jorge Glas, ciudadano colombiano y exvicepresidente de la república del Ecuador», agregó Petro.
Visita secreta
La visita de Petro a Manta no estaba en su agenda de viaje a Ecuador y se supo que había ocurrido por informaciones de prensa, tras las cuales surgieron versiones no confirmadas de que el mandatario supuestamente se había reunido en esa ciudad con alias Fito, el narcotraficante más peligroso de ese país, que fue capturado un mes después y extraditado a Estados Unidos.
Petro subrayó hoy que tanto sus escoltas como otros testigos pueden dar fe de sus actividades en ese viaje, y rechazó que su presencia en esa ciudad pueda ser interpretada como indicio de contactos irregulares.
«No sé si ir a algún lugar del Ecuador implique la sospecha de contactos oscuros. Manta es un lugar hermoso que vale la pena conocer», señaló el mandatario colombiano, quien está de viaje en España.
Asimismo, indicó que se hospedó en una cabaña de madera sin «lujos ni estridencias» y que incluso periodistas colombianos visitaron el lugar sin encontrar elementos que respalden las acusaciones en su contra.
Este episodio se suma a otros desencuentros entre los dos presidentes, reflejo del deterioro de la relación bilateral, que en los últimos meses ha escalado también al terreno comercial, con la imposición mutua de aranceles a productos de ambos países y la llamada a consultas de ambos embajadores. EFE
Nacionales
Ponente internacional Mirentxu Corcoy analiza la codelincuencia y la autoría en delitos imprudentes
En el marco del espacio académico “La Tertulia Jurídica”, se contó con la participación de la destacada jurista internacional Mirentxu Corcoy, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona (España), quien abordó el tema: “Codelincuencia, autoría y participación en delitos imprudentes”, generando un amplio análisis doctrinario y práctico sobre una de las problemáticas más complejas del derecho penal contemporáneo.
Durante su intervención, Corcoy presentó una síntesis de su trayectoria profesional, destacando su formación doctoral en la Universidad de Barcelona, su experiencia como magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona durante 12 años, así como su labor académica en programas de posgrado, incluyendo la coordinación de uno de los másteres más reconocidos en Derecho Penal en España, desarrollado conjuntamente entre la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Asimismo, ha participado en programas de bioética y en el ejercicio profesional como consultora jurídica.
Análisis doctrinario: codelincuencia en la imprudencia
En su ponencia, la experta abordó el debate sobre la posibilidad de establecer coautoría y participación en delitos imprudentes, cuestionando la postura tradicional que sostiene un concepto unitario de autor en este tipo de infracciones, particularmente influenciada por la doctrina alemana.
Corcoy argumentó que sí es posible hablar de codelincuencia en delitos imprudentes, siempre que exista un acuerdo o coincidencia en la conducta generadora de riesgo, aunque no necesariamente en el resultado lesivo. En este sentido, precisó que lo esencial es el conocimiento y la aceptación de la creación o no control de un riesgo jurídicamente relevante, diferenciando claramente entre el dolo de participar y el dolo respecto del resultado.
Para ejemplificar este criterio, expuso casos prácticos del ámbito de la construcción, donde actores como el constructor, el promotor y el arquitecto pueden ser considerados coautores al tomar decisiones conjuntas que incrementan riesgos, aun cuando no exista intención de provocar un resultado dañoso.
Distinción clave: codelincuencia vs. concurrencia de riesgos
Uno de los aportes centrales de la ponencia fue la diferenciación entre codelincuencia y lo que la jurista propone denominar “concurrencia de riesgos” (tradicionalmente conocida como concurrencia de culpas). Mientras en la primera existe un único hecho con imputación recíproca entre los intervinientes, en la segunda se trata de múltiples conductas independientes que confluyen en un resultado, permitiendo una graduación diferenciada de responsabilidades.
Mediante ejemplos relacionados con accidentes de tránsito, la académica explicó cómo la valoración de la relevancia de cada riesgo permite determinar la imputación penal, pudiendo incluso excluir la responsabilidad de uno de los intervinientes.
Autoría y dominio funcional del hecho
Corcoy también profundizó en el concepto de autoría desde la perspectiva del “dominio funcional del hecho”, entendido como la capacidad de decisión sobre el riesgo, superando la noción clásica de quien ejecuta materialmente la conducta.
Este enfoque resulta especialmente relevante en ámbitos como el derecho penal económico y la responsabilidad empresarial, donde la toma de decisiones recae en niveles jerárquicos superiores, mientras que la ejecución material corresponde a subordinados.
Autopuesta en peligro y consentimiento en el riesgo
Otro eje relevante de la exposición fue la distinción entre la autopuesta en peligro y el consentimiento en el riesgo. La ponente explicó que en el primer caso la propia víctima asume voluntariamente un riesgo evidente y determinante, lo que puede excluir la responsabilidad penal de terceros; mientras que en el segundo existe una aceptación del riesgo, pero con confianza en que este será controlado, manteniéndose la responsabilidad del autor.
Relevancia para el contexto ecuatoriano
Finalmente, Corcoy destacó la importancia de profundizar estos debates en sistemas jurídicos como el ecuatoriano, particularmente en relación con la interpretación de figuras como la autoría mediata, la inducción y la imputación de responsabilidad en estructuras organizadas.
La participación de la jurista internacional en “La Tertulia Jurídica” permitió fortalecer el análisis académico del derecho penal en el país, aportando criterios doctrinarios de alto nivel que contribuyen al desarrollo de la discusión jurídica en torno a la responsabilidad penal en contextos de imprudencia.
El evento reafirma la importancia de generar espacios de reflexión y actualización jurídica con enfoque internacional, promoviendo el intercambio de conocimientos entre la academia y la práctica profesional.
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