La Revolución Ciudadana (RC) pidió este miércoles 8 de abril a un juez electoral que revoque la suspensión por nueve meses que se le impuso por la existencia de una investigación por presunto lavado de dinero, al asegurar que el fiscal general no hizo ese pedido como se señaló inicialmente.
El pasado 6 de marzo, el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, admitió a trámite una denuncia presuntamente interpuesta por el fiscal general, Carlos Alarcón, en la que habría pedido la suspensión provisional señalando que el movimiento estaba siendo investigado por un caso relacionado con un presunto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023, conocido como Caja Chica.
«El fiscal nos ha contestado ayer (martes) diciendo que la Fiscalía no ha enviado ese documento al Tribunal Contencioso Electoral», dijo Rivera, que reiteró que Alarcón «no miente, porque él no lo mandó».
Rivera añadió que esperan que el juez «se reivindique» en «las próximas horas» para que «se respeten los derechos del pueblo ecuatoriano a elegir y ser elegido».
La suspensión de nueve meses ya ponía en duda su participación como movimiento político en los comicios locales previstos para el 14 de febrero de 2027, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió hace dos semanas adelantar las elecciones al 29 de noviembre, lo que dejó sin margen a los correístas para ser candidatos por su partido.
Entonces Correa llamó a sus potenciales candidatos a autoridades locales a que se desafilien de la RC para que no les impidan participar en las elecciones.
En el caso Caja Chica, la Fiscalía investiga a la excandidata presidencial Luisa González, a Correa y a otros miembros de la Revolución Ciudadana, pues presume que «ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023», lo que el partido ha denominado como una «persecución».
