El movimiento Revolución Ciudadana (RC) publicó este lunes un video en la red social X, en el que cuestiona el nexo que aún tendría el exministro del Interior de Ecuador, José Serrano, con el correísmo.

El otrora funcionario de las administraciones de Alfredo Palacio y Rafael Correa se encuentra actualmente bajo custodia del Servicio de Inmigración de Estados Unidos e imputado en Ecuador como presunto autor intelectual, junto a otras tres personas, del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, perpetrado en agosto del 2023.

“¿Quién es José Serrano? ¿Correísta? Aquí te lo contamos rapidito. Que nadie te engañe”, dice el texto superpuesto en un video difundido, el cual repite un fragmento en el que en el 2017, Serrano, entonces presidente de la Asamblea Nacional y miembro del movimiento correísta Alianza País, expresa su respaldo al presidente Lenín Moreno, quien encabezaba dicho partido en ese entonces.

La ruptura se dio en 2017, cuando dejó sin funciones a su vicepresidente, Jorge Glas, acusado de estar vinculado a la trama de corrupción de Odebrecht, y se profundizó en 2018, cuando Moreno llevó a cabo una consulta popular para eliminar la reelección indefinida —evitando así que Correa pudiera ser candidato en el 2021— y retiró el asilo político a Julian Assange, fundador de WikiLeaks.

De esta forma, Correa pasó de tildar como ineficiente la gestión de Moreno hasta tacharlo como el «traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana».

En el video publicado este lunes por la Revolución Ciudadana sobre Serrano se destaca que el exfuncionario encabezó una votación dentro del correísmo que llevó a que se apruebe la consulta popular del 2018. Además, se comparten imágenes en las que aparece sentado junto a Moreno, estrechando ambos sus manos. Fuente: Vistazo

Esto, en medio de dos anuncios, el presidente Daniel Noboa hizo una declaración clave: que la votación sería el 30 de noviembre de 2025. No obstante, el anuncio de replantear preguntas complicaría los plazos y la intención de llegar a votaciones para finales de noviembre.

Solo el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene un plazo de 15 días para convocar a elecciones y otro de 60 días para ejecutarlas. Y, aunque son plazos máximos, estos no pueden ser reducidos radicalmente por el trabajo que implica un proceso electoral.

Por ejemplo, en el referendo y consulta popular de 2024, al CNE le tomó 13 días lanzar la convocatoria, porque primero tenía que estar lista la planificación, el cronograma y el cálculo presupuestario, y después de otros 54 días la ciudadanía llegó a las urnas.

Para la fecha anunciada por el presidente Noboa para esta nueva consulta, quedan apenas 84 días. Pero el CNE no es el único involucrado en un proceso de esta naturaleza.

Más plazos a tener en cuenta
Las dos preguntas que sí aprobó la Corte Constitucional siguen su trámite en el organismo. Se trata de la intención de implementar el trabajo por horas en el sector turístico, solamente en casos de primer empleo, y la reducción de legisladores.

La jueza ponente, Claudia Salgado, avocó conocimiento de la causa el 8 de septiembre de 2025, para realizar el control de la convocatoria a referendo planteada por el Primer Mandatario. La Ley de Garantías Jurisdiccionales le otorga un término de 20 días laborales. Es decir, hasta el 6 de octubre de 2025.

Esto suma un total de 28 días como plazo máximo para que el pleno emita un dictamen y lo notifique. En caso de que esto no suceda dentro del tiempo, la misma Ley señala que se entenderá que los jueces aprueban el texto.

Por lo tanto, si el Ejecutivo decidiera seguir adelante solo con esas dos preguntas, a las que se sumarían la de las bases militares extranjeras y la del financiamiento de las organizaciones políticas (que espera su segundo dictamen hasta el 17 de septiembre), no le quedaría ningún margen de tiempo.

Es así que los plazos máximos de la autoridad electoral y la Corte Constitucional sumarían 103 días, sin contar el tiempo que podrían demorarse las notificaciones o entregas de documentos.

El nuevo escenario
Inicialmente, el presidente Noboa proyectó que su consulta y referendo llegarían a votaciones el 14 de diciembre. Sin embargo, el Ejecutivo no tiene ninguna competencia sobre el control constitucional o la organización del proceso electoral.

Pero, de manera sorpresiva, en una entrevista posterior a la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el Primer Mandatario anunció un adelanto de dos semanas, para el 30 de noviembre.

Durante esa cita bilateral, el funcionario estadounidense dijo que podrían analizar una invitación de Ecuador para instalar una base militar en el territorio nacional. Pero esto no podrá suceder sin que la propuesta presidencial gane primero en las urnas.

Es por eso que el reciente anuncio desde Carondelet se convierte en un problema logístico y de tiempos.

En caso de que el Gobierno cumpla con su anuncio de enviar un nuevo paquete de preguntas y de reformular las que fueron negadas, se añaden nuevamente los pasos previos y plazos ante la Corte Constitucional.

Los magistrados no tendrían plazos para determinar la vía de tratamiento de los cambios constitucionales que plantee el Presidente, como la eliminación del Consejo de Participación, en el que la vocera Carolina Jaramillo afirmó que insistirían.

Además, que se añadiría un segundo término de 20 días laborales para el control de esta nueva convocatoria. La única excepción serían las preguntas planteadas como consulta popular, como la que busca el retorno de los casinos. Esto porque, al no cambiar la Carta Magna, tienen un filtro menos.

De todas formas, el Consejo Nacional Electoral podría avanzar en la logística de la primera convocatoria, sin un presupuesto fijo para la impresión de material electoral -que dependerá del número de preguntas y de si se trata solo de un referendo o de un proceso mixto- hasta que la Corte dirima sobre el siguiente bloque de propuestas. Si eso ocurre, el proceso ganaría tiempo. Fuente: Primicias

Fotografía tomada durante la irrupción en la narcofiesta referida, en una finca ubicada en la Vía a la Costa, a las afueras de Guayaquil. Celso Miguel Moreira, líder de «Los Choneros» (I-2); y Federico Gómez, alias ‘Fede’, líder de “Los Águilas” (I-1) aparecen en la foto esposados. (Policía Nacional)

Ministro de Defensa de pronuncia sobre captura