Nacionales
‘Ministerio de la Mujer debería reducir su rango para evitar rubros innecesarios’
En una reciente entrevista en NotiMundo A La Carta, la asambleísta de Construye, Ana Galarza, abordó la necesidad de reconsiderar la estructura gubernamental y optimizar los gastos, especialmente en el contexto de la crisis económica actual.
Galarza propuso la reducción del rango del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, sugiriendo que podría convertirse en una secretaría adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). La asambleísta destacó que este cambio podría contribuir a la eficiencia económica al disminuir los costos asociados con el estatus de Ministerio.
En sus declaraciones, Galarza enfatizó la importancia de seguir protegiendo los derechos de las mujeres, pero considera que se debe adaptar la estructura gubernamental a la situación económica actual. «Tenemos que seguir velando por los derechos de las mujeres y tenemos que ver una forma en la que podamos hacerlo conforme a la situación económica», comentó.
La asambleísta reconoció la labor técnica que realiza el Ministerio de la Mujer en la atención a víctimas de violencia y su proceso de acompañamiento. Subrayó la necesidad de mantener estos servicios esenciales, pero abogó por reducir los gastos innecesarios asociados con el rango de Ministerio.
Por otro lado, la ministra de la Mujer, Arianna Tanca, ha destacado que más de 71.000 personas han sido atendidas por la Cartera de Estado. Tanca subrayó que eliminar el Ministerio sería «darle la espalda» a las víctimas de violencia. La discusión sobre estas propuestas continuará en el ámbito legislativo, buscando el equilibrio entre la eficiencia económica y la protección de los derechos fundamentales. (I)
Fuente: Ecuadorenvivo
Nacionales
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Nacionales
Ministerio de Trabajo: Ningún empleador puede obligar a trabajadores a asistir a eventos o movilizaciones
A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo advirtió que los empleadores no pueden obligar a sus trabajadores a asistir a eventos, concentraciones o movilizaciones de ninguna índole. La información se difundió este viernes, 20 de febrero de 2026.
En el documento se explica que esta medida rige para trabajadores del sector público y privado.
Se pueden hacer denuncias
Si el trabajador es obligado a ser parte de estas prácticas puede denunciar a los canales del Ministerio de Trabajo. Se garantizará el anonimato y la confidencialidad del denunciante para garantizar su estabilidad laboral y su integridad.
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Luego de recibir las denuncias, la cartera del ramo procederá con las inspecciones y medidas correspondientes de acuerdo a lo estipulado en el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). Pueden darse sanciones para quienes incurran en estas faltas.
Los canales habilitados
El Ministerio de Trabajo habilitó estos canales:
Canal web: https://www.contactociudadano.gob.ec/
Línea telefónica: 1800 266 822
Presencial: ventanillas de atención de las direcciones regionales del Trabajo en todo el país.
Unas 400 personas marcharon este jueves por el centro de Quito para protestar contra el nuevo proyecto de ley impulsado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que busca reformar el esquema de gasto de los gobiernos locales, entre ellos municipios y prefecturas provinciales.
La iniciativa, denominada Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), fue enviada por Noboa con carácter económico urgente, una figura constitucional que obliga al Legislativo a tramitarla en un plazo máximo de treinta días, tras lo cual el proyecto podría entrar en vigor automáticamente si no es aprobado o archivado.
El proyecto plantea que los gobiernos locales destinen al menos el 70 % de su presupuesto a inversión y no más del 30 % a gasto corriente, como salarios y funcionamiento administrativo.
La propuesta enfrenta al oficialismo, representado por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), que defiende su aprobación; y al correísmo, que gobierna las prefecturas y municipios más grandes del país, como Quito y Guayaquil.
Ellos sostienen que la norma reduciría su autonomía financiera y afectaría servicios municipales como la educación.
Entre los manifestantes hubo personas de distintas edades, desde adultos mayores hasta jóvenes con uniforme escolar.
Una de las presentes, Silvia Alviar, explicó a EFE que se había sumado a la marcha para «rechazar una ley que nos afecta a todo el pueblo, ya que nos quieren quitar un presupuesto, una gran parte». «Por ende, no vamos a poder tener buenos profesores, buenos profesionales para nuestros hijos», dijo.
De esta forma, Romero insistió en pedir al Gobierno central que archive la ley y que, si realmente busca la eficiencia y sostenibilidad de los gobiernos autónomos, escuche al pueblo y a los beneficiarios y elabore una norma que no perjudique a los más pobres y que garantice esa eficiencia y sostenibilidad.
La propuesta se tratará en segundo debate este viernes en el pleno del Parlamento ecuatoriano. EFE (I)
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