En medio de una tormenta política y legal alrededor de la Función Judicial, Leonardo Alarcón ocupa uno de los despachos clave del país: la Fiscalía General del Estado.

Llegó como encargado tras una consulta jurídica, pero no oculta su deseo de quedarse. Mientras investiga casos que tocan las fibras del Gobierno de Daniel Noboa -como el caso Progen y las denuncias en la Judicatura- y enfrenta un déficit presupuestario para 2026.

En entrevista con PRIMICIAS, el funcionario confirmó de forma tácita su intención de participar en el concurso para ser el titular del Ministerio Público hasta 2032 y defiende la imparcialidad de sus investigaciones frente a las acusaciones de persecución política.

El nombramiento en la Fiscalía
Usted fue nombrado fiscal General encargado por un cuestionado Consejo de la Judicatura. ¿Cómo llegó a ese cargo? ¿Le correspondía por experiencia o puntaje?
He sido funcionario de carrera aproximadamente 18 años en la Fiscalía General del Estado. El Fiscal General que me antecedió (Wilson Toainga) realizó una consulta a la Procuraduría para establecer un mecanismo de reemplazo cuando el titular no se encuentre en funciones, ya sea por enfermedad, viaje o vacaciones.

La Procuraduría emitió un informe al Consejo de la Judicatura indicando la manera de elegir al encargado. En ese contexto, el cuerpo colegiado se activó con tres perfiles: el mío, como coordinador de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción -cargo que ejercí por seis años- y el de otros dos compañeros con perfiles similares.

La designación se realizó con el voto de todos los vocales del Consejo de la Judicatura en funciones. Por lo tanto, mi designación es absolutamente legítima, avalada por la Procuraduría y la Judicatura.

Las críticas a su nombramiento señalan una supuesta cercanía con el presidente Daniel Noboa, pues usted manejó los casos Nene, Triple

A y Petroecuador. ¿Fue una coincidencia que esos casos llegaran a su despacho?  
Cuando ingresa un expediente existen sorteos y asignaciones reguladas por reglamentos internos. En esa fecha, éramos cinco fiscales en la Unidad de Transparencia. Los expedientes se nos asignan por sorteo o resolución interna.

Es decir, el expediente no me llega porque yo lo pida. Absolutamente no. El proceso es transparente y, efectivamente, llegaron a mi conocimiento esos tres casos. Aunque usted dice que «son del señor Presidente», yo no lo veo de esa manera; yo investigo delitos, no persigo personas.

Sin embargo, se habla de persecución política. En el caso Triple A, por ejemplo, se investiga al alcalde Aquiles Álvarez, crítico de la gestión del Ejecutivo.
En el caso Triple A no existe ninguna persecución. Se inició una investigación previa, se pasó a instrucción fiscal y luego a la etapa intermedia, que es crucial: la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Allí se analizan vicios de nulidad que puedan afectar el debido proceso.

Es importante aclarar a la ciudadanía, para que no se mediatice la idea de una persecución, que solo una de las defensas alegó vicios. ¿Qué significa esto? Que la Fiscalía actuó con absoluta objetividad y garantizó el derecho a la defensa. Una vez superado ese filtro, el caso está a la espera de día y hora para la etapa de juicio ante un Tribunal Penal. Con todo el acervo probatorio que presentaremos, sostenemos que es un caso completamente sólido.

Los casos a su cargo  
Volviendo a la Judicatura, hay una crisis por supuestas presiones a un juez en un caso de lavado de activos. ¿La Fiscalía abrió una investigación previa? ¿Apunta a autoridades con fuero nacional como Mario Godoy?
Hay dos investigaciones abiertas. Una se encuentra en la Unidad de Transparencia desde diciembre de 2025. Existe otra denuncia que involucra, como es público, al doctor Mario Godoy, al Consejo de Participación Ciudadana y a otras personas.

Esa investigación la conozco yo directamente porque gozan de fuero de Corte Nacional. No puedo dar más detalles porque el caso es reservado, según el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

¿Qué ocurre con el caso Progen? ¿Involucra a funcionarios con rango de ministros y está a su cargo?  
El caso Progen también tiene fuero de Corte Nacional  (involucra a funcionarios con rango de ministros del Gobierno de Daniel Noboa). Lo estoy investigando yo y, como es de conocimiento público, la semana anterior se realizaron allanamientos en Guayaquil.

Esto evidencia que la Fiscalía está actuando, contrario a lo que se dice sobre que no investigamos expedientes que interesan al Estado. Se están adelantando diligencias y el caso avanza.

La Fiscalía titular  
Está en marcha un proceso para designar al nuevo Fiscal General Titular, que deberá estar en el cargo hasta 2032. ¿Usted se postulará?
Al momento me encuentro en calidad de Fiscal General del Estado encargado y estoy centrado en esta actividad. Por lo tanto, no tengo yo aún ninguna aspiración a aquello. Primero lo primero, luego será lo que usted me consulta.

¿Pero no lo descarta?
Yo este momento le puedo decir que sí, que estoy con la intención de concursar, pero podría ser que de aquí a la otra semana sucedan muchas cosas y no pueda concursar.

Pero sí puedo decir que me siento preparado y me siento también una persona que sí, como lo estoy haciendo ahora, pueda asumir las funciones de la Fiscalía General del Estado.

La operatividad de la Fiscalía

La institución tiene un déficit de más de 600 fiscales. ¿Cómo afecta esto a la operatividad?  
Efectivamente, la falta de agentes fiscales nos resta la productividad y contundencia que deberíamos tener. A pesar de ello, estamos cubriendo las necesidades para que la ciudadanía no quede desprotegida.

¿Desde cuándo operan con este déficit?  
Es un antecedente histórico. Faltan agentes fiscales y sus equipos de asistentes y secretarios. Necesitaríamos aproximadamente 631 fiscales más sus grupos de trabajo para dar la respuesta que la ciudadanía necesita frente a la delincuencia organizada y la corrupción.

¿Quién debe nombrar a estos funcionarios?  
El nombramiento se realiza mediante concurso dirigido por el Consejo de la Judicatura. Se necesita el presupuesto para que dicha institución realice el concurso y puedan ingresar más agentes y sus equipos de trabajo.

¿Cuál fue la carga laboral en 2025?  
En 2025, la Fiscalía receptó 341.784 noticias del delito a nivel nacional. De esta cifra, es necesario realizar una precisión que es técnica. No se trata de causas que se encuentran represadas, son noticias del delito, es decir, que ya iniciaron una investigación previa. Al 31 de diciembre estas ascendieron a 1.461.325 expedientes fiscales a escala nacional.

Podría precisar el dato, ¿los 1.461.325 expedientes son los que están acumulados hasta el año pasado?
Sí, que quede eso claro. Esas 1.461.325 son otras que ya se encontraban abiertas y se sumaron a estas. Es decir, existe toda esta carga procesal a nivel nacional.

¿Cómo está el presupuesto para 2026?  
Para 2026, el presupuesto es de USD 138,3 millones. El 92% se destina a nómina, lo que deja apenas un 8% para cubrir las necesidades básicas de operatividad.

Frente a este escenario, hemos priorizado lo esencial. Estamos gestionando con el Ministerio de Economía la asignación de partidas, pero la falta de recursos no nos detiene. Seguimos trabajando para que los delitos no queden en la impunidad. Fuente: Primicias